ATC1473-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1473-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 18001-22-14-000-2023-00051-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2023 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Gloria Esperanza Ca\u00f1averal contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Rico y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n -Fiscal 1 Delegado ante los Jueces del Circuito \u00c1lvaro Chavarro Rojas-, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite surtido se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, honra, intimidad, buen nombre y trabajo. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Rico se adelanta el proceso con C.U.I. 18256600055020130004400, por el delito de acceso carnal abusivo iniciado contra un menor de edad1. <\/p>\n
2.2. Agotadas las etapas propias del proceso2, el Juzgado Promiscuo de Familia, en audiencia preparatoria del juicio oral el 12 de abril de 20233, decret\u00f3 la pr\u00e1ctica pruebas; en el caso de la Fiscal\u00eda, aquellas solicitadas con el escrito de acusaci\u00f3n, entre las cuales estaba el testimonio de la tutelante, como empleada adscrita al grupo investigativo de esa entidad, a fin de introducir al proceso el consentimiento informado de la madre de la v\u00edctima del 5 de junio de 2014, el informe de investigador de campo FPJ-11 del 25 de junio de 2014 y la entrevista FPJ-14 del 5 de junio de 20144. <\/p>\n
2.3. En consecuencia, el 1\u00ba de septiembre siguiente, un servidor de Polic\u00eda Judicial se contact\u00f3, v\u00eda WhatsApp, con la promotora, para ponerle de presente la citaci\u00f3n a la audiencia que se llevar\u00eda a cabo el 5 y 6 de septiembre de 2023; no obstante, esta manifest\u00f3 que no asistir\u00eda, porque hac\u00eda cuatro a\u00f1os no trabajaba para la Fiscal\u00eda, raz\u00f3n por la cual se procedi\u00f3 a enviar la notificaci\u00f3n de la diligencia al correo electr\u00f3nico de la gestora (mgloria83@hotmail.com) el s\u00e1bado 2 de septiembre de 20235 y, en la misma fecha, Polic\u00eda Judicial levant\u00f3 un informe sobre lo afirmado por la actora6. <\/p>\n
2.4. Llegada la fecha de la audiencia -5 de septiembre de 2023-, se practicaron algunas de las pruebas testimoniales solicitadas por la Fiscal\u00eda, autoridad que inform\u00f3 al Juzgado que la gestora se rehus\u00f3 a comparecer, motivo por el cual pidi\u00f3 su conducci\u00f3n, a lo cual el Juzgado accedi\u00f37. <\/p>\n
2.5. El 6 de septiembre posterior, ante la inasistencia de la promotora, el ente investigador aport\u00f3 su correo electr\u00f3nico y pidi\u00f3 al Despacho oficiar, para que asistiera de forma presencial o virtual a la audiencia, frente a lo cual el Juzgado orden\u00f3 librar los oficios correspondientes8. <\/p>\n
2.6. La actora afirma que fungi\u00f3 como t\u00e9cnico investigador II en la Fiscal\u00eda -Seccional Florencia, Caquet\u00e1- del 3 de mayo de 2007 al 2 de septiembre de 2019; sin embargo, pese a que se retir\u00f3 de la entidad, la siguen citando a las audiencias, a las que no puede asistir porque tiene otros compromisos laborales. Asevera que el Fiscal del caso, frente a la conversaci\u00f3n de WhatsApp sostenida con ella, hizo afirmaciones en un grupo con varios de sus excompa\u00f1eros sin su autorizaci\u00f3n y tergiversando lo manifestado. <\/p>\n
2.7. Con soporte en lo narrado, la tutelante pretende que se le ordene a la Fiscal\u00eda Seccional Caquet\u00e1: i) abstenerse de citarla a audiencias de juicio oral por cualquier medio; ii) resolver, de forma pronta, definitiva y efectiva, la homologaci\u00f3n de los informes por ella realizados, para que no se disponga su conducci\u00f3n a proceso alguno; y iii) que se le ordene al Fiscal \u00c1lvaro Chavarro retractarse de las afirmaciones infundadas que hizo en su contra en el grupo de WhatsApp de fiscales. En cuanto al Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Rico pide que le imponga prescindir de su conducci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Florencia, con providencia del 22 de septiembre de 2023, neg\u00f3 el amparo deprecado, porque las actuaciones censuradas no eran injustificada ni carentes de fundamento, dado que se demostr\u00f3 la necesidad del testimonio, el deber de todo ciudadano de atender los llamamientos de la administraci\u00f3n de justicia y la posibilidad de conducir al testigo cuando este se reh\u00fasa a comparecer. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n del derecho al trabajo de la actora, pues no se alleg\u00f3 prueba en ese aspecto, por lo ocurrido el 6 de septiembre de 2023. <\/p>\n
4. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por la accionante. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sin perjuicio de su tr\u00e1mite preferente y sumario, la acci\u00f3n de tutela se conduce como un verdadero proceso judicial y, por tanto, no puede ser ajena a las reglas del debido proceso. En ese orden, debe primar la defensa de las garant\u00edas superiores, entre las cuales se contempla que su conocimiento debe corresponder al juez legalmente facultado para resolverla. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, en el caso concreto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 163 de la Ley 1098 de 2006 -C\u00f3digo de Infancia y Adolescente-, forman parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes \u00ab2. Los Jueces Penales para adolescentes, Promiscuos de Familia y los Municipales quienes adelantar\u00e1n las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el numeral 3\u00ba ibidem contempla que conocer\u00e1n esos procesos en segunda instancia \u00abLas Salas Penales y de Familia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que integrar\u00e1n la Sala de Asuntos Penales para adolescentes en los mismos tribunales\u00bb (Se subraya) y el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, seg\u00fan lo indicado en el numeral 4\u00ba ibidem, ser\u00e1 de competencia de \u00abLa Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991 establece que \u00abPresentada debidamente la impugnaci\u00f3n el juez remitir\u00e1 el expediente dentro de los dos d\u00edas siguientes al superior jer\u00e1rquico correspondiente\u00bb y el numeral 5o del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, contempla que \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
En torno al factor funcional contemplado en el citado art\u00edculo 32, la Corte Constitucional, en el auto 468 de 2018, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la expresi\u00f3n \u201csuperior jer\u00e1rquico correspondiente\u201d, debe entenderse como la autoridad judicial que funge en calidad de superior del a-quo, bajo un criterio org\u00e1nico, es decir, atendiendo a la jurisdicci\u00f3n, especialidad y subespecialidad. En particular, se se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cLa intenci\u00f3n del constituyente primario y del Legislador extraordinario respecto de la aplicaci\u00f3n de las reglas de conocimiento de la impugnaci\u00f3n, fue la de la asignaci\u00f3n del asunto al \u2018superior jer\u00e1rquico correspondiente\u2019, esto es, aquel que de acuerdo con la jurisdicci\u00f3n y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surti\u00f3 la primera instancia, funcionalmente funge como superior jer\u00e1rquico. Dicho en otros t\u00e9rminos, al referirse al superior \u2018correspondiente\u2019, la norma define la jerarqu\u00eda org\u00e1nica y funcional del juez de primera instancia, que es la regulada en las leyes generales de los procesos; contrario sensu, si el Legislador hubiese considerado que todos los jueces de segunda instancia pertenecen a la jurisdicci\u00f3n constitucional, y en esa medida pueden conocer de cualquier asunto impugnado, no hubiera tenido la necesidad de precisar que se refer\u00eda al juez \u2018correspondiente\u201d. (Se subraya). <\/p>\n
En un asunto similar, la Corte Constitucional expuso (CC A094-2018): <\/p>\n
(\u2026) por regla general, el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela se rige por el Decreto 2591 de 1991 y, en lo no previsto all\u00ed, por las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso con ocasi\u00f3n de la remisi\u00f3n expresa consagrada en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3.del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Sin embargo, a partir de la citada remisi\u00f3n normativa (al C\u00f3digo General del Proceso), se encuentra que no existe una regulaci\u00f3n que determine la autoridad que debe conocer de las impugnaciones de los fallos proferidos por los jueces penales municipales para adolescentes con funci\u00f3n de control de garant\u00edas. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora bien, la Sala advierte que el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia s\u00ed define dicha competencia. En efecto, para la definici\u00f3n de la responsabilidad penal de los adolescentes, el Legislador estableci\u00f3 un sistema procesal especializado, con car\u00e1cter diferenciado respecto del procedimiento para adultos y, por consiguiente, con autoridades judiciales espec\u00edficas que los investigan y juzgan (art. 139 de la Ley 1098 de 2006). Dicho sistema, en consecuencia, cuenta con Juzgados Penales Municipales y del Circuito para Adolescentes, as\u00ed como Salas especializadas en los Tribunales Superiores (arts. 163 al 168 de la Ley 1098 de 2006). <\/p>\n
<\/p>\n
