SC407-2023 (2013-00022-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC407-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-026-2013-00022-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante Liberty Seguros de Vida S.A. (hoy Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A.), frente a la sentencia de 14 de septiembre de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual promovido contra Transportes Especiales Enoc Mej\u00eda & C\u00eda. S.C.A. y Chubb de Colombia Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
A trav\u00e9s de demanda judicial, la convocante Liberty Seguros de Vida S.A. pidi\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Que se declare civilmente responsable a Transportes Especiales Enoc Mej\u00eda & C\u00eda. S.C.A. por la invalidez de Jes\u00fas Albeiro Ram\u00edrez Paladines, que es consecuencia del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 29 de julio de 2004.<\/p>\n
ii. Que se declare que la demandante tiene el derecho a repetir contra las convocadas por las sumas de dinero que ha tenido que pagar con ocasi\u00f3n de dicho accidente de tr\u00e1nsito.<\/p>\n
iii. Que se condene a la contraparte a pagar en favor de la actora las sumas que ha sufragado por concepto de prestaciones asistenciales, incapacidades temporales, mesadas pensionales causadas y reserva de capital constituida para atender el pago de la pensi\u00f3n de invalidez, junto con los intereses moratorios e indexaci\u00f3n a que haya lugar.<\/p>\n
iv. Que con ocasi\u00f3n del contrato de seguro y ante la existencia de responsabilidad civil de su asegurado, Chubb de Colombia reconozca y pague los montos perseguidos, o en su defecto, el valor del l\u00edmite asegurado en la cobertura. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. El 29 de julio de 2004 ocurri\u00f3 un accidente de tr\u00e1nsito en el que se vio involucrado el veh\u00edculo de placas CAX856, afiliado a Transportes Especiales Enoc Mej\u00eda & C\u00eda. S.C.A., siniestro que se present\u00f3 cuando dicho automotor \u00abpretendi\u00f3 ingresar a una v\u00eda sin prelaci\u00f3n vial sin adoptar las debidas medidas de precauci\u00f3n\u00bb y en el cual result\u00f3 lesionado Jes\u00fas Alberto Ram\u00edrez Paladines, quien \u00absufri\u00f3 m\u00faltiples heridas que le ocasionaron una invalidez y como consecuencia la p\u00e9rdida de su capacidad laboral\u00bb. <\/p>\n
2.2. Para ese entonces, el se\u00f1or Ram\u00edrez Paladines se desempe\u00f1aba como trabajador de Incauca S.A., y en esa calidad se encontraba afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales (en adelante SGRP) a trav\u00e9s de la entidad demandante. Despu\u00e9s de reportarse el siniestro como accidente de trabajo y ser definido como de origen profesional, la actora \u00abdispuso el pago de las prestaciones econ\u00f3micas y asistenciales a que hab\u00eda lugar y posteriormente el pago de la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb, pues la p\u00e9rdida de la capacidad laboral del afiliado se determin\u00f3 en un 77,15%. <\/p>\n
2.3. Teniendo en cuenta que para la fecha del siniestro el veh\u00edculo de placas CAX856 se encontraba amparado con la p\u00f3liza de autom\u00f3viles expedida por Chubb de Colombia, en la que Transportes Especiales Enoc Mej\u00eda & C\u00eda. S.C.A. figuraba como asegurada, las demandadas se encuentran legalmente obligadas \u00aba atender, reconocer y pagar a la demandante el valor de las pretensiones\u00bb en virtud de la acci\u00f3n de subrogaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994. <\/p>\n
2.4. Sostiene la convocante que como Administradora de Riesgos Laborales (en adelante ARL) est\u00e1 facultada para subrogarse en los derechos de la v\u00edctima, como quiera que \u00ablos art\u00edculos 1096 y 1100 del C\u00f3digo de Comercio, 12 del Decreto 1771 de 1994 y la Ley 776 de 2002 facultan a las administradoras de riesgos profesionales, para repetir contra el tercero responsable de la contingencia profesional\u00bb. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. Notificada de la admisi\u00f3n de la demanda, la convocada Transportes Especiales Enoc Mej\u00eda contest\u00f3 el libelo y propuso las excepciones de \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, \u00abla que se deriva de la existencia de un hecho de un tercero\u00bb, \u00abla que se deriva del exceso en las pretensiones especialmente las pretendidas con ocasi\u00f3n de la llamada reserva t\u00e9cnica\u00bb, \u00abla que se deriva de la ausencia de demostraci\u00f3n de la cuant\u00eda pretendida\u00bb y \u00abla innominada\u00bb. <\/p>\n
3.2. Chubb de Colombia Compa\u00f1\u00eda de Seguros coadyuv\u00f3 las defensas de la transportadora y por su parte excepcion\u00f3 \u00abla p\u00f3liza de seguro (\u2026) cubre solamente en exceso de los l\u00edmites establecidos como primarios en la p\u00f3liza de responsabilidad civil contractual y del soat\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n extintiva de las acciones directas o indirectas provenientes del contrato de seguro\u00bb, \u00abinoperancia de la subrogaci\u00f3n en favor del demandante\u00bb, \u00abexcesiva e infundada tasaci\u00f3n de pretensiones\u00bb y \u00abla gen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n
3.3. La empresa de transporte demandada llam\u00f3 en garant\u00eda a Seguros Colpatria S.A. y a Chubb de Colombia Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. La primera aleg\u00f3 \u00abprescripci\u00f3n de acciones y derechos derivados del contrato de seguro\u00bb y frente al llamamiento, \u00abexcepci\u00f3n subsidiaria: l\u00edmite de responsabilidad del asegurador\u00bb y \u00abexclusiones, violaci\u00f3n de garant\u00eda, incumplimiento de obligaciones\u00bb. Chubb de Colombia se opuso al llamamiento alegando \u00abcoexistencia de seguros\u00bb, \u00abinexistencia de siniestro aplicable a la p\u00f3liza N\u00b0 43029903\u00bb, \u00abinexistencia de responsabilidad de la demandada Transportes Enoc Mej\u00eda & C\u00eda. S en C e inoperancia del contrato de seguro p\u00f3liza N\u00b0 43029903\u00bb, \u00abl\u00edmite del valor asegurado\u00bb y \u00abla gen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n
3.4. Mediante fallo de 25 de mayo de 2022, el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad neg\u00f3 las pretensiones tras considerar que la demandante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para perseguir la subrogaci\u00f3n, toda vez que buscaba el reembolso de sumas que sufrag\u00f3 en atenci\u00f3n de obligaciones que legalmente le corresponden, lo que supon\u00eda el pago de una deuda propia con los recursos aportados por los empleadores para dicho fin. <\/p>\n
3.5. Inconforme con esa decisi\u00f3n, la demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia, con base en consideraciones que admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
(i) Conforme al ordenamiento jur\u00eddico, el pago con subrogaci\u00f3n conlleva la transmisi\u00f3n de los derechos del acreedor a un tercero que le paga, soluci\u00f3n que tiene poder liberatorio de la relaci\u00f3n jur\u00eddica \u00aby constituye el destino natural de ella cuando ocurre al amparo de una de las previsiones del art\u00edculo 1668 del C\u00f3digo Civil por parte de un tercero, deja por fuera al acreedor pero no cancela la obligaci\u00f3n, pues subsiste en beneficio del tercero que subentra en la posici\u00f3n de aquel y sin que el deudor intervenga, ni sea relevante cualquier oposici\u00f3n suya\u00bb. <\/p>\n
(ii) En materia de seguros, la acci\u00f3n consagrada en el canon 1096 del estatuto mercantil se encuentra \u00edntima y funcionalmente enlazada con la subrogaci\u00f3n civil, motivo por el cual comparten sus fundamentos. En ese sentido, el derecho de subrogaci\u00f3n del asegurador no es aut\u00f3nomo, pues aquel \u00abadquiere el mismo derecho que antes del pago resid\u00eda en la \u00f3rbita patrimonial del asegurado \u2013 damnificado\u00bb, y por lo tanto, no deviene de la relaci\u00f3n aseguraticia sino de la conducta antijur\u00eddica del causante del da\u00f1o. <\/p>\n
(iii) Apoy\u00e1ndose en la jurisprudencia de la Sala, el a quo estim\u00f3 que no operaba la subrogaci\u00f3n pretendida debido a que las sumas pagadas por la ARL en virtud del accidente de trabajo correspond\u00edan a una deuda propia saldada con recursos del sistema, incumpli\u00e9ndose los requisitos de procedencia de la subrogaci\u00f3n. Contrario a lo sostenido por la apelante, el precedente invocado no refleja decisiones insulares de la Corte sino su doctrina probable. <\/p>\n
(iv) En tal virtud, resalt\u00f3 sendos pronunciamientos en los que la Sala sostuvo que los beneficios pensionales tienen su origen en el Sistema de Seguridad Social o de Riesgos Profesionales y son por tanto ajenos a cualquier consideraci\u00f3n extra\u00f1a al respectivo sistema; que los pagos realizados por las ARL provienen de las cotizaciones realizadas con el fin de cubrir las cargas pecuniarias por contingencias profesionales a trav\u00e9s de tales entidades; y que las prestaciones que se derivan de ese esquema de protecci\u00f3n no tienen car\u00e1cter indemnizatorio, lo que impide la subrogaci\u00f3n por tales sumas. <\/p>\n
