SC388-2023 (2019-00182-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC388-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76520-31-03-003-2019-00182-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 2 de agosto de 2022, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso verbal promovido por Bernardo Vivas Reina contra Luis Eduardo, Rosalba, \u00c1lvaro Enrique, Jorge Humberto y Mariela Mercedes Vivas Reina, y personas indeterminadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Pretensiones. <\/p>\n
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2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
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1. Bernardo, \u00c1lvaro Enrique y Jorge Humberto Vivas Reina figuran como adquirentes, en com\u00fan y proindiviso, del referido predio \u201cEl Guadual\u201d, seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica de compraventa n.\u00ba 972 de 14 de mayo de 1962. <\/p>\n
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2. Quien encabez\u00f3 la negociaci\u00f3n y sufrag\u00f3 el precio pactado fue el se\u00f1or Ricardo Vivas, progenitor de los compradores. Fue tambi\u00e9n \u00e9l quien recibi\u00f3 la heredad de manos del vendedor, y quien la detent\u00f3 y usufructu\u00f3 con plena autonom\u00eda hasta la fecha de su fallecimiento, acaecido el 5 de septiembre de 1993. <\/p>\n
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3. A partir de esa calenda, el demandante \u00abse aperson\u00f3 de todo lo relacionado con dicho predio, como es el mejoramiento, a trav\u00e9s de las construcciones (\u2026), el pago de su mantenimiento (\u2026), instal\u00f3 el servicio p\u00fablico domiciliario de televisi\u00f3n por cable y telefon\u00eda, es la persona que paga el servicio de agua suministrada a dicho predio a trav\u00e9s de un acueducto rural llamado \u201cAcuasalud\u201d (\u2026) y es quien ha realizado los dem\u00e1s actos propios de la posesi\u00f3n, los cuales han sido cancelados con su propio peculio\u00bb. <\/p>\n
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4. Durante el a\u00f1o 2018, Jorge Humberto y \u00c1lvaro Enrique Vivas Reina promovieron un proceso divisorio en contra del usucapiente. En ese tr\u00e1mite, el actor reclam\u00f3 el reconocimiento de mejoras, y no se opuso a la venta del bien com\u00fan. Pero tal cosa no debe entenderse como un acto de reconocimiento de dominio ajeno, porque en el marco del referido juicio no era viable formular oposici\u00f3n distinta al pacto de indivisi\u00f3n; adem\u00e1s, la posesi\u00f3n del demandante \u00abno ha sido interrumpida, natural o civilmente, como lo establece el art\u00edculo 2522 del C\u00f3digo Civil, ya que no se ha perdido, en la forma que lo establece el art\u00edculo 2523\u00bb. <\/p>\n
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5. Mediante escritura p\u00fablica n.\u00ba 2820, otorgada el 21 de septiembre de 2018, los se\u00f1ores Jorge Humberto y \u00c1lvaro Enrique Vivas Reina vendieron a sus hermanos Luis Eduardo, Mariela Mercedes y Rosalba un porcentaje del 20% de la cuota que era de su propiedad, y que equival\u00eda, en cada caso, al 33,33%. <\/p>\n
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6. Como el convocante ha ejercido su posesi\u00f3n en forma exclusiva desde el a\u00f1o 1993, en abierta oposici\u00f3n al derecho de sus hermanos y cond\u00f3minos, adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria la cuota que les corresponde (el 66,66% del total), logrando consolidar en cabeza suya la propiedad plena del fundo \u201cEl Guadual\u201d. <\/p>\n
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2. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
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1. Enterados del auto admisorio de la demanda, los se\u00f1ores Luis Eduardo, Rosalba, \u00c1lvaro Enrique, Jorge Humberto y Mariela Mercedes Vivas Reina excepcionaron \u00abfalta de legitimaci\u00f3n del reclamante para demandar la pertenencia por actuar como poseedor comunero y reconocer dominio ajeno\u00bb e \u00abinterrupci\u00f3n de la supuesta posesi\u00f3n material\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el curador ad litem de los indeterminados, contest\u00f3 la demanda, pero no propuso excepciones. <\/p>\n
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2. Mediante sentencia de 20 de enero de 2022, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira desestim\u00f3 el petitum, tras considerar que no se hab\u00eda probado que el demandante ejerciera posesi\u00f3n con exclusi\u00f3n de los dem\u00e1s titulares de derechos de cuota sobre el predio a usucapir. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Al resolver la alzada interpuesta por la parte vencida, el tribunal confirm\u00f3 lo decidido por el funcionario a quo, con apoyo en los siguientes argumentos: <\/p>\n
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i. La viabilidad de la pretensi\u00f3n de usucapi\u00f3n elevada por un comunero est\u00e1 condicionada a que se demuestre, de manera inequ\u00edvoca, el ejercicio de una posesi\u00f3n exclusiva y excluyente de la comunidad. En este caso, no se discute que el demandante haya detentado en solitario el fundo objeto de la controversia; sin embargo, no obra en el expediente prueba de que dicha relaci\u00f3n material se hubiera desarrollado al margen de la comunidad. <\/p>\n
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iii. A ello se agrega que, en su interrogatorio de parte, el propio convocante admiti\u00f3 que los impuestos prediales de la heredad se han pagado con dineros de la masa sucesoral de su padre; y tambi\u00e9n los servicios p\u00fablicos, todo de com\u00fan acuerdo con sus hermanos. Adem\u00e1s, en varias cartas que dirigi\u00f3 a sus consangu\u00edneos, expuso su deseo de vender la propiedad, y pidi\u00f3 colaboraci\u00f3n para cubrir los gastos que esta demanda ordinariamente. <\/p>\n
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iv. A lo anterior se suma que, en el decurso del proceso divisorio que se suscit\u00f3 entre las partes, el pretendido usucapiente no se opuso a la venta del bien com\u00fan, sino que, en reconocimiento del derecho de sus cond\u00f3minos, se limit\u00f3 a pedir el reembolso de unas mejoras y a solicitar que la divisi\u00f3n fuera material, con lo que estar\u00eda \u00abt\u00e1citamente renunciando a cualquier petici\u00f3n referente a la prescripci\u00f3n adquisitiva\u00bb. <\/p>\n
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v. En s\u00edntesis, del conjunto de evidencias recaudadas puede colegirse que Bernardo Vivas Reina detentaba materialmente la finca \u201cEl Guadual\u201d, pero solamente en su condici\u00f3n de cond\u00f3mino, reconociendo siempre el derecho de cuota de sus hermanos, al punto que lleg\u00f3 a insistirles en que le concedieran un estipendio por el mantenimiento y cuidado del predio com\u00fan. <\/p>\n
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vi. Comoquiera que el 24 de abril de 2018 \u2013al contestar la demanda divisoria promovida en su contra\u2013 el actor reconoci\u00f3 la situaci\u00f3n de copropiedad descrita, para la fecha en que interpuso la demanda de pertenencia (30 de septiembre de 2019) no pod\u00eda haber transcurrido el lapso decenal de posesi\u00f3n que exige la ley sustantiva para adquirir las cosas por el modo de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Oportunamente, el demandante interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Tras su admisi\u00f3n, present\u00f3 tres censuras; dos de ellas por la senda de la causal segunda, y la restante con fundamento en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se denunci\u00f3 la trasgresi\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 762 a 792, 981, 2322 a 2340 y 2518 a 2534 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de errores de hecho en la valoraci\u00f3n de \u00abla prueba trasladada, la prueba testimonial, los interrogatorios de parte practicados dentro del proceso y la prueba documental\u00bb. En sustento de su acusaci\u00f3n, el recurrente sostuvo: <\/p>\n
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i. El tribunal tergivers\u00f3 el contenido de las misivas que dirigi\u00f3 el actor a sus hermanos. Estas ten\u00edan como \u00fanico prop\u00f3sito plantear f\u00f3rmulas de arreglo a ciertos problemas familiares, as\u00ed como expresar la inconformidad que le generaba la indiferencia de los demandados frente al cuidado y la suerte del inmueble, sin que ello signifique renunciar a la posesi\u00f3n exclusiva que ven\u00eda ejerci\u00e9ndose. <\/p>\n
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ii. Tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 el ad quem al equiparar la falta de oposici\u00f3n a la pretensi\u00f3n de divisi\u00f3n con una renuncia a la posesi\u00f3n exclusiva del aqu\u00ed demandante. Su silencio en ese proceso declarativo especial obedeci\u00f3, \u00fanicamente, a la prohibici\u00f3n de invocar cualquier defensa distinta al pacto de indivisi\u00f3n \u2013prevista en el ordenamiento procesal vigente por aquel entonces\u2013. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Los testigos Rubiela Manquillo Z\u00fa\u00f1iga, Mar\u00eda Ludivia S\u00e1nchez, Rosa Eugenia Saavedra Arciniegas, Amalia Rosa Palacio y Jorge Luis \u00c1lvarez S\u00e1nchez, coincidieron en aludir al se\u00f1or\u00edo exclusivo y excluyente del convocante; sin embargo, el tribunal les rest\u00f3 cualquier m\u00e9rito demostrativo a esas versiones, desconociendo as\u00ed \u00abla importancia de la prueba testimonial para acreditar el elemento volitivo de la posesi\u00f3n exclusiva del se\u00f1or Bernardo Vivas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. El ad quem analiz\u00f3 la declaraci\u00f3n de parte del actor de manera fragmentaria, pues se \u00abtoma como prueba fehaciente de una coposesi\u00f3n las afirmaciones relacionadas con el pago de los impuestos y la solicitud de mejoras en el marco del proceso divisorio\u00bb, perdiendo de vista que el deponente hab\u00eda sostenido que \u00abdesde el a\u00f1o 1993, ejerce actos de posesi\u00f3n excluyente, tales como: contratar personal al servicio del Inmueble, pagar la contraprestaci\u00f3n inherente a estos contratos, impartir aut\u00f3nomamente instrucciones sobre las labores a desplegar en el inmueble, realizar construcciones por cuenta propia, particularmente, una vivienda, una pileta, un pozo de agua, procurar la conexi\u00f3n de los servicios p\u00fablicos tales como energ\u00eda, gas, acueducto y alcantarillado, llevar a cabo labores de siembra de \u00e1rboles y encargarse del mantenimiento de animales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. El tribunal debi\u00f3 considerar que el pago de los servicios p\u00fablicos con dineros de la herencia no era necesariamente \u00abindicativo de la calidad de poseedor\u00bb; y que el cobro de mejoras en el juicio divisorio fue solamente \u00abun acto ordinario de quien ostenta la calidad de poseedor, tal como ocurre en los procesos reivindicatorios\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. En el segmento inicial del fallo recurrido, se aludi\u00f3 a las declaraciones y documentos que demuestran actos de se\u00f1or\u00edo del actor. Sin embargo, no se extrajo ninguna conclusi\u00f3n de esos elementos de juicio, pese a que eran de gran utilidad para acreditar la alegada posesi\u00f3n exclusiva y excluyente del demandante. <\/p>\n
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vii. A diferencia de lo que sostuvo el ad quem, el acuerdo que el 10 de marzo de 1999 suscribieron el actor y sus hermanas Mariela, Rosalba y Gloria In\u00e9s \u2013en el que estas se comprometieron a reconocerle un estipendio mensual de $500.000, a t\u00edtulo de \u00abadelanto de sus derechos herenciales\u00bb\u2013, no tiene que ver \u00abcon la calidad de poseedor del demandante en relaci\u00f3n con el inmueble, pues este \u00faltimo ni siquiera hizo parte de la masa herencial del se\u00f1or Ricardo Vivas\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se acus\u00f3 al fallo del ad quem de trasgredir de forma indirecta los art\u00edculos 762 a 792, 981, 2322 a 2340 y 2518 a 2534 del C\u00f3digo Civil, como resultado de errores de derecho derivados de la inaplicaci\u00f3n de los preceptos 176 del C\u00f3digo General del Proceso y 981 del estatuto sustantivo civil. En desarrollo de esta alegaci\u00f3n, expuso el recurrente: <\/p>\n
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i. Conforme los art\u00edculos 176 del C\u00f3digo General del Proceso y 981 del C\u00f3digo Civil, es imperativo valorar las pruebas de la posesi\u00f3n en conjunto, para extraer de all\u00ed los insumos necesarios para determinar si las acciones previas del demandante dan cuenta de un se\u00f1or\u00edo exclusivo y excluyente suyo sobre la heredad com\u00fan. Pese a ello, el tribunal \u00abse aparta de dichos indicadores de apreciaci\u00f3n probatoria, alterando y omitiendo valorar la prueba a fin de acomodarla a la hip\u00f3tesis de que la posesi\u00f3n del demandante ha sido en beneficio de la comunidad y no una posesi\u00f3n aut\u00f3noma y excluyente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. La falta de apreciaci\u00f3n conjunta de las pruebas qued\u00f3 de manifiesto en las conclusiones que el colegiado extrajo de la evidencia, y en el hecho de haber dejado de apreciar los testimonios recaudados, rest\u00e1ndoles valor a pesar de ser \u00abun\u00e1nimes\u00bb en torno al punto de la exclusividad de la posesi\u00f3n del convocante. <\/p>\n
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iii. Si se hubieran valorado las pruebas en conjunto, y otorgado m\u00e9rito a aquellas que dan cuenta de la posesi\u00f3n, se habr\u00eda concluido que el demandante \u00aba) ha explotado de manera aut\u00f3noma y exclusiva el inmueble desde el momento de la muerte de su padre; b) ha velado por su conservaci\u00f3n y mejoramiento; c) ha ejercido, desde el a\u00f1o 1993, actos de posesi\u00f3n excluyente, tales como: contratar personal al servicio del inmueble, pagar la contraprestaci\u00f3n inherente a estos contratos, impartir aut\u00f3nomamente instrucciones sobre las labores a desplegar en el inmueble, realizar construcciones por cuenta propia, particularmente, una vivienda, una pileta, un pozo de agua, procurar la conexi\u00f3n de los servicios p\u00fablicos tales como energ\u00eda, gas, acueducto y alcantarillado, llevar a cabo labores de siembra de \u00e1rboles y encargarse del mantenimiento de los animales; d) ha realizado diligencias administrativas en pro del predio y; e) ha sido el \u00fanico interesado en el inmueble\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Sobre el particular, adujo que la aceptaci\u00f3n formal de la comunidad no es incompatible con un \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo individual, pues \u00aba diferencia de la posesi\u00f3n que se inicia respecto de un bien totalmente ajeno para el poseedor, la posesi\u00f3n respecto de un bien com\u00fan acarrea el reconocimiento formal de la existencia de la comunidad. Adem\u00e1s, resulta indiscutible que el poseedor de una cosa com\u00fan ostenta \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, pues es legalmente el propietario de la cosa que pretende usucapir\u00bb. <\/p>\n
Para refrendar su alegato, cit\u00f3 el fallo CSJ SC, 16 dic. 1968, en el que, en su opini\u00f3n, esta Corte habr\u00eda dejado sentado que \u00abel reconocimiento que un comunero haga de la existencia de la comunidad no se opone al ejercicio de la acci\u00f3n de pertenencia, seg\u00fan la Ley 51 de 1943; y que, por consiguiente, el comunero puede prescribir en su car\u00e1cter de tal, conforme a dicha ley, contra los dem\u00e1s comuneros o contra terceros extra\u00f1os a la comunidad, siempre que su posesi\u00f3n haya sido exclusiva, por el tiempo requerido para usucapir ordinaria (sic) o extraordinariamente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La posesi\u00f3n y sus elementos. <\/p>\n
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1. La prescripci\u00f3n adquisitiva, o usucapi\u00f3n, es un \u00abmodo de adquirir las cosas ajenas\u00bb a trav\u00e9s del ejercicio prolongado e ininterrumpido de hechos posesorios (art. 2512 C\u00f3digo Civil), en los t\u00e9rminos del precepto 762 ib\u00eddem; es decir, mediante la confluencia en una misma persona de dos elementos: la aprehensi\u00f3n f\u00edsica o material de una cosa mueble o inmueble determinada (corpus), y el \u00e1nimo de comportarse como se\u00f1or y due\u00f1o de aquello que se est\u00e1 detentando materialmente (animus domini). <\/p>\n
El corpus es un hecho externo y f\u00edsico, perceptible por los sentidos. El animus domini, por su parte, es un elemento netamente volitivo que, por lo mismo, solo puede constatarse una vez se exterioriza con precisas e indudables conductas posesorias. Es decir, el poder y control que se ejercen sobre la cosa (mediante actos como los enlistados en el art\u00edculo 981 ejusdem), deben ir acompa\u00f1ados, necesariamente, de la firme convicci\u00f3n del poseedor de estar actuando en nombre y en provecho propios, exclusivamente. <\/p>\n
Es justamente en ese sentido en el que la posesi\u00f3n se deslinda con absoluta nitidez de la mera tenencia \u2013o simple detentaci\u00f3n, como se le conoce en otras legislaciones\u2013. Acorde con ello, son eventos ajenos a la posesi\u00f3n la simple aprehensi\u00f3n f\u00edsica de un bien del que se reconoce dominio ajeno; tambi\u00e9n la mera presencia f\u00edsica que se ejerce en nombre y representaci\u00f3n ajena, como ocurre en desarrollo de un contrato de mandato, o de administraci\u00f3n, a manera de ejemplo. En palabras de Claro Solar, <\/p>\n
\u00ab(…) el que tiene el \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o sin la tenencia de la cosa, el animus sin el corpus, o el que tiene el corpus sin el animus, no poseen en el concepto legal. Al uno le falta el elemento exterior y material de la posesi\u00f3n; quiz\u00e1s su \u00e1nimo implica una fundada pretensi\u00f3n a la propiedad, pero no pasar\u00e1 de un acto interno, no atendible mientras no se afirme con el ejercicio de la acci\u00f3n reivindicatoria. En cuanto al otro, su situaci\u00f3n tiene una semejanza aparente con la del poseedor, desde que se halla en contacto f\u00edsico con la cosa; pero carece de toda significaci\u00f3n jur\u00eddica al faltarle la voluntad del tenedor de la cosa\u00bb1. <\/p>\n
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2. Posesi\u00f3n y tenencia, como se intuye de la lectura del canon 775 del C\u00f3digo Civil2, tienen en com\u00fan el presupuesto objetivo de la aprehensi\u00f3n material (el corpus), y es en la faceta volitiva donde despunta su divergencia. La relaci\u00f3n de tenencia involucra solamente el ejercicio de las facultades propias de la convenci\u00f3n que le subyace (v. gr., el contrato de arrendamiento, de comodato, etc.), y carece por completo de vocaci\u00f3n o entidad traslaticia de derechos reales, dando lugar a un simple animus tenendi. <\/p>\n
En la posesi\u00f3n, en cambio, el poder de hecho que se ejerce sobre la cosa va siempre acompa\u00f1ado de una creencia de se\u00f1or\u00edo (animus domini), es decir, de la conciencia de ser el due\u00f1o de aquello que se detenta. Esto es lo que le permite al poseedor, en virtud de la presunci\u00f3n prevista en el \u00faltimo inciso del precepto 762, desenvolverse frente a la cosa pose\u00edda como su propietario, sin limitaciones distintas de las que imponen la Constituci\u00f3n y la ley, tales como, la funci\u00f3n social de la propiedad3, entre otras. <\/p>\n
