ATC1487-2023<\/p>\n
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ATC1487-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02376-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el incidente de desacato adelantado por Germ\u00e1n Eduardo Medina Torres contra el magistrado Jorge Enrique G\u00f3mez \u00c1ngel de la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de la sentencia STC6187-2023, 28 jun.1, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural concedi\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso del aqu\u00ed libelista, en el curso del declarativo de la uni\u00f3n marital de hecho que Ana Alexandra Vargas Beltr\u00e1n promovi\u00f3 en su contra (rad. n.\u00ba 2018-00018); y, en tal virtud, dispuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) SEGUNDO: Dejar sin valor y efecto el fallo de 24 de marzo de 2021 proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, y todas las actuaciones que de \u00e9l se deriven. <\/p>\n
TERCERO: Ordenar a la autoridad accionada, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir del momento en que tenga conocimiento de esta providencia, proceda a emitir el nuevo pronunciamiento con el que agote la segunda instancia del juicio declarativo sub ex\u00e1mine, en lo que fue objeto puntual de reclamo por esta v\u00eda constitucional, atendiendo las consideraciones aqu\u00ed expuestas\u00bb. <\/p>\n
2. Ante esta Corporaci\u00f3n, a trav\u00e9s de su apoderada y sin especificar las circunstancias de la reclamaci\u00f3n, el actor solicit\u00f3 que se tramitara el desacato, toda vez que, \u00aben nuestro respetuoso sentir el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Magistrado ponente, Dr. JORGE ENRIQUE G[\u00d3]MEZ [\u00c1]NGEL no cumpli\u00f3 a cabalidad la sentencia de tutela emitida por su despacho el pasado 28 de [j]unio de 2023, por lo que nos encontramos ante un DESACATO, que dejo a consideraci\u00f3n de esa Honorable Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. De conformidad con el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, previo a iniciar formalmente el incidente, el pasado 11 de octubre, se requiri\u00f3 al magistrado Jorge Enrique G\u00f3mez \u00c1ngel de la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, para que, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de ese prove\u00eddo, informara de manera detallada las acciones que ha adelantado para cumplir la orden, allegando los soportes respectivos. <\/p>\n
4. Durante el traslado, el togado radic\u00f3 oficio en el que reliev\u00f3 que, \u00abel 28 de junio de 2023, su honorable despacho emiti\u00f3 fallo de tutela tutelando los derechos invocados del accionando, y en el numeral segundo dispuso dejar sin valor ni efecto el fallo de segunda instancia de 24 de marzo de 2021 proferido por este Tribunal Superior dentro del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho identificado con el radicado 152383184002201800018 01\u00bb. Adem\u00e1s, agreg\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una vez notificado dicho fallo, este Tribunal mediante auto de 29 de junio de 2023, resolvi\u00f3 obedecer y cumplir lo dispuesto por el Superior y, en consecuencia, requerir al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama a fin de que remitiera de forma inmediata el expediente digital del citado proceso. <\/p>\n
El 11 de julio hoga\u00f1o, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Duitama, remiti\u00f3 el link solicitado por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
El 4 de agosto de 2023 se realiz\u00f3 convocatoria extraordinaria a Sala de discusi\u00f3n No. 27 con el fin de estudiar el proyecto se segunda instancia a proferir en cumplimiento del fallo de tutela. <\/p>\n
Una vez discutido el proyecto con los Magistrados integrantes de la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Doctora Gloria In\u00e9s Linares Villalba y Doctor Eur\u00edpides Montoya Sep\u00falveda, se dispuso realizar una reformulaci\u00f3n del proyecto, por tanto, el proyecto presentado para discusi\u00f3n no fue aprobado. <\/p>\n
El 17 de agosto de 2023, el proyecto reformulado fue discutido con el integrante de la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Magistrado Eur\u00edpides Montoya Sep\u00falveda, por tanto, la Magistrada Gloria In\u00e9s Linares Villalba para dicha fecha contaba con ausencia justificada, dicho proyecto fue aprobado y remitido a secretaria, sentencia que fue notificada virtualmente mediante estado civil No. 111 del 18 de agosto de 2023, mediante el micrositio dispuesto por la Rama Judicial. <\/p>\n