(v) En armon\u00eda con lo anterior, concluy\u00f3 que la postura de la Corte respecto de la posibilidad de subrogaci\u00f3n en trat\u00e1ndose de prestaciones derivadas del SGRP constituye precedente judicial de obligatorio cumplimiento para los jueces de instancia, sin encontrar necesario apartarse de aquel por compartir el ad quem los planteamientos \u00aben torno a la naturaleza no indemnizatoria de las pensiones y la imposibilidad de recobro de sumas por ese concepto, si en cuenta se tiene que son prestaciones que, en caso de accidente laboral o enfermedad profesional, no le corresponden sino a las entidades del sistema de seguridad social\u00bb. <\/p>\n
(vi) Asimismo, de una interpretaci\u00f3n conjunta de la Ley 100 de 1993 y los decretos que la regulan, coligi\u00f3 que las sumas reclamadas por concepto de prestaciones asistenciales e incapacidad temporal tampoco pod\u00edan ser objeto de repetici\u00f3n, toda vez que se trata de obligaciones a cargo de las ARL cuyo desembolso \u00abproviene de los fondos comunes creados con las cotizaciones de los empleadores y as\u00ed mismo, corresponden a emolumentos que se garantizan como cobertura inherente al seguro contratado\u00bb. <\/p>\n
(vii) Resalt\u00f3 que el SGRP opera como un mecanismo de aseguramiento mediante el cual el empleador ampara los riesgos que el ejercicio de la actividad laboral supone para los trabajadores, motivo por el cual, apoyado en pronunciamientos de la Corte Constitucional, sostuvo que, ocurrida la contingencia profesional que da origen al reconocimiento de las prestaciones asistenciales y econ\u00f3micas previstas, \u00ab[aquellas] se vuelven exigibles, independientemente del debate que pueda darse posteriormente sobre la culpa del empleador, de un tercero o del propio trabajador en el evento que condujo a la configuraci\u00f3n del riesgo asegurado. Tal responsabilidad, se insiste, recae directamente sobre las administradoras de riesgos profesionales\u00bb. <\/p>\n
(viii) Finalmente, indic\u00f3 el Tribunal que a pesar de la vigencia del art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, la norma excedi\u00f3 la potestad reglamentaria atribuida al Presidente de la Rep\u00fablica, pues \u00abse encarg\u00f3 de reglamentar aspectos que no figuraban en la norma inicial \u2013Decreto 1295 de 1994- en cuyo contenido no se advierte alusi\u00f3n alguna a la responsabilidad de terceros, ni menos la posibilidad de subrogaci\u00f3n a la que se viene haciendo referencia\u00bb. <\/p>\n
Pese a esta consideraci\u00f3n, el ad quem advirti\u00f3 que la raz\u00f3n de la improcedencia de la subrogaci\u00f3n deprecada se encontraba en la interpretaci\u00f3n acorde con el precedente y con la normativa de seguridad social y riesgos profesionales. <\/p>\n
Al sustentar su recurso extraordinario, la convocante formul\u00f3 un \u00fanico cargo con fundamento en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, pidiendo a la Corte la revisi\u00f3n de su precedente respecto del derecho de recobro de las ARL frente al causante del da\u00f1o; toda vez que la actual jurisprudencia \u00abdesconoce de manera clara el contenido de las normas jur\u00eddicas que regulan esa materia\u00bb. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
La casacionista acusa la sentencia del ad quem de vulnerar directamente el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, toda vez que \u00abdentro del campo de los seguros, el legislador estableci\u00f3 una subrogaci\u00f3n distinta a la del art\u00edculo 1096 del C. de Co. y especial para los casos de las Administradoras de Riesgos Laborales, que es precisamente aquella contemplada en el art\u00edculo 12 del decreto 1771 de 1994\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal incurri\u00f3 en un primer error al determinar la improcedencia de la subrogaci\u00f3n \u00abporque el pago efectuado deriva de una obligaci\u00f3n propia\u00bb, pues si bien es evidente que el reconocimiento de las prestaciones asistenciales a cargo de una ARL surge de un d\u00e9bito propio, ello no impide su recobro, pues \u00ablo cierto es que las subrogaciones especiales previstas en el Decreto 1771 de 1994 y en el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, en ninguno de sus textos exigen ni contemplan la necesidad de que la obligaci\u00f3n pagada sea ajena\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, incurre en error el juzgador al considerar que las subrogaciones consagradas en tales disposiciones requieren que la aseguradora haya pagado una deuda ajena, pues en todas las hip\u00f3tesis de seguros de da\u00f1os o de riesgos profesionales se est\u00e1 pagando una deuda propia. Se trata entonces de disposiciones particulares para conceder a las aseguradoras el derecho de recobro contra el que, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, es el verdadero causante del da\u00f1o, con el fin de que aquel no eluda su deber legal de reparaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, incurri\u00f3 el colegiado en un segundo yerro al establecer que la viabilidad de la subrogaci\u00f3n s\u00f3lo es posible cuando lo que se paga es una indemnizaci\u00f3n, exigencia que no contempla el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, de cuya literalidad se desprende que el legislador otorg\u00f3 a las ARL el derecho a reclamar el monto de las prestaciones pagadas. En tal virtud, \u00abse confunde en la sentencia el derecho de subrogaci\u00f3n que el C\u00f3digo de Comercio consagra en favor de las Compa\u00f1\u00edas Aseguradoras de seguros de da\u00f1os, con el derecho previsto en favor de las Aseguradoras de Riesgos Profesionales, pues mientras para los primeros la compa\u00f1\u00eda de seguros solo puede repetir los valores indemnizados, en el segundo se le confiri\u00f3 expresamente la facultad de reclamar las prestaciones otorgadas al trabajador\u00bb. <\/p>\n
Si el legislador hubiera querido restringir el derecho a la subrogaci\u00f3n a los seguros de da\u00f1os y a los pagos indemnizatorios, no habr\u00eda expedido el Decreto 1771 de 1994, que otorga el derecho de recobro por el valor de las prestaciones reconocidas en virtud del aseguramiento de los riesgos profesionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La violaci\u00f3n directa de la ley sustancial. <\/p>\n
1.1. Cuando el cargo se construye acusando la sentencia de transgredir en forma directa una norma sustancial, el censor debe acreditar que el ordenamiento jur\u00eddico impon\u00eda una soluci\u00f3n de la controversia opuesta a la adoptada en la providencia impugnada, sin alterar la representaci\u00f3n de los hechos que se form\u00f3 el Tribunal a partir del examen del material probatorio. <\/p>\n
Es por eso que la fundamentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n ha de dirigirse a demostrar que el ad quem dej\u00f3 de aplicar al asunto una disposici\u00f3n que era pertinente, aplic\u00f3 otra que no lo era, o que, eligiendo la pauta de derecho correcta, le atribuy\u00f3 efectos distintos a los que de ella dimanan, o los restringi\u00f3 de tal manera que distorsion\u00f3 los alcances ideados por el legislador. <\/p>\n
As\u00ed mismo, cuando se denuncia la violaci\u00f3n de la ley sustancial, son las normas de esa naturaleza las que determinan el reconocimiento del derecho reclamado o de las defensas planteadas, de modo que sin la singularizaci\u00f3n de las disposiciones de ese linaje presuntamente vulneradas se hace imposible la confrontaci\u00f3n entre aquellas y la sentencia impugnada. <\/p>\n
En esta sede no basta con invocar gen\u00e9ricamente la vulneraci\u00f3n normativa, pues es carga del recurrente se\u00f1alar espec\u00edficamente las disposiciones de ese tipo infringidas por el colegiado y demostrar c\u00f3mo aquellas fueron -o debieron ser- base esencial de la sentencia; as\u00ed mismo, se exige explicar c\u00f3mo se habr\u00edan transgredido esos preceptos y la relevancia que eso tuvo en la parte resolutiva del fallo atacado. <\/p>\n
1.2. La infracci\u00f3n directa de la ley sustancial por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea supone la correcta elecci\u00f3n por parte del juzgador de la norma sustancial llamada a gobernar el caso concreto, respecto de la cual adopta, sin embargo, una hermen\u00e9utica equivocada. Cuando se denuncia este tipo de yerro, es deber del recurrente explicitar cu\u00e1l fue la intelecci\u00f3n desatinada de la norma y cu\u00e1l es la adecuada; parang\u00f3n indispensable para poner en evidencia que, pese a hacer operar la norma apropiada para el caso, se le dio un sentido o alcance diferente al que realmente tiene. <\/p>\n
Sobre este tipo de pifia, ha dicho la Sala: <\/p>\n
\u00abLa err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, uno de los tres modos como puede ser vulnerada una norma de derecho sustancial, tiene en casaci\u00f3n una inteligencia propia que difiere fundamentalmente del sentido que a esa locuci\u00f3n se le da en el lenguaje com\u00fan y tambi\u00e9n en otros campos del derecho. Interpretar erradamente una norma, para el efecto de fundar en ese hecho un ataque pr\u00f3spero en el terreno de la causal primera de casaci\u00f3n, quiere decir que el sentenciador de instancia hizo actuar, para la composici\u00f3n del litigio, la norma que era la id\u00f3nea para resolverlo, pero d\u00e1ndole un sentido o un alcance de que la dicha norma carece en realidad. Con otras palabras, en casaci\u00f3n el quebranto por err\u00f3neo entendimiento de precepto de derecho sustancial s\u00f3lo se ofrece cuando dicho precepto es aplicado para decidir el litigio porque, en verdad, es el pertinente pero el fallados lo aplica d\u00e1ndole un alcance e inteligencia que no se acomoda a su naturaleza\u00bb (CSJ, SC 25 may. 1976, GJ. CLII n\u00b0. 2393). <\/p>\n