Ahora bien, aun cuando se compone de un elemento volitivo (el animus domini), la posesi\u00f3n no es propiamente un acto jur\u00eddico, sino un hecho jur\u00eddico humano, voluntario y l\u00edcito, en la medida en que la intelecci\u00f3n y determinaci\u00f3n subjetivas no se dirigen directa y reflexivamente a producir efectos jur\u00eddicos, sino meramente pr\u00e1cticos (la conservaci\u00f3n, explotaci\u00f3n, y eventual recuperaci\u00f3n de la cosa pose\u00edda), derivados del poder y control ejercido, de facto, sobre aquello de lo que formalmente no se es due\u00f1o4. <\/p>\n
Sobre el particular, la doctrina comparada tiene decantado: <\/p>\n
\u00abLas disposiciones de nuestro C\u00f3digo Civil aparecen informadas por el pensamiento de que la posesi\u00f3n es un hecho, desde la propia definici\u00f3n. Siempre que el C\u00f3digo Civil chileno [que, en punto a ello, comparte rasgos esenciales con la normativa colombiana] define un derecho, dice que es una \u201cfacultad\u201d o un \u201cderecho\u201d; sin embargo, en cuanto a la posesi\u00f3n, expresa que es la tenencia [con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o], y la tenencia es un hecho. Por otra parte, Pothier, el autor que m\u00e1s decididamente sigui\u00f3 Bello en esta materia, afirma tambi\u00e9n que \u201cla posesi\u00f3n es un hecho m\u00e1s bien que un derecho en la cosa pose\u00edda (…), lo que no obsta que d\u00e9 al poseedor muchos derechos con respecto a la cosa que posee\u201d\u00bb5. <\/p>\n
Cabe anotar que, en nuestro medio, alguna decisi\u00f3n judicial insular \u2013proferida en sede de tutela\u2013 conceptualiz\u00f3 la posesi\u00f3n como un derecho fundamental de contenido econ\u00f3mico y social6. Y un sector de la doctrina \u2013por mediaci\u00f3n de Arturo Valencia Zea7\u2013, defini\u00f3 la posesi\u00f3n como un derecho real provisional. Sin embargo, el ordenamiento colombiano recoge los postulados de la Escuela Cl\u00e1sica, que asigna a la posesi\u00f3n el car\u00e1cter de hecho, traducido en un poder material ejercido respecto de las cosas \u2013cuya protecci\u00f3n jur\u00eddica no desdice de esa naturaleza\u2013; y as\u00ed lo reconoce el precedente consolidado de esta Corporaci\u00f3n8. <\/p>\n
1.3. Como consecuencia necesaria de su condici\u00f3n f\u00e1ctica, la posesi\u00f3n es un fen\u00f3meno originario y personal, lo cual implica que no puede derivarse de una relaci\u00f3n tenencial previa, ni tampoco puede transferirse por acto entre vivos o transmitirse por causa de muerte \u2013in facta non est successio\u20139, pues de conformidad con el ordenamiento patrio, solo son susceptibles de transferencia o transmisi\u00f3n \u2013por v\u00eda general10\u2013 los derechos (y no los hechos). <\/p>\n
Sobre lo primero, debe resaltarse que la mera tenencia reviste car\u00e1cter inmutable, seg\u00fan lo expresa el art\u00edculo 777 del C\u00f3digo Civil. Por tal raz\u00f3n, mientras subsistan sus notas caracter\u00edsticas \u2013la principal de ellas, la ausencia del animus domini\u2013, su identidad y efectos jur\u00eddicos permanecer\u00e1n intactas. El \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, de llegar a figurar de manera sobreviniente en el escenario de la detentaci\u00f3n f\u00edsica, no convierte o transforma la tenencia en posesi\u00f3n, pues, t\u00e9cnicamente, en ausencia de ese elemento subjetivo no puede hablarse de posesi\u00f3n, y en presencia suya tampoco tendr\u00e1 cabida la simple tenencia. <\/p>\n
En lugar de ello, debe entenderse agotada o extinta la primera, para adquirir luego el animus propio de la posesi\u00f3n, dando lugar al inicio del fen\u00f3meno posesorio en virtud de la satisfacci\u00f3n de sus elementos estructurales. Tal situaci\u00f3n, hist\u00f3ricamente ha sido denominada interversi\u00f3n de la mera tenencia en posesi\u00f3n, perdiendo de vista que ninguna de esas figuras puede mutar en la otra, dado que sus estructuras, r\u00e9gimen jur\u00eddico y consecuencias son distintas. <\/p>\n
1.4. La noci\u00f3n de interversi\u00f3n de la mera tenencia en posesi\u00f3n, entonces, trata de describir \u2013sin lograrlo t\u00e9cnicamente\u2013 la simple cesaci\u00f3n de la mera tenencia, es decir, de la detentaci\u00f3n con animus precario y el inicio subsiguiente de la posesi\u00f3n; de all\u00ed que el tiempo anterior sea de mera tenencia y el nuevo, desde que se origin\u00f3 el se\u00f1or\u00edo, pueda servir de insumo para la consolidaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n adquisitiva. <\/p>\n
En punto de lo anterior, ense\u00f1a el precedente: <\/p>\n
\u00abEn algunos litigios (…) la persona que persigue la declaratoria de prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio inici\u00f3 su relaci\u00f3n de hecho con la cosa sobre la que recae su petitum en virtud de un t\u00edtulo de mera tenencia, como el arrendamiento, el comodato, o la simple tolerancia de que trata el art\u00edculo 2520 del C\u00f3digo Civil (entre otras hip\u00f3tesis). Ahora bien, como el paso del tiempo \u201cno muda la mera tenencia en posesi\u00f3n\u201d, en estos eventos es ineludible determinar que esa condici\u00f3n inicial \u2013la mera tenencia\u2013 fue abandonada, como respuesta a una manifestaci\u00f3n posterior de animus domini sobre el bien aprehendido, renovada voluntad que permite el surgimiento de una nueva relaci\u00f3n entre la persona y la cosa \u2013la posesi\u00f3n\u2013, en la que ya no media t\u00edtulo o convenci\u00f3n subyacente, y que, por lo mismo, autoriza la iniciaci\u00f3n del c\u00f3mputo del plazo prescriptivo. <\/p>\n
Pero, como puede intuirse, el quiebre irregular de una situaci\u00f3n jur\u00eddica anterior (como los contratos de arrendamiento o comodato previamente citados) no es visto con buenos ojos por el ordenamiento, lo cual explica que se haya instituido, como regla general, que \u201cla existencia de un t\u00edtulo de mera tenencia, har\u00e1 presumir mala fe y no dar\u00e1 lugar a la prescripci\u00f3n\u201d (art\u00edculo 2531-3, C\u00f3digo Civil). A esa pauta escapa una excepci\u00f3n particular: la dejaci\u00f3n de la tenencia, con el surgimiento posterior de la posesi\u00f3n, sin reconocimiento expreso o t\u00e1cito del dominio del due\u00f1o, como es natural, desplegada por el t\u00e9rmino de ley, sin violencia ni clandestinidad (ordinales 2\u00ba y 3\u00ba, ib\u00eddem). <\/p>\n
Esto significa que, en el juicio de pertenencia, quien se hizo materialmente a una cosa como mero tenedor debe satisfacer un baremo demostrativo superior respecto del que la aprehendi\u00f3 de inicio con \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo, dado que debe subsumir su situaci\u00f3n en la mencionada exceptiva. Ab initio, esas exigencias en materia probatoria resultaban ciertamente estrictas, como puede advertirse en CSJ SC, 22 ago. 1957, G.J. t. LXXXVl, p. 11: \u201cLa posesi\u00f3n, como simple relaci\u00f3n de dominio de hecho, amparada por el orden jur\u00eddico, implica la vinculaci\u00f3n de la voluntad de una persona a un \u2018Corpus\u2019, como si esa relaci\u00f3n emanara del derecho de propiedad. Por eso, se ha dicho con raz\u00f3n, que la posesi\u00f3n no es otra cosa que una exteriorizaci\u00f3n del dominio, un reflejo de este derecho fundamental, ya que el poseedor se vincula a la cosa, como si fuera un propietario y ejecuta los actos como si fuera due\u00f1o, sin respeto a determinada persona (…). El tenedor precario est\u00e1 imposibilitado para mudar la mera tenencia en posesi\u00f3n; ello exige la intervenci\u00f3n de un t\u00edtulo proveniente de un tercero que, consider\u00e1ndose tambi\u00e9n due\u00f1o, le confiera la posesi\u00f3n inscrita, y le d\u00e9 una base a su declaraci\u00f3n de que ejerce la posesi\u00f3n como due\u00f1o; pero solo desde el momento en que ocurra la intervenci\u00f3n mencionada podr\u00e1 oponer esa nueva situaci\u00f3n jur\u00eddica a la posesi\u00f3n de aquel cuyo dominio siempre ha reconocido\u201d. <\/p>\n
En dicha oportunidad, la Sala estim\u00f3 censurable que el demandante, hijo del verus dominus, quebrantara la confianza de su padre, que le hab\u00eda permitido habitar temporalmente un predio de su propiedad11. Por ello, exigi\u00f3 la mediaci\u00f3n de un tercero, que, diciendo ser el verdadero due\u00f1o, le ofreciera al tenedor originario un nuevo t\u00edtulo, que adem\u00e1s deb\u00eda ser inscrito, como justificante para abandonar la tenencia y hacer surgir, de forma excepcional, una flamante posesi\u00f3n. <\/p>\n
Posteriormente, y tras establecer que tan inflexible requerimiento podr\u00eda re\u00f1ir con la naturaleza factual de todo acto posesorio, la Sala moriger\u00f3 su postura, aunque sin desconocer el par\u00e1metro de prueba m\u00e1s riguroso que establece el art\u00edculo 2531-3 del C\u00f3digo Civil, y que supedita el triunfo de quien se afirma poseedor, habiendo sido alguna vez mero tenedor, a la prueba de: <\/p>\n
(i) Las circunstancias de tiempo y modo en las que surgi\u00f3 su posesi\u00f3n (y feneci\u00f3, correlativamente, la relaci\u00f3n tenencial), debi\u00e9ndose insistir que solo desde el instante en el que se pruebe que ello ocurri\u00f3, podr\u00e1 iniciar el conteo de cualquier plazo prescriptivo; <\/p>\n
(iii) El desarrollo de actos posesorios sin vicios de violencia o clandestinidad, a los que se refiere el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed: \u00abExiste el vicio de violencia, sea que se haya empleado contra el verdadero due\u00f1o de la cosa, o contra el que la pose\u00eda sin serlo, o contra el que la ten\u00eda en lugar o a nombre de otro. Lo mismo es que la violencia se ejecute por una persona o por sus agentes, y que se ejecute con su consentimiento, o que despu\u00e9s de ejecutada se ratifique expresa o t\u00e1citamente. Posesi\u00f3n clandestina es la que se ejerce ocult\u00e1ndola a los que tienen derecho para oponerse a ella\u00bb (CSJ SC3727-2021)\u00bb. <\/p>\n
1.5. Tambi\u00e9n cabe anotar que el fen\u00f3meno posesorio es intransferible, tal como lo prescribe el art\u00edculo 778 del C\u00f3digo Civil \u2013que en nada contradice la posibilidad prevista en el precepto 2521 ib\u00eddem\u2013. En rigor, el eventual sucesor no contin\u00faa la posesi\u00f3n de su antecesor, pues los hechos no pueden ser transmitidos; lo que ocurre es que da inicio a una posesi\u00f3n nueva y distinta, que principia en \u00e9l, aunque a su tiempo de posesi\u00f3n pueda a\u00f1adir el de sus antecesores, a condici\u00f3n de que exista entre ellos un v\u00ednculo jur\u00eddico v\u00e1lido que justifique esa agregaci\u00f3n. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3 supra, la posesi\u00f3n, en tanto supuesto generador de consecuencias jur\u00eddicas, es un hecho jur\u00eddico humano, voluntario y l\u00edcito. Y siendo la posesi\u00f3n un hecho, se colige que no puede transmitirse por sucesi\u00f3n, siguiendo la regla jur\u00eddica \u2013de estirpe romana\u2013 in facta non est succesio (de la que da cuenta nuestro ordenamiento en disposiciones tales como los art\u00edculos 757 y 778 del C\u00f3digo Civil). Tampoco puede transferirse por acto entre vivos, conforme lo dispone el citado art\u00edculo 778, y lo reafirma el canon 2521 del C\u00f3digo Civil, a cuyo tenor: \u00ab[S]i una cosa ha sido pose\u00edda sucesivamente y sin interrupci\u00f3n, por dos o m\u00e1s personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que los comentaristas de la codificaci\u00f3n de Bello sostengan que <\/p>\n
\u00ab(…) si el sucesor puede agregar el tiempo del antecesor, es porque la posesi\u00f3n de aquel es distinta de la de este; si hubiera transferencia de posesi\u00f3n, el causahabiente simplemente continuar\u00eda la posesi\u00f3n del autor y, forzosamente, el primero no gozar\u00eda del beneficio de la agregaci\u00f3n. Tal beneficio es una confirmaci\u00f3n de las dos posesiones distintas y separadas, porque no se unen o agregan sino cosas separadas\u00bb12. <\/p>\n
<\/p>\n
6. En lo que concierne con el objeto respecto del cual puede ejercerse posesi\u00f3n, por v\u00eda general, debe ser una cosa tangible, susceptible de detentaci\u00f3n con \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo que se exteriorice en el mundo. Con todo, el ordenamiento patrio permite la posesi\u00f3n de bienes incorporales (art. 776, C\u00f3digo Civil), en tanto habilita tambi\u00e9n una especial\u00edsima forma de adquirir, por el modo originario de la prescripci\u00f3n, derechos reales y personales, que, dada su particular naturaleza, consisten justamente en el ejercicio del poder jur\u00eddico que ellos entra\u00f1an, con efectos erga omnes o relativos, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el bien sobre el cual recae la posesi\u00f3n debe tener existencia actual -ser presente- y estar determinado plenamente, puesto que el hecho posesorio no puede cumplirse a futuro, ni sobre cosa indeterminada, en tanto no habr\u00eda sobre que predicar la propiedad presunta derivada del art\u00edculo 762 CC-. Asimismo, debe tratarse de una cosa que pueda ser vinculada a una relaci\u00f3n jur\u00eddica-patrimonial del derecho privado, es decir, debe ser comerciable y enajenable. <\/p>\n
Igualmente, la cosa ha de integrar un patrimonio privado particular, pues los bienes de titularidad del Estado son ajenos a la posibilidad de posesi\u00f3n desde la vigencia del del decreto 1400 de 1970 (C\u00f3digo de Procedimiento Civil), cuyo art\u00edculo 407 hizo imprescriptible la totalidad de la titularidad del estado, esto es, tanto el dominio p\u00fablico, integrado por los bienes de uso p\u00fablico general incondicionado, bienes de uso p\u00fablico especial condicionado y bienes fiscales adjudicables (bald\u00edos), como el dominio privado del Estado, tipificado en los denominados bienes fiscales por naturaleza. <\/p>\n
Y si bien la norma citada fue derogada, el art\u00edculo 375-4 del C\u00f3digo General del Proceso mantuvo la regla de imprescriptibilidad de los bienes que son de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Clasificaci\u00f3n de la posesi\u00f3n en el C\u00f3digo Civil Colombiano. <\/p>\n
A pesar de que la doctrina ha ideado m\u00faltiples clasificaciones de la posesi\u00f3n (de buena o de mala fe, pac\u00edfica y p\u00fablica, violenta o clandestina, inmediata o mediata, originaria o derivada, entre otras), el art\u00edculo 746 del C\u00f3digo Civil se decant\u00f3 por dos tipolog\u00edas espec\u00edficas, al decir: <\/p>\n
\u00abLa posesi\u00f3n puede ser regular o irregular. Se llama posesi\u00f3n regular la que procede de justo t\u00edtulo y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista despu\u00e9s de adquirida la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Se puede ser, por consiguiente, poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa, el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. <\/p>\n
Si el t\u00edtulo es traslaticio de dominio, es tambi\u00e9n necesaria la tradici\u00f3n. La posesi\u00f3n de una cosa, a ciencia y paciencia del que se oblig\u00f3 a entregarla, har\u00e1 presumir la tradici\u00f3n, a menos que \u00e9sta haya debido efectuarse por la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Posesi\u00f3n regular. <\/p>\n
Seg\u00fan la disposici\u00f3n legal transcrita, la posesi\u00f3n regular requiere la conjunci\u00f3n del corpus y el animus domini \u2013como toda posesi\u00f3n material id\u00f3nea para efectos prescriptivos\u2013, y tambi\u00e9n la coexistencia de dos elementos adicionales, a saber, el justo t\u00edtulo, y la buena fe, aunque esta no subsista despu\u00e9s de adquirida la posesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Justo t\u00edtulo. <\/p>\n
Aunque el estatuto sustantivo civil no defini\u00f3 el concepto de \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb para efectos posesorios o prescriptivos, puede deducirse que aquel r\u00f3tulo alude a la realizaci\u00f3n de una fuente obligacional que la generalidad de la doctrina enlista en el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley13 con fundamento en el art\u00edculo 1494 del C\u00f3digo Civil14. <\/p>\n
Cuando la expresi\u00f3n t\u00edtulo denote una espec\u00edfica fuente obligacional, y esta se refiera a un acto jur\u00eddico ser\u00e1 \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb cuando re\u00fana cabalmente los requisitos previstos en la legislaci\u00f3n civil colombiana para su existencia (voluntad, consentimiento, objeto, causa, y solemnidades legales, de ser exigibles) y validez (capacidad, consentimiento sin vicios, objeto y causa l\u00edcita y no defecto en las formalidades legales o convencionales, si est\u00e1n exigidas), y contenga adem\u00e1s una prestaci\u00f3n de dar. <\/p>\n
De esta regla solo se except\u00faa la situaci\u00f3n descrita en el canon 767 del C\u00f3digo Civil15, que se refiere al t\u00edtulo inicialmente injusto, por presentar un vicio constitutivo de nulidad relativa, que es luego convalidado por ratificaci\u00f3n, \u00abo por cualquier otro medio legal\u00bb. En ese caso, la ley advierte que \u00abla validaci\u00f3n del t\u00edtulo que en su principio fue nulo (…) se retrotrae a la fecha en que fue conferido el t\u00edtulo\u00bb; por ende, pese a la irregularidad inicial, el t\u00edtulo convalidado adquiere idoneidad ex post para probar la posesi\u00f3n regular. <\/p>\n
Como se se\u00f1al\u00f3, el justo t\u00edtulo cuando est\u00e1 referido a un acto debe contener una prestaci\u00f3n de dar. Y es que, como es evidente, si el t\u00edtulo es la realizaci\u00f3n de la fuente obligacional, el \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb que antecede a la posesi\u00f3n regular debe consistir en un acto que ha surgido a la vida jur\u00eddica (que existe y es v\u00e1lido), y que tiene vocaci\u00f3n de transferir el objeto de la posesi\u00f3n de un patrimonio a otro, a trav\u00e9s del modo tradici\u00f3n, dado que esta ha de constituir un pago de la prestaci\u00f3n de dar contenida en el t\u00edtulo. <\/p>\n
As\u00ed, siguiendo el precedente consolidado de la Corte, ser\u00e1 \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb todo acto jur\u00eddico que, per se, sea te\u00f3rica o potencialmente apto para transferir el dominio16. A tono con el precepto 765 del C\u00f3digo Civil, pueden servir como justos t\u00edtulos aquellos con vocaci\u00f3n traslaticia, como la compraventa, la permuta, el aporte en sociedad, o la donaci\u00f3n, a condici\u00f3n de que su contenido haga creer, razonadamente, que se est\u00e1 consolidando el derecho real de propiedad en favor de una persona17. <\/p>\n
En contraposici\u00f3n, los t\u00edtulos contentivos de prestaciones de hacer o no hacer, aunque existan y sean v\u00e1lidos, no tienen la aptitud de servir como antecedente para la adquisici\u00f3n de derechos reales, ni para efectos posesorios ni prescriptivos, dado que no comportan en s\u00ed mismos el deber prestacional de dar, es decir, de radicar en otro patrimonio un derecho real. <\/p>\n
Este tipo de fuentes obligacionales (v. gr. los contratos de comodato o arrendamiento) ser\u00e1n justos t\u00edtulos para la mera tenencia, pero no pueden ser justos t\u00edtulos para efectos traditivos o prescriptivos, porque advierten de antemano que su objeto no es la transferencia de la titularidad sobre la cosa. Quien recibe un predio en comodato o en arrendamiento, sabe que detenta lo que no es suyo, por ende, tales actos jur\u00eddicos no pueden servir de justificante para la posesi\u00f3n regular. <\/p>\n