Posteriormente el 28 de agosto de 2023 por intermedio de apoderada judicial el demandado German Eduardo Medina Torres, solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n de la sentencia de 17 de agosto de 2023, proferida por este Tribunal Superior en cumplimiento del fallo tutelar, solicitud que fue resuelta desfavorablemente mediante prove\u00eddo de 11 de septiembre de 2023. <\/p>\n
Seguidamente, el 26 de septiembre de 2023, el demandado Germ\u00e1n Eduardo Medina Torres interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia de 17 de agosto de 2023; el 2 de octubre de 2023 esta Sala dispuso ordenar a la profesional en contadur\u00eda adscrita a este Tribunal Superior justipreciar el monto de las pretensiones de la referida demanda a fin de establecer la procedencia del recurso extraordinario. <\/p>\n
Una vez recibido el informe realizado por la Profesional en Contadur\u00eda adscrita a este Tribunal Superior, mediante prove\u00eddo de 4 de octubre de 2023, se neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n por considerar que la cuant\u00eda no super\u00f3 los mil salarios m\u00ednimos mensuales vigentes establecidos por la norma para la concesi\u00f3n del recurso. <\/p>\n
La anterior decisi\u00f3n fue objeto de recurso de reposici\u00f3n y en subsidio queja por parte del demandado, recurso que se fij\u00f3 en lista de traslados el 11 de octubre del corriente y con fecha de vencimiento el 17 de octubre de 2023, es decir se encuentra en traslado\u00bb. <\/p>\n
Con todo, coligi\u00f3 que \u00abes claro que se dio cabal cumplimiento al fallo emitido por su Honorable Despacho el 28 de junio de 2023, decisi\u00f3n que dejo sin efectos totalmente la sentencia de segunda instancia proferida por este Tribunal Superior el 24 de marzo de 2021, por lo que se emiti\u00f3 una nueva decisi\u00f3n el 17 de agosto de 2023 conforme a derecho, y en adelante el demandado y accionante ha hecho uso de todos los mecanismos judiciales en pro de la defensa de sus intereses, los que se han resuelto oportunamente por esta Sala\u00bb. <\/p>\n
5. Mediante decisi\u00f3n de 30 de octubre siguiente, esta Sala Especializada inici\u00f3 formalmente el incidente de desacato contra el citado funcionario y le corri\u00f3 traslado del escrito inicial y de sus anexos, para que, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, se manifestara sobre los hechos descritos y aportara los medios de conocimiento que pretendiera hacer valer. <\/p>\n
6. A trav\u00e9s de auto de 14 de noviembre hoga\u00f1o, se abri\u00f3 a pruebas el incidente y se tuvieron como tales los documentos aportados al tr\u00e1mite y la actuaci\u00f3n surtida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte determinar si el magistrado Jorge Enrique G\u00f3mez \u00c1ngel de la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo incurri\u00f3 en desacato a la orden impartida por esta Colegiatura (STC6187-2023, 28 jun.). <\/p>\n
2. El incidente de desacato. <\/p>\n
La sentencia que se profiere en virtud de una acci\u00f3n de tutela no solo goza de plena fuerza vinculante, propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que la instituy\u00f3 de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del destinatario de ese mandato judicial, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la ley. <\/p>\n
Por su especial car\u00e1cter, al juez que conoce del desacato no le es l\u00edcito volver sobre las valoraciones que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues revivir\u00eda una controversia concluida, de ah\u00ed que su actuaci\u00f3n se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento. <\/p>\n
Tras esa verificaci\u00f3n inicial, es deber del juzgador ocuparse no solo del aspecto objetivo, cual es el hecho del incumplimiento del fallo de tutela, sino tambi\u00e9n del factor subjetivo, dado que la desatenci\u00f3n que se censura es aquella que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien deb\u00eda cumplir la orden de protecci\u00f3n, de modo que se impone atender elementos propios de un r\u00e9gimen sancionatorio, como lo atinente a la culpa con que haya actuado el funcionario, su intenci\u00f3n de desobedecer y las posibles circunstancias de justificaci\u00f3n. <\/p>\n
De acuerdo con las premisas que anteceden, est\u00e1 autorizada legalmente la imposici\u00f3n de sanciones cuando quien est\u00e1 llamado a cumplir la orden que se le imparte no acata tal mandato en la forma y t\u00e9rmino se\u00f1alados por el juez de tutela. Empero, esa desatenci\u00f3n debe estar plenamente demostrada, de forma tal que el destinatario de la acci\u00f3n haya desobedecido por capricho, incuria, negligencia o por otra cualquiera raz\u00f3n semejante que revele su falta de disposici\u00f3n para atender lo resuelto en el amparo. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