En tal virtud, la interpretaci\u00f3n normativa que la Sala realiza a trav\u00e9s de sus sentencias de casaci\u00f3n constituye precedente1 vinculante para los jueces de la especialidad, pues es en cumplimiento de su funci\u00f3n de tribunal de casaci\u00f3n que se concretan los objetivos de unificaci\u00f3n jurisprudencial y protecci\u00f3n de la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, propios del recurso extraordinario. <\/p>\n
El desconocimiento del precedente por parte de los juzgadores de instancia, sin una carga argumentativa suficiente en respaldo de su postura, puede configurar incluso la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial en sede de casaci\u00f3n. As\u00ed mismo, la Corte est\u00e1 facultada para inadmitir una demanda de sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, a pesar de cumplir los requisitos formales, \u00ab[c]uando exista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido\u00bb (art\u00edculo 247 del estatuto adjetivo). <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha resaltado que la fuerza normativa de la doctrina de esta Corporaci\u00f3n proviene (i) de la autoridad que le otorga la Constituci\u00f3n para unificar la jurisprudencia, (ii) de la obligaci\u00f3n de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y la igualdad de trato por parte de aquellos, (iii) del principio de buena fe entendido como confianza leg\u00edtima en la conducta de las autoridades, y (iv) del car\u00e1cter decantado de la interpretaci\u00f3n del ordenamiento que la Corte ha construido (Cfr. CC C-836-2001). <\/p>\n
Pues bien, en virtud del expreso mandato constitucional de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia asignado a la Corte, es esta Sala es la encargada de establecer la correcta interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico en su especialidad, hermen\u00e9utica que constituye un criterio vinculante para los juzgadores ordinarios, quienes no pueden desconocerla de manera caprichosa sin vulnerar con ello el derecho a la igualdad de los ciudadanos. <\/p>\n
Es por ello que cuando la interpretaci\u00f3n adoptada por el Tribunal respecto de una norma se encuentra en armon\u00eda con el precedente de la Corte, la acusaci\u00f3n solo podr\u00e1 tener vocaci\u00f3n de prosperidad cuando el recurrente extraordinario demuestre la necesidad de variar la intelecci\u00f3n acogida por la Corporaci\u00f3n, sin que sea suficiente exponer una interpretaci\u00f3n alternativa que responda a sus intereses particulares. <\/p>\n
2. La hermen\u00e9utica establecida por la Corte respecto del art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994. <\/p>\n
El Decreto Reglamentario 1771 de 1994 fue expedido por el presidente de la Rep\u00fablica en uso de las facultades conferidas por el numeral 11 del art\u00edculo 189 constitucional, con el fin de reglamentar parcialmente el Decreto Ley 1295 del mismo a\u00f1o por medio del cual se determin\u00f3 la organizaci\u00f3n y administraci\u00f3n del Sistema General de Riesgos Profesionales. <\/p>\n
En ese sentido, regula los reembolsos a cargo de las ARL y en favor de las promotoras y\/o prestadoras de servicios de salud, y entre las mismas administradoras de riesgos laborales cuando sea el caso; as\u00ed mismo, se disponen los mecanismos de soluci\u00f3n de controversias, las condiciones en que se deben otorgar las prestaciones asistenciales, los costos de los tr\u00e1mites ante las juntas de invalidez, el ingreso base de cotizaci\u00f3n para la liquidaci\u00f3n de las prestaciones econ\u00f3micas previstas en el sistema y la posibilidad de repetir por concepto de auxilio funerario cuando el hecho est\u00e9 amparado por otro tipo de cobertura. <\/p>\n
Adem\u00e1s de la reglamentaci\u00f3n de estos asuntos -todos ellos previstos en el Decreto Ley 1254-, la norma reglamentaria consagr\u00f3, tambi\u00e9n, la posibilidad de subrogaci\u00f3n de las ARL en contra del tercero responsable del hecho da\u00f1oso, respecto de las sumas pagadas por concepto de prestaciones a su cargo. Dice la norma: <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 12. Subrogaci\u00f3n. La entidad administradora de riesgos profesionales podr\u00e1 repetir, con sujeci\u00f3n a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeci\u00f3n en todo caso al l\u00edmite de responsabilidad del tercero. <\/p>\n
Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la v\u00edctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnizaci\u00f3n total y ordinaria por perjuicio, de cuyo monto deber\u00e1 descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que el mismo canon dispone que la subrogaci\u00f3n consagrada podr\u00e1 darse \u00abcon sujeci\u00f3n a las normas pertinentes\u00bb y \u00abal l\u00edmite de responsabilidad del tercero\u00bb; de donde se desprende que la posibilidad de recobro all\u00ed consagrada debe enmarcarse en un escenario jur\u00eddico en el que se observen los requisitos generales de procedencia de la subrogaci\u00f3n y el contenido de la obligaci\u00f3n de reparar a cargo del tercero civilmente responsable. <\/p>\n
El an\u00e1lisis conjunto de tales elementos llev\u00f3 a que la Corte determinara el alcance y el sentido de la disposici\u00f3n transcrita, ejercicio hermen\u00e9utico en el que se tuvieron en cuenta variables \u00edntimamente relacionadas con la materia, como la naturaleza jur\u00eddica de las prestaciones derivadas del Sistema General de Seguridad Social -del cual hace parte el SGRP-, la posibilidad de acumulaci\u00f3n con la indemnizaci\u00f3n derivada de la responsabilidad civil, y las funciones y obligaciones legalmente asignadas a las ARL. <\/p>\n
En esa oportunidad, la Sala sostuvo que la subrogaci\u00f3n que consagra el referido art\u00edculo 12 est\u00e1 condicionada a la concurrencia de un m\u00ednimo de requisitos, entre los que se encuentran los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
i. La obligaci\u00f3n que se satisface debe ser ajena, esto es, quien realice el pago debe ser un tercero sin v\u00ednculo con la prestaci\u00f3n debida, pues es indispensable que \u00abla soluci\u00f3n brindada por esa persona ajena al cr\u00e9dito [no sea] en respuesta a compromisos legales o convencionales, pues, en tal hip\u00f3tesis, no estar\u00eda extinguiendo deuda ajena o por cuenta suya\u00bb.<\/p>\n
ii. Al satisfacer la obligaci\u00f3n ajena, el tercero debe afectar su propio patrimonio, \u00abpor tanto, el pago realizado no develar\u00e1 una recepci\u00f3n previa de dineros cuyo destino tienda a esa finalidad\u00bb. Si quien soluciona el d\u00e9bito lo hace con unas sumas que previamente ha recibido con ese fin, lo que hace no es pagar por otro sino cumplir con su propio compromiso, sin derecho a reembolso.<\/p>\n
iii. La obligaci\u00f3n debe ser susceptible de ser transmitida a persona diferente de quien era acreedor, pues la subrogaci\u00f3n implica el traslado de los derechos, acciones y privilegios de aquel al tercero que paga; motivo por el cual no se puede radicar en cabeza del segundo una acci\u00f3n de la que el primero carece.<\/p>\n
iv. Respecto al espec\u00edfico recobro contemplado en el art\u00edculo 12 del Decreto 1771, es indispensable establecer la naturaleza jur\u00eddica de la prestaci\u00f3n satisfecha, de la que depende la subrogaci\u00f3n. <\/p>\n
Advirti\u00f3 la Corte que la interpretaci\u00f3n de la norma no pod\u00eda darse de manera aislada y simplista, pues era indispensable auscultar su sentido para determinar en qu\u00e9 casos pod\u00eda admitirse el recobro previsto, siendo necesario constatar la naturaleza de la prestaci\u00f3n satisfecha y las caracter\u00edsticas y esencia del compromiso originario, toda vez que \u00abpuede existir pago m\u00e1s no subrogaci\u00f3n, habida cuenta que \u00e9sta, en cuanto a las posibilidades de recobro, pende de la naturaleza del cr\u00e9dito que el tercero satisfizo\u00bb (CSJ SC17494-2014, 14 ene.). <\/p>\n
Puesta en esa labor, la Sala concluy\u00f3 que las prestaciones derivadas del SGRP son de forzosa causaci\u00f3n una vez ocurra el suceso que las determina, que su pago proviene de los recursos que previamente se han entregado al sistema v\u00eda cotizaciones con el fin de atender la contingencia profesional, y que su atenci\u00f3n est\u00e1 legalmente atribuida a la ARL (o al empleador que no cumpla con la afiliaci\u00f3n) de manera exclusiva. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la prestaci\u00f3n cuyo recobro se pretend\u00eda (pensi\u00f3n de sobrevivientes) no tiene car\u00e1cter indemnizatorio, de modo que su pago no autorizaba a la ARL para perseguir el reembolso de las sumas sufragadas, esto debido a que (i) se trata de una obligaci\u00f3n propia de su funci\u00f3n, que (ii) no tiene el car\u00e1cter indemnizatorio proveniente del hecho da\u00f1oso; y (iii) es, por lo tanto, ajena al tercero causante del da\u00f1o. <\/p>\n