Y algo similar ocurre con el t\u00edtulo que presenta alg\u00fan defecto intr\u00ednseco relativo a su existencia o validez, que le reste valor incluso frente al estipulante19. Los llamados \u00abt\u00edtulos injustos\u00bb, ejemplificados en el art\u00edculo 766 del C\u00f3digo Civil, son actos jur\u00eddicos inexistentes o anulables, como (i) el falsificado, es decir, el no verdadero; (ii) el conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra, sin serlo; (iii) el que est\u00e1 viciado de nulidad; o (iv) el meramente putativo, debi\u00e9ndose anotar que el texto original del C\u00f3digo Civil exceptuaba de esta \u00faltima regla \u00abal heredero putativo a quien por decreto judicial se haya dado la posesi\u00f3n efectiva [de la herencia]\u00bb, pero la pauta que habilitaba ese \u00abdecreto judicial\u00bb fue derogada por el literal c) del art\u00edculo 626 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por \u00faltimo, debe resaltarse la correlaci\u00f3n entre justo t\u00edtulo y la buena fe. Sin el t\u00edtulo, as\u00ed sea apenas aparente \u2013o putativo\u2013, no es posible afirmar que el poseedor tuvo plena conciencia de haber adquirido el objeto de su posesi\u00f3n por v\u00edas leg\u00edtimas, v\u00e1lidas y exentas de fraude20. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Buena fe. <\/p>\n
La buena fe, como elemento constitutivo de la posesi\u00f3n regular, se refiere a la \u00abconciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg\u00edtimos exentos de fraudes y de todo otro vicio\u00bb (art. 768, C\u00f3digo Civil). Se trata de un estado mental subjetivo del poseedor, que necesariamente debe hacer presencia al inicio de la aprehensi\u00f3n material \u2013as\u00ed se disipe con posterioridad\u2013, y que la ley presume (art. 769, ejusdem), sin perjuicio de que deba encontrar su fundamento en circunstancias externas verificables21. <\/p>\n
La conciencia que en este aspecto demanda el legislador, se refiere a los vicios que podr\u00edan comprometer la eficacia del t\u00edtulo conferido en favor del poseedor, o su potencial traditivo. De ah\u00ed que se exija que, al menos para el momento en el que naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica el justo t\u00edtulo esgrimido, quien alega posesi\u00f3n regular tuviera certeza de su existencia y validez, as\u00ed como del derecho o facultad y la capacidad de su contraparte; aunque, con posterioridad, los hechos revelaran una realidad diferente. <\/p>\n
La buena fe en materia posesoria no consiste en la simple afirmaci\u00f3n \u201c\u2026de obrar con lealtad, rectitud y honestidad\u00bb22, sino que es indispensable que ese credo tenga respaldo en la efectiva realizaci\u00f3n de los mecanismos previstos en el orden jur\u00eddico para adquirir derechos personales y reales, esto es, en las fuentes obligaciones y los modos de adquirir y cuya satisfacci\u00f3n est\u00e9 exenta de \u00abfraude o cualquier otro vicio\u00bb como lo demanda el citado art\u00edculo 768, C\u00f3digo Civil). No es pues una simple convicci\u00f3n subjetiva \u2013o buena fe simple\u2013 que se agota con la mera afirmaci\u00f3n de obrar correctamente. Es forzoso objetivar ese estado volitivo con la efectiva observancia de las normas relativas a la generaci\u00f3n de derechos personales y reales. <\/p>\n
La exigencia antedicha no obsta para que el ordenamiento jur\u00eddico d\u00e9 cabida a la figura del error de hecho y el error de derecho con consecuencias diversas. As\u00ed, por ejemplo, bajo el entendido de que en el error de hecho el individuo ignora las irregularidades que presenta el t\u00edtulo mediante el cual se hizo a la posesi\u00f3n, el ordenamiento se ocupa de modular la identidad y trascendencia de la equivocaci\u00f3n del poseedor, al decir: \u00abUn justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe\u00bb. En cambio, el mismo precepto advierte que \u00abel error en materia de derecho constituye una presunci\u00f3n de mala fe, que no admite prueba en contrario\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, resulta valioso el ejemplo que propone Luis Claro Solar: <\/p>\n
\u00abPedro compra a Juan, a quien cree propietario, un predio de que \u00e9ste se dice due\u00f1o y que est\u00e1 explotando personalmente desde algunos a\u00f1os antes, pero que en realidad no le pertenece. La conciencia que se ha formado Pedro de que Juan es el propietario y que le ha transferido la propiedad al ponerlo en posesi\u00f3n del predio, aunque fundada en un error de hecho, porque el due\u00f1o es Antonio y no Juan, es un justo error que no se opone a la buena fe de Pedro, quien ser\u00e1 poseedor de buena fe, puesto que es un motivo justificado de creerlo propietario el verlo en posesi\u00f3n del predio por largo tiempo y gozando de \u00e9l como si fuera due\u00f1o. Del mismo modo, si Pedro le compra una cosa a Juan, que se dice mayor de edad, siendo menor, pero que Pedro cree que es mayor de edad en vista de su aserci\u00f3n, no contradicha por su aspecto f\u00edsico, el contrato ser\u00e1 nulo y la posesi\u00f3n de Pedro carecer\u00e1 de justo t\u00edtulo; m\u00e1s como la edad de un individuo es un hecho y el hombre m\u00e1s prudente puede ser enga\u00f1ado por las apariencias, el error de Pedro es excusable y su posesi\u00f3n ser\u00e1 de buena fe. [En cambio,] no tendr\u00eda buena fe el que comprara un inmueble de un menor (\u2026), sin las solemnidades prescritas por la ley, aunque creyera que el representante legal pod\u00eda venderlo por s\u00ed solo; el que comprara a un mandatario general, no especialmente autorizado, un inmueble de su mandante creyendo que los t\u00e9rminos ampl\u00edsimos del poder lo facultaban para la venta; el que encargado de vender determinados bienes los comparara para s\u00ed, sin la aprobaci\u00f3n expresa del mandante y creyendo que los t\u00e9rminos generales de la comisi\u00f3n que se le ha dado lo autorizaban para ello, etc. Nadie puede invocar su ignorancia de la ley para justificar una trasgresi\u00f3n a la misma ley\u00bb23. <\/p>\n
Igualmente, es relevante lo que expuso esta Sala en CSJ SC, 23 jun. 1958, G. J. LXXXVIII, p\u00e1g. 222: <\/p>\n
\u00abLa expresi\u00f3n buena fe (bona fides) indica que las personas deben celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general, emplear con los dem\u00e1s una conducta leal. La lealtad en el derecho se desdobla en dos direcciones: primeramente, cada persona tiene el deber de emplear para con los dem\u00e1s una conducta leal, una conducta ajustada a las exigencias del derecho social; en segundo t\u00e9rmino, cada cual tiene el derecho de esperar de los dem\u00e1s, esa misma lealtad. Tratase de una lealtad (o buena fe) activa, si consideramos la manera de obrar para con los dem\u00e1s, y de una lealtad pasiva, si consideramos el derecho que cada cual tiene de confiar en que los dem\u00e1s obren como nosotros decorosamente\u00bb. <\/p>\n
Como se se\u00f1al\u00f3, la distinci\u00f3n entre el error de hecho y el de derecho en lo concerniente a la buena fe se explica porque en el segundo la ignorancia de la ley no sirve de excusa, mientras que en el primero, siempre que emerja de una realidad que objetivamente permitiera creer lo que el sujeto crey\u00f3, no se opone a la permanencia de la buena fe como elemento estructurante de la posesi\u00f3n regular. <\/p>\n
Acorde con ello, la buena fe es contraria a la conducta negligente, a la culpa, la impericia, a la violaci\u00f3n de leyes o de reglamentos, a la ignorancia de la ley. Exige un actuar conforme con las normas sociales y, en especial, con las reglas que rigen el tr\u00e1fico jur\u00eddico de los bienes. As\u00ed, en trat\u00e1ndose de la posesi\u00f3n, la buena fe se funda en hechos objetivos, que permiten y obligan a creer en lo que un sujeto cree, evidenciando as\u00ed la legalidad de sus actos. <\/p>\n
En ese sentido, se exige al poseedor probar que agot\u00f3 los canales legales para la adquisici\u00f3n del derecho24, lo cual lleva impl\u00edcita la convicci\u00f3n objetiva de la legalidad de su actuar, es decir, de que no medi\u00f3 fraude o alg\u00fan vicio en el acto jur\u00eddico, y se verific\u00f3 la capacidad dispositiva del enajenante. Ahora bien, como ya se se\u00f1al\u00f3, el canon 768 del C\u00f3digo Civil se refiere a la buena fe en su aspecto positivo, al hacerla consistir en \u00abla conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg\u00edtimos (…)\u00bb. <\/p>\n
Sobre el error de hecho, es pertinente reiterar que debe derivarse de la percepci\u00f3n de la realidad. Por ello, en la teor\u00eda general de los contratos constituye causal de anulabilidad relativa, en la medida que mengua o lesiona la voluntad individual, que es insumo del consentimiento, y a su vez, es elemento estructural de validez del acto jur\u00eddico. Puede versar sobre el sujeto, la especie del acto, el objeto o el t\u00edtulo (arts. 1510, 1511 y 1512, C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
Por su parte, el error de derecho tiene que ver con la vigencia y presunci\u00f3n de conocimiento del orden jur\u00eddico, de modo que, si a nadie le es l\u00edcito excusar el conocimiento de la ley, l\u00f3gico resulta que, cuando media su inobservancia, se presuma \u2013iuris et de iure\u2013 la mala fe de la persona. Un ejemplo de ello ser\u00eda la enajenaci\u00f3n de un inmueble sometido al r\u00e9gimen de patrimonio de familia inembargable, sin mediar causa legal habilitante. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la buena fe del poseedor consiste en asumirse como propietario por considerar que los t\u00edtulos de adquisici\u00f3n del derecho estaban revestidos de una razonable apariencia de idoneidad; en contrav\u00eda, la mala fe parte del conocimiento de que los medios a trav\u00e9s de los cuales pretendi\u00f3 adquirirse el derecho no corresponden a los que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Finalmente, se debe insistir en que la buena fe ha de estar presente cuando inicia la relaci\u00f3n posesoria, pero no es necesario que subsista (art. 764, C\u00f3digo Civil.). Por ende, un poseedor que adquiri\u00f3 la cosa de manos de alguien a quien atribuy\u00f3 \u2013razonablemente\u2013 la condici\u00f3n de due\u00f1o, ser\u00e1 de buena fe a pesar de que, m\u00e1s adelante, adquiera conciencia de que aquel que dijo transferirle derechos reales no era el verus dominus de la cosa. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Posesi\u00f3n irregular. <\/p>\n
La ley no define cu\u00e1l es la posesi\u00f3n irregular que da pie a la prescripci\u00f3n extraordinaria, ni tampoco ofrece mayor ejemplificaci\u00f3n de los supuestos en que aquella se presenta; se limita a conceptualizarla por oposici\u00f3n a la posesi\u00f3n regular, al decir que \u00abcarece de uno o m\u00e1s de los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 764 del C\u00f3digo Civil\u00bb (art. 770, ib.). Como es apenas obvio, ello significa que ser\u00e1 irregular la posesi\u00f3n de quien tiene t\u00edtulo injusto o precario, as\u00ed como la ejercida por quien no ha actuado de buena fe. <\/p>\n
Cabe reiterar que la posesi\u00f3n irregular tambi\u00e9n es \u00fatil o id\u00f3nea para efectos prescriptivos, e incluso goza de la protecci\u00f3n de los interdictos posesorios, aunque no de la acci\u00f3n publiciana, restringida a ciertos poseedores regulares, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 951 del C\u00f3digo Civil. Basta con que la posesi\u00f3n no sea violenta o clandestina, para que sea conducente para hacerse a la propiedad, en tanto se extienda por el lapso que prev\u00e9 el ordenamiento para la prescripci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La posesi\u00f3n viciosa o in\u00fatil. <\/p>\n
La posesi\u00f3n puede ser viciosa, si inici\u00f3 con fuerza o clandestinidad (arts. 771 a 774, ib.). No se trata realmente de una nueva categor\u00eda de posesi\u00f3n, sino de una circunstancia que impide la configuraci\u00f3n de la instituci\u00f3n posesoria, y que, mientras subsista el vicio, impedir\u00e1 el c\u00f3mputo del tiempo habilitante para adquirir por prescripci\u00f3n (art. 2531-2, ib.) \u2013raz\u00f3n por la cual se le connota como in\u00fatil\u2013. Adem\u00e1s, en virtud de la mala fe ordinariamente implicada, impide al detentador retener los frutos y reclamar las mejoras que hubiere implantado en el bien, en caso de ser judicialmente obligado a restituirlo (arts. 964 y 966, ib.). <\/p>\n
La segunda variable de la posesi\u00f3n viciosa es la clandestina, que es la que se ejerce ocult\u00e1ndola a quienes tienen derecho a oponerse a ella. En los t\u00e9rminos del C\u00f3digo Civil25, es irrelevante si el ocultamiento orquestado por el poseedor es simult\u00e1neo o sobreviniente al inicio de su se\u00f1or\u00edo. Sea lo uno, o lo otro, el tiempo por el que permanezca oculto el hecho posesorio, es in\u00fatil a efectos de completar el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n adquisitiva, en tanto no permite el cabal ejercicio de la defensa del derecho por su titular. <\/p>\n
Para ilustrar, Bonnecase26 enlista como vicios de la posesi\u00f3n ciertos defectos que no inciden en la existencia del fen\u00f3meno posesorio, sino que lo privan de las consecuencias jur\u00eddicas que normalmente producir\u00eda. As\u00ed, reconoce (i) la discontinuidad, fincada en el hecho de que el poseedor no hubiera ejecutado actos materiales de aprovechamiento del bien pose\u00eddo; (ii) la violencia, que, de acuerdo con el C\u00f3digo Civil franc\u00e9s, \u00abno puede fundar tampoco una posesi\u00f3n capaz de operar la prescripci\u00f3n. La posesi\u00f3n \u00fatil no empieza sino cuando haya cesado la violencia\u00bb; (iii) la clandestinidad, que supone disimular u ocultar torticeramente la posesi\u00f3n; y (iv) la equivocidad, que alude a la conducta de quien realiza actos materiales de posesi\u00f3n, pero cuyo animus domini es ambivalente, de cara a un observador externo razonable27. <\/p>\n
2. Prescripci\u00f3n adquisitiva. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Sustento y finalidad. <\/p>\n
El art\u00edculo 2512 del C\u00f3digo Civil define la prescripci\u00f3n adquisitiva como \u00abun modo de adquirir las cosas ajenas (…) por haberse pose\u00eddo las cosas (…) durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los dem\u00e1s requisitos legales\u00bb. Esta categor\u00eda prescriptiva, en tanto supuesto normativo, supone la coexistencia de un hecho jur\u00eddico humano, voluntario, l\u00edcito, traducido en la posesi\u00f3n, y un hecho jur\u00eddico natural, como es el paso del tiempo que exigen las leyes sustantivas. <\/p>\n
El fen\u00f3meno est\u00e1 fincado en el antecedente de la posesi\u00f3n material \u2013constituida por corpus y animus domini, seg\u00fan viene de verse\u2013, extendida por un lapso predefinido en las normas positivas, el cual difiere seg\u00fan se trate de la prescripci\u00f3n ordinaria de muebles o de inmuebles, o de la extraordinaria, o de alguna prescripci\u00f3n especial (agraria, de vivienda de inter\u00e9s social, etc.). Por esa v\u00eda, el ordenamiento privilegia la actividad humana productiva que materializa los prop\u00f3sitos constitucionales de la propiedad privada; el trabajo o la explotaci\u00f3n que produce rentas, o el simple aprovechamiento de las cosas para beneficio personal, que se traduce en fuente de prosperidad y bienestar social, y por ende amerita protecci\u00f3n legal, traducida en la posibilidad de consolidar formalmente el dominio. <\/p>\n
La usucapi\u00f3n permite adquirir certeza definitiva sobre la titularidad de los derechos, gracias a la ininterrumpida actividad del poseedor por el tiempo de ley, lo que, de suyo, conlleva la inactividad del propietario, quien puede interrumpir ese t\u00e9rmino mediante el ejercicio de las acciones correspondientes. En tal sentido, no bastan los actos de se\u00f1or\u00edo del poseedor. Se requiere tambi\u00e9n el correlativo abandono del propietario de su derecho a reivindicar lo que le pertenece, extendido por el mismo lapso que exige el ordenamiento para consolidar la prescripci\u00f3n adquisitiva. <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, la doctrina suele sostener que la prescripci\u00f3n adquisitiva produce efectos positivos y negativos, en simult\u00e1neo. De un lado, permite al poseedor adquirir el derecho real de dominio sobre una cosa susceptible de apropiaci\u00f3n, y de otro, extingue el mismo derecho que ten\u00eda quien, hasta entonces, gozaba de la titularidad formal de dicha cosa \u2013haciendo desaparecer, naturalmente, la gama de facultades propias de la condici\u00f3n de due\u00f1o\u2013. Lo anterior sin que, en ning\u00fan caso, la prescripci\u00f3n adquisitiva sea la cara reversa de la extintiva, o viceversa, dado que son instituciones regidas con id\u00e9nticos principios, pero que tienen finalidades distintas. <\/p>\n
Acorde con ello, operada la prescripci\u00f3n adquisitiva en favor del poseedor, no obra coet\u00e1neamente la prescripci\u00f3n extintiva para el titular inactivo del derecho real prescriptible, sino la extinci\u00f3n de ese derecho, por haberlo adquirido otra persona. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Principios que gobiernan la prescripci\u00f3n (adquisitiva y extintiva). <\/p>\n
Los principios generales que rigen la prescripci\u00f3n adquisitiva son id\u00e9nticos a los de la extintiva, y consisten en necesidad de alegaci\u00f3n; renunciabilidad; funci\u00f3n saneadora; car\u00e1cter de orden p\u00fablico y de exclusiva declaraci\u00f3n judicial: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Necesidad de alegaci\u00f3n. El art\u00edculo 2513 del C\u00f3digo Civil es claro en se\u00f1alar que quien pretenda aprovecharse de la prescripci\u00f3n debe alegarla, por lo que el juez no puede declararla de oficio. Adicionalmente, el canon 2 de la Ley 791 de 2002 precept\u00faa que la prescripci\u00f3n se puede invocar por v\u00eda de acci\u00f3n o de excepci\u00f3n28, sea por el propio prescribiente, por sus acreedores, o por cualquier otra persona con inter\u00e9s en la declaraci\u00f3n \u2013inclusive si la prescripci\u00f3n hab\u00eda sido renunciada por el poseedor\u2013. <\/p>\n
Para invocar la prescripci\u00f3n adquisitiva por v\u00eda de acci\u00f3n, es menester cumplir las exigencias formales del estatuto procesal para cualquier tipo de demanda. Por su parte, cuando se invoca por v\u00eda de excepci\u00f3n, se ha de proponer en la contestaci\u00f3n de la demanda, observando lo dispuesto en el canon 96-3 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Adicionalmente, los numerales 1 y 2 del art\u00edculo 375, ejusdem, confieren legitimaci\u00f3n a todo aquel que pretenda haber adquirido un bien por prescripci\u00f3n para invocarla por las sendas ya indicadas, y extiende esa habilitaci\u00f3n a sus acreedores, para hacerla valer a favor de su deudor \u2013\u2013pese a su renuencia, o su renuncia\u2013 en un claro evento de acci\u00f3n oblicua o de sustituci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n cabe anotar que quien tenga la condici\u00f3n formal de cond\u00f3mino o comunero puede pedir la prescripci\u00f3n adquisitiva de la cosa com\u00fan, con exclusi\u00f3n de los otros condue\u00f1os, pero a condici\u00f3n de que hubiere pose\u00eddo tambi\u00e9n de modo exclusivo el bien com\u00fan o parte de \u00e9l, es decir, que su explotaci\u00f3n econ\u00f3mica no se hubiere producido por mutuo acuerdo, o por disposici\u00f3n de autoridad, o del administrador de la copropiedad. <\/p>\n