A efectos de establecer si el magistrado Jorge Enrique G\u00f3mez \u00c1ngel de la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo incurri\u00f3 en el desacato que se le enrostra, y comoquiera que el alcance de la orden de protecci\u00f3n constitucional constituye la base para valorar si el receptor de ese mandato ha entrado en franca rebeld\u00eda con lo decidido, es preciso remitirse a la sentencia de tutela proferida por esta Colegiatura (STC6187-2023, 28 jun.), y a los informes rendidos dentro de este asunto. <\/p>\n
3.1. En el presente caso, durante el traslado otorgado en los autos de llamamiento anticipado y de inicio del correspondiente procedimiento, el funcionario aport\u00f3 el expediente de la causa constitucional auscultada, en la cual se constat\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
(i) Con auto de 29 de junio de 2023, el togado querellado dict\u00f3 prove\u00eddo con el que obedeci\u00f3 lo resuelto por el \u00f3rgano de cierre de la especialidad civil, y, a fin de reanudar la actuaci\u00f3n, procedi\u00f3 a \u00abordenar al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama se sirva a remitir de forma inmediata expediente digital del proceso de Declaraci\u00f3n Uni\u00f3n Marital de Hecho con radicado 15238-31-84-002-2018-00018-01\u00bb (archivo29, cd. segunda instancia, tribunal). <\/p>\n
(ii) Mediante sentencia de 17 de agosto posterior, el tribunal ad quem resolvi\u00f3 nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n a su cargo, formulado por ambos extremos de la litis contra la determinaci\u00f3n de primer grado, relievando que: <\/p>\n
\u00abLa Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de tutela STC6187-2023, de 28 de junio de 2023, dej\u00f3 sin efectos el fallo de 24 de marzo de 2021 proferido por esta Sala de Decisi\u00f3n, sin embargo, de la lectura de la argumentaci\u00f3n es clara la citada Sala en se\u00f1alar que este ad quem no desarroll\u00f3 un an\u00e1lisis suficiente de cara a la declaraci\u00f3n de culpabilidad de Medina Torres, como responsable de la separaci\u00f3n de los compa\u00f1eros permanentes, que no se expusieron adecuadamente las razones jur\u00eddicas y f\u00e1cticas que expliquen por qu\u00e9 atribuy\u00f3 al demandado la responsabilidad en el rompimiento de la relaci\u00f3n y como sanci\u00f3n la imposici\u00f3n de alimentos a favor de la demandante. <\/p>\n
Que as\u00ed mismo se omiti\u00f3 se\u00f1alar cuales fueron los motivos para revocar la sentencia de primer grado en ese punto espec\u00edfico, que se inici[\u00f3] expresando que el a quo, hab\u00eda declarado la culpabilidad del demandado, lo que no es concordante con lo resuelto por la primera instancia, cayendo el Tribunal Superior en una evidente incongruencia. <\/p>\n
Por lo anterior dando cumplimiento a la orden impartida se procede a emitir nuevamente la providencia desarrollando las consideraciones pertinentes frente a los alimentos decretados por este Tribunal Superior a favor de la demandante, asunto que fue objeto de an\u00e1lisis por el juez constitucional, y que debe resolver este Tribunal Superior, partiendo claro est\u00e1 de la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, procedi\u00f3 a analizar los argumentos de los recurrentes, relacionados con la verificaci\u00f3n de: (i) \u00absi por la culpabilidad establecida en el proceso fundamentada en el grave e injustificado incumplimiento de sus deberes como esposo y padre, y la violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica y moral que ejerci\u00f3 en contra de su compa\u00f1era permanente, por parte del demandado Germ\u00e1n Eduardo Medina Torres, se le debe imponer alimentos a favor de su ex compa\u00f1era permanente\u00bb; (ii) \u00absi es procedente ordenar medidas de alejamiento al demandado, para evitar nuevos sus actos de violencia\u00bb; y (iii) \u00absi hubo interrupci\u00f3n de la vida marital durante la existencia de la uni\u00f3n marital declarada por la primera instancia\u00bb; y (iv) \u00absi se presentaron las incongruencias alegadas por el demandado en la concesi\u00f3n de los alimentos a la hija mayor del matrimonio, porque legalmente ya no se deb\u00edan, que adem\u00e1s es el punto espec\u00edfico sobre el cual debe recaer el an\u00e1lisis de este