Posteriormente, en sentencia SC295-2021, la Sala mantuvo su postura, resaltando que para que opere la subrogaci\u00f3n, el pago debe provenir de un tercero, lo que supone \u00abtotal ajenidad de quien lo efect\u00faa con el cr\u00e9dito, porque \u201csi lo realiza el mismo deudor, u otra persona a su nombre, o por su encargo, no cabe subrogaci\u00f3n sino extinci\u00f3n\u201d de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la correcta interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994 establecida por esta Corporaci\u00f3n constituye precedente vinculante para los jueces ordinarios, cuya modificaci\u00f3n no se abre paso porque, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, la demanda de casaci\u00f3n no logr\u00f3 demostrar por qu\u00e9 raz\u00f3n deb\u00eda abandonarse la actual hermen\u00e9utica. <\/p>\n
Pues bien, con el \u00e1nimo de evidenciar c\u00f3mo la postura del Tribunal se aviene con la jurisprudencia vigente de la Corte, se hace necesario hacer unas breves anotaciones sobre los t\u00f3picos mencionados, cuyo an\u00e1lisis arm\u00f3nico respalda la interpretaci\u00f3n que esta Corporaci\u00f3n ha dado al art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994. <\/p>\n
2.1. El principio de la indemnizaci\u00f3n plena del da\u00f1o y la compensatio lucri cum damno. <\/p>\n
La facultad de subrogaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994 no puede entenderse de manera aislada, toda vez que su adecuada comprensi\u00f3n exige una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de los principios que gobiernan la responsabilidad civil y de la jurisprudencia vigente de la Sala respecto a la posibilidad de acumulaci\u00f3n de compensaciones derivadas de un mismo hecho da\u00f1oso. <\/p>\n
Es bien sabido que la instituci\u00f3n jur\u00eddica de la responsabilidad civil descansa sobre el principio del neminem laedere, conforme al cual nadie puede causar da\u00f1os a otro. Si los causa, debe repararlos. Constatada la existencia del da\u00f1o -cuya ausencia impide el nacimiento del d\u00e9bito resarcitorio-, debe verificarse la relaci\u00f3n de causalidad entre la conducta reprochada y el menoscabo sufrido por la v\u00edctima, as\u00ed como el t\u00edtulo de imputaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de reparar, que puede ser la culpa -en el r\u00e9gimen subjetivo de responsabilidad- o el riesgo -en el r\u00e9gimen objetivo-. <\/p>\n
En atenci\u00f3n al principio de la indemnizaci\u00f3n plena del da\u00f1o, nuestro sistema jur\u00eddico reconoce el derecho del afectado a ser \u00edntegramente reparado por el perjuicio causado. Conforme a dicho postulado, el menoscabo efectivamente sufrido es la medida cuantitativa del resarcimiento a cargo del tercero responsable, toda vez que el objetivo de la obligaci\u00f3n que se deriva de la responsabilidad civil es dejar indemne a la persona, esto es, en la situaci\u00f3n m\u00e1s parecida posible a la que se encontraba antes del hecho da\u00f1oso. <\/p>\n
En tal virtud, conceder a la v\u00edctima una indemnizaci\u00f3n que supere la magnitud del da\u00f1o padecido generar\u00eda un enriquecimiento sin causa o injusto y vulnerar\u00eda el principio de la reparaci\u00f3n plena, as\u00ed como disponer un resarcimiento inferior implicar\u00eda el incumplimiento de la funci\u00f3n reparadora de la responsabilidad civil. <\/p>\n
El principio de indemnizaci\u00f3n plena del da\u00f1o est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, conforme al cual \u00ab[d]entro de cualquier proceso que se surta ante la Administraci\u00f3n de Justicia, la valoraci\u00f3n de da\u00f1os irrogados a las personas y a las cosas, atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u00bb; cuyo contenido reproduce el inciso 4\u00b0 del canon 283 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ahora bien, en ocasiones la aplicaci\u00f3n de este principio se enfrenta a circunstancias en las que, a ra\u00edz del menoscabo sufrido, la v\u00edctima percibe sumas provenientes de diferentes fuentes, lo que aparentemente la dejar\u00eda en una mejor situaci\u00f3n de la que ten\u00eda antes de ocurrir el hecho da\u00f1oso. Surge entonces el debate de si el afectado puede o no acumular los pagos que por distintas v\u00edas recibe con ocasi\u00f3n del mismo suceso. <\/p>\n
En virtud de lo que la doctrina ha llamado la compensatio lucri cum damno, es necesario compensar las ventajas que el afectado recibe a ra\u00edz del evento con los perjuicios realmente sufridos, puesto que, de no hacerlo as\u00ed, \u00abel resarcimiento desorbitar\u00eda su funci\u00f3n equilibradora de los intereses perjudicados, dado que una vez producido el da\u00f1o, el perjudicado quedar\u00eda restituido a una situaci\u00f3n mejor que la que con anterioridad ten\u00eda\u00bb3. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, cuando la v\u00edctima recibe el pago total de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios derivada de la responsabilidad civil, la obligaci\u00f3n se extingue y no podr\u00e1 recibir nuevas sumas por ese mismo concepto, pues ello supondr\u00eda un doble pago y un consecuente enriquecimiento sin causa4. As\u00ed por ejemplo, si en cumplimiento del seguro de da\u00f1os la compa\u00f1\u00eda aseguradora sufraga los rubros correspondientes a dicha reparaci\u00f3n, el afectado no podr\u00e1 elevar reclamaci\u00f3n ante el tercero civilmente responsable, porque en ese caso la obligaci\u00f3n indemnizatoria ya habr\u00eda sido saldada por aquella5. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la funci\u00f3n resarcitoria de la responsabilidad civil impone dejar indemne a la persona, motivo por el cual el pago que se realiza con la finalidad de reparar los perjuicios derivados de la conducta antijur\u00eddica del causante del da\u00f1o tiene un car\u00e1cter evidentemente indemnizatorio, naturaleza que determina la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n del responsable y la posibilidad de subrogaci\u00f3n del tercero ajeno que paga por \u00e9l. <\/p>\n
Respecto a otro tipo de sumas percibidas por el afectado, esta Corporaci\u00f3n ha aceptado la posibilidad de acumulaci\u00f3n de diversas compensaciones cuando, a pesar de tener su origen en el mismo hecho da\u00f1oso, se reconocen con fundamento en causas jur\u00eddicas diferentes; por ejemplo, cuando en raz\u00f3n del mismo suceso la v\u00edctima o sus causahabientes reciben la indemnizaci\u00f3n derivada de la responsabilidad civil, las prestaciones propias de la seguridad social o del sistema de riesgos profesionales, el pago derivado de un seguro de personas o la donaci\u00f3n realizada por un tercero. <\/p>\n
En esos casos, s\u00f3lo una de las sumas percibidas tiene el car\u00e1cter indemnizatorio propio de la responsabilidad civil y, por lo tanto, es procedente su acumulaci\u00f3n con otro tipo de compensaciones que, si bien derivan del mismo hecho, provienen de distintas fuentes. En armon\u00eda con lo anterior, la doctrina nacional ha aceptado que la \u00fanica prestaci\u00f3n que tiene naturaleza indemnizatoria es aquella que extingue la obligaci\u00f3n del tercero responsable del da\u00f1o y en tal virtud, la subrogaci\u00f3n procede cuando alguien diferente de aquel paga sumas de ese linaje, pues solo ellas pueden entenderse sufragadas por concepto de resarcimiento del perjuicio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la acumulaci\u00f3n de compensaciones -que no indemnizaciones- derivadas del mismo hecho es procedente, se itera, cuando aquellas provienen de causas jur\u00eddicas diferentes, motivo por el cual en esos casos no existe un enriquecimiento sin causa ni se desconoce el principio de la indemnizaci\u00f3n plena del da\u00f1o. <\/p>\n
2.2. La naturaleza no indemnizatoria de las prestaciones econ\u00f3micas a cargo del Sistema General de Riesgos Profesionales. <\/p>\n
2.2.1. Como viene de verse, la complejidad del tema deriva del hecho de que entran en juego el principio de la indemnizaci\u00f3n plena del da\u00f1o y la compensatio lucri cum damno, dejando a salvo la posibilidad de acumulaci\u00f3n de compensaciones derivadas de causas jur\u00eddicas diversas. <\/p>\n
En ese escenario, la Corte ha considerado que las prestaciones econ\u00f3micas derivadas del SGRP operan con total independencia de los supuestos de la responsabilidad civil y tienen que reconocerse aun cuando la contingencia profesional no ha estado mediada por el actuar de un tercero o, incluso, cuando se debe a la culpa exclusiva de la v\u00edctima, como pasa a verse. <\/p>\n
2.2.2. La sentencia de 24 de junio de 1996 marca un punto importante en la jurisprudencia de la Sala, pues a partir de su expedici\u00f3n se ha considerado que los valores recibidos por concepto de pensi\u00f3n derivan de una fuente distinta a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, como quiera que, mientras la primera tiene su origen en la relaci\u00f3n laboral y en el car\u00e1cter de afiliado del acreedor, la segunda es consecuencia del actuar antijur\u00eddico del causante del da\u00f1o. <\/p>\n