Renunciabilidad. A voces del art\u00edculo 2514 del C\u00f3digo Civil, la prescripci\u00f3n se puede renunciar expresa o t\u00e1citamente, siempre que est\u00e9 cumplida, y \u00fanicamente por quien tenga capacidad para enajenar (art. 2515, \u00eddem). Lo anterior implica que, en efecto, no se renuncia realmente a la prescripci\u00f3n, sino a las consecuencias derivadas de ella, pues el fallo dictado en juicio de pertenencia es meramente declarativo, y no constitutivo de derechos. <\/p>\n
En ese sentido, es posible afirmar que solo cuando se completa el tiempo prescriptivo el poseedor gana el derecho real prescriptible, y que es a ello a lo que puede renunciar despu\u00e9s. Antes no es posible porque sin completar el tiempo solo existir\u00e1 el hecho posesorio. Por tanto, si el poseedor deja de ejecutar actos posesorios, solo renuncia a la continuidad de una conducta que, de persistir por el lapso legal, podr\u00eda permitirle hacerse al derecho real. <\/p>\n
Ahora bien, la renuncia puede ser t\u00e1cita o expresa. La primera es ilustrada por el C\u00f3digo Civil refiri\u00e9ndose a quien, pudiendo alegar la prescripci\u00f3n, manifiesta, a trav\u00e9s de un hecho suyo, que reconoce dominio ajeno, como sucede cuando quien se dice poseedor toma la cosa en arriendo, a pesar de haber cumplido las condiciones legales para adquirirla por prescripci\u00f3n, o cuando, en el curso de un juicio reivindicatorio, el convocado no invoca oportunamente la excepci\u00f3n prescriptiva. <\/p>\n
A su turno, la renuncia expresa es una manifestaci\u00f3n directa e indubitable de no valerse de la prescripci\u00f3n, teniendo derecho a hacerlo. Por v\u00eda de ilustraci\u00f3n, sup\u00f3ngase que un poseedor ha completado el tiempo prescriptivo, pero en documento extrajudicial, dirigido al propietario inscrito de la cosa, expresa su voluntad de no promover ninguna acci\u00f3n de pertenencia, o fija una fecha para la restituci\u00f3n del bien reconociendo el dominio de otra persona. <\/p>\n
Es pertinente agregar que la renuncia a la prescripci\u00f3n no puede anticiparse al inicio de la relaci\u00f3n posesoria; de ser as\u00ed, no tendr\u00eda trascendencia en el orden jur\u00eddico, por cuanto se estar\u00eda expresando una voluntad relativa a un hecho no consumado, a lo que debe a\u00f1adirse que una renuncia anticipada equivaldr\u00eda a desconocer el inter\u00e9s general inmerso en la prescripci\u00f3n, as\u00ed como su naturaleza y car\u00e1cter de orden p\u00fablico. <\/p>\n
ii. Funci\u00f3n saneadora. Generalmente, el tiempo, sumado a la inactividad humana, extingue los deberes jur\u00eddicos, o permite adquirir derechos reales prescriptibles. En ese contexto, una de las notas relevantes de la prescripci\u00f3n adquisitiva consiste en que el adquirente sanea la titulaci\u00f3n anterior sobre el bien, en tanto que los efectos de la pertenencia son erga omnes (art. 375-10, C\u00f3digo General del Proceso). Acorde con ello, el estatuto procesal vigente consagra que \u00ab[u]na vez inscrita [la providencia judicial] nadie podr\u00e1 demandar sobre la propiedad o posesi\u00f3n del bien por causa anterior a la sentencia\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Car\u00e1cter de orden p\u00fablico de la normativa sobre prescripci\u00f3n. Las reglas jur\u00eddicas que han de gobernar la instituci\u00f3n de la prescripci\u00f3n no pertenecen a la \u00f3rbita de la autonom\u00eda de la voluntad de los ciudadanos. Por ello, la categor\u00eda de bienes susceptibles de apropiaci\u00f3n por este modo, los sujetos legitimados para ese prop\u00f3sito, los tiempos exigidos, los fen\u00f3menos de interrupci\u00f3n y suspensi\u00f3n, entre otras variables relevantes, son de exclusiva competencia regulatoria del Estado. <\/p>\n
3. Caracter\u00edsticas de la prescripci\u00f3n adquisitiva. <\/p>\n
La prescripci\u00f3n adquisitiva es un modo originario, que permite ganar derechos reales prescriptibles sobre cosas que son apropiables, comerciables y alienables, de conformidad con las pautas que explicar\u00e1 la Corte seguidamente: <\/p>\n
<\/p>\n
i. La prescripci\u00f3n adquisitiva es un modo originario. Lo anterior dado que carece de v\u00ednculo material precedente con el titular anterior; esto es, no media transferencia o transmisi\u00f3n por parte suya. Por ello, es el poseedor quien, con su conducta p\u00fablica, pac\u00edfica, ininterrumpida, excluyente e inequ\u00edvoca, al completar el tiempo de ley, adquiere directamente el derecho real prescriptible, cuya declaraci\u00f3n se efect\u00faa en la sentencia de pertenencia (no se constituye en ella). En otras palabras, es originario porque el prescribiente se rebela frente al due\u00f1o inscrito, reclamando para s\u00ed el dominio de la cosa. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Permite ganar derechos reales prescriptibles. En tanto sea p\u00fablica, pac\u00edfica, inequ\u00edvoca e ininterrumpida, y se extienda por el tiempo de ley, la posesi\u00f3n permite la consolidaci\u00f3n de los derechos reales en cabeza del poseedor29. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Se ejerce sobre cosas ajenas muebles o inmuebles. La acci\u00f3n de pertenencia permite ganar derechos reales radicados en patrimonios diferentes al del prescribiente. Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido la viabilidad de alegar la prescripci\u00f3n adquisitiva sobre bienes propios, siempre que medien dudas razonables acerca de la existencia o validez de los t\u00edtulos de propiedad; ello con el fin de materializar la funci\u00f3n saneadora de la prescripci\u00f3n, a la que se hizo referencia supra. <\/p>\n
Para ilustrar el punto, en CSJ SC, 22 ago. 2006, rad. 2000-00081-01, la Corte dijo: <\/p>\n
\u00ab[Q]uien tiene a su favor un t\u00edtulo de dominio est\u00e1 legitimado para impetrar la prescripci\u00f3n ordinaria a fin de que, mediante sentencia que surta efectos de cosa juzgada frente a todo el mundo, pueda disipar toda duda acerca del derecho que tiene sobre el inmueble, para as\u00ed despejar las amenazas que se ciernen, poniendo fin a las expectativas que los terceros pudieran tener respecto del mismo bien, dado que, si cualquier persona creyera tener alg\u00fan mejor derecho, mediante el emplazamiento efectuado podr\u00eda conocer de las pretensiones y concurrir al proceso a hacer valer sus reclamos\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, en CSJ SC2776-2019, se insisti\u00f3: <\/p>\n
\u00abEsa posibilidad de adquirir la propiedad libre de cualquier vicio que la embarace, por el modo de la prescripci\u00f3n adquisitiva no est\u00e1 vedada a quien ya tiene la condici\u00f3n de propietario, en raz\u00f3n de su inscripci\u00f3n como titular del derecho de dominio, antes, por el contrario, se ha considerado procedente que quien est\u00e1 en esa situaci\u00f3n puede acudir a este mecanismo para sanear los t\u00edtulos de su tradici\u00f3n (…)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Debe aludir a cosas apropiables, comerciables y alienables. Seg\u00fan el canon 2518 del C\u00f3digo Civil, \u00abse gana por prescripci\u00f3n el dominio de los bienes corporales, ra\u00edces o muebles, que est\u00e1n en el comercio humano y se han pose\u00eddo con las condiciones legales\u00bb. Se trata, entonces, de bienes apropiables, naturaleza que no cabe predicar de aquellos que no son id\u00f3neos para integrar un v\u00ednculo negocial regulado por el derecho privado, como los bienes comunes a la humanidad, los de titularidad estatal, las cosas indeterminadas, las propiedades de las negritudes, el territorio ind\u00edgena, los parques naturales, el espectro electromagn\u00e9tico, los ejidos, o los bienes que integran la riqueza cultural, entre otros. <\/p>\n
Como ya se se\u00f1al\u00f3 en otros apartes de este prove\u00eddo, la antedicha exigencia se traduce en la viabilidad de incorporaci\u00f3n a un patrimonio de la cosa pose\u00edda. Sobre las cosas estatales, debe resaltarse que los bienes de uso p\u00fablico siempre fueron imprescriptibles, por razones obvias, seg\u00fan previsi\u00f3n del art\u00edculo 2519 del C\u00f3digo Civil. No obstante, manten\u00eda su vigencia la regla del art\u00edculo 2517, ibidem, que autorizaba prescribir en favor y en contra de las entidades p\u00fablicas los bienes del dominio privado, esto es, los denominados bienes fiscales por naturaleza. <\/p>\n
Esa disposici\u00f3n fue derogada por el Decreto 1400 de 1970, de modo que a partir de su entrada en vigor (el 1 de julio de 1971) se predica la imprescriptibilidad total de la propiedad p\u00fablica. Recu\u00e9rdese que esa normativa (C\u00f3digo de Procedimiento Civil), en su art\u00edculo 407-4, dispon\u00eda que \u00ab[l]a declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u00bb, previsi\u00f3n que \u2013se insiste\u2013 reitera el canon 375-4 del C\u00f3digo General del Proceso en vigor. <\/p>\n
Estas normas simplemente resaltan la ajenidad de la titularidad estatal a las reglas del derecho privado, especialmente a la posibilidad de la posesi\u00f3n y prescripci\u00f3n adquisitiva por la totalidad de sujetos del orden jur\u00eddico. En tal virtud, el \u00fanico \u00e1mbito material de aplicaci\u00f3n del hecho posesorio y del modo usucapi\u00f3n es el derecho privado. Se ha consolidado por esta v\u00eda el criterio seg\u00fan el cual la atribuci\u00f3n de naturaleza jur\u00eddica de la propiedad es de reserva constitucional o legal, sin que la actividad jurisdiccional pueda, mediante una sentencia de pertenencia, eliminar el r\u00e9gimen prohibitivo de la posesi\u00f3n y la prescripci\u00f3n asignado a los bienes estatales, como lo se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en CSJ SC1727-2016, entre otras providencias. <\/p>\n
Es de tal dimensi\u00f3n la prohibici\u00f3n expresa que la normativa aludida ha efectuado sobre el tema, que el C\u00f3digo General del Proceso, respaldando esa l\u00ednea de pensamiento, exige al juez establecer cabalmente, y ab initio, la naturaleza privada del bien respecto del cual se invoca la pretensi\u00f3n adquisitiva. De no mediar claridad absoluta sobre su \u00edndole particular, deber\u00e1 proceder al rechazo del escrito de demanda, o a terminar anticipadamente el proceso. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, cuando el juez advierte que est\u00e1 en presencia de bienes de uso p\u00fablico, bienes fiscales, bienes fiscales adjudicables o bald\u00edos, bienes imprescriptibles o propios de alguna entidad de derecho p\u00fablico, deber\u00e1 proceder en la forma indicada, lo cual, a su vez, cualifica el objeto del juicio prescriptivo. <\/p>\n
<\/p>\n
v. Solo puede ejercerse sobre cosas presentes y determinadas. Dado que, por regla general, la posesi\u00f3n se finca en la tenencia con \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo, es necesario que el sujeto pueda aprehender la cosa materialmente para traducir en esos actos el elemento subjetivo del que se viene hablando. Por tanto, resulta un imposible l\u00f3gico la posesi\u00f3n sobre cosas futuras, o indeterminadas. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Opera de forma autom\u00e1tica. Dicho car\u00e1cter surge del hecho de que al poseedor le basta acreditar el hecho posesorio con car\u00e1cter p\u00fablico, pac\u00edfico, continuo e ininterrumpido por el t\u00e9rmino de ley, para que surja la titularidad del derecho real prescriptible. De ah\u00ed que, se insiste, el fallo dictado en procesos de pertenencia sea de naturaleza declarativa, -no constitutiva del derecho real- y de efectos retroactivos, desde el momento mismo del inicio de la conducta posesoria. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Elementos estructurales. <\/p>\n
La operatividad de la prescripci\u00f3n adquisitiva de derechos reales est\u00e1 condicionada a la cabal concurrencia de cada uno de los siguientes elementos: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Hechos posesorios antecedentes. Se ha dicho, con insistencia, que la prescripci\u00f3n adquisitiva como supuesto normativo, requiere la conjunci\u00f3n del corpus y animus domini, extendidos ininterrumpidamente por el tiempo previsto en las leyes sustantivas. A este respecto, cabe reiterar que la \u00fanica posesi\u00f3n con aptitud para conducir a ganar por prescripci\u00f3n adquisitiva es la posesi\u00f3n material del art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil30. <\/p>\n
Acorde con ello, es indispensable que ese poder material (el corpus) represente un verdadero se\u00f1or\u00edo de hecho que traduzca los actos que suelen radicarse en la esfera jur\u00eddica del propietario, de los cuales el art\u00edculo 981 ha hecho un amplio listado31. Ese hecho f\u00edsico debe ser perceptible por los dem\u00e1s sujetos diferentes del poseedor. Es necesario objetivarlo, de manera que integre el mundo material y pueda tener la significaci\u00f3n que la normativa sustancial ha exigido para atribuir el dominio mediante el modo prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, es forzoso que medie el animus domini, que, se reitera, consiste en la autoproclamaci\u00f3n de la condici\u00f3n de due\u00f1o, raz\u00f3n por la cual, a los ojos de un observador razonable tales conductas deben corresponder a la titularidad del derecho que habilita para realizarlas. El animus domini debe tener una entidad tal que tenga la aptitud para traducir objetivamente el prop\u00f3sito prescriptivo, de exclusi\u00f3n de los restantes sujetos sobre el bien. <\/p>\n
Su intenci\u00f3n debe materializarse en acciones que inobjetablemente conduzcan a afirmar su prop\u00f3sito de propietario. En tal virtud, los simples actos materiales tales como cercar, construir, sembrar, efectuar mejoras, etc., en s\u00ed mismos, son simples transformaciones materiales de un bien, en tanto no sean dictadas por el fuero interno del poseedor que obra como due\u00f1o, sobre lo cual existe amplio consenso en la jurisprudencia de la Sala32. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Car\u00e1cter p\u00fablico y pac\u00edfico de la posesi\u00f3n. Las posesiones violenta o clandestina no son \u00fatiles para efectos prescriptivos, ni gozan de protecci\u00f3n legal del orden jur\u00eddico mediante interdictos posesorios, pues el derecho no puede prohijar conductas que est\u00e1n en contrav\u00eda de valores fundantes para la sociedad \u2013como el orden, la seguridad, la paz, la cooperaci\u00f3n, el poder jur\u00eddico y la justicia\u2013, y que, por su naturaleza, constituyen proscritas v\u00edas de hecho, que por lo mismo, carecen de herramientas legales para su defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Debe satisfacer el tiempo de ley. Seg\u00fan la modificaci\u00f3n que introdujo el art\u00edculo 4 de la Ley 791 de 2002 al canon 2529 del C\u00f3digo Civil, el tiempo de la prescripci\u00f3n ordinaria es de tres a\u00f1os para los muebles y cinco para los inmuebles. Por su parte, la prescripci\u00f3n extraordinaria exige diez a\u00f1os (art. 2532, ejusdem). <\/p>\n
Sobre la manera de computar el hito inicial del t\u00e9rmino prescriptivo, con sustento en el aforismo dies a qua non computatur in termino, este comienza a correr al d\u00eda siguiente a aquel en que inici\u00f3 la posesi\u00f3n \u2013puesto que, indefectiblemente, de tenerse el mismo d\u00eda del inicio, este ser\u00eda incompleto33. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. No est\u00e1 integrada por actos de mera facultad y tolerancia. Es indispensable acreditar la conducta posesoria a la que se aludi\u00f3 previamente, es decir, la presencia f\u00edsica acompa\u00f1ada del animus domini, de modo que la aprehensi\u00f3n material de la cosa con prop\u00f3sitos diferentes no es id\u00f3nea para efectos prescriptivos34. <\/p>\n
Acorde con ello, es enteramente ajena al r\u00e9gimen posesorio la omisi\u00f3n de actos de mera facultad. Igualmente, la mera tolerancia de actos de que no resulta gravamen no confiere posesi\u00f3n, ni da fundamento a prescripci\u00f3n alguna. <\/p>\n
As\u00ed lo advierte expresamente el art\u00edculo 2520 del C\u00f3digo Civil, que ejemplifica proverbialmente las figuras ense\u00f1ando que \u00abquien durante muchos a\u00f1os dej\u00f3 de edificar en un terreno suyo, no por eso confiere a su vecino el derecho de impedirle que edifique\u00bb. Y en esa misma l\u00ednea, remarca que \u00abel que tolera que el ganado de su vecino transite por sus tierras eriales, o paste en ellas, no por eso se impone la servidumbre de este tr\u00e1nsito o pasto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. La posesi\u00f3n no siempre debe sustentarse sobre la coexistencia de justo t\u00edtulo y buena fe. En trat\u00e1ndose de la prescripci\u00f3n extraordinaria, es posible ganar derechos reales sin que medien esos elementos, porque este fen\u00f3meno est\u00e1 orientado a vincular los bienes al tr\u00e1fico econ\u00f3mico y a cumplir la funci\u00f3n social de la propiedad. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. La prescripci\u00f3n no debe presentar interrupci\u00f3n. La ley sustantiva tiene un tratamiento simult\u00e1neo para esta instituci\u00f3n tanto en la posesi\u00f3n, como en la prescripci\u00f3n, lo que significa que, de presentarse el fen\u00f3meno interruptivo, se suprime o elimina el tiempo posesorio acumulado. A su vez, el canon 2523, ejusdem, regula dos tipos de interrupciones: natural (de primera35 y de segunda especie36) y civil37. <\/p>\n
Frente a la interrupci\u00f3n civil, vale la pena recordar que, a voces del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, la presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o, contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de tales providencias al demandante. <\/p>\n
Sobre el tema, la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que ser\u00e1 ineficaz la presentaci\u00f3n de la demanda, si la intimaci\u00f3n del demandado se produce: (i) por fuera de la anualidad que contemplan los art\u00edculos 90 y 94 del estatuto procesal; o cuando (ii) el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n previsto en las leyes sustanciales haya transcurrido completamente (CSJ SC712-2022). <\/p>\n
As\u00ed lo explica la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00abT\u00e9ngase en cuenta que la prescripci\u00f3n no tiene como \u00fanico objetivo sancionar la pasividad del titular de un derecho, sino que tambi\u00e9n busca estabilizar las relaciones jur\u00eddicas particulares. De ah\u00ed que la interrupci\u00f3n civil exija un ejercicio eficaz de la acci\u00f3n, en el sentido de que verdaderamente conduzca a la definici\u00f3n del derecho que los litigantes se disputan38. <\/p>\n
Ello explica, entre otras cosas, la necesaria notificaci\u00f3n al convocado del auto admisorio o el mandamiento de pago, pues la emisi\u00f3n de esas providencias supone la verificaci\u00f3n por parte del juez de la causa de los presupuestos procesales de la acci\u00f3n, al paso que su notificaci\u00f3n efectiva al extremo demandado perfecciona la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, y \u2013en palabras de von B\u00fclow\u2013 hace que surja en cabeza de las autoridades jurisdiccionales \u00abla concreta obligaci\u00f3n de decidir y realizar el derecho deducido en juicio\u00bb39. <\/p>\n