Superior\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, anot\u00f3 que \u00abcomo el fallo que determin\u00f3 dejar sin efectos esta sentencia para que este Tribunal Superior \u201cdicte una nueva, atendiendo las motivaciones que dan lugar a la concesi\u00f3n de este auxilio, en lo que es objeto puntual de reclamo por esta senda Rad. n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02376-00, sin que ello comporte imposici\u00f3n alguna del sentido decisorio que deba adoptar\u201d, lo que ratifica que la competencia otorgada por el juez constitucional, no se refiere una absoluta libertad para reformular la sentencia, sino para resolver el problema de los alimentos de la compa\u00f1era permanente que se concedieron a su favor, partiendo de la errada premisa de una culpa que de ninguna manera hab\u00eda declarado la primera instancia, lo que para esta Sala de Decisi\u00f3n no impide que se armonice el fallo en su integridad\u00bb. <\/p>\n
Y, sobre los alimentos, con base en el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil y las sentencias CSJ STC6975-2019, 4 jun. y CC C-117\/21, destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa actora aleg\u00f3 al interponer el recurso, que era beneficiaria de la cuota alimentaria-sanci\u00f3n, a que se refiere el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, que expresa que \u00e9stos se deben al compa\u00f1ero inocente y a cargo del compa\u00f1ero culpable de la disoluci\u00f3n de la uni\u00f3n marital. <\/p>\n
En la sentencia de 24 de marzo de 2021 y que fue motivo de acci\u00f3n de tutela por ante de la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, se expres\u00f3 \u201cConforme con lo apelado, la primera instancia declar\u00f3 la disoluci\u00f3n del hogar, por haberse incurrido por el demandado, en el incumplimiento de sus deberes de esposo y padre, lo que efectivamente, como lo alega la actora, es raz\u00f3n para que se le condene a la sanci\u00f3n a que se refiere el art\u00edculo 411-4 del C\u00f3digo Civil, sin embargo, en el expediente, no media prueba suficiente que pruebe su necesidad econ\u00f3mica, ni una incapacidad que la hiciera depender del demandado, por lo que en esta condena no se fijar\u00e1 valor determinado, debiendo la interesada en proceso de alimentos aparte, establecer su cuant\u00eda\u201d, lo que le permiti\u00f3 concluir la incongruencia del fallo de este Tribunal Superior, porque la primera instancia no le hab\u00eda atribuido responsabilidad al compa\u00f1ero permanente demandado, en la disoluci\u00f3n de la uni\u00f3n marital, sino a ambos. <\/p>\n
(\u2026) La recurrente Ana Alexandra Medina Torres, en su recurso ha solicitado alimentos en su favor y a cargo de su excompa\u00f1ero permanente Germ\u00e1n Eduardo Medina Torres, lo que le impuso la carga de probar la violencia intrafamiliar o cualquiera de las conductas se\u00f1aladas en el numeral 3 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Por ello, de los medios de convicci\u00f3n allegados al tr\u00e1mite, coligi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLos testimonios aportados en la audiencia de pruebas a que se refiere el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, son la prueba id\u00f3nea para demostrar cualquiera de las situaciones reconocidas por la jurisprudencia para dar lugar a la imposici\u00f3n de los alimentos a cargo del compa\u00f1ero responsable de las mismas, al respecto se tiene que Sonia Reina Castelblanco, no dijo nada de violencia entre las partes, y muy especialmente de parte de Germ\u00e1n Eduardo Medina Torres y Ana Alexandra Vargas Beltr\u00e1n; Mar\u00eda Claudia Torres Pedreros es muy dubitativa en sus respuestas, no se refiri\u00f3 a la violencia alegada por la actora a pesar que declar\u00f3 haber vivido permanente en el hogar durante un tiempo; Paula Estefan\u00eda Medina Vargas, reconoce la existencia de roces que calific\u00f3 de normales entre sus padres, pero no se\u00f1al\u00f3 actos de violencia o ultrajes de parte del demandado, se\u00f1al\u00f3 que al final de la convivencia si hubo desavenencias sin atribuirlas espec\u00edficamente a ninguno de los compa\u00f1eros permanentes, originadas en el manejo del dinero especialmente a partir de la muerte de su abuela paterna, y otras situaciones dom\u00e9sticas; Magda Yazm\u00edn Vargas Beltr\u00e1n, hermana de la actora, no fue tachada por la parte contraria, pero nada concreto expres\u00f3 con respecto a la carga probatoria que ten\u00eda la actora, pues no narr\u00f3 hechos espec\u00edficos de violencia intrafamiliar o de ultrajes, maltratamientos