As\u00ed, cuando a ra\u00edz de un mismo suceso el afectado recibe la indemnizaci\u00f3n que exige la responsabilidad civil y una prestaci\u00f3n propia del Sistema de Seguridad Social, no se est\u00e1 ante un doble pago sino ante una acumulaci\u00f3n de compensaciones que es jur\u00eddicamente admisible en la medida en que provienen de distintas causas, lo que conlleva para el tercero responsable la imposibilidad de descontar del monto de la reparaci\u00f3n debida el valor de las sumas pagadas por el sistema. <\/p>\n
De admitirse el descuento, el obligado a indemnizar \u00abresultar\u00eda obteniendo un beneficio de lo que las leyes de car\u00e1cter laboral han previsto en beneficio del trabajador y su familia, sin que hubiere ninguna causa de orden jur\u00eddico ni norma expresa en contrario, y, siendo ello as\u00ed, a expensas de lo que paga el Seguro Social, se disminuir\u00eda el valor de la indemnizaci\u00f3n a cargo de la parte demandada, por el da\u00f1o ocasionado a los damnificados por su actividad, es decir, que, vendr\u00eda a lucrarse por el hecho de que la v\u00edctima del accidente estuviere afiliada al Instituto de Seguro Social\u00bb (CSJ, SC 24 jun. 1996, Exp. 4662). <\/p>\n
2.2.3. En sentencia de 22 de octubre de 1998 la Corte reiter\u00f3 que las prestaciones derivadas del Sistema de Seguridad Social tienen una causa distinta e independiente de la responsabilidad civil, motivo por el cual es indispensable determinar si el pago realizado por la entidad extingue o no la obligaci\u00f3n del tercero causante del da\u00f1o, o si por el contrario est\u00e1 cumpliendo con su propio d\u00e9bito, caso en el cual la responsabilidad de aquel subsiste. <\/p>\n
En ese sentido, sostuvo que \u00abel seguro s\u00f3lo tiene car\u00e1cter indemnizatorio cuando el asegurador extingue la obligaci\u00f3n del responsable, como sucede en el seguro de responsabilidad civil donde el asegurador, para liberar al asegurado responsable, indemniza directamente a la v\u00edctima. De lo contrario, lo que existe son dos prestaciones surgidas de un mismo hecho, pero con causas jur\u00eddicas diferentes\u00bb (CSJ, SC 22 oct. 1998, Exp. 4866). <\/p>\n
2.2.4. La sentencia de 12 de mayo de 2000 se apoy\u00f3 en la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n para afirmar que la pensi\u00f3n de sobrevivientes no tiene connotaci\u00f3n indemnizatoria, motivo por el cual \u00abno hay posibilidad jur\u00eddica de que el pago que por ese concepto hace la seguridad social, de lugar a la subrogaci\u00f3n por la cual se averigua, lo que permite entender que el fallador desacert\u00f3 cuando estim\u00f3 que la pensi\u00f3n era de naturaleza indemnizatoria, y por ello asever\u00f3, equivocadamente, la imposibilidad de la acumulaci\u00f3n con la indemnizaci\u00f3n a cargo del directo causante del hecho da\u00f1oso, cuando hizo la estimaci\u00f3n del lucro cesante\u00bb (CSJ, SC 12 may. 2000, Exp. 5260). <\/p>\n
En ese sentido, al no tener las prestaciones pensionales un car\u00e1cter indemnizatorio, la subrogaci\u00f3n de la ARL frente al causante del da\u00f1o no es procedente, porque cuando aquella reconoce y paga los distintos emolumentos no lo hace en atenci\u00f3n a la obligaci\u00f3n de indemnizar el da\u00f1o sino como contraprestaci\u00f3n de las cotizaciones recibidas y en virtud de la ocurrencia de la contingencia prevista por el sistema en favor de los trabajadores y sus familias. <\/p>\n
2.2.5. En la sentencia de 9 de julio de 2012, se indic\u00f3 que la naturaleza de las prestaciones que el afectado recibe con ocasi\u00f3n del da\u00f1o es lo que determina su posibilidad de acumulaci\u00f3n, toda vez que si tienen car\u00e1cter indemnizatorio aquella es inadmisible, pero es procedente si la esencia de las sumas percibidas no es resarcitoria; motivo por el cual ser\u00e1n las circunstancias concretas de cada caso las que permitan determinar la viabilidad o inviabilidad de tal c\u00famulo. <\/p>\n
En dicha providencia se expusieron con meridiana claridad las razones por las cuales las prestaciones pensionales no tienen naturaleza indemnizatoria y no se corresponden con la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n derivada de la responsabilidad civil, mismas que por su importancia se transcriben in extenso: <\/p>\n
\u00abpara hacerse acreedor de una pensi\u00f3n de vejez; de jubilaci\u00f3n; de invalidez de origen com\u00fan o profesional; de sobreviviente por muerte com\u00fan o por raz\u00f3n del trabajo; de sustituci\u00f3n; o a la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de esas prestaciones si aqu\u00e9llas no fueren procedentes, solo es necesario cumplir con los requisitos contemplados en las normas pertinentes del sistema general de pensiones o de riesgos profesionales, o en los reg\u00edmenes especiales o exceptuados, seg\u00fan sea el caso; sin que para el reconocimiento de esa especie de derechos tenga incidencia el hecho de que ellos tengan su causa adecuada en los actos de un tercero, o que el beneficiario de esas prestaciones haya sufrido o no un da\u00f1o comprobado, o que haya recibido el pago de una indemnizaci\u00f3n de perjuicios o de un seguro de vida. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Resulta claro, entonces, que el pago de una pensi\u00f3n de sobreviviente se calcula sobre los presupuestos del propio sistema y no atiende a la verificaci\u00f3n de un da\u00f1o, ni al monto del mismo, ni a la imputaci\u00f3n de responsabilidad civil a un tercero, ni tiene por finalidad compensar la ayuda econ\u00f3mica que se dej\u00f3 de recibir de manos del difunto. Todo lo cual indica, sin ambages de ninguna especie, que al no tener esa prestaci\u00f3n relaci\u00f3n alguna con los perjuicios que han de ser resarcidos, mal podr\u00eda significar una fuente de ganancias o enriquecimiento sin causa\u00bb (CSJ, SC 9 jul. 2012, Exp. 2002-00101-01). <\/p>\n
2.2.6. En la ya referida sentencia SC17494-2014, la Corte analiz\u00f3 si la ARL estaba facultada para recuperar, v\u00eda subrogaci\u00f3n, las sumas desembolsadas por concepto de pensi\u00f3n de sobrevivientes de dos afiliados fallecidos en un accidente de trabajo, resaltando que dicha prestaci\u00f3n no pod\u00eda entenderse imputada a la cobertura del da\u00f1o emergente o del lucro cesante en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 2341, 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil y, por tanto, no pod\u00eda incluirse dentro del concepto de indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.7. Finalmente, en sentencia SC506-2022, la Sala indic\u00f3 que en la actualidad se ha abierto paso el criterio conforme al cual \u00ablas prestaciones derivadas del sistema de seguridad social o de riesgos profesionales (pensi\u00f3n de vejez, de invalidez o sobreviviente) no tienen naturaleza indemnizatoria, dado que su origen deviene de los aportes realizados para dichos riesgos, sin atender la verificaci\u00f3n de un da\u00f1o o su cuant\u00eda, por lo que no devendr\u00eda per se incompatible el pago de la pensi\u00f3n de invalidez o sobreviviente con la indemnizaci\u00f3n de perjuicios a cargo de un tercero causante del da\u00f1o sufrido por el empleado, precis\u00e1ndose \u201cque bien distintas son las acciones para reclamar indemnizaci\u00f3n y prestaciones sociales en asuntos laborales, de las civiles para demandar resarcimiento de perjuicios, por corresponder a fuentes diferentes; en aquella, lo ser\u00e1 el contrato de trabajo y\/o las leyes laborales que regulan el sistema de seguridad social, seg\u00fan el caso, y en esta, el da\u00f1o infringido a la v\u00edctima, que puede o no venir precedida de una relaci\u00f3n jur\u00eddica preexistente\u201d. SC2498-2018 de 3 de jul. Rad. 2006-00272-01\u00bb (CSJ, SC506-2022, 17 mar.). <\/p>\n
2.2.8. Este recuento impone colegir que, a trav\u00e9s de su jurisprudencia, la Sala ha considerado que las prestaciones econ\u00f3micas derivadas del SGRP no tienen car\u00e1cter indemnizatorio debido a que su reconocimiento no proviene de la responsabilidad civil sino de las normas laborales de protecci\u00f3n al trabajador y, en ese sentido, pueden ser acumuladas con las sumas recibidas por la v\u00edctima a t\u00edtulo de resarcimiento de perjuicios. <\/p>\n
As\u00ed mismo, que el pago que la ARL hace por concepto de las prestaciones debidas con ocasi\u00f3n de la contingencia profesional no extingue la obligaci\u00f3n de reparar surgida para el causante del da\u00f1o, contra quien los afectados pueden accionar para obtener la indemnizaci\u00f3n de perjuicios; lo que hace improcedente la subrogaci\u00f3n pretendida por la entidad. <\/p>\n
2.3. Las prestaciones econ\u00f3micas a cargo del Sistema General de Riesgos Profesionales constituyen obligaciones propias de las Administradoras de Riesgos Laborales y son ajenas al tercero causante del da\u00f1o. <\/p>\n
2.3.1. Como ya se explic\u00f3, el precedente de la Sala ha sostenido que la indemnizaci\u00f3n de perjuicios y las prestaciones econ\u00f3micas propias del Sistema de Riesgos Profesionales tienen causas jur\u00eddicas diferentes, puesto que mientras la primera deriva de la obligaci\u00f3n de reparar propia de la responsabilidad civil, las segundas devienen de un sistema de protecci\u00f3n legal y de la relaci\u00f3n laboral que origina la afiliaci\u00f3n a dicho sistema. <\/p>\n