Un fundamento similar se refleja en las disposiciones de los art\u00edculos 91 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 95 del C\u00f3digo General del Proceso, que consagraron varios supuestos de ineficacia de la interrupci\u00f3n civil, entre los que cabe destacar el desistimiento, la terminaci\u00f3n del proceso debido a la prosperidad de ciertas excepciones previas y el fallo absolutorio al demandado. <\/p>\n
En ninguno de esos eventos puede decirse que el titular del derecho adoptara una conducta por completo pasiva; al contrario, adelant\u00f3 varias gestiones, entre ellas presentar el escrito de demanda ante la jurisdicci\u00f3n. Pero como esa actuaci\u00f3n no tuvo ning\u00fan impacto real en la definici\u00f3n del debate jur\u00eddico, el legislador estim\u00f3 adecuado que la prescripci\u00f3n continuara su trasegar, privilegiando as\u00ed los efectos del paso del tiempo en la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas\u00bb (CSJ SC712-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
vii. La prescripci\u00f3n y la posesi\u00f3n deben probarse inobjetablemente. Sobre el punto, la Sala ha dicho que \u00abtoda fluctuaci\u00f3n o equivocidad, toda incertidumbre o vacilaci\u00f3n en los medios de convicci\u00f3n para demostrar la prescripci\u00f3n, torna deleznable su reclamaci\u00f3n\u00bb (CSJ SC3727-2021). <\/p>\n
Justamente, con el prop\u00f3sito anotado, el art\u00edculo 375 de la Ley 1564 de 2012 ha consagrado una serie de salvaguardas en el proceso verbal de pertenencia, orientadas a garantizar una amplia publicidad, derecho de defensa y constataci\u00f3n de la calidad de poseedor y de la prescriptibilidad del bien, a lo que se suma la inscripci\u00f3n de la demanda \u2013de ser pertinente\u2013 como noticia p\u00fablica oficial sobre el estado litigioso del bien, y el enteramiento a entidades p\u00fablicas como la UARIV y la Superintendencia de Notariado y Registro, al igual que el emplazamiento de los terceros, la fijaci\u00f3n de vallas notorias en los predios disputados y la ineludible inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
La demanda misma ha sido objeto de celosa regulaci\u00f3n en tanto ha de contener, con amplio detalle, las notas descriptivas40 del bien objeto de posesi\u00f3n, con el prop\u00f3sito de delimitar el objeto material susceptible de la declaraci\u00f3n judicial. A ello se suman las regulaciones probatorias que demandan establecer la cabal coincidencia entre el bien anunciado en la demanda y el que afirma el actor haber pose\u00eddo por el tiempo de ley41. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Particularidades de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio entre comuneros. <\/p>\n
La copropiedad, entendida como una manifestaci\u00f3n del cuasicontrato de comunidad respecto del derecho real de dominio de una cosa, genera entre los comuneros una colectivizaci\u00f3n ideal de los derechos, obligaciones, riesgos y utilidades derivados del bien com\u00fan (arts. 2302, 2303 y 2322, C\u00f3digo Civil), lo cual, por supuesto, incluye la posesi\u00f3n ope legis que les corresponde sobre el bien. <\/p>\n
Ahora bien, es viable que uno de los cond\u00f3minos pueda adquirir por el modo originario de la prescripci\u00f3n la cuota parte que corresponde a los dem\u00e1s42. Sin embargo, esa posibilidad requiere descartar cualquier ambig\u00fcedad en cuanto al comportamiento del usucapiente, cuyo novedoso estatus de propietario exclusivo podr\u00eda confundirse con un ejercicio continuado de las prerrogativas que conlleva su condici\u00f3n de titular de derechos de cuota. Por consiguiente, el ordenamiento jur\u00eddico exige especial cuidado al evaluar la viabilidad de la pretensi\u00f3n de usucapi\u00f3n del condue\u00f1o. <\/p>\n
A ello cabe agregar que el proceso de pertenencia suscitado entre comuneros no es una modalidad especial o aut\u00f3noma de acci\u00f3n; justamente por ello su procedencia pende de las mismas exigencias previstas para todos los juicios de esta naturaleza. Las variantes, entonces, son de raigambre estrictamente probatoria, y est\u00e1n centradas en clarificar el elemento de la posesi\u00f3n. <\/p>\n
En casos como este, el interesado tiene la carga de probar, de manera fehaciente, que en un momento determinado renunci\u00f3 p\u00fablicamente a su condici\u00f3n formal de copropietario, expresando con claridad su intenci\u00f3n de poseer el bien de manera exclusiva y excluyente. Para ello, se requiere un acto inequ\u00edvoco de rebeld\u00eda de ese cond\u00f3mino, con el que desconozca los derechos de los dem\u00e1s, y comience a asumirse como \u00fanico propietario. Esta acci\u00f3n debe ser manifiesta y contundente, en el sentido de no dejar lugar a dudas sobre la intenci\u00f3n de no poseer m\u00e1s a nombre de la comunidad de copropietarios. <\/p>\n
Al respecto, el precedente de la Sala explica: <\/p>\n
\u00ab[L]a comunidad tambi\u00e9n puede tener manifestaci\u00f3n cabal en el hecho de la posesi\u00f3n, dando lugar al fen\u00f3meno de la coposesi\u00f3n, caso en el cual lo natural es que la posesi\u00f3n se ejerza bien por todos los comuneros, o por un administrador en nombre de todos, pero en todo caso, de modo compartido y no exclusivo, por estar frente a una \u201cposesi\u00f3n de comunero\u201d. Desde luego, como con claridad lo ha advertido la jurisprudencia, que trat\u00e1ndose de la \u201cposesi\u00f3n de comunero\u201d su utilidad es \u201cpro indiviso\u201d, es decir, para la misma comunidad, porque para admitir la mutaci\u00f3n de una \u201cposesi\u00f3n de comunero\u201d por la de \u201cposeedor exclusivo\u201d, es necesario que el comunero ejerza una posesi\u00f3n personal, aut\u00f3noma o independiente, y por ende excluyente de la comunidad\u00bb (CSJ SC, 29 oct. 2001, rad. 5800). <\/p>\n
Cabe agregar que, conforme a los art\u00edculos 943, 2322, 2325, 2327, 2328 y 2525 del C\u00f3digo Civil, el ordenamiento presume que todos los actos que ejecuta el condue\u00f1o sobre el bien que comparte, los acomete en provecho de la comunidad43; por ello es imperativo analizar con riguroso rasero el comportamiento de quien asegura haberse rebelado contra los dem\u00e1s cond\u00f3minos. <\/p>\n
Ins\u00edstase en que quien inicia su detentaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de una coposesi\u00f3n legal (como la del condue\u00f1o) debe hacer manifiesta su intenci\u00f3n de abandonar definitivamente tal se\u00f1or\u00edo compartido, siendo menester que \u00abla actitud asumida (…) no d\u00e9 ninguna traza de que obra en virtud de su condici\u00f3n de comunero, pues entonces refluye tanto la presunci\u00f3n de que s\u00f3lo ha pose\u00eddo exclusivamente su cuota, como la coposesi\u00f3n\u00bb (CSJ SC, 4 abr. 1994, rad. 4057). <\/p>\n
Bajo ese entendido, es apenas natural que no resulte apta para adquirir por prescripci\u00f3n aquella posesi\u00f3n del comunero que \u00abse hubiere producido por acuerdo con los dem\u00e1s comuneros o por disposici\u00f3n de autoridad judicial o del administrador de la comunidad\u00bb (art. 375-3, C\u00f3digo General del Proceso), pues ante un panorama semejante, el se\u00f1or\u00edo invocado no involucrar\u00eda realmente la rebeld\u00eda que necesariamente debe acreditarse para el \u00e9xito de esta modalidad de usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el cond\u00f3mino recae la carga de acreditar los elementos esenciales de toda posesi\u00f3n y tambi\u00e9n desvirtuar el se\u00f1or\u00edo que, en principio, se presume de los dem\u00e1s copropietarios. En estos casos, la prueba de la exclusividad es muy exigente, y debe desterrar cualquier ambig\u00fcedad o equivocidad sobre la naturaleza de los actos del demandante (Cfr. CSJ SC, 2 may. 1990), pues si fuera razonable asumir que los actos del demandante aprovechaban a la comunidad, no podr\u00eda afirmarse que los restantes cond\u00f3minos actuaron pasivamente en defensa de sus derechos. <\/p>\n
Debe relievarse que este riguroso est\u00e1ndar de prueba ha sido defendido por esta Corporaci\u00f3n, constituy\u00e9ndose actualmente en doctrina probable, seg\u00fan lo resalt\u00f3 la Sala en sentencia SC1302-2022: <\/p>\n
\u00ab[D]esde anta\u00f1o, la jurisprudencia de la Corte tiene sentado que la pretensi\u00f3n de usucapi\u00f3n del comunero respecto de las cuotas de los condue\u00f1os, para salir avante, exige de un esfuerzo demostrativo may\u00fasculo por la especial condici\u00f3n que las caracteriza. Si bien nada impide a uno o varios cond\u00f3minos adquirir por prescripci\u00f3n adquisitiva la titularidad sobre las participaciones de los dem\u00e1s propietarios en proindiviso, para lograr ese cometido se tienen que romper las barreras del cuasicontrato que conforman y los derechos que para cada uno surgen desde su constituci\u00f3n en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 2322 y 2323 del C\u00f3digo Civil, esto es, desvirtuarse que la posesi\u00f3n sobre el bien o la universalidad en que recae se ejerce en su integridad por todos y para todos. <\/p>\n
(\u2026) Tal criterio sobre la estrictez en el escudri\u00f1amiento del acto de rebeld\u00eda del cond\u00f3mino que lo legitima para aducir la prescripci\u00f3n extraordinaria de las restantes cuotas de la cosa, se ha mantenido constante en CSJ SC de 28 de mayo de 2004, rad. 7010; SC 126-2008, rad. 2003-00190-01; SC de 22 de julio de 2010, rad. 2000-00855-01; SC de 15 de julio de 2013, rad. 2008-00237-01; y m\u00e1s recientemente en SC2415-2021, en la que se resalt\u00f3 su reiteraci\u00f3n en \u201cprove\u00eddos en 14 de diciembre de 2005 (rad. n.\u00ba 1994-0548-01), 11 de febrero de 2009 (rad. n.\u00ba 2001-00038-01), 1\u00ba de diciembre de 2011 (rad. n.\u00ba 2008-00199-01), 15 de julio de 2013 (rad. n.\u00ba 2008-00237-01) y 1\u00ba jul. 2014 (rad. n.\u00ba 2005-00304-01), entre otros, constituy\u00e9ndose en doctrina probable de la Corporaci\u00f3n\u201d y concluy\u00f3 con que: (\u2026) la posesi\u00f3n exclusiva y excluyente de un comunero encuentra reconocimiento en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, a condici\u00f3n de que sea inequ\u00edvoca su decisi\u00f3n de excluir a los dem\u00e1s cond\u00f3minos, pues la fuerza de los hechos, unida al paso del tiempo, permite que se extinga el derecho de dominio de quien ab\u00falicamente decidi\u00f3 no ejercerlo, bien se trate de la totalidad o de una cuota del mismo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Caso concreto. <\/p>\n
1. Argumentos centrales del fallo impugnado. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que los ataques en casaci\u00f3n deben comprender la totalidad de las inferencias probatorias en las que se apoya la providencia recurrida, enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones y demostrar la dimensi\u00f3n de los errores cometidos, luce pertinente reconstruir la motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n
Para el ad quem, en la posesi\u00f3n del comunero la utilidad es proindiviso, pues parte de una coposesi\u00f3n ope legis. Claro est\u00e1 que esta admite una mutaci\u00f3n a la posesi\u00f3n exclusiva de uno de los condue\u00f1os, siempre que se ejerza de manera personal, aut\u00f3noma e independiente, y con desconocimiento de los derechos de los dem\u00e1s. Pero, para que tal cosa pueda ocurrir es necesario que se exteriorice un cambio manifiesto en la volici\u00f3n, que permita inferir de forma inequ\u00edvoca que se troc\u00f3 la coposesi\u00f3n legal en posesi\u00f3n exclusiva, lo cual entra\u00f1a una carga probatoria adicional para el demandante en este tipo de casos. <\/p>\n
Por ese sendero, el tribunal resalt\u00f3 que no existe aqu\u00ed debate en torno al corpus, o detentaci\u00f3n material del actor; por consiguiente, la disputa giraba en torno a la exigente prueba del animus que deb\u00eda acreditar el comunero que pretende usucapir. Y, al valorar la evidencia, la corporaci\u00f3n encontr\u00f3 que no hab\u00eda prueba del desconocimiento del derecho de los otros copropietarios; por el contrario, el actor ha continuado tratando a los demandados como condue\u00f1os del predio \u201cEl Guadual\u201d, incluso exigi\u00e9ndoles alguna retribuci\u00f3n por el cuidado de la cosa com\u00fan. <\/p>\n
Resalt\u00f3 el ad quem que el mismo convocante reconoci\u00f3 que los impuestos prediales del inmueble se han pagado siempre con dineros de la herencia de sus padres \u2013que administraban sus hermanas\u2013, y que solo \u00abhac\u00eda dos a\u00f1os y medio\u00bb hab\u00eda empezado a pagar los servicios p\u00fablicos con su propio peculio. Adem\u00e1s, puso de relieve varias comunicaciones que el demandante dirigi\u00f3 a los dem\u00e1s copropietarios (sus hermanos), en las que les reclamaba un reembolso de los gastos de mantenimiento del inmueble, y expresaba su voluntad de acordar su enajenaci\u00f3n. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, resalt\u00f3 que el demandante no se opuso a la divisi\u00f3n del inmueble, que solicitaron sus hermanos en causa separada, sino que se limit\u00f3 a reclamar el pago de las mejoras construidas, renunciando as\u00ed t\u00e1citamente a cualquier eventual derecho a usucapir la totalidad de la cosa com\u00fan. En tal virtud, se concluy\u00f3 que Bernardo Vivas Reina no hab\u00eda cumplido con su carga de acreditar fehacientemente la exclusividad de su posesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. An\u00e1lisis del cargo primero. <\/p>\n
Cuando se alega la comisi\u00f3n de un error de hecho en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas, es deber del recurrente se\u00f1alar en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, los medios de convicci\u00f3n sobre los que recae el desacierto en la actividad del juzgador, singularizar los errores de apreciaci\u00f3n cometidos y demostrar que las conclusiones cuestionadas son abiertamente contrarias al contenido objetivo de la evidencia. <\/p>\n
Contrario a esta exigencia, el casacionista no especific\u00f3 el tipo de error cometido respecto de cada una de las pruebas enlistadas, se\u00f1alando en forma gen\u00e9rica que el juzgador \u00abexcedi\u00f3 el alcance probatorio\u00bb de las pruebas documentales, \u00abrest\u00f3 valor probatorio\u00bb a las testimoniales y \u00abomiti\u00f3 valorar\u00bb medios de prueba que eran de suma importancia en la demostraci\u00f3n de la posesi\u00f3n exclusiva. Pero al margen de esos yerros de t\u00e9cnica, lo cierto es que ninguna de esas cr\u00edticas abstractas qued\u00f3 demostrada: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Con relaci\u00f3n a las misivas de 5 de julio de 2017, 18 de junio de 2008 y 16 de julio de 2008, dijo el censor que all\u00ed no reconoci\u00f3 la titularidad de los copropietarios sobre el fundo \u201cEl Guadual\u201d, sino que intent\u00f3 exteriorizar a sus hermanos su inconformidad con el hecho de que s\u00f3lo \u00e9l (el actor) se hubiera ocupado de las cosas familiares, as\u00ed como su impotencia ante la situaci\u00f3n, lo que lo llev\u00f3 a proponer una f\u00f3rmula de arreglo, que no implicaba tampoco renunciar a su calidad de poseedor \u00fanico. <\/p>\n
Sin embargo, la confrontaci\u00f3n del contenido objetivo de dichas comunicaciones con la conclusi\u00f3n que extrajo la colegiatura de segundo grado no evidencia yerro alguno, pues tales documentos parecen dar cuenta de una reclamaci\u00f3n del se\u00f1or Bernardo Vivas ante la falta de soporte econ\u00f3mico de los copropietarios; de su insistencia en la propuesta de venta del predio y, en general, de una serie de actos que solo parecen consistentes con el reconocimiento de sus hermanos (los demandados) como cond\u00f3minos. <\/p>\n
V\u00e9ase, por ejemplo, que en el correo electr\u00f3nico de 5 de julio de 2017, el convocante sostuvo: \u00abYo le propongo a mis queridos y avaros hermanitos, que con mucho gusto acepto que vendamos el bolo, que lo repartamos entre todos, como tanto pregonan, pero que tambi\u00e9n pongamos en venta la casa de Palmira, el lote frigor\u00edfica Cali, y que hagamos un corte global de todas las cuentas de los dineros que han entrado por concepto de la herencia, para que lo reportamos entre todos como repito pregonan ustedes a cada momento, y que ser\u00eda a la hora de la verdad lo \u00fanico justo\u00bb44. <\/p>\n
Por la misma senda, en comunicaci\u00f3n de 18 de junio de 2008 remitida a Jorge Humberto Vivas, el convocante le envi\u00f3 varios documentos relacionados con las gestiones del predio, afirmando all\u00ed que \u00aba m\u00ed y solo a m\u00ed, no a ninguno de los \u201cpropietarios\u201d que usted pregona, se le ha ocurrido decir: voy a tomar cartas en el asunto, como para justificar en algo aquello de la \u201cpropiedad\u201d\u00bb, y dirigi\u00e9ndose a su hermano, concluy\u00f3 \u00absolicit\u00e1ndole comedida y respetuosamente deje la posibilidad de poder vender ese terreno\u00bb45. <\/p>\n
Finalmente, en misiva de 16 de julio de 2008, tambi\u00e9n destinada a Jorge Humberto, el casacionista reclam\u00f3 que \u00abha sido imposible vender ese predio, para salir de una vez por todas de ese bendito problema. Es muy f\u00e1cil decir esto es m\u00edo, cuando muy pl\u00e1cidamente desde su fr\u00edo escritorio, no se da cuenta todos los problemas de toda \u00edndole que trae cada d\u00eda, tener que ser \u201cguardi\u00e1n\u201d de un predio, de tantas personas (\u2026)\u00bb46. <\/p>\n
Cabe insistir en que el recurrente sostuvo que esos tres medios de prueba hab\u00edan sido tergiversados por el tribunal, pero sin indicar de qu\u00e9 manera se excedi\u00f3 su alcance o cu\u00e1l fue el error de juzgamiento en concreto. El embate, pues, no pasa de exponer una disparidad de criterios respecto a la conclusi\u00f3n del juzgador, presentando una valoraci\u00f3n alternativa de dichos documentos que desconoce las exigencias t\u00e9cnicas del recurso extraordinario47. <\/p>\n
Pero, si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que esas tres espec\u00edficas comunicaciones no permit\u00edan llegar a la conclusi\u00f3n que el tribunal sostuvo, esto es, la refutaci\u00f3n de condici\u00f3n de poseedor exclusivo del demandante, el cuestionamiento ser\u00eda intrascendente, pues existen muchas otras documentales en las que el propio Bernardo Vivas Reina reconoce los derechos de sus hermanos, y reclama que se hagan cargo de sus deberes como copropietarios. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, en la carta fechada el 14 de mayo de 2013 dirigida por el actor a los se\u00f1ores Rosalba, Jorge Humberto y \u00c1lvaro Enrique Vivas Reina, se dice: <\/p>\n
\u00abSin el \u00e1nimo de incomodar a nadie y solo a t\u00edtulo informativo, les quiero hacer una relaci\u00f3n de gastos que produce mantener \u201cel famoso Bolo\u201d, y que por capricho de don Jorge y do\u00f1a Alba, no se ha podido vender; para que se valorice como a veces le he escuchado decir, pero que a ninguno se le ha ocurrido manifestar, aqu\u00ed est\u00e1 este dinero para ayudar a sostenerlo; y creo no decir una mentira, si digo que ya ni lo conocen. [Despu\u00e9s de hacer una relaci\u00f3n de los gastos del predio, contin\u00faa:] Sin sumar estos gastos extraordinarios de imprevistos, el valor total promedio que me estoy gastando para mantenerles el predio para que se les valorice equivale a m\u00e1s de un mill\u00f3n de pesos mensuales de mi bolsillo. A esto s\u00famenle, lo que se paga por impuestos y energ\u00eda, que es lo \u00fanico que asumen pagar de la herencia. Espero que con estos datos; aunque s\u00e9 que les importa un comino, porque no salen de sus bolsillos, se tome una determinaci\u00f3n, porque si no me ver\u00e9 en la penosa necesidad de recurrir a la m\u00eda, para poder vender ese enterradero de plata\u00bb48. <\/p>\n