de obra atribuibles al demandado; Sandra Patricia Hastamorir Rodr\u00edguez, amiga de las partes, no describe los estados de violencia intrafamiliar o de los se\u00f1alados en el numeral 3 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, pero si se refiere una situaci\u00f3n de la que fue testigo de discusiones entre las partes, pero sin hacer precisi\u00f3n alguna de quien era el responsable; V\u00edctor Alfonso Amado Rinc\u00f3n, tachado por ser seg\u00fan la contraparte como amante de Ana Alexandra Vargas, quien neg\u00f3 tal situaci\u00f3n, cuyo dicho no tiene valor probatorio en relaci\u00f3n con la carga probatoria de la recurrente, pues no se refiri\u00f3 a actos considerados como de violencia intrafamiliar o de los se\u00f1alados en el ordinal 3\u00ba del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil; Luis Eduardo Ortiz Rodr\u00edguez, quien narr\u00f3 dos o tres situaciones de violencia de las que fue testigo, en las que la iniciadora y protagonista de hechos de ese tipo en contra de Germ\u00e1n Eduardo Medina Torres, fue precisamente la actora; Martha Luc\u00eda Medina Torres, hermana del demandado y tachada, expuso ampliamente sobre el consumo de alcohol de los compa\u00f1eros permanentes, hecho que generaba situaciones mutuas de violencia, que en una oportunidad motiv\u00f3 la intervenci\u00f3n de la polic\u00eda, not\u00e1ndose una cierta animadversi\u00f3n hacia su cu\u00f1ada; Liliana Medina Torres, hermana del demandado, tachada por la contraparte, reconoci\u00f3 la violencia mutua entre las partes, pero que despu\u00e9s durante la convivencia de la pareja mejor\u00f3, que tuvieron una vida que calific\u00f3 de desordenada, que ambos eran compa\u00f1eros permanentes eran consumidores de alcohol; M\u00f3nica Marcela Medina Torres, hermana del demandado, tachada por la actora, dijo que la relaci\u00f3n de su hermano con la actora fue tormentosa, de \u201cires y venires\u201d, que en 2010 las partes tuvieron un altercado en sitio p\u00fablico en las fiestas de Duitama, que motiv\u00f3 intervenci\u00f3n de la polic\u00eda, sin identificar a ninguno de los compa\u00f1eros como autores o causantes del incidente; Diego Juli\u00e1n Torres Medina, sobrino del demandado, tachado por la actora, quien, dijo saber por amigos cercanos comunes con uno de los hijos que la vida hogare\u00f1a de los litigantes era muy conflictiva, pero no entr\u00f3 en detalles\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, estableci\u00f3 que \u00abno se prob\u00f3 por la parte interesada la existencia de la \u201cviolencia intrafamiliar\u201d o el \u201cmaltratamientos de obra trato cruel y\/o ultrajes\u201d la que deb\u00eda establecerse en cabeza del demandado Medina Torres, para que, ya finalizada y disuelta la uni\u00f3n marital de hecho, tuviera derecho a recibir alimentos\u00bb, raz\u00f3n por la cual verific\u00f3 los efectos \u00abque la violencia de cualquier \u00edndole pueda haber producido, aplicando el examen de adecuaci\u00f3n\u00bb, por lo que se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 54 de 1990, no se establecen causales para la terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital, por lo que no es de recibo que a partir de cualquier hecho probado diferente a la finalizaci\u00f3n de la convivencia, se pueda afirmar culpabilidad alguna en la misma, lo que no excluye que al probarse violencia, se pueda intentar a manera de indemnizaci\u00f3n, la imposici\u00f3n de una cuota alimentaria al responsable, lo que en este proceso no es de recibo, por cuanto es indiscutible que la violencia intrafamiliar que dificult\u00f3 gravemente la convivencia entre Ana Alexandra Vargas Beltr\u00e1n y Germ\u00e1n Eduardo Medina Torres, tuvo efectos en su disoluci\u00f3n a pesar del largo tiempo de convivencia, pero que por las diferencias de r\u00e9gimen legal aplicable, de ese hecho no puede deducirse culpabilidad en cabeza del demandado, que pueda generar alimentos en favor de la actora, lo que determina que se haya de confirmar lo previsto en el ordinal segundo de la sentencia de 28 de septiembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
(iii) Luego, la apoderada del aqu\u00ed libelista solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n y complementaci\u00f3n del fallo, porque estim\u00f3 que all\u00ed no debieron fijarse los alimentos en favor de la descendiente com\u00fan de la pareja, mayor de edad, pues \u00abese punto ni siquiera lo podr\u00eda haber tocado\u00bb, (archivo40, \u00eddem). <\/p>\n