Esto es as\u00ed porque el SGRP responde a una concepci\u00f3n social del trabajo, cuyos riesgos se amparan de manera objetiva a trav\u00e9s de un sistema aseguraticio de car\u00e1cter obligatorio, en el que los empleadores (e incluso algunos trabajadores independientes6) est\u00e1n obligados a vincularse a la administradora de riesgos laborales de su elecci\u00f3n y a pagar las cotizaciones en virtud de la clasificaci\u00f3n del riesgo de la actividad amparada. Por expresa disposici\u00f3n legal, el 94% de tales cotizaciones se destina en forma exclusiva a la cobertura de las contingencias derivadas de los riesgos profesionales y a la atenci\u00f3n de las prestaciones a las que tienen derecho los afiliados7. <\/p>\n
En ese sentido, el SGRP consagra el derecho de todo trabajador al reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales y econ\u00f3micas establecidas en caso de que se presente la contingencia laboral, las cuales son \u00abde obligatoria causaci\u00f3n dentro del Sistema pertinente, una vez acaezca el suceso que las determina, ya sea que la asuma la Administradora de Riesgos Profesionales o, dado el caso, queden radicadas en cabeza del empleador\u00bb (CSJ SC 17494-2914, 14 ene.); y se cubren con los dineros que previamente y v\u00eda cotizaciones ha transferido el empleador para garantizar su cobertura. <\/p>\n
En tal virtud, la obligaci\u00f3n de reconocer y sufragar las prestaciones derivadas del SGRP est\u00e1 legalmente atribuida a las administradoras de riesgos laborales -o en su defecto, al empleador-, y responde a un esquema de protecci\u00f3n creado con el objetivo de prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan sufrir con ocasi\u00f3n o como consecuencia de su trabajo (art\u00edculo 139.11, Ley 100 de 1993). <\/p>\n
Se colige de lo anterior que cuando la ARL paga las prestaciones establecidas por el Sistema, no lo hace en cumplimiento de la obligaci\u00f3n del tercero responsable, sino en atenci\u00f3n de los d\u00e9bitos legalmente asignados y que son propios de su funci\u00f3n; pagos que, adem\u00e1s, no sufraga con su propio patrimonio sino con los dineros que por concepto de cotizaciones ha recibido del empleador y que ella administra en desempe\u00f1o de su labor. <\/p>\n
En consecuencia, la ARL no puede pretender el reembolso de las sumas que ha reconocido por tales conceptos, puesto que al hacerlo atiende una obligaci\u00f3n propia de su funci\u00f3n y sin afectar su patrimonio, esto en la medida en que previamente ha recibido unos dineros exclusivamente destinados a atender la contingencia profesional. Lo anterior desvirt\u00faa por completo la total ajenidad respecto de la obligaci\u00f3n que se sufraga, requisito indispensable para la procedencia de la subrogaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3.2. As\u00ed mismo, debe decirse que la obligaci\u00f3n de reconocer y pagar las prestaciones econ\u00f3micas contempladas en el SGRP es ajena al causante del da\u00f1o, quien debe indemnizar integralmente a la v\u00edctima por los perjuicios causados con ocasi\u00f3n de su actuar antijur\u00eddico, sin que su obligaci\u00f3n se extienda a la atenci\u00f3n de prestaciones derivadas de otro tipo de reg\u00edmenes de protecci\u00f3n legales o convencionales. <\/p>\n
En ese sentido, el tercero civilmente responsable no puede ser obligado a atender los pagos propios de las pensiones de invalidez o de sobrevivientes, o a encargarse de las reservas patrimoniales que la ley exige constituir para garantizarlas, tampoco de los auxilios o subsidios contemplados en el SGRP, toda vez que su reconocimiento deviene del r\u00e9gimen laboral de protecci\u00f3n al trabajador en virtud del cual dichas prestaciones se garantizan una vez ocurrida la contingencia profesional, con total independencia de la responsabilidad civil. <\/p>\n
Lo anterior no implica, en modo alguno, la exoneraci\u00f3n de responsabilidad del causante del da\u00f1o, pues los afectados tienen contra \u00e9l las acciones indemnizatorias por medio de las cuales pueden obtener el pleno resarcimiento de los perjuicios en sus distintas modalidades, sin que las sumas pagadas por la seguridad social puedan descontarse del monto de los da\u00f1os a reparar, como se explic\u00f3 en precedencia. <\/p>\n
Y es que, si el tercero responsable no puede descontar de la indemnizaci\u00f3n debida los valores pagados por el SGRP, tampoco puede asumir un doble pago, a saber, el derivado de la responsabilidad civil y el que se le exigir\u00eda, v\u00eda subrogaci\u00f3n, para sufragar las prestaciones econ\u00f3micas propias de dicho sistema. <\/p>\n
2.3.3. Finalmente, debe recordarse que, conforme lo establece el art\u00edculo 1666 del C\u00f3digo Civil, la subrogaci\u00f3n es la transmisi\u00f3n de los derechos del acreedor a un tercero, que le paga, y en virtud de ella se le trasladan a \u00e9ste los derechos, acciones y privilegios del acreedor sustituido, tal como lo previene el canon 1670 ib\u00eddem. <\/p>\n
Lo anterior supone que el tercero que realiz\u00f3 el pago, subrogado en los derechos el acreedor, puede ejercer contra el causante del da\u00f1o las mismas acciones que \u00e9ste ten\u00eda, ante lo cual cabe preguntarse si el afectado podr\u00eda accionar frente al tercero responsable para obtener de aqu\u00e9l el reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n, la constituci\u00f3n de reservas t\u00e9cnicas para cumplir con las mesadas o el pago de los valores derivados de los auxilios y subsidios contemplados en el sistema de protecci\u00f3n laboral. <\/p>\n
Evidentemente la respuesta es negativa, en la medida en que el reconocimiento y pago de tales prestaciones es una obligaci\u00f3n que por disposici\u00f3n legal se encuentra exclusivamente radicada en cabeza de la ARL; entonces, siendo como es una obligaci\u00f3n totalmente ajena al tercero civilmente responsable, aquella se torna intransmisible y, por ende, la subrogaci\u00f3n es improcedente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 reconoce el derecho a la subrogaci\u00f3n teniendo en cuenta los l\u00edmites de responsabilidad del causante del da\u00f1o, debe reconocerse que uno de esos l\u00edmites es precisamente el contenido y alcance de la obligaci\u00f3n de resarcir los perjuicios causados, la cual no se extiende al pago de prestaciones econ\u00f3micas derivadas de otros sistemas de protecci\u00f3n que, a pesar de originarse en el mismo hecho da\u00f1ino, responden a causas jur\u00eddicas diferentes. <\/p>\n
2.4. Anotaci\u00f3n especial sobre la subrogaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Para finalizar, y teniendo en cuenta que la censura acusa al Tribunal de haber confundido las subrogaciones consagradas en favor del asegurador (art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio) y de la ARL (art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994), se hace necesario resaltar que, a diferencia de lo que ocurre con el pago de las prestaciones a cargo de la ARL, las sumas desembolsadas en virtud de un seguro de da\u00f1os tienen car\u00e1cter indemnizatorio, toda vez que el pago que realiza el asegurador se hace con el objetivo de resarcir los perjuicios derivados de la responsabilidad civil del asegurado. <\/p>\n
\u00abpor ser el valor del seguro, en los contratos de seguros de da\u00f1os y responsabilidad, una prestaci\u00f3n con car\u00e1cter estrictamente indemnizatorio, la jurisprudencia (Sent. 22 de julio de 1943, G.J. Tomo LV, p\u00e1g 76) y la legislaci\u00f3n (art. 1088 C. Co) disponen que el perjudicado no puede acumular la indemnizaci\u00f3n particular con el valor del seguro por concepto del mismo da\u00f1o, pues el seguro (sin perjuicio de la subrogaci\u00f3n correspondiente) extingue totalmente la obligaci\u00f3n de indemnizar, o, en caso de ser inferior, debe ser deducida de \u00e9sta\u00bb (CSJ, SC 3 sep. 1991, GJ. CCXII n\u00b0. 2451). <\/p>\n
En ese caso, al haber pagado el asegurador una obligaci\u00f3n de car\u00e1cter indemnizatorio, el derecho que se le transmite para accionar en contra del causante del da\u00f1o tiene la misma naturaleza y extensi\u00f3n que el derecho del acreedor inicial, esto es, la acci\u00f3n ejercida en virtud de la subrogaci\u00f3n personal es la misma que originariamente hubiera podido ejercer la v\u00edctima contra ese tercero que caus\u00f3 el da\u00f1o. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como quiera que los supuestos de subrogaci\u00f3n consagrados en el estatuto mercantil y en el Decreto 1771 de 1994 se fundamentan en circunstancias sustancialmente diferentes, no pueden tener el mismo tratamiento jur\u00eddico ni ser equiparados, como pretende la casacionista. <\/p>\n
3. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
3.1. La demanda de casaci\u00f3n presentada por Liberty Seguros de Vida S.A. (hoy Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A.) ataca una sentencia en la que el juzgador de segundo grado resolvi\u00f3 la controversia aplicando el precedente jurisprudencial vigente en materia de subrogaci\u00f3n de las ARL. <\/p>\n