En comunicaci\u00f3n del 29 de octubre de 2013, dirigida a Jorge Humberto Vivas, le inform\u00f3 los gastos de vigilancia del predio para ese a\u00f1o, rubricando el documento con la antefirma \u00abel cuidandero del Bolo\u00bb49. Y en carta del 7 de noviembre de 2006, el actor reclam\u00f3 al mismo demandado que no accediera a vender el predio y que por el contrario, permitiera su valorizaci\u00f3n50. En el mismo sentido, se encuentra el correo electr\u00f3nico de 8 de octubre de 2015, dirigido al abogado Manolo Barrag\u00e1n, en el que afirma el demandante: <\/p>\n
\u00aben d\u00edas pasados me llam\u00f3 \u00c1lvaro Vivas, le propuse que por qu\u00e9 no divid\u00edamos el lote en tres partes, para que cada uno cuide su parte, pero nunca obtuve respuesta. Aclaro eso s\u00ed que de llegarse a ese acuerdo yo dejar\u00eda el \u00e1rea en la cual est\u00e1 el 80% de toda la infraestructura que yo he construido durante 23 a\u00f1os, y que las otras dos partes quedar\u00edan con cercos que yo he construido y con todos los \u00e1rboles frutales que yo tambi\u00e9n he sembrado, porque all\u00ed no exist\u00eda nada. Si usted tiene a bien plantearles esta propuesta, y la aceptan con gusto proceder\u00e9 a hacer lo pertinente para que se lleve a cabo\u00bb51. <\/p>\n
Finalmente, en la comunicaci\u00f3n del 24 de septiembre de 2018, se avanz\u00f3 en una propuesta de acuerdo entre los hermanos Vivas Reina, condicionada por el actor a que sus cond\u00f3minos le cedieran sus derechos sobre el fundo \u201cEl Guadual\u201d, para quedar como su propietario \u00fanico. Y, en contraprestaci\u00f3n, aquel renunciar\u00eda a sus derechos sobre otros bienes herenciales52. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no encuentra la Sala una tergiversaci\u00f3n o suposici\u00f3n de los documentos se\u00f1alados. Las misivas trasuntadas evidencian la inconformidad del actor por la actitud insolidaria e irresponsable de sus hermanos frente a la propiedad com\u00fan, lo que implica un reconocimiento de los derechos de aquellos como copropietarios. De otra manera, no se explicar\u00edan los sucesivos intentos para acordar la venta del predio en disputa, lo que respalda la conclusi\u00f3n del Tribunal en torno a la ausencia de prueba de la convicci\u00f3n del demandante de ser poseedor exclusivo. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, conforme al precedente de la Sala, en casos como este el est\u00e1ndar de prueba es m\u00e1s riguroso, en la medida en que el comunero que pretende usucapir debe demostrar su inequ\u00edvoca decisi\u00f3n de excluir a los dem\u00e1s cond\u00f3minos, \u00e1nimo que no se desprende de la anuencia en el pago del impuesto predial y el servicio de energ\u00eda con dineros de la herencia -que pertenec\u00edan a todos los condue\u00f1os\u2013, ni de las constantes propuestas de divisi\u00f3n y de venta y mucho menos de los permanentes reclamos respecto a los gastos realizados por el convocante para mantener un predio que le pertenece a todos. <\/p>\n
Y, si en gracia de discusi\u00f3n se considerara que de los documentos referidos no se desprende un reconocimiento del actor de los derechos de los dem\u00e1s condue\u00f1os, el ataque ser\u00eda intrascendente, pues otras probanzas de la misma especie llevar\u00edan a id\u00e9ntica conclusi\u00f3n en sede de instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
En punto de lo anterior, cabe precisar que el art\u00edculo 409 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00absi el demandado no alega pacto de indivisi\u00f3n en la contestaci\u00f3n de la demanda, el juez decretar\u00e1, por medio de auto, la divisi\u00f3n o la venta solicitada, seg\u00fan corresponda; en caso contrario, convocar\u00e1 a audiencia y en ella decidir\u00e1\u00bb, texto legal que la Corte Constitucional declar\u00f3 condicionadamente exequible \u00aben el entendido de que tambi\u00e9n se admite como medio de defensa en el proceso divisorio la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio\u00bb (C-284 de 2021). <\/p>\n
Ahora bien, en contrav\u00eda de la propuesta del recurrente, lo expuesto no quiere decir que, antes del fallo de la Corte Constitucional, la \u00fanica defensa posible en los procesos divisorios fuera la alegaci\u00f3n del pacto de indivisi\u00f3n; tal cosa no se sigue de la norma trasuntada, salvo que de ella se hiciera una interpretaci\u00f3n tan incompatible con la Carta Pol\u00edtica, como la que motiv\u00f3 la modulaci\u00f3n del precepto. <\/p>\n
Pero, m\u00e1s all\u00e1 de que se haya presentado, o no, la defensa de prescripci\u00f3n adquisitiva en el proceso de venta de la cosa com\u00fan, lo cierto es que el se\u00f1or Bernardo Vivas Reina contest\u00f3 la demanda reconociendo expresamente el derecho de sus hermanos como copropietarios. Tambi\u00e9n el car\u00e1cter com\u00fan del predio \u201cEl Guadual\u201d, y el inicio de su posesi\u00f3n en nombre de la comunidad. Por ende, m\u00e1s que alg\u00fan problema formal, lo que ocurri\u00f3 en la causa pret\u00e9rita implic\u00f3 un reconocimiento inequ\u00edvoco de los derechos de los cond\u00f3minos, y de la propia posesi\u00f3n de comunero del aqu\u00ed demandante (convocado al juicio divisorio). <\/p>\n
V\u00e9ase que, en la contestaci\u00f3n de la demanda divisoria, el aqu\u00ed demandante inform\u00f3 que <\/p>\n
\u00abdesde el momento que el se\u00f1or Bernardo Vivas Reina, entr\u00f3 al predio objeto de la demanda como comunero, esto fue para el a\u00f1o 1993, ya no exist\u00edan dichos cultivos, toda vez que seg\u00fan lo manifiesta mi representado, su padre de quien adquirieron la titularidad del dominio \u00e9l y sus hermanos, alquilaba el inmueble para su explotaci\u00f3n (\u2026). Tras el fallecimiento de su causahabiente, el se\u00f1or Bernardo Vivas Reina; fue la \u00fanica persona que se hizo cargo del predio; sus hermanos los se\u00f1ores Jorge Humberto Vivas Reina y \u00c1lvaro Enrique Vivas Reina, no mostraron hasta ahora inter\u00e9s por el inmueble; al contrario de mi representado que siempre ha estado en frente del predio en su cuidado, sostenimiento, preservaci\u00f3n y defendiendo jur\u00eddicamente, incluso desde el momento en que \u00e9l recuper\u00f3 la posesi\u00f3n en nombre de la comunidad, asumiendo con sus propios recursos la indemnizaci\u00f3n de quien la ostentaba y honorarios del abogado que realiz\u00f3 la gesti\u00f3n en su nombre, de no ser as\u00ed muy probablemente la propiedad que hoy se reclama, hab\u00eda podido ser una cosa del pasado\u00bb53. <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, exterioriz\u00f3 su deseo de extinguir la comunidad, conforme lo hab\u00eda transmitido a sus hermanos con anterioridad: <\/p>\n
\u00ablos demandantes en ning\u00fan momento requirieron a mi representado para que vendiera el predio y mucho menos se neg\u00f3 a ello y tampoco se neg\u00f3 a dividir materialmente el mismo, por el contrario siempre ha mostrado la disponibilidad de concretar la extinci\u00f3n de la comunidad, lo \u00fanico en lo que ha hecho \u00e9nfasis es en el reconocimiento de las mejoras que se pretend\u00edan desconocer y los gastos en los que ha incurrido para el sostenimiento de la propiedad, lo que ha generado una indiscutible valorizaci\u00f3n al mismo (\u2026). <\/p>\n
Existe un innegable inter\u00e9s de mi representado en tambi\u00e9n extinguir la comunidad por cualquiera de los medios legales existentes y as\u00ed siempre se lo ha hecho saber a los copropietarios, habida cuenta existen correos electr\u00f3nicos y documentos, donde se los ha hecho saber, incluso, ha sostenido por este medio sendas comunicaciones en donde reitera su posici\u00f3n, eso s\u00ed imponiendo su derecho que como realizador de mejoras, le otorga la ley\u00bb54. <\/p>\n
Finalmente, se encuentra que el recurrente limit\u00f3 otrora su oposici\u00f3n a la forma de divisi\u00f3n de la cosa com\u00fan, sugiriendo que aquella fuera material, en tres lotes iguales, propuesta que respald\u00f3 con planos y licencias de divisi\u00f3n, tramitados por \u00e9l mismo ante la curadur\u00eda urbana. As\u00ed, es notorio que m\u00e1s all\u00e1 de la alegada imposibilidad de proponer la defensa de prescripci\u00f3n, el se\u00f1or Vivas Reina tuvo una actitud que desdice de la posesi\u00f3n exclusiva y excluyente que viene alegando en la actualidad. <\/p>\n
En s\u00edntesis, incluso dejando de lado la consideraci\u00f3n del tribunal conforme a la cual el actor debi\u00f3 excepcionar la prescripci\u00f3n al interior del divisorio, la prueba trasladada refleja no s\u00f3lo la falta de oposici\u00f3n a la venta, sino el reconocimiento de los derechos de los condue\u00f1os, lo cual respalda la conclusi\u00f3n del colegiado respecto a la falta de prueba del animus que permita concluir de manera inequ\u00edvoca e indubitable, el abandono de la calidad de poseedor en nombre de la comunidad y el inicio de una posesi\u00f3n exclusiva y excluyente, con desconocimiento y exclusi\u00f3n de los derechos de los cond\u00f3minos. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Por otra parte, el casacionista acus\u00f3 al ad quem de restarle valor probatorio a los testimonios que dan cuenta de su posesi\u00f3n excluyente. Para ello transcribi\u00f3, in extenso, las declaraciones de los cinco testimonios solicitados en la demanda, y propuso algunas conclusiones que se derivar\u00edan de lo declarado. Sin embargo, tampoco en este caso se identific\u00f3 el error en que habr\u00eda incurrido el juzgador de segunda instancia; simplemente postul\u00f3 como correcta otra valoraci\u00f3n de la evidencia. <\/p>\n
En ese escenario, debe recordarse que la presentaci\u00f3n de deducciones alternativas de los medios de convicci\u00f3n que valor\u00f3 el tribunal no es suficiente para acreditar el yerro de hecho. En todo caso, debe demostrarse por qu\u00e9 la hip\u00f3tesis del censor era la \u00fanica posible, dado el contenido objetivo de los medios de prueba; y para ello no basta la simple exposici\u00f3n de un criterio divergente. <\/p>\n
Al respecto ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[E]n cuanto a la apreciaci\u00f3n de las pruebas por parte del sentenciador de instancia, ha de respetarse por norma la autonom\u00eda con que cuenta de acuerdo con la ley para formarse su propia convicci\u00f3n sobre la configuraci\u00f3n f\u00e1ctica del asunto litigado, habida consideraci\u00f3n que la facultad de la Corte frente a un recurso que haga uso de esta v\u00eda es, por principio, la de velar por la recta inteligencia y la debida aplicaci\u00f3n de las leyes sustanciales, no as\u00ed la de revisar una vez m\u00e1s y con absoluta discreci\u00f3n, todas las cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en las instancias, raz\u00f3n por la cual esta Corporaci\u00f3n, situada en el plano del que viene habl\u00e1ndose,\u00bb… ha de recibir la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica tal como ella se encuentre definida en el fallo sujeto al recurso extraordinario…\u00bb (G. J. t. CXXX, p\u00e1g. 63), descalificando en consecuencia aquellos recursos que cual ocurre con el que viene examin\u00e1ndose, se estructuran sobre la base de planteamientos que tienden a disentir, en simple contraste de pareceres, del criterio empleado por el Tribunal en lo que respecta a la elecci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas que en realidad pesan y tienen por ello influencia decisoria, olvidando justamente que elegir los medios demostrativos con arreglo al sentido jur\u00eddico general de la causa y observando naturalmente las normas de disciplina probatoria pertinentes, as\u00ed como tambi\u00e9n el atribuirles a dichos medios, seg\u00fan los dictados de la sana cr\u00edtica, la jerarqu\u00eda correspondiente dentro del conjunto de las acumuladas y que hay lugar a evaluar, son facultades que les competen de manera privativa a los juzgadores de instancia\u00bb (CSJ, SC 22 may. 1998, exp. 4996). <\/p>\n
Ahora bien, si se analiza el reproche, resulta evidente que el Tribunal evalu\u00f3 cada una de las declaraciones de terceros que enlist\u00f3 el impugnante; de hecho, de all\u00ed extrajo la prueba del elemento corpus, es decir, de la indiscutible relaci\u00f3n material entre el se\u00f1or Bernardo Vivas Reina y el predio en disputa, exteriorizada en el cuidado y conservaci\u00f3n de la heredad, la contrataci\u00f3n de personal de vigilancia, o la realizaci\u00f3n de diversas mejoras. <\/p>\n
El contenido material de las declaraciones refleja \u2013sin duda alguna\u2013 esos actos ejercidos por el demandante en el predio, los cuales, se insiste, sirvieron para concluir que el corpus se encontraba acreditado. Sin embargo, el recurrente no atac\u00f3 en modo alguno el siguiente eslab\u00f3n del raciocinio del tribunal, conforme al cual, dada su condici\u00f3n de comunero, ese corpus no daba cuenta de una posesi\u00f3n exclusiva y excluyente; antes bien, como se dijo, las dem\u00e1s probanzas revelan que, mientras el actor detentaba en solitario, reconoc\u00eda los derechos reales de cuota de sus hermanos sobre la finca \u201cEl Guadual\u201d. <\/p>\n
En ese sentido, el cargo es incompleto y desenfocado, porque no se orienta a refutar la ausencia del animus domini, sino a recabar en hechos que el tribunal tuvo por probados, pero que consider\u00f3 insuficientes para inferir la existencia del elemento posesorio del que se viene hablando, especialmente porque el demandante era copropietario de la cosa, y reconoc\u00eda la misma condici\u00f3n en sus hermanos. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. En el mismo sentido, se duele el censor de que el colegiado de segundo grado tomara como prueba fehaciente de la coposesi\u00f3n la declaraci\u00f3n del demandante en su interrogatorio respecto al pago de impuestos y la solicitud de reembolso de mejoras, omitiendo valorar otras afirmaciones, que probar\u00edan la alegada posesi\u00f3n exclusiva. En punto de lo anterior, tambi\u00e9n se dijo que el pago de impuestos no era indicativo de posesi\u00f3n, y que el reembolso de las mejoras implantadas es un derecho ordinario del poseedor exclusivo. <\/p>\n
A este respecto, cabe se\u00f1alar que tal alegaci\u00f3n es desenfocada, dado que el tribunal no deriv\u00f3 la calidad de coposeedores de los demandados de los hechos a los que se refiere el recurrente, sino del privilegio legal que surge de su condici\u00f3n de comuneros. Lo que s\u00ed se dedujo del pago de impuestos con dineros comunes, as\u00ed como de la solicitud de reembolso de mejoras, fue el reconocimiento del derecho de los condue\u00f1os, el cual es incompatible con la posesi\u00f3n exclusiva y excluyente que requer\u00eda probarse en este caso. <\/p>\n
Tambi\u00e9n reluce el desenfoque cuando el recurrente se\u00f1ala que \u00abse trata de una posesi\u00f3n excluyente y, por tanto, no hay lugar a la interversi\u00f3n (sic) del t\u00edtulo con respecto a los derechos de sus hermanos, toda vez que el demandante siempre fue poseedor del todo, nunca tenedor de los derechos de los dem\u00e1s comuneros\u00bb. Lo anterior porque el juzgador de segundo grado no dijo que el demandante fuera un mero tenedor55, sino que, en trat\u00e1ndose de la posesi\u00f3n entre comuneros, la usucapi\u00f3n por parte de uno de ellos exig\u00eda una posesi\u00f3n exclusiva, es decir, aut\u00f3noma, independiente y excluyente de la comunidad; y para ello, cobraba especial relevancia la prueba de un animus que diera cuenta de la convicci\u00f3n intr\u00ednseca de sentirse \u00fanico propietario \u2013nada de lo cual se demostr\u00f3 en este asunto\u2013. <\/p>\n
<\/p>\n
v. Continuando con el an\u00e1lisis del cargo, sostuvo el casacionista que se incurri\u00f3 en un error de hecho por la falta de valoraci\u00f3n de los interrogatorios de parte de los demandados, en los que aceptaron la explotaci\u00f3n exclusiva del actor, la conservaci\u00f3n y mejoramiento del bien con su propio peculio, la contrataci\u00f3n de trabajadores y las construcciones realizadas sin la autorizaci\u00f3n de aquellos. <\/p>\n
El ataque, sin embargo, cae de nuevo en el vac\u00edo, porque todo lo que \u2013en sentir del recurrente\u2013 se inferir\u00eda de estas declaraciones de parte, fue aceptado de forma pac\u00edfica por el juzgador, solo que entendi\u00f3 que acreditaban apenas el corpus. Y, en este caso, deb\u00eda probarse que ese corpus estaba acompa\u00f1ado de un \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo distinto al que es propio del condue\u00f1o, y que, por lo mismo, se desarroll\u00f3 con desconocimiento de los derechos de los dem\u00e1s. <\/p>\n
Y ello no se prob\u00f3; antes bien, qued\u00f3 suficientemente acreditado lo contrario. Es decir, a trav\u00e9s del an\u00e1lisis de las comunicaciones remitidas por el actor a sus hermanos, el pago de impuestos y servicios de un fondo com\u00fan, la aquiescencia de todos los cond\u00f3minos a la divisi\u00f3n, etc., el tribunal dedujo que ese desconocimiento del derecho de los restantes condue\u00f1os nunca se produjo, conclusi\u00f3n que no fue refutada, y que, por s\u00ed misma, basta para sustentar el fallo desestimatorio. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. En el \u00faltimo aparte de la censura inaugural, el actor enlist\u00f3 una serie de pruebas documentales que fueron obviadas, y que, a decir suyo, demostrar\u00edan tambi\u00e9n su posesi\u00f3n exclusiva. Sin embargo, nuevamente se trata de referencias al corpus, o a los rastros del poder de hecho del se\u00f1or Vivas Reina sobre la finca \u201cEl Guadual\u201d, que no dan cuenta de que ese poder f\u00e1ctico estuviera acompa\u00f1ado de una creencia de se\u00f1or\u00edo (animus domini), es decir, en este caso concreto, de la conciencia de ser el \u00fanico due\u00f1o de la cosa com\u00fan que se detenta. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se reproch\u00f3 al tribunal por no valorar la escritura p\u00fablica n.\u00ba 2820 de 21 de septiembre de 2018, por medio de la cual los se\u00f1ores \u00c1lvaro Enrique y Jorge Humberto Vivas Reina vendieron parte de sus cuotas a sus hermanos Luis Eduardo, Mariela Mercedes y Rosalba, lo que demostrar\u00eda su mala fe y su intenci\u00f3n de interrumpir la prescripci\u00f3n del convocante. Pero este embate carece de enfoque, porque la buena o mala fe de las partes no es asunto que se haya debatido en el proceso, ni su conducta se ha calificado en modo alguno por parte de los juzgadores. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a lo expuesto, el primer cargo no se abre paso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. An\u00e1lisis del cargo segundo. <\/p>\n
A pesar de continuar su ataque por la senda indirecta, en este cuestionamiento el actor estuvo lejos de acreditar un error grave y trascendental en la interpretaci\u00f3n de las pruebas por parte del tribunal. En efecto: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Se\u00f1ala el recurrente que el ad quem alter\u00f3 y omiti\u00f3 valorar las pruebas en conjunto, acomod\u00e1ndolas a su hip\u00f3tesis de la \u201ccoposesi\u00f3n\u201d, sin apreciar el real car\u00e1cter probatorio de los medios de convicci\u00f3n aportados al proceso. Para sustentar esta cr\u00edtica, present\u00f3 una extensa reiteraci\u00f3n de las conclusiones que, a su juicio, se desprend\u00edan de cada prueba, sin demostrar, en forma concreta, en qu\u00e9 radicaba la equivocaci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
