ATC1474-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1474-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-30-000-2023-01027-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el 14 de septiembre de 2023, con la cual se concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela implorada por M\u00f3nica del Pilar Bola\u00f1os Carvajal contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca -Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Cali- y el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida en la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como se analizar\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al trabajo en condiciones dignas, salud, igualdad, descanso y goce y disfrute a las vacaciones. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, narr\u00f3 que se encuentra vinculada en provisionalidad desde el 1\u00b0 de abril de 2016, al cargo de asistente jur\u00eddica del Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali. Que en la actualidad tiene pendientes por disfrutar 2 periodos de vacaciones, correspondientes a -1\u00b0 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022- y 1\u00b0 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023. <\/p>\n
Adujo que, el 29 de agosto de 2023, solicit\u00f3 al juzgado la concesi\u00f3n de los periodos vacacionales referidos, a partir del 1\u00b0 de diciembre de 2023, petici\u00f3n que fue negada con Resoluci\u00f3n No. 11 de 30 de agosto de 2023, por razones de necesidad y afectaci\u00f3n en la prestaci\u00f3n del servicio. Esto, en raz\u00f3n a que la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u2013Seccional Cali-, neg\u00f3 la asignaci\u00f3n de partida presupuestal para el nombramiento de su reemplazo el 31 de julio de 2023 mediante oficio DESAJCLO23. <\/p>\n
2.1. Inform\u00f3 que previamente interpuso una acci\u00f3n de tutela con miras a obtener un periodo de vacaciones del 1\u00b0 de abril de 2020 y al 31 de marzo de 2021 para ser disfrutados a partir del 24 de diciembre de 2022. El Consejo de Estado -el 3 de noviembre de 2022- concedi\u00f3 las pretensiones. Decisi\u00f3n que fue confirmada con fallo del 2 de febrero de 2023. Sin embargo, dichas \u00abdecisiones no fueron tenidas en cuenta por parte de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial para conceder a mi favor la partida presupuestal para el disfrute de los dos periodos de vacaciones que tengo pendientes\u00bb. <\/p>\n
2.2. Solicit\u00f3, en consecuencia, que se ordene a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Seccional Cali \u2013Valle del Cauca- \u00abprevia autorizaci\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura \u2013Sala Administrativa- y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u2026adelanten todas las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan, para que el Juez 5\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali nombre el reemplazo\u2026para que se materialice [el] derecho al disfrute del descanso remunerado\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corporaci\u00f3n concedi\u00f3 el amparo, determinaci\u00f3n impugnada por la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional accionada. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el derecho al debido proceso convergen una serie de garant\u00edas, entre las que se destaca que nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio. Para ello, resulta indispensable concurrir al litigio y contar con la posibilidad de aportar pruebas y controvertir las allegadas por el extremo contario. <\/p>\n
Sin perjuicio de su tr\u00e1mite preferente y sumario, la acci\u00f3n de tutela se conduce por un verdadero proceso judicial y no puede ser ajena, por tanto, a las reglas del debido proceso. En ella debe primar la defensa de las garant\u00edas superiores, dentro de las cuales se contempla que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla. Dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su \u00abtr\u00e1mite se deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). Tal como lo dispone el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso, la Sala observa que la promotora del amparo funge como servidora judicial en el cargo de Asistente Jur\u00eddica del Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, -perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria-. Por tanto, la competencia para conocer del amparo en primera instancia correspond\u00eda al Tribunal Administrativo de Cali, de acuerdo con lo reglado por el inciso 2\u00ba numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, acorde con la postura definida por esta Sala de Casaci\u00f3n con auto CSJ ATC1097-2022, decisi\u00f3n en la cual, reiterando el precedente vertido en la providencia CJS ATC420-2022, se precis\u00f3 que toda acci\u00f3n de tutela \u00abque impetren los sujetos calificados en el numeral octavo ibidem -funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria- sin importar contra quien se dirija la queja, deber\u00e1 ser conocida por la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
3. A lo anterior se suma que la tutela se enfila contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial -Seccional Cali-, porque no ha dado tr\u00e1mite a la gesti\u00f3n de asignaci\u00f3n presupuestal requerida para la concesi\u00f3n de los periodos vacacionales de que se duele la actora. Al respecto, resulta pertinente se\u00f1alar que, recientemente esta Sala1, frente a las acciones dirigidas contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial y sus seccionales, determin\u00f3 que estas ser\u00e1n conocidas en primera instancia por los Juzgado del Circuito, con base en lo dispuesto por el numeral 2 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 333 de 2021, seg\u00fan el cual \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, lo actuado por la Sala Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia, conforme lo estipulado en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual resulta aplicable a los juicios de tutela por la remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 19922. En lo concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas de reparto, la Sala ha precisado que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela\u00bb (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
5. En consecuencia, al tratarse de una queja constitucional surgida por la inactividad de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Cali para emitir el certificado de asignaci\u00f3n de partida presupuestal que permita nombrar el reemplazo de la tutelante -en su calidad de servidora judicial adscrita al Juzgado Quinto de EPMS de la misma ciudad-, el competente para conocer la controversia planteada, en primer grado, es el Tribunal Administrativo de Cali. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala Hom\u00f3loga Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretar\u00eda se remita el expediente al Tribunal Administrativo de Cali \u2013Valle del Cauca- por ser el competente para resolverlo. <\/p>\n
TERCERO. NOTIFICAR esta decisi\u00f3n a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito. Y librar las comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ ATC1327-2022. <\/p>\n
Art\u00edculo 98 de la Ley 270 de 1996. En t\u00e9rminos similares ver las siguientes providencias de la Corte Constitucional: 336\/2017, 108\/2015, 104\/2015, 338\/2008, 064\/2007 <\/p>\n
2\u0002 Al respecto ver CSJ ATC1396-2016, reiterado en ATC2521-2016 y en CSJ ATC1178-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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