ATC1493-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1493-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-02269-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta por el convocante frente a la sentencia del pasado 17 de octubre, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Sociedad Inversiones Calma S.A contra Superintendencia de Sociedades, si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo rituado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la Superintendencia de Sociedades al negarse a entregar copia de la totalidad del expediente administrativo n.\u00b0 75 que curs\u00f3 con relaci\u00f3n a la sociedad Trefiler\u00eda Colombiana, pues tan solo le remitieron 650 archivos del total de 1.023 documentos que lo integran. <\/p>\n
2. El asunto fue inicialmente repartido al Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que tras surtir el tr\u00e1mite de rigor decidi\u00f3 negar el resguardo por carencia actual de objeto, decisi\u00f3n impugnada y que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad declar\u00f3 nula tal decisi\u00f3n, puesto que la acci\u00f3n se interpuso en contra de la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, por tanto la Jurisdicci\u00f3n Civil era la llamada a conocer del asunto. <\/p>\n
Visto lo anterior, se decidi\u00f3 remitirlo por competencia a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de este Distrito Judicial. <\/p>\n
3. La colegiatura a-quo dio admisi\u00f3n al libelo de amparo, luego de la remisi\u00f3n que, \u00abpor competencia\u00bb, le hiciera el precitado estrado y porque: <\/p>\n
(\u2026) Pese a que este despacho advirti\u00f3 que la citada decisi\u00f3n no tuvo en cuenta precedente de la Corte Constitucional seg\u00fan el cual no es dable que el juez de tutela de segunda instancia declare nulidades con fundamento en las reglas administrativas de reparto que rigen en materia del tr\u00e1mite de amparo1 , pero, adem\u00e1s, que la queja constitucional versa sobre una solicitud de copias y acceso al expediente n\u00b0 75 seguido ante la autoridad de vigilancia; con el prop\u00f3sito de no generar m\u00e1s dilaci\u00f3n en la resoluci\u00f3n de la de la solicitud de amparo interpuesta el cuatro de septiembre del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
Al ep\u00edlogo de la tramitaci\u00f3n, concedi\u00f3 el resguardo \u00abcomo quiera que desde el momento en el que la accionante elev\u00f3 la petici\u00f3n en menci\u00f3n a la fecha han transcurrido m\u00e1s de seis meses y tal t\u00e9rmino supera el establecido en la L.1755\/2015 para atender solicitudes de esa naturaleza, el Tribunal amparar\u00e1 el mencionado derecho y ordenar\u00e1 a la SuperSociedades, si a\u00fan no lo ha hecho, atender en debida forma lo requerido\u00bb. <\/p>\n
4. Impugn\u00f3 la Superintendencia accionada, insistiendo en que la imposibilidad de cumplir la orden dada, en virtud de las reservas de ley que cobijan el expediente administrativo n.\u00b075. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de la Corte para decidir, en impugnaci\u00f3n, el presente asunto, pues como lo ense\u00f1a el numeral 8\u00b0 (inciso 2\u00b0) del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00b0 del decreto 333 de 2021): las \u00abacciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda…\u00bb (\u00c9nfasis). <\/p>\n
2. Bajo el labrado contexto, el veredicto dimanado por el a-quo en este rito est\u00e1 viciado de nulidad, puesto que el proceso aqu\u00ed cuestionado no es uno de car\u00e1cter jurisdiccional, sino administrativo, por tanto el competente para conocerlo s\u00ed era el juzgado de circuito, a qui\u00e9n se le reparti\u00f3 en primera medida el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017 (asimilables al decreto 333 de 2021), se ha tenido precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (CSJ ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. Por lo consignado, se adoptar\u00e1n las medidas necesarias para enderezar el decurso iusfundamental de marras, se ordenar\u00e1 devolver el paginario al la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 -a quien primigeniamente fuera repartido-, y en quien su superior funcional fij\u00f3 la atribuci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, dispone: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de lo actuado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el plenario de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato las diligencias a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, para que resuelva la segunda instancia de este asunto. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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