La censura se limit\u00f3 a afirmar que las pruebas no se apreciaron en conjunto, que se extendi\u00f3 indebidamente el valor probatorio de los documentos sin haberlos cotejado con las dem\u00e1s pruebas, que los testimonios se analizaron de manera aislada y que no se confrontaron los interrogatorios, como si se tratara de un alegato de instancia, despreocupado por evidenciar d\u00f3nde se concreta la denunciada valoraci\u00f3n, que se queda en simples afirmaciones. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, cuando se alega la comisi\u00f3n de un error de derecho, no basta \u00abindicar que las pruebas fueron valoradas de manera \u201c(…) separada o aislada, sin buscar los puntos de enlace o coincidencia (…)\u201d, como se hizo, sino que [debe] presentarse el trabajo de concatenaciones, contradicciones, exclusiones y conclusiones, considerando que la casaci\u00f3n no tiene por mira el proceso, sino la sentencia recurrida\u00bb (CSJ AC AC5261-2015). <\/p>\n
<\/p>\n
ii. A lo expuesto se a\u00f1ade que el ad quem fue claro al se\u00f1alar que los medios de prueba deb\u00edan ser evaluados en conjunto, y una vez acreditado el elemento corpus, emprendi\u00f3 la tarea de comprobar el animus domini, para lo cual tuvo en cuenta el acervo probatorio en su integridad, llegando a conclusiones que ciertamente se basan en los puntos de enlace y coincidencia de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido, encuentra la Sala que \u2013adem\u00e1s de una denuncia gen\u00e9rica\u2013 lo que reitera el casacionista es su visi\u00f3n personal del contenido de las pruebas, perdiendo de vista que tal teorizaci\u00f3n, por s\u00ed sola, no demuestra la existencia de un grave error en la tarea de juzgamiento del tribunal, quedando el cargo hu\u00e9rfano de acreditaci\u00f3n, y torn\u00e1ndose inid\u00f3neo para derruir la presunci\u00f3n de acierto del fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. No pasa por alto la Corte que el actor denunci\u00f3 como transgredido el art\u00edculo 981 del C\u00f3digo Civil, entendiendo que esta norma impon\u00eda al ad quem un mandato espec\u00edfico en la labor de apreciaci\u00f3n de las pruebas en el proceso de pertenencia. Pero no es cierto que ese precepto le indique al juez qu\u00e9 cosa debe inferir del \u00abcorte de maderas, la construcci\u00f3n de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significaci\u00f3n, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesi\u00f3n\u00bb. Simplemente enlista esos actos como maneras de exteriorizar el corpus, siendo el animus una circunstancia subjetiva, que apunta a la conciencia con la que esos actos se realizaron. Y, se insiste, lo que se ha dicho en este caso es que el actor ejecutaba actos posesorios, pero como condue\u00f1o, y siempre reconociendo la existencia de la comunidad. <\/p>\n
De nuevo, el casacionista dej\u00f3 de lado que el elemento material externo de la posesi\u00f3n debe estar acompa\u00f1ado de \u00abla voluntad o autoafirmaci\u00f3n del car\u00e1cter de se\u00f1or y due\u00f1o con el que se desarrollan los referidos actos posesorios\u00bb56. Por ende, al usucapiente no le basta con probar que ejecut\u00f3 las acciones que menciona el citado canon 981, sino que debe demostrar que lo hizo prevalido de la \u00edntima convicci\u00f3n de ser el propietario exclusivo del bien, con desconocimiento y exclusi\u00f3n de los derechos de los dem\u00e1s (incluidos, en casos como este, los cond\u00f3minos restantes). <\/p>\n
Y como de tal elemento subjetivo no hay noticia en el expediente, el cargo no prospera. <\/p>\n
<\/p>\n
4. An\u00e1lisis del cargo tercero. <\/p>\n
El recurrente acus\u00f3 la sentencia de violar directamente los art\u00edculos 762 y 2518 del C\u00f3digo Civil, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, al considerarse all\u00ed que el reconocimiento formal de la comunidad descarta necesariamente cualquier supuesto de posesi\u00f3n exclusiva de uno de los condue\u00f1os. <\/p>\n
En punto de lo anterior, basta se\u00f1alar que las normas cuya trasgresi\u00f3n se denuncia no son de car\u00e1cter sustancial y, por ende, no se cumple con la formalidad de indicar al menos una disposici\u00f3n de ese linaje en la estructuraci\u00f3n del cargo, exigencia contenida en el par\u00e1grafo 1.\u00b0 del art\u00edculo 344 del estatuto adjetivo \u2013conforme al cual, cuando el recurso se finque en la trasgresi\u00f3n de normas de esa naturaleza, es tarea del impugnante invocar al menos un precepto de ese tipo que, \u00abconstituyendo base esencial del fallo, o habiendo debido serlo\u00bb, haya sido infringido por la decisi\u00f3n censurada\u2013. <\/p>\n
Adem\u00e1s, encuentra la Sala que el ataque es desenfocado, pues el tribunal no bas\u00f3 su decisi\u00f3n en el posible reconocimiento formal de la comunidad \u2013hecho que nadie disputa\u2013, sino en la ausencia de prueba de una posesi\u00f3n exclusiva, aut\u00f3noma y excluyente de los dem\u00e1s miembros de la comunidad, pues en vez de desconocer los derechos de sus hermanos, el actor acord\u00f3 con ellos el pago de los impuestos y los servicios con dineros de la herencia com\u00fan, les pidi\u00f3 que reconocieran la deuda que ten\u00edan con \u00e9l por el mantenimiento de la copropiedad, y manifest\u00f3 su deseo de venderla para repartir el precio; adem\u00e1s, no se opuso a la divisi\u00f3n pedida por sus pares, sino que se limit\u00f3, primero, a insistir en que le reembolsaran las mejoras que hab\u00eda implantado, y despu\u00e9s, a proponer que la divisi\u00f3n fuera material, no ad valorem. <\/p>\n
Los fundamentos de la sentencia recurrida, pues, no descansan en la simple admisi\u00f3n formal de la existencia de una comunidad de propietarios, sino en el hecho de haberse reconocido, inequ\u00edvoca y reiteradamente, los derechos de cuota de los demandados, tal como se sigue de las conductas descritas del demandante. Fue esa circunstancia \u2013no refutada en esta censura postrera\u2013, traducida en la ausencia de prueba de la extinci\u00f3n de la coposesi\u00f3n del comunero y el surgimiento de la alegada posesi\u00f3n en solitario, lo que determin\u00f3 la frustraci\u00f3n del petitum. Por consiguiente, el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia que el 2 de agosto de 2022 profiri\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso verbal promovido por Bernardo Vivas Reina contra Luis Eduardo, Rosalba, \u00c1lvaro Enrique, Jorge Humberto y Mariela Mercedes Vivas Reina, y personas indeterminadas. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR al demandante al pago de las costas de esta actuaci\u00f3n. En la liquidaci\u00f3n incl\u00fayanse diez salarios m\u00ednimos mensuales vigentes (10 SMLMV), por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO. Rem\u00edtase la actuaci\u00f3n a la autoridad judicial competente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
(Aclara voto) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76520-31-03-003-2019-00182-01 <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Con el respeto que, de siempre, profeso hacia las decisiones adoptadas por la mayor\u00eda, y encontr\u00e1ndome de acuerdo con la parte resolutiva del veredicto que se profiri\u00f3 en este caso, considero que debo aclarar mi voto en lo que ata\u00f1e a dos consideraciones puntuales, relacionadas con los institutos sustantivos de la \u00abinterversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb y la \u00absuma de posesiones\u00bb, por las razones que a continuaci\u00f3n se expondr\u00e1n: <\/p>\n
1.- Luego de definir la posesi\u00f3n y la tenencia y caracterizar a ambas por sus elementos para poner de presente las similitudes y divergencias entre ambas, explic\u00f3 en relaci\u00f3n con la primera que \u00ab[c]omo consecuencia necesaria de su condici\u00f3n f\u00e1ctica, (\u2026) es un fen\u00f3meno originario y personal, lo cual implica que no puede derivarse de una relaci\u00f3n tenencial previa, ni tampoco puede transferirse por acto entre vivos o transmitirse por causa de muerte -in facta non est successio-, pues de conformidad con el ordenamiento patrio, solo son susceptibles de transferencia o transmisi\u00f3n -por v\u00eda general- los derechos (y no los hechos)\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con el anterior razonamiento, hizo referencia al car\u00e1cter inmutable de la mera tenencia, adverando que \u00abmientras subsistan sus notas caracter\u00edsticas -la principal de ellas, la ausencia del animus domini-, su identidad y efectos jur\u00eddicos permanecer\u00e1n intactas. El \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, de llegar a figurar de manera sobreviniente en el escenario de la detentaci\u00f3n f\u00edsica, no convierte o transforma la tenencia en posesi\u00f3n, pues, t\u00e9cnicamente, en ausencia de ese elemento subjetivo no puede hablarse de posesi\u00f3n, y en presencia suya tampoco tendr\u00e1 cabida la simple tenencia\u00bb (\u00e9nfasis propio). <\/p>\n
De ah\u00ed que -prosigui\u00f3- en lugar de esa transformaci\u00f3n de la mera tenencia en posesi\u00f3n, \u00abdebe entenderse agotada o extinta la primera, para adquirir luego el animus propio de la posesi\u00f3n, dando lugar al inicio del fen\u00f3meno posesorio en virtud de la satisfacci\u00f3n de sus elementos estructurales. Tal situaci\u00f3n, hist\u00f3ricamente ha sido denominada interversi\u00f3n de la mera tenencia en posesi\u00f3n, perdiendo de vista que ninguna de esas figuras puede mutar en la otra, dado que sus estructuras, r\u00e9gimen jur\u00eddico y consecuencias son distintas\u00bb (negrilla a\u00f1adida). <\/p>\n
Corolario de lo expuesto en precedencia, concluy\u00f3 que la conocida como \u00abinterversi\u00f3n\u00bb de la tenencia en posesi\u00f3n, intenta describir el comentado fen\u00f3meno sin lograrlo t\u00e9cnicamente, pues, en \u00faltimas, se trata de la cesaci\u00f3n de la primera y el inicio subsiguiente de la segunda. <\/p>\n
2.- Aunque el modo de ver y distinguir los fen\u00f3menos descritos, a simple vista parece novedoso, en realidad corresponde a lo que, de vieja data y de manera reiterada, ha explicado la Corporaci\u00f3n en torno de la transici\u00f3n entre la mera tenencia y la posesi\u00f3n, forj\u00e1ndose sobre el punto una doctrina jurisprudencial s\u00f3lida. <\/p>\n
2.1- M\u00faltiples pronunciamientos han delineado la figura de la \u00abinterversi\u00f3n\u00bb de manera similar a como se explica en el pronunciamiento objeto de esta aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
En los a\u00f1os 50\u2019s del siglo pasado, ya se hac\u00eda consideraci\u00f3n del cambio de mera tenencia a posesi\u00f3n, indicando que \u00abal precisar el C\u00f3digo los requisitos de la prescripci\u00f3n extraordinaria (2532), se basta con establecimiento y uso por cierto tiempo, sin exigencia adicional alguna (Casaci\u00f3n julio 30 de 1952, LXXII, 582), pero consagra simult\u00e1neamente la posibilidad de oposici\u00f3n fundada en un t\u00edtulo de mera tenencia, excluyente de la possessio ad usucapionem, revelador de la intimidad de hechos contrastantes con el concepto genuino de posesi\u00f3n; por lo cual, quien se hallaba asentado en las dichas apariencias equ\u00edvocas (Casaci\u00f3n diciembre 13 de 1954 LXXIX, 256; casaci\u00f3n noviembre 9 de 1956, LXXXIlI, 775\/776), de inmediato y por fuerza de ese traslado de las cargas, es despojado de lo que tra\u00eda en su favor, compelido a demostrar la intervenci\u00f3n de su t\u00edtulo y, adem\u00e1s, una real posesi\u00f3n de all\u00ed en adelante hasta el otro extremo cronol\u00f3gico, cumplida con actos ciertos y un\u00edvocos\u00bb. <\/p>\n
Luego, al tenedor que quer\u00eda hacerse al dominio del bien, se le exig\u00eda la prueba de la \u00abinterversio possesionis\u00bb (CSJ SC 22 ag. 1957, G.J. LXXXVI, 14), doctrina que ha sido reiterada en sendas oportunidades y arrib\u00f3 vigente hasta, incluso, la presente anualidad, puntualizando que \u00abquien ha reconocido dominio ajeno no puede, frente a su titular, trocarse en poseedor sino desde cuando de manera p\u00fablica, abierta y franca le niegue el derecho y simult\u00e1neamente ejecute verdaderos e inequ\u00edvocos actos posesorios a nombre propio y con absoluto rechazo del propietario del bien\u00bb; por ello, cuando se da la situaci\u00f3n de \u00abinterversi\u00f3n del t\u00edtulo de tenedor en poseedor\u00bb, al prescribiente le incumbe \u00abacreditar satisfactoriamente desde cu\u00e1ndo aconteci\u00f3 la transformaci\u00f3n del t\u00edtulo y en qu\u00e9 ha consistido los actos que le conceden la adquisici\u00f3n del dominio por usucapi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2.- En la providencia CSJ SC118-1989, 18 abr. se indic\u00f3 que, con frecuencia, \u00abel prescribiente inicialmente entra en contacto con la cosa a t\u00edtulo precario o como tenedor y luego interviene su t\u00edtulo, al asumir la calidad de poseedor\u00bb, pues puede ocurrir que decida poseer el bien \u00abcomo cuando le adviene el animus domini, transform\u00e1ndolo, entonces, por la presencia de este factor y en concurrencia con el corpus, en poseedor y, coloc\u00e1ndolo par tanto en la posibilidad jur\u00eddica de adquirir el bien, a la postre, por el modo de la prescripci\u00f3n. M\u00e1s concretamente, dice la jurisprudencia de la Corte, \u00abesto ocurre cuando se hace dejaci\u00f3n de la calidad jur\u00eddica de tenedor para pasar a adquirir la de aut\u00e9ntico poseedor. En este \u00faltimo evento se podr\u00e1 adquirir por prescripci\u00f3n un bien, ya no con apoyo en la tenencia, que de nada le sirve para dicho objetivo, sino con fundamento en la posesi\u00f3n. Cuando ocurre este hecho se est\u00e1, entonces, en presencia de lo que la doctrina ha denominado ‘la conversi\u00f3n’ o ‘intervenci\u00f3n del t\u00edtulo’. La intervenci\u00f3n del t\u00edtulo consiste, pues, en la transformaci\u00f3n del tenedor en poseedor\u00bb (Cas. Civ. de 17 de octubre de 1973, a\u00fan no publicada). <\/p>\n
El fallo CSJ SC 10 sep. 1995 apunt\u00f3 que \u00abquien ha reconocido dominio ajeno no puede trocarse en poseedor sino desde cuando de manera p\u00fablica, abierta y franca, niegue el derecho que antes reconoc\u00eda y simult\u00e1neamente ejecute actos posesorios a nombre propio\u00bb y posteriormente, a\u00f1adi\u00f3 que si de probar la interversi\u00f3n del t\u00edtulo se trataba \u00abla posesi\u00f3n hab\u00eda de traducirse en actos que la revelasen inequ\u00edvocamente, que se\u00f1alasen que la misma nada ten\u00eda que ver con la tenencia que le antecedi\u00f3; pues arrancando de una situaci\u00f3n precaria, el cambio en la disposici\u00f3n mental del detentador necesita ser manifiesto, de entidad tal que no deje lugar a duda, que ostente, en fin, un perfil irrecusable en el sentido de indicar irrefragablemente la transformaci\u00f3n de la tenencia en posesi\u00f3n\u00bb (CSJ 18 nov. 1999). <\/p>\n
2.3- Nada cambi\u00f3 en adelante, pues sigui\u00f3 consider\u00e1ndose, sobre la interversi\u00f3n del t\u00edtulo de tenedor a poseedor, que aquella se presentaba cuando \u00abse deja la calidad jur\u00eddica de tenedor para adquirir la de verdadero poseedor en la que podr\u00e1 hacerse due\u00f1o de la cosa por prescripci\u00f3n, pero sin ninguna referencia al tiempo que solamente tuvo la tenencia, pues \u00e9sta no le sirve para prescribir, adem\u00e1s de que debe demostrar este cambio de actitud con hechos fehacientes y notorios de desconocimiento del derecho del propietario\u00bb (CSJ SC008-2002, 8 feb., rad. 6758. En el mismo sentido: CSJ SC026-2004, 24 mar., rad. 7292; CSJ SC 24 jun. 2005, rad. 1993-00927-01, entre otras). <\/p>\n
Recalcando la trascendencia de la figura empleada para describir el tr\u00e1nsito del mero tenedor al poseedor de un bien, la sentencia SC 13 abr. 2009, rad. 2003-00200-01 sostuvo que, si alguien \u00abse arrog\u00f3 la cosa como mero tenedor, debe aportarse la prueba fehaciente de la interversi\u00f3n de ese t\u00edtulo, esto es, la existencia de hechos que la demuestren inequ\u00edvocamente, incluyendo el momento a partir del cual se rebel\u00f3 contra el titular y empez\u00f3 a ejecutar actos de se\u00f1or y due\u00f1o desconociendo su dominio, para contabilizar a partir de dicha fecha el tiempo exigido de posesi\u00f3n aut\u00f3noma y continua del prescribiente\u00bb (En an\u00e1logo sentido: CSJ SC 21 feb. 2011, rad. 2001-00263-01; CSJ SC 1 dic. 2011, rad. 2008-00199-01; CSJ SC 8 ag. 2013, rad. 2004-00255-01; CSJ 29 abr. 2014, rad. 00771; CSJ SC11331-2014, 27 ag., rad. 2006-00439-01). <\/p>\n
Es m\u00e1s, en el pronunciamiento CSJ SC17141-2014, 16 dic., rad. 2005-00037-01 se explicit\u00f3 que la apuntada constitu\u00eda una doctrina probable, la cual se afianz\u00f3 con veredictos posteriores donde la Sala reconoci\u00f3 la vigencia y operatividad de dicho instituto, tales como las providencias CSJ SC16057-2015, 20 nov., rad. 2006-00030-01, CSJ SC2805-2016, 4 mar., rad. 2005-00045-03, CSJ SC10152-2016, 26 jul., rad. 2011-0324-01; CSJ SC10189-2016, 27 jul., rad. 2007-00105-01; CSJ SC1716-2018, 23 may., rad. 2008-00404-01; CSJ 5342-2018, 7 dic., rad. 2010-00114-01; CSJ SC1662-2019, 5 jul., rad. 1991-05099-01; CSJ SC4275-2019, 9 oct., rad. 2012-00044-01; CSJ SC540-2021, 1 mar., rad. 2012-00238-01; CSJ 3381-2021, 11 ag., rad. 2011-00105-01; CSJ SC4826-2021, 18 nov., rad. 2015-00919-01 y CSJ SC1258-2022, 22 abr., rad. 2017-00085-01. <\/p>\n
3.- Como es f\u00e1cil extraer de la precedente cita, son numerosas las decisiones de la Sala en que se ha recurrido a la \u00abinterversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb para aludir al finiquito de la posici\u00f3n de tenedor y el sucesivo inicio de la posesi\u00f3n, explic\u00e1ndola de una manera que es an\u00e1loga a aquella que se explicita en la determinaci\u00f3n aprobada por la mayor\u00eda, la cual, al convalidar el abandono de la terminolog\u00eda hasta hace poco empleada, desde\u00f1a la doctrina probable asentada y comporta un cambio inopinado e innecesario en la doctrina jurisprudencial de esta Colegiatura. <\/p>\n
4.- Otro tanto puede predicarse en relaci\u00f3n con la \u00absuma de posesiones\u00bb, frente a la cual el criterio mayoritario tambi\u00e9n fue el de desconocer su existencia, argumentando que la posesi\u00f3n es intransferible, tal como lo precept\u00faa el canon 4778 de la codificaci\u00f3n civil; por ello, -se\u00f1al\u00f3- \u00ab[e]n rigor, el eventual sucesor no contin\u00faa la posesi\u00f3n de su antecesor, pues los hechos no pueden ser transmitidos; lo que ocurre es que da inicio a una posesi\u00f3n nueva y distinta, que principia en \u00e9l, aunque a su tiempo de posesi\u00f3n pueda a\u00f1adir el de sus antecesores, a condici\u00f3n de que exista entre ellos un v\u00ednculo jur\u00eddico v\u00e1lido que justifique esa agregaci\u00f3n. Como se advirti\u00f3 supra, (\u2026) siendo la posesi\u00f3n un hecho, se colige que no puede transmitirse por sucesi\u00f3n, siguiendo la regla jur\u00eddica \u2013de estirpe romana\u2013 in facta non est succesio (de la que da cuenta nuestro ordenamiento en disposiciones tales como los art\u00edculos 757 y 778 del C\u00f3digo Civil). Tampoco puede transferirse por acto entre vivos, conforme lo dispone el citado art\u00edculo 778, y lo reafirma el canon 2521 del C\u00f3digo Civil, a cuyo tenor: \u00ab[S]i una cosa ha sido pose\u00edda sucesivamente y sin interrupci\u00f3n, por dos o m\u00e1s personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor\u00bb (negrilla para resaltar). <\/p>\n