En tal virtud, la censora eleva expresamente ante la Sala solicitud de \u00abrevisar la jurisprudencia de la Corte en relaci\u00f3n con el derecho que tienen las Administradoras de Riesgos Laborales de recobrar contra el verdadero causante del da\u00f1o las sumas en las que estas incurren como consecuencia de la ocurrencia de un riesgo laboral, pues la actual jurisprudencia, que es aquella que sirvi\u00f3 de sustento al fallo impugnado, desconoce de manera clara el contenido de las normas jur\u00eddicas que regulan esa materia y con ello la finalidad de la figura de la subrogaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Los argumentos presentados en esta sede, sin embargo, fueron insuficientes para demostrar la necesidad de rectificar o variar la interpretaci\u00f3n que esta Corporaci\u00f3n ha establecido respecto del art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, como se pasa a explicar. <\/p>\n
La impugnaci\u00f3n extraordinaria fue promovida por la misma accionante que, por similares motivos, denunci\u00f3 como vulnerada la norma en comento en el asunto que concluy\u00f3 con la expedici\u00f3n de la sentencia SC17494-2014, ampliamente comentada en esta providencia. En ambos casos, aleg\u00f3 que la interpretaci\u00f3n adecuada de la disposici\u00f3n exig\u00eda viabilizar en forma general y sin limitaci\u00f3n de ninguna clase el recobro de la ARL frente al tercero causante del da\u00f1o. <\/p>\n
En esta oportunidad, la recurrente insiste en que la subrogaci\u00f3n debe operar respecto de cualquier prestaci\u00f3n asumida por la ARL en virtud de la contingencia profesional, sin embargo, lejos de indicar por qu\u00e9 la hermen\u00e9utica adoptada por la Corte es incorrecta, pide que se cambie el precedente sin explicar suficientemente la necesidad de su modificaci\u00f3n, limit\u00e1ndose a exponer la interpretaci\u00f3n normativa que, a su juicio, es la adecuada. <\/p>\n
La censora no hizo referencia alguna a las decisiones de la Sala que deber\u00edan revisarse, no se refiri\u00f3 a la ratio sobre la que descansa la hermen\u00e9utica adoptada ni combati\u00f3 en forma expresa y directa los razonamientos que sustentan la postura que ahora pide modificar -mismos que se explicaron en detalle en el ac\u00e1pite 2 supra-, motivo por el cual no se abre paso la pretendida revisi\u00f3n del precedente. <\/p>\n
3.2. La sentencia confutada es insistente al se\u00f1alar c\u00f3mo la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha considerado que las prestaciones derivadas de la Seguridad Social no tienen car\u00e1cter indemnizatorio y ha aceptado la posibilidad de su acumulaci\u00f3n con la indemnizaci\u00f3n de perjuicios. Para resolver el reproche de la apelante seg\u00fan el cual la decisi\u00f3n de primer grado se basaba en decisiones insulares, el ad quem hizo un extenso recuento de los pronunciamientos de la Sala para concluir que se trataba de un precedente reiterado \u00abe incluso doctrina probable\u00bb y, por ende, de obligatorio cumplimiento. <\/p>\n
A pesar de ello, la censora no combati\u00f3 esa conclusi\u00f3n -que es la que fundamenta la resoluci\u00f3n del caso concreto, decidido con base en el precedente-, pues no puso en duda el car\u00e1cter de doctrina probable atribuido por el colegiado a los pronunciamientos en los que se apoy\u00f3, no aleg\u00f3 una incorrecta comprensi\u00f3n de aquellos o una indebida referencia a alguna providencia cuyos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos fueran sustancialmente diferentes a los de ahora. <\/p>\n
De lo anterior se colige que la inconformidad de la recurrente, en realidad, no se dirige en contra de la sentencia de segundo grado sino contra el precedente que la fundamenta, lo que se ve reflejado en la expresa petici\u00f3n de revisi\u00f3n de la jurisprudencia vigente de la Sala que, a juicio de la censora, deja sin efecto alguno el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994. <\/p>\n
3.3. Ahora bien, adem\u00e1s de la falta de demostraci\u00f3n de los motivos por los cuales se debe variar la jurisprudencia, la casacionista presenta un cargo insuficiente con el que no logra derruir los argumentos basilares de la sentencia confutada, lo cual era indispensable para que eventualmente se abriera paso el quiebre de una providencia que, recu\u00e9rdese, llega a la Corte amparada con la presunci\u00f3n de legalidad y acierto. <\/p>\n
La censura no ataca los argumentos fundantes de la sentencia de segundo grado, pues se limita a se\u00f1alar dos supuestos yerros que conllevaron la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la norma denunciada: el haber concluido que la subrogaci\u00f3n era improcedente porque el pago deriva de una obligaci\u00f3n propia cuando la norma no exige que la deuda que se pague sea ajena; y el considerar que s\u00f3lo es posible la subrogaci\u00f3n cuando se paga una indemnizaci\u00f3n, toda vez que la disposici\u00f3n vulnerada establece la posibilidad de reembolso ante el pago de prestaciones. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n exige que los embates se enfilen contra la totalidad de los fundamentos del fallo impugnado y que se dirijan de manera precisa y enfocada hacia los argumentos torales que soportan las conclusiones del juzgador. En esta ocasi\u00f3n, los yerros que denuncia la casacionista contienen un ataque superficial, centrado en la literalidad de la norma, que deja de lado los argumentos de fondo que subyacen en las conclusiones del Tribunal. <\/p>\n
V\u00e9ase que la inconformidad de la censora radica en que el texto del art\u00edculo 12 del Decreto 1771 no exige que la obligaci\u00f3n que se paga sea ajena ni que las sumas desembolsadas tengan car\u00e1cter indemnizatorio, en virtud de lo cual sostiene que tanto la ARL como la aseguradora pagan siempre una deuda propia y que, si el legislador hubiese querido restringir la posibilidad de subrogaci\u00f3n a las sumas indemnizatorias, no habr\u00eda expedido la norma en comento. <\/p>\n
Sin embargo, el embate no desciende a los razonamientos de fondo que llevaron al colegiado a concluir que la subrogaci\u00f3n era improcedente, pues nada dijo respecto a la conclusi\u00f3n conforme a la cual el reconocimiento y pago de las prestaciones del SGRP se encuentran legal y expresamente asignadas a la ARL, quien tiene la obligaci\u00f3n de garantizarlas \u00edntegramente; no discuti\u00f3 que la concreci\u00f3n del riesgo que el empleador traslada hace exigibles las prestaciones con total independencia de cualquier debate sobre la responsabilidad de terceros; ni que las prestaciones fueran pagadas con los recursos del sistema provenientes de las cotizaciones recibidas con anticipaci\u00f3n y destinadas de manera exclusiva a la cobertura de tales contingencias. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la casacionista resalta que el tenor literal de la norma permite la subrogaci\u00f3n de prestaciones, pero guarda silencio frente al extenso an\u00e1lisis de su naturaleza jur\u00eddica y de los motivos por los cuales se considera que no tienen car\u00e1cter indemnizatorio y, por ende, se permite su acumulaci\u00f3n con la indemnizaci\u00f3n derivada de la responsabilidad civil. <\/p>\n
En tal virtud, los reproches fundados en el tenor literal de la norma son insuficientes porque dejan de lado las razones jur\u00eddicas conforme a las cuales se ha sostenido que aquella no puede entenderse de manera aislada, siendo indispensable una interpretaci\u00f3n que armonice los requisitos generales de procedencia de la figura de la subrogaci\u00f3n, los principios que gobiernan la responsabilidad civil, la naturaleza de las prestaciones derivadas del SGRP y la filosof\u00eda de protecci\u00f3n que lo orienta. <\/p>\n
3.4. Por otra parte, el ataque consistente en una supuesta confusi\u00f3n del ad quem respecto de las subrogaciones consagradas en los art\u00edculos 1096 del C\u00f3digo de Comercio y 12 del Decreto 1771 luce desenfocado, porque combate consideraciones que son ajenas al razonamiento de la magistratura de segundo grado, quien centr\u00f3 su an\u00e1lisis en el contenido y alcance de la espec\u00edfica subrogaci\u00f3n que el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 establece en favor de la ARL, haciendo referencia expl\u00edcita a las normas que consagran las funciones de tales administradoras, las distintas prestaciones y los derechos de los afiliados, lo que descarta la alegada confusi\u00f3n. <\/p>\n
La raz\u00f3n por la cual el colegiado deneg\u00f3 la posibilidad de subrogaci\u00f3n de la ARL no fue por no entender que el art\u00edculo 12 habla de prestaciones, o por confundir la subrogaci\u00f3n all\u00ed prevista con la del estatuto mercantil; sino por considerar que la responsable de tales prestaciones es la ARL de manera exclusiva, que su pago se garantiza con recursos del sistema y que se derivan de los derechos que el SGRP reconoce para sus afiliados con total independencia de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios derivada de la responsabilidad civil, conclusiones que en modo alguno fueron combatidas por la recurrente. <\/p>\n
En tal virtud, el ataque formulado es insuficiente para derruir el fallo confutado. <\/p>\n