Por tanto, para establecer la autoridad competente para desatar la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela proferidos por los jueces penales municipales para adolescentes con funci\u00f3n de control de garant\u00edas, se deber\u00e1 tener en cuenta el art\u00edculo 165 de la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
<\/p>\n
De este modo, habida cuenta del car\u00e1cter universal de la jurisdicci\u00f3n constitucional y de la remisi\u00f3n que se hace a las normas de asignaci\u00f3n de competencias propias de cada especialidad, no puede permitirse una transgresi\u00f3n de dichas reglas. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, por mandato del art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991 y a partir del alcance que esta Corporaci\u00f3n le ha otorgado a dicha disposici\u00f3n, el conocimiento de la impugnaci\u00f3n contra sentencias de tutela debe ser asumido por la autoridad judicial que, a partir de la especialidad y la funci\u00f3n jurisdiccional, constituya el superior jer\u00e1rquico del a-quo. (Se subraya). <\/p>\n
3. Aplicadas las normas y precedentes citados al caso concreto, se advierte la falta de competencia de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Florencia para conocer, en primera instancia, la presente acci\u00f3n de tutela. Ello, pues la accionante reprocha las actuaciones surtidas por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Puerto Rico y el Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito en el marco de un proceso penal que se tramita bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y, en consecuencia, era el superior funcional del Juzgado referido el facultado para tramitar y decidir en primera instancia esta acci\u00f3n constitucional, esto es, la Sala de Asuntos Penales Adolescentes del Tribunal Superior de Florencia9, de manera que las actuaciones surtidas est\u00e1n viciadas de nulidad. <\/p>\n
3.1. Sobre el particular, esta Sala ha establecido que procede la nulidad en este tipo de asuntos, toda vez que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u2018improrrogable, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (CSJ ATC2521-2016, reiterado en CSJ ATC1207-2023). <\/p>\n
3.2. Por lo anterior, la Sala invalidar\u00e1n las actuaciones surtidas en primera instancia y dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional a la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Florencia, para lo de su competencia. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR que, por Secretar\u00eda, se remitan las presentes diligencias a la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Florencia, para lo de su competencia. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a la Sala del Tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los intervinientes, a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito. L\u00edbrense las comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c03AutoAvoca 17-02-2020.pdf\u201d del expediente digital de CUI 18256-6000-550-2013-00044. <\/p>\n
2\u0002 Audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n el 27 de agosto de 2020, archivo \u201c12ActaAudAcusaci\u00f3n 27-08-2020.pdf\u201d. Audiencia preparatoria archivos \u201c20VideoAudPreparatoria 21-09-2021.mp4\u201d, \u201c23VideoAudPreparatoria 08-02-2022.mp4\u201d, \u201c29VideoAudPreparatoria 18-04-2022.mp4\u201d, \u201c37VideoAudPreparatoria 04-01-2023.mp4\u201d, \u201c40VideoAudienciaPreparatoria 12-04-2023.mp4\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c40VideoAudienciaPreparatoria 12-04-2023.mp4\u201d y \u201c41ActaAudienciaPreparatoria 12-04-2023.mp4\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Folio 3, archivo \u201c02EscritoAcusacion FabianMottaMu\u00f1oz.pdf\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Folio 5-6, archivo \u201c14PruebaConducci\u00f3nTestigo.pdf\u201d carpeta \u201cCuadernoPruebas\u201d. <\/p>\n
6\u0002 Folio 1-2, ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Archivo \u201c48ActaJuicioOral 05-09-2023.mp4\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Archivo \u201c51ActaJuicioOral 06-09-2023.pdf\u201d. <\/p>\n
9\u0002 Que se encuentra conformada, seg\u00fan lo informado por la Secretar\u00eda de la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Florencia -Caquet\u00e1. <\/p>\n
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ATC1473-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente ATC1473-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 18001-22-14-000-2023-00051-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77250","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77250"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77250\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}