4.1.- Nuevamente, si se repasa la jurisprudencia de la Sala se encontrar\u00e1 un conjunto amplio de providencias en donde, para explicar la facultad de un poseedor de a\u00f1adir el tiempo de posesi\u00f3n de su antecesor si se cumplen las exigencias se\u00f1aladas al efecto por la ley, se acude al instituto de la \u00absuma de posesiones\u00bb, por dem\u00e1s consagrada en el precepto 2521 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
As\u00ed, las decisiones CSJ SC 13 ag. 1979, CSJ SC 12 dic. 1979, CSJ SC301-1992, 6 ag., rad. 3515, CSJ SC 5 ag.1996, rad. 4652, CSJ SC 28 ag. 2000, rad. 5448, CSJ SC 31 jul. 2001, rad. 6310, CSJ SC 29 sep. 2001, rad. 5881, CSJ SC 14 dic. 2001, rad. 6659, CSJ SC051-2002, 5 abr., rad. 7143, CSJ SC096-2004, 14 sep., rad. 6827, CSJ SC 30 jun. 2005, rad. 7797, CSJ SC 5 jul. 2007, rad. 1998-00358-01, CSJ SC 15 abr. 2009, rad. 2003-00225-01, CSJ SC 19 dic. 2011, rad. 2002-00329-01, CSJ SC 13 sep. 2013, rad. 1998-00932-01, CSJ SC3493-2014, 20 mar., rad. 2007-00120-01, CSJ SC16993-2014, 12 dic., rad. 2010-00166-01, a cuyos textos me remito en gracia de la brevedad de esta aclaraci\u00f3n, describen la \u00absuma de posesiones\u00bb de una forma que no guarda sustanciales discrepancias con la tesis nov\u00edsima de la Sala. <\/p>\n
4.2.- Por ejemplo, en la sentencia CSJ SC301-1992, 6 ag., rad. 3515 se precis\u00f3 que \u00abconforme a la preceptiva contenida en los art\u00edculos 778 y 2521 del C\u00f3digo Civil, es de recibo para la operancia de la usucapi\u00f3n la uni\u00f3n o agregaci\u00f3n a la posesi\u00f3n propia otra anterior, la cual, necesariamente, \u00abtiene que realizarse a trav\u00e9s del v\u00ednculo jur\u00eddico del causante o sucesor, que es el puente por donde el primero transmite al segundo, a t\u00edtulo universal, por herencia, o singular, por contrato, las ventajas derivadas del hecho de una posesi\u00f3n que se ha tenido. No puede concebirse el fen\u00f3meno de la incorporaci\u00f3n de posesiones en las que est\u00e1n aisladas unas de otras, en que no haya mediado transmisi\u00f3n de una persona a otra, bien por herencia, o legado, o bien por contrato o convenci\u00f3n\u00bb (Cas. Civ. del 14 de agosto de 1946, C.J. LX, P\u00e1g.810; septiembre 6 de 1951, LXX, P\u00e1g.412; abril de 1954, G.J.LXXVII, P\u00e1g.350), doctrina jurisprudencial reiterada, entre otras, en sentencia de 26 de junio de 1986 (GJ. Tomo CLXXXIV, NQ2423, P\u00e1gs. 99 y 100).\u00bb. <\/p>\n
Doctrina que ha permanecido inalterada aludiendo, inclusive, a otras denominaciones, tales como \u00abagregaci\u00f3n de posesiones\u00bb e \u00abincorporaci\u00f3n de posesiones\u00bb, que describen el mismo fen\u00f3meno. <\/p>\n
4.3.- En el pronunciamiento CSJ SC070-2004, 29 jul., rad. C-7571, retom\u00e1ndose la expresi\u00f3n \u00absuma de posesiones\u00bb se puntualiz\u00f3 que <\/p>\n
[L]a posesi\u00f3n puede ser originaria o derivada, seg\u00fan se integre el corpus y el animus con la aprehensi\u00f3n y poder de hecho posesorio, o proceda de un poseedor por acto entre vivos, verbi gratia, venta o cualquier t\u00edtulo traslaticio de dominio, o muerte, sucesi\u00f3n posesoria mortis causa. Trat\u00e1ndose de la posesi\u00f3n derivada, los art\u00edculos 778 y 2521 del C\u00f3digo Civil, confieren al sucesor, seg\u00fan convenga a sus intereses, la prerrogativa de iniciar una nueva posesi\u00f3n o el derecho de a\u00f1adir a la suya la posesi\u00f3n de sus antecesores, evento en el que se la apropia con sus calidades y vicios, por tratarse de una excepci\u00f3n a la regla general de la posesi\u00f3n originaria. <\/p>\n
La llamada suma de posesiones, tiene explicado la Sala, es una \u201cf\u00f3rmula ben\u00e9fica de proyecci\u00f3n del poder de hecho de las personas sobre las cosas\u201d, cuyo fin es \u201clograr, entre otros fundamentos, la propiedad mediante la prescripci\u00f3n adquisitiva\u201d, permitiendo acumular al tiempo posesorio propio el de uno o varios poseedores anteriores, bajo la concurrencia de las siguientes condiciones: a) t\u00edtulo id\u00f3neo que sirva de puente o v\u00ednculo sustancial entre antecesor y sucesor; b) posesiones de antecesor y sucesor contiguas e ininterrumpidas; y c) entrega del bien, lo cual descarta la situaci\u00f3n derivada de la usurpaci\u00f3n o el despojo. <\/p>\n
Cuando se trata de sumar posesiones, la carga probatoria que pesa sobre el prescribiente no es tan simple como parece, sino que debe ser \u201ccontundente en punto de evidenciar tres cosas, a saber: Que aqu\u00e9llos se\u00f1alados como antecesores tuvieron efectivamente la posesi\u00f3n en concepto de due\u00f1o p\u00fablica e ininterrumpida durante cada per\u00edodo; que entre ellos existe el v\u00ednculo de causahabiencia necesario; y por \u00faltimo, que las posesiones que se suman son sucesivas y tambi\u00e9n ininterrumpidas desde el punto de vista cronol\u00f3gico\u201d(En el mismo sentido: CSJ SC16993-2014, 12 dic., rad. 2010-00166-01 y CSJ SC3687-2021, 25 ag., rad. 2013-00141-01). <\/p>\n
En la sentencia CSJ SC12323-2015, 11 sep., rad. 2010-00011-01 (reafirmada en las providencias CSJ SC1939-2019, 5 jun., rad. 2005-00303-01, CSJ SC3728-2020, 5 oct., rad. 2009-00390-01, CSJ SC973-2021, 23 mar., 2012-00222-01 y CSJ SC3687-2021, 25 ag., rad. 2013-00141-01), se reliev\u00f3 que la multiplicidad de decisiones un\u00edvocas en torno a la procedencia de la \u00absuma de posesiones\u00bb para usucapir, era constitutiva de una doctrina probable de la Sala, que ahora pretende soslayarse a trav\u00e9s de un viraje, el cual am\u00e9n de sorpresivo, encuentro superfluo, pues de la misma manera que, frente a la \u00abinterversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb, estimo que ninguna transformaci\u00f3n real, \u00fatil y sustantiva introduce el razonamiento expuesto en sustituci\u00f3n de la expresi\u00f3n acu\u00f1ada, y, por el contrario, se desatiende la consolidada doctrina jurisprudencial sobre el instituto jur\u00eddico, cuya denominaci\u00f3n tambi\u00e9n es aceptada en la doctrina. <\/p>\n
En los t\u00e9rminos que preceden, dejo aclarado mi voto. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de derecho civil chileno comparado \u2013 Tomo VI – Volumen III, De Los Bienes. Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago. 1979, p. 461. <\/p>\n
2\u0002 A cuyo tenor: \u00abSe llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como due\u00f1o, sino en lugar o a nombre del due\u00f1o. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de habitaci\u00f3n, son meros tenedores de la cosa empe\u00f1ada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitaci\u00f3n les pertenece\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. <\/p>\n
4\u0002 Por tal raz\u00f3n, la voluntad posesoria es distinta a la requerida para la existencia y validez del acto jur\u00eddico. <\/p>\n
5\u0002 ALESSANDRI, Arturo; SOMARRIVA, Manuel; VODANOVICH, Antonio. Tratado de los derechos reales \u2013 Tomo I. Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago. 2005, p. 358. <\/p>\n
6\u0002 Cfr. T-494-92; en la que se aborda el concepto, naturaleza, efectos, protecci\u00f3n, utilidad social y econ\u00f3mica de la posesi\u00f3n, para concluir que se trata de un derecho fundamental de contenido econ\u00f3mico y social. <\/p>\n
7\u0002 VALENCIA, Arturo. Naturaleza jur\u00eddica de la relaci\u00f3n posesoria. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 1992, p. 214, 215. <\/p>\n
8\u0002 La naturaleza jur\u00eddica de la posesi\u00f3n como hecho ha sido afirmada por la Corte Suprema de Justicia en m\u00faltiples pronunciamientos, entre los que se destacan; CSJ SC, 26 jul. 1950, G.J. LXVII, p\u00e1g. 454; CSJ SC, 15 mar. 1957, G.J. LXXXIV, p\u00e1g. 341; CSJ SC, 29 oct. 2001, rad. 5800; CSJ SC, 14 dic 2001, rad. 6659; SC11444-2016, y SC973-2021, entre otras. <\/p>\n
9\u0002 Seg\u00fan se explicar\u00e1 m\u00e1s adelante, lo que s\u00ed puede transferirse o transmitirse \u2013seg\u00fan el caso\u2013 es el tiempo de posesi\u00f3n, a fin de ser agregado al que comienza con el nuevo poseedor. <\/p>\n
10\u0002 No todos los derechos son susceptibles de transferencia o transmisi\u00f3n. El propio C\u00f3digo Civil ha establecido restricciones en esta materia, por ejemplo, en los reales personalismos de uso y habitaci\u00f3n (art\u00edculo 878 del C\u00f3digo Civil); el pacto de retroventa, que es incesible (art. 1942, ib.); la propiedad fiduciaria, respecto de la condici\u00f3n de la muerte del fiduciario establecida para para la restituci\u00f3n (art. 810, ib.); o el usufructo, que no admite la cesi\u00f3n si media prohibici\u00f3n del constituyente (art. 852, ib.). <\/p>\n
11\u0002 \u00abArt\u00edculo 220, C\u00f3digo Civil: \u201cConstituye tambi\u00e9n precaria la tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del due\u00f1o\u201d\u00bb (Referencia propia del texto citado). <\/p>\n
12\u0002 ALESSANDRI, Arturo; SOMARRIVA, Miguel. Curso de derecho civil. Los bienes y los derechos reales. Editorial Nacimiento, Santiago. 1974, p. 488. <\/p>\n
13\u0002 Sin perjuicio de posturas que las reconocen como actos jur\u00eddicos, hechos jur\u00eddicos humanos voluntarios o involuntarios l\u00edcitos o il\u00edcito y los estados jur\u00eddicos, o combinaci\u00f3n de ellos, que con prop\u00f3sitos ilustrativos, el art\u00edculo 1494 del C\u00f3digo Civil ejemplifica en \u00abel concurso real de las voluntades de dos o m\u00e1s personas, como en los contratos o convenciones; (…) de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptaci\u00f3n de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos [actos jur\u00eddicos]; (…) [o] un hecho que ha inferido injuria o da\u00f1o a otra persona [hechos jur\u00eddicos]; (…) [o] por disposici\u00f3n de la ley, como entre los padres y los hijos de familia [estados jur\u00eddicos]\u00bb\u2013… <\/p>\n
14\u0002 Recu\u00e9rdese que en derecho colombiano existen, entre otros, los t\u00edtulos sin vocaci\u00f3n traslaticia, contentivos de prestaci\u00f3n de hacer o no hacer, ajenos por entero a la prestaci\u00f3n de dar, como lo son el comodato, el arrendamiento, etc. Igualmente, existen t\u00edtulos con vocaci\u00f3n traslaticia, que imponen prestaci\u00f3n de dar, es decir, de transferir un derecho a un patrimonio ajeno, para lo cual se ha instituido el modo tradici\u00f3n, que en esencia constituye un pago de la prestaci\u00f3n de dar antecedente en el t\u00edtulo. La compraventa, la permuta, entre otros, se ubican en esta categor\u00eda. Los t\u00edtulos traslaticios son aquellos que, al tiempo que generan derechos personales, dan surgimiento a derechos reales. Aqu\u00ed se encuentra el mutuo. Finalmente, los t\u00edtulos constitutivos, tipificados en la prenda civil, son los que, por su simple realizaci\u00f3n constituyen el derecho real \u2013de all\u00ed su denominaci\u00f3n\u2013. <\/p>\n
15\u0002 A cuyo tenor: \u00abLa validaci\u00f3n del t\u00edtulo que en su principio fue nulo, efectuada por la ratificaci\u00f3n, o por otro medio legal, se retrotrae a la fecha en que fue conferido el t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
16\u0002 Cfr. CSJ SC, 26 jun. 1964, G. J. t. CVII, p\u00e1g. 372. <\/p>\n
17\u0002 Cfr. CSJ SC, 4 jul. 2002, rad. 7187. <\/p>\n
18\u0002 Cfr. CSJ SC, 21 jun. 2002, rad. 6889. <\/p>\n
19\u0002 Cfr. CSJ SC, 19 dic. 2011, rad. 00329. <\/p>\n
20\u0002 La excepci\u00f3n a este evento se ha ejemplificado en el caso de un legatario que, razonablemente, cree serlo con apoyo en la existencia de un acto que as\u00ed lo acredita, pero cuya condici\u00f3n es revocada posteriormente sin que \u00e9l lo sepa (que es la hip\u00f3tesis a que alude el art\u00edculo 766-4 del C\u00f3digo Civil: \u00abNo es justo t\u00edtulo\u2026 4. El meramente putativo, como el del heredero aparente que no es en realidad heredero; el del legatario, cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario posterior, etc.\u00bb). <\/p>\n
21\u0002 CSJ SC, 19 dic 2011, rad. 00329. <\/p>\n
22\u0002 CSJ SC5065-2020. <\/p>\n
23\u0002 CLARO SOLAR, Luis, ob. Cit. (nota al pie n.\u00ba 1), p. 493. <\/p>\n
24\u0002 En ese orden, son indicadores de que se obr\u00f3 con buena fe la realidad externa, el lugar de enajenaci\u00f3n, la actividad ocasional o permanente de la persona que vende, la concordancia o no de la cuant\u00eda con el valor comercial de la cosa, la reputaci\u00f3n en el \u00e1mbito mercantil, entre otros. <\/p>\n
25\u0002 La pol\u00e9mica planteada tiene amplio desarrollo en doctrinantes tales como CLARO SOLAR, Luis, ob. Cit., p. 510 y 511 <\/p>\n
26\u0002 BONNECASE, Julien. Elementos de Derecho Civil, Tomo I. Nociones preliminares, Personas, Familia, Bienes. M\u00e9xico, C\u00e1rdenas editor y distribuidor. 1985, pp. 140 y ss. <\/p>\n
27\u0002 La violencia, la clandestinidad, la discontinuidad y la equivocidad tambi\u00e9n son reconocidos por los hermanos Mazeaud como vicios de la posesi\u00f3n. (MAZEAUD, Henri y MAZEAUD, Jean. Lecciones de derecho civil, parte segunda, Volumen IV, derechos reales principales. El derecho de propiedad y sus desmembraciones. Luis Alcal\u00e1 Zamora y Castillo \u2013Traductor\u2013. Buenos Aires, Ediciones jur\u00eddicas Euro-Am\u00e9rica. 1959). <\/p>\n
28\u0002 En nuestro medio, la alegaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n como acci\u00f3n o excepci\u00f3n hab\u00eda recibido autorizaci\u00f3n en la Ley 120 de 1928. Tambi\u00e9n el C\u00f3digo de Procedimiento Civil la admiti\u00f3, pero \u00fanicamente para la adquisitiva. Finalmente, el referido art\u00edculo 2 de la Ley 791 de 2002 reiter\u00f3 lo que hab\u00eda dispuesto la Ley 120 de 1928. <\/p>\n
29\u0002 Esto descartar\u00eda la posibilidad de adquisici\u00f3n por prescripci\u00f3n de las servidumbres discontinuas e inaparentes, de acuerdo con el art\u00edculo 939 del C\u00f3digo Civil: \u00abLas servidumbres discontinuas de todas clases y las continuas inaparentes s\u00f3lo pueden adquirirse por medio de un t\u00edtulo; ni aun el goce inmemorial bastar\u00e1 para constituirlas. Las servidumbres continuas y aparentes pueden constituirse por t\u00edtulo o por prescripci\u00f3n de diez a\u00f1os, contados como para la adquisici\u00f3n del dominio de fundos\u00bb. <\/p>\n
30\u0002 Las restantes denominaciones originales del C\u00f3digo Civil \u2013alusivas a posesi\u00f3n notoria, posesi\u00f3n legal, posesi\u00f3n efectiva o posesi\u00f3n definitiva de la herencia, etc.\u2013 no tienen relaci\u00f3n con la posesi\u00f3n material del art\u00edculo 762, ni con el modo usucapi\u00f3n. <\/p>\n
31\u0002 A cuyo tenor: \u00abSe deber\u00e1 probar la posesi\u00f3n del suelo por hechos positivos de aquellos a que s\u00f3lo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcci\u00f3n de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significaci\u00f3n…\u00bb. <\/p>\n
32\u0002 CSJ SC1727-2016. <\/p>\n
33\u0002 En punto de lo anterior, la doctrina reconoce casos excepcionales en los que el c\u00f3mputo puede iniciarse posteriormente, como ocurrir\u00eda cuando se est\u00e1 en presencia de un derecho eventual (Cfr. RIPERT, George y BOULANGER, Juan. Tratado de Derecho Civil: seg\u00fan el tratado de Planiol, Tomo VI \u2013 Los derechos reales. Buenos Aires, Editorial La Ley. 1963, p. 334). <\/p>\n
34\u0002 El propio C\u00f3digo Civil ha se\u00f1alado como actos ajenos al prop\u00f3sito posesorio, los ejecutados por meros tenedores y los que la misma codificaci\u00f3n denomina actos de mera facultad y tolerancia. <\/p>\n
35\u0002 Tiene lugar, seg\u00fan el propio C\u00f3digo Civil, cuando sin haber pasado la posesi\u00f3n a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada. <\/p>\n
36\u0002 Ocurre cuando hay p\u00e9rdida de la posesi\u00f3n por haber entrado en ella otra persona. <\/p>\n
37\u0002 Al respecto, la jurisprudencia tiene dicho que \u00abla prescripci\u00f3n solo se interrumpe civilmente con la presentaci\u00f3n oportuna de la demanda, pero a condici\u00f3n de que esta sea admitida a tr\u00e1mite, y el auto admisorio o el mandamiento de pago correspondiente se notifique apropiadamente y dentro del plazo legal al convocado. Si ese enteramiento se produce dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o, contado a partir de la fecha de notificaci\u00f3n de dicha providencia a la parte actora, la interrupci\u00f3n tendr\u00e1 efectos retroactivos, es decir, operar\u00e1 desde la radicaci\u00f3n de la demanda. En caso contrario, esos efectos solo se producir\u00e1n \u201ccon la notificaci\u00f3n al demandado\u201d\u00bb (CSJ SC712-2022). <\/p>\n
38\u0002 \u00abComo dice Ren\u00e9 Dekkers, en cita de ALESSANDRI y SOMARRIVA, Tratado de los derechos reales, Ed. Jur\u00eddica de Chile y Ed. Temis, Bogot\u00e1, 2001, t. II, p\u00e1g. 13, \u201cLa prescripci\u00f3n es la compensaci\u00f3n o reparaci\u00f3n que el tiempo nos debe por las pruebas que nos arrebata\u201d\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
40\u0002 El art\u00edculo 83 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que \u00abLas demandas que versen sobre bienes inmuebles los especificar\u00e1n por su ubicaci\u00f3n, linderos actuales, nomenclaturas y dem\u00e1s circunstancias que los identifiquen. (…)\u00bb. <\/p>\n
41\u0002 Se trata de satisfacer un requisito esencial consistente en que el bien que es objeto de posesi\u00f3n y prescripci\u00f3n pueda \u2013potencialmente\u2013 ser susceptible de reivindicaci\u00f3n o de oposici\u00f3n por la v\u00edas legales por parte del propietario; y, adicionalmente, para preservar el principio de congruencia regulado en esta materia (art. 281, C\u00f3digo General del Proceso: \u00abNo podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocer\u00e1 solamente lo \u00faltimo\u00bb). <\/p>\n
42\u0002 Eventualidad consagrada legalmente a partir de la Ley 51 de 1943. <\/p>\n
43\u0002 CSJ SC, 12 ago. 1936, G. J. t. XLIII, p\u00e1g. 610. <\/p>\n
44\u0002 Fl. 137 \u00abCuaderno Digitalizado No. 1., Cuaderno \u201cPrueba Trasladada\u201d\u00bb. <\/p>\n
45\u0002 Fl. 149, ib. <\/p>\n
46\u0002 Fl. 153, ib. <\/p>\n
47\u0002 Sobre el particular ha considerado la Corte: \u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez. Por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
48\u0002 Fl. 142 \u00abCuaderno Digitalizado No. 1., Cuaderno \u201cPrueba Trasladada\u201d\u00bb. <\/p>\n
49\u0002 Fl. 146, ib. <\/p>\n
50\u0002 Fl. 150, ib. <\/p>\n
51\u0002 Fl. 158, ib. <\/p>\n
52\u0002 Fl. 249, ib. <\/p>\n
53\u0002 Fls. 52, ib. (contestaci\u00f3n al hecho quinto de la demanda divisoria). <\/p>\n
54\u0002 \u00cddem (contestaci\u00f3n al hecho s\u00e9ptimo de la demanda divisoria). <\/p>\n
55\u0002 Se\u00f1al\u00f3, de manera gen\u00e9rica, que s\u00f3lo el corpus da lugar a reputarse como tenedor y no como poseedor, por lo que era indispensable la prueba del animus. <\/p>\n
56\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
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SC388-2023 (2019-00182-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC388-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76520-31-03-003-2019-00182-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la parte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77272","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77272","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77272"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77272\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77272"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77272"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77272"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}