(iv) En tal virtud, con prove\u00eddo de 11 de septiembre de 2023, el tribunal resolvi\u00f3 desfavorablemente lo pedido (archivo43, \u00eddem), por cuanto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se hace necesario rememorar que el fallo de tutela de 28 de junio de 2023, en su ordinal SEGUNDO, dispuso \u201cDejar sin valor y efecto el fallo de 24 de marzo de 2021 proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, y todas las actuaciones que de \u00e9l se deriven\u201d. De igual forma se debe se\u00f1alar que el aparte 4.4. del fallo se expres\u00f3 \u201cpor lo dicho, se dejar\u00e1 sin efecto la sentencia de 24 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo en el proceso radicado n\u00ba 2018-00018 \u2013 y se ordenar\u00e1 que dicte una nueva, atendiendo las motivaciones que dan lugar a la concesi\u00f3n de este auxilio, en lo que es objeto puntual de reclamo por esta senda constitucional, sin que ello comporte imposici\u00f3n alguna del sentido decisorio que deba adoptar.\u201d <\/p>\n
De lo expresado por el juez constitucional, no queda duda que la pretendida limitaci\u00f3n a la competencia de este Tribunal Superior para expedir la nueva sentencia, carece de asidero, y solo est\u00e1 llamada a ser tenida en cuenta como se orden\u00f3, respecto de los argumentos relacionados con la declaraci\u00f3n de culpabilidad del demandado Medina Torres, y en lo dem\u00e1s, como se deriva de la revocatoria \u00edntegra de la sentencia de segunda instancia de 24 de marzo de 2021 se deb\u00eda aplicar los principios generales de la apelaci\u00f3n de sentencias, entre ellos el contenido en el art\u00edculo 320 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Conforme a lo anterior se concluye claramente que el fallo de tutela dej\u00f3 sin efectos la totalidad de la sentencia de segunda instancia, proferida por este Tribunal Superior el 24 de marzo de 2021, por lo que correspond\u00eda a esta Sala de Decisi\u00f3n proferir una nueva decisi\u00f3n conforme a derecho, emitiendo la nueva providencia el 17 de agosto de 2023, la que obviamente deb\u00eda ser congruente y resolver los puntos apelados por las partes, incluir los argumentos expuestos en la decisi\u00f3n constitucional respecto de la culpabilidad de Medina Torres y en lo dem\u00e1s que fue materia de la alzada, igualmente sin que la decisi\u00f3n constitucional constituya una limitaci\u00f3n a la misma. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, correcci\u00f3n de errores solicitada no es procedente, pues modificar las consideraciones de la sentencia, implica una trasgresi\u00f3n a la ley procesal, ya que la \u00fanica parte de toda providencia que puede ser corregida es la resolutiva, solo ante presencia de los defectos que justifica el art\u00edculo 286 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Respecto de la solicitud de aclaraci\u00f3n, opera el mismo principio de la inmodificabilidad de las sentencias o autos que dicta el juez, por lo que al igual que la solicitud de correcci\u00f3n de errores propuesta por el actor por su apoderada judicial, est\u00e1 llamada a tener el mismo efecto, pues lo que realmente se pretende es que se modifique la parte considerativa del fallo de 17 de agosto de 2023 formulando un nuevo juicio al respecto de los alimentos de Estefan\u00eda Medina Vargas, lo que no es procedente\u00bb. <\/p>\n
(v) Aunado a ello, la mandataria judicial del reclamante formul\u00f3 el remedio extraordinario (archivo45, \u00eddem), y, para definir su viabilidad, el ad quem orden\u00f3 a un profesional en contadur\u00eda adscrito a esa colegiatura que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, justipreciara el monto de las pretensiones de la demanda (archivo46, \u00eddem), el cual, luego de rendirse (archivo48, \u00eddem), fundament\u00f3 la negativa de conceder la casaci\u00f3n, dada la falta de inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrir, pues, \u00abconforme el informe presentado por la contadora de esta Corporaci\u00f3n se logra establecer que el recurso asciende a $272.996.645, por tanto, no supera los mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)\u00bb (archivo49, \u00eddem). <\/p>\n
(vi) Inconforme, la abogada del censor present\u00f3 reposici\u00f3n, en subsidio de queja, contra esa determinaci\u00f3n (archivo55, \u00eddem).; primera defensa en la que se dej\u00f3 inc\u00f3lume lo dispuesto (archivo57, \u00eddem), al paso que la segunda se concedi\u00f3 y se remiti\u00f3 ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural para lo pertinente, estando pendiente de desatarse a la fecha de emitir este pronunciamiento2. <\/p>\n
