ATC1513-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1513-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 23001-22-14-000-2023-00216-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de octubre de 2023 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, que declar\u00f3 improcedente el amparo solicitado por Camilo Torres Becerra en contra de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica -Gerencia Colegiada de C\u00f3rdoba-, si no fuera porque en el tr\u00e1mite surtido en primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como entrar\u00e1 a explicarse. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Lo anterior, por cuanto la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica lo vincul\u00f3 como presunto responsable fiscal en el proceso 80233-064-1077, en el que se emiti\u00f3 fallo sancionatorio el 18 de noviembre de 2022 \u2013notificado el 29 de noviembre de dicha anualidad\u20131, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El 21 de diciembre de 20222, se resolvi\u00f3 el primero de los recursos interpuestos, pero ante la falta de informaci\u00f3n, present\u00f3 una petici\u00f3n el 14 de junio de 2023, que no fue contestada. Por ello, interpuso una acci\u00f3n de tutela ante el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Monter\u00eda, que accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n invocada, mediante sentencia del 15 de agosto de 2023, en la que orden\u00f3 a la entidad accionada resolver esa solicitud3. <\/p>\n
El actor aduce que la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, el 29 de agosto de 2023, le remiti\u00f3 los autos del 21 de diciembre de 2022 y el 28 de febrero de 20234, este \u00faltimo por el cual se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y se surti\u00f3 el grado de consulta. <\/p>\n
2.1. En relaci\u00f3n con lo anterior, el tutelante cuestion\u00f3 que esas decisiones no se le hayan notificado personalmente, como correspond\u00eda, y que solo le informaron del asunto pasados 4 meses, lo cual le impidi\u00f3 acudir a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para agotar el requisito de procedibilidad necesario para acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
2.2. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se le ordene a la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica -Gerencia Departamental de C\u00f3rdoba- que le notifique personalmente el auto del 28 de febrero de 2023, que resolvi\u00f3 el asunto en \u00faltima instancia. <\/p>\n
3. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la presente tutela el 6 de octubre de 2023, ordenando la vinculaci\u00f3n del Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de esa ciudad, por tener inter\u00e9s en el asunto y, con providencia del 18 de octubre de 20235, declar\u00f3 improcedente el amparo deprecado, porque el accionante pudo acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, pero no lo hizo. <\/p>\n
4. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por el gestor. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente caso, como se anticip\u00f3, se advierte una irregularidad, consistente en que la competencia para conocer en primera instancia el asunto correspond\u00eda a los Jueces del Circuito y no al Tribunal a quo, acorde con lo reglado en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, que establece, en su numeral 2, que \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. Lo anterior, porque, revisada la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y las pretensiones planteadas, resulta evidente que lo reprochado por el tutelante es que no le fue notificado adecuada y oportunamente la decisi\u00f3n emitida el 28 de febrero de 2023 por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica -Gerencia Departamental Colegiada de C\u00f3rdoba-. <\/p>\n
De manera que, aunque el Tribunal consider\u00f3 pertinente la vinculaci\u00f3n del Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Monter\u00eda, por tener inter\u00e9s en el asunto, dado que conoci\u00f3 una tutela previa, lo cierto es que el actor no formul\u00f3 reproche alguno frente al citado Juzgado ni las pretensiones est\u00e1n dirigidas contra esa autoridad judicial, por lo que su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite constitucional no era necesaria. <\/p>\n
3. En consecuencia, el asunto se encuentra viciado de nulidad. Al respecto, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u2018improrrogable, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (CSJ ATC2521-2016). <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se invalidara\u0301 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1\u0301 la remisi\u00f3n del presente ruego constitucional a los Juzgados del Circuito de Monter\u00eda -Reparto-, para lo de su competencia. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretar\u00eda se remita el expediente con destino a los Juzgados del Circuito de Monter\u00eda -reparto-, con el fin de que se asuma su tr\u00e1mite en primera instancia, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo resuelto al Tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia y a los interesados, a trav\u00e9s de medio expedito, y l\u00edbrense las comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 81 \u2013 03Pruebas.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folio 103 \u2013 03Pruebas.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Esa providencia fue revocada el 27 de noviembre de 2023 por la Sala Mixta del Tribunal Superior de Monter\u00eda, seg\u00fan informaci\u00f3n registrada en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial. <\/p>\n
4\u0002 Folio 115 \u2013 03Pruebas.pdf. <\/p>\n
5\u0002 14Sentencia.pdf. <\/p>\n
<\/p>\n
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