3.5. Finalmente, la Corte no pierde de vista que la casacionista elev\u00f3 solicitud de revisi\u00f3n del precedente por considerar que la interpretaci\u00f3n adoptada deja sin ning\u00fan efecto el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994. <\/p>\n
En sentencia de 3 de septiembre de 1991 (GJ CCXII n. 2451) la Corte consider\u00f3 que algunas prestaciones derivadas de la seguridad social como los gastos m\u00e9dicos, hospitalarios, quir\u00fargicos y farmac\u00e9uticos, si bien tienen su origen en la relaci\u00f3n laboral, son \u00abprestaciones funcionalmente indemnizatorias, de reparaci\u00f3n inmediata\u00bb, que no pueden acumularse con la indemnizaci\u00f3n de perjuicios y en consecuencia, habilitan la subrogaci\u00f3n de quien sufraga tales gastos. <\/p>\n
En el mismo sentido, la sentencia de 9 de julio de 2012 (Exp. 2002-00101-01) reiter\u00f3 que hay ciertos pagos que realiza el SGRP que s\u00ed tienen car\u00e1cter indemnizatorio, como son los gastos m\u00e9dicos, farmac\u00e9uticos, hospitalarios y funerarios, respecto de los cuales \u00abun doble pago (\u2026) resultar\u00eda inadmisible dado que lo contrario repudiar\u00eda al estricto sentido de la equidad\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior se concluye que, si efectivamente existen algunas prestaciones a cargo de la ARL que tienen naturaleza indemnizatoria, como podr\u00edan ser las prestaciones asistenciales consagradas en el art\u00edculo 5 del Decreto 1295 de 1994, es procedente su recobro en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994. <\/p>\n
Esta soluci\u00f3n luce coherente con la jurisprudencia vigente en la medida en que si tales gastos -que sin duda constituyen erogaciones necesarias para atender las consecuencias del hecho da\u00f1oso, es decir, un t\u00edpico da\u00f1o emergente-, son cubiertos por la ARL, la obligaci\u00f3n del tercero civilmente responsable respecto a ese espec\u00edfico rubro se extingue, toda vez que la v\u00edctima no podr\u00eda reclamar de aquel el reconocimiento de esos rubros ya sufragados por la entidad, porque en ese caso se incurrir\u00eda en un doble pago por el mismo concepto. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en caso de que no existiera la posibilidad de recobro, el causante del da\u00f1o quedar\u00eda relevado de pagar uno de los espec\u00edficos componentes de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios -el da\u00f1o emergente derivado de los gastos asistenciales-, lo que tambi\u00e9n es inadmisible en virtud del principio de la reparaci\u00f3n plena del da\u00f1o. <\/p>\n
En este caso, el colegiado deneg\u00f3 expresamente el recobro de las prestaciones asistenciales e incapacidad temporal por considerar que tales sumas correspond\u00edan a obligaciones a cargo de las ARL que se garantizan como una cobertura inherente al sistema de protecci\u00f3n, cuyo pago proviene de fondos comunes creados con las cotizaciones de los empleadores. <\/p>\n
Sin embargo, el quiebre de la sentencia respecto de este espec\u00edfico punto no se abre paso porque la casacionista no atac\u00f3 en modo alguno tales razonamientos, deficiencia que no puede ser suplida por la Sala debido al car\u00e1cter estrictamente dispositivo del recurso extraordinario8. En tal virtud, la sentencia queda inc\u00f3lume. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 14 de septiembre de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual promovido por Liberty Seguros de Vida S.A., contra Transportes Especiales Enoc Mej\u00eda & C\u00eda. S.C.A. y Chubb de Colombia Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR a los recurrentes extraordinarios al pago de las constas de esta actuaci\u00f3n. En la liquidaci\u00f3n respectiva, incl\u00fayanse diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO. Rem\u00edtase oportunamente la foliatura a la autoridad judicial competente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La Corte ha definido el precedente como \u00abuna decisi\u00f3n relativa a un caso particular que es anterior y primera frente a otras decisiones y que fija reglas utilizables para otros casos sucesivos o posteriores, en forma persuasiva o vinculante; y como tales, susceptibles de ser universalizada para ser aplicada como criterio de decisi\u00f3n, dando identidad jur\u00eddica y unidad conceptual al ordenamiento jur\u00eddico\u00bb CSJ, SC1034-2014, 5 ago. <\/p>\n
2\u0002 Antes de la sentencia SC17494-2014, hubo un primer pronunciamiento en el que si bien se analiz\u00f3 de manera tangencial el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, se dijo desde entonces que ese canon no regula un sistema asegurativo de la responsabilidad en que pueda incurrir el tercero causante del da\u00f1o, motivo por el cual aquel no pod\u00eda pretender que las prestaciones pagadas por la Seguridad Social le fueran descontadas del valor de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios a la que estaba legalmente obligado. Cfr. CSJ SC de 22 de octubre de 1998, exp. 4866. <\/p>\n
3\u0002 DE CUPIS, Adriano. El Da\u00f1o. Ediciones Arkh\u00e9, Barcelona, 1975, p\u00e1g. 330. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. sentencia CSJ, SC 3 sep. 1991, GJ. CCXII n\u00b0. 2451: \u00abPor tanto, un da\u00f1o s\u00f3lo puede ser indemnizado una sola vez, sin que sea posible recibir o acumular varias prestaciones con funciones indemnizatorias que excedan la reparaci\u00f3n total del da\u00f1o, en tanto que son admisibles las que carezcan de esa funci\u00f3n (v. gr. Donaciones). Esta regla tiene operancia no s\u00f3lo en los casos en que el mismo deudor efect\u00faa la cancelaci\u00f3n correspondiente, donde normalmente no existen dificultades de aplicaci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n debe observarse en aquellos eventos en que terceros, contra o con la voluntad (ocasional o previamente garantizada), hace entrega de una cosa al perjudicado. Porque s\u00f3lo cuando esa entrega constituye una indemnizaci\u00f3n para este y se hace para reparar el perjuicio y no en virtud de una causa con funci\u00f3n diferente (v. gr. una donaci\u00f3n), constituye un pago de un tercero, que extingue la obligaci\u00f3n originaria sin perjuicio de la repetici\u00f3n pertinente (arts. 1631 y 1632 C.C.), pero en ning\u00fan caso puede el acreedor exigir un doble pago\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Lo que ocurre en caso de que se indemnice la totalidad del da\u00f1o causado, toda vez que si el pago realizado por la compa\u00f1\u00eda aseguradora es solo parcial, subsisten los derechos de la v\u00edctima respecto del causante del da\u00f1o en cuanto a las sumas impagas. <\/p>\n
6\u0002 Como los contratistas, los trabajadores independientes que ejerzan actividades de alto riesgo, los aprendices del Sena, entre otros. <\/p>\n
7\u0002 Decreto 1295 de 1994: \u00abArt\u00edculo 19. Distribuci\u00f3n de las cotizaciones. La cotizaci\u00f3n para el Sistema General de Riesgos Profesionales se distribuir\u00e1 de la siguiente manera: 1. El 94% para la cobertura de las contingencias derivadas de los riesgos profesionales, o para atender las prestaciones econ\u00f3micas y de salud previstas en este decreto, para el desarrollo de programas regulares de prevenci\u00f3n y control de riesgos profesionales, de rehabilitaci\u00f3n integral, y para la administraci\u00f3n del sistema; 2. El 5% administrado en forma aut\u00f3noma por la entidad administradora de riesgos profesionales, para el desarrollo de programas, campa\u00f1as y acciones de educaci\u00f3n, prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los afiliados, que deben desarrollar, directamente o a trav\u00e9s de contrato, las entidades administradoras de riesgos profesionales, y 3. El 1% para el Fondo de Riesgos Profesionales de que trata el art\u00edculo 94 de este decreto\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Recu\u00e9rdese que, de anta\u00f1o, la Sala ha sostenido que \u00abno le es permitido a la Corte, sin resquebrajar caros axiomas que estereotipan el recurso en comento, suplir o incluso complementar la tarea impugnativa asignada al recurrente, en atenci\u00f3n a que -en l\u00ednea de principio- debe circunscribirse a la demanda respectiva, la cual se erige en carta de navegaci\u00f3n para todo Tribunal de casaci\u00f3n, con prescindencia de si fue formulada debidamente, ya que \u00e9sta no es, no podr\u00eda ser de ninguna manera, responsabilidad del juez, menos del de casaci\u00f3n, muy ajeno al juzgamiento de instancia\u00bb (CSJ SC, 14 ago. 2000, rad. 5552). <\/p>\n
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SC407-2023 (2013-00022-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC407-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-026-2013-00022-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77274","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77274","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77274"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77274\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77274"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77274"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77274"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}