3.2. Lo anterior permite concluir que la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo acat\u00f3 \u00edntegramente la orden impartida por esta Colegiatura en el sub-lite, que consisti\u00f3 en \u00abordenar a la autoridad accionada, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir del momento en que tenga conocimiento de esta providencia, proceda a emitir el nuevo pronunciamiento con el que agote la segunda instancia del juicio declarativo sub ex\u00e1mine, en lo que fue objeto puntual de reclamo por esta v\u00eda constitucional, atendiendo las consideraciones aqu\u00ed expuestas\u00bb; por lo que, en esas condiciones, se encuentra conjurada la amenaza o vulneraci\u00f3n iusfundamental arg\u00fcida por el memorialista. <\/p>\n
En ese sentido, se itera, las dem\u00e1s quejas del gestor, fincadas en el reconocimiento de alimentos a una hija com\u00fan de la expareja, et. al. \u2013seg\u00fan se desprende de la foliatura auscultada, en tanto que en esta sede no se desarroll\u00f3 ning\u00fan argumento sobre el punto\u2013, no son materia de este mecanismo, por cuanto sobre ese t\u00f3pico no gravit\u00f3 la concesi\u00f3n que se hiciere en sede constitucional, por lo que, cualquier reparo sobre ese aspecto deber\u00e1 ventilarse a trav\u00e9s de los cauces pertinentes, como en efecto ha venido sucediendo, seg\u00fan se observa en el expediente3. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, no hay lugar a imponer ninguna sanci\u00f3n ya que, como expuso la Corte Constitucional en la providencia T-421\/03, acogida por esta Sala, entre otras, en el fallo CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 00115-00: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser as\u00ed, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que \u00e9ste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreci\u00f3. La imposici\u00f3n o no de una sanci\u00f3n dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanci\u00f3n, deber\u00e1 acatar la sentencia. En caso de que se haya adelantado todo el tr\u00e1mite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanci\u00f3n no se haga efectiva, el renuente a cumplir podr\u00e1 evitar ser sancionado acatando\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, al advertirse superada la situaci\u00f3n que origin\u00f3 la presente actuaci\u00f3n, resulta improcedente imponer sanci\u00f3n alguna. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado4 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: ABSTENERSE de imponer las sanciones a que se refiere el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, al encontrarse que el magistrado Jorge Enrique G\u00f3mez \u00c1ngel de la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo acredit\u00f3 el obedecimiento de la orden impartida en la sentencia dictada por esta Colegiatura (STC6187-2023, 28 jun.). <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR la terminaci\u00f3n y el archivo de la presente actuaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: NOTIFICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes e intervinientes por un medio expedito. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Providencia que no fue recurrida, seg\u00fan consta en el sistema de gesti\u00f3n judicial y en ESAV. <\/p>\n
2\u0002 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 2018-00018-02 (M.P. Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez). <\/p>\n
3\u0002 Se insiste, pues el gestor ha acudido a los mecanismos de adici\u00f3n, aclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n, a modo de ejemplo. <\/p>\n
4\u0002 En atenci\u00f3n a los par\u00e1metros establecidos en el reciente pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n, CSJ STC9241-2023, 19 sep. <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC1487-2023 ATC1487-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02376-01 Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide el incidente de desacato adelantado por Germ\u00e1n Eduardo Medina Torres contra el magistrado Jorge Enrique G\u00f3mez \u00c1ngel de la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77259","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77259","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77259"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77259\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77259"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77259"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77259"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}