SC426-2023 (2002-01206-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
SC426-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-010-2002-01206-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n formulado por Nicol\u00e1s Cipriano P\u00e1jaro Pe\u00f1aranda contra la sentencia de 26 de agosto de 2020, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso de investigaci\u00f3n de paternidad que adelant\u00f3 en su contra Martha Serna Arbel\u00e1ez, quien actu\u00f3 en representaci\u00f3n de sus entonces hijos menores, Juan David y Jos\u00e9 Luis Serna Arbel\u00e1ez. <\/p>\n
I.- ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Se solicit\u00f3 en la demanda declarar que el convocado es el padre biol\u00f3gico de Juan David y Jos\u00e9 Luis Serna Arbel\u00e1ez. En consecuencia, se le condene al pago mensual de alimentos congruos desde el 22 de agosto de 1985, fecha de nacimiento de ellos, hasta que se dicte sentencia, as\u00ed como con posterioridad, en una proporci\u00f3n equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las sumas que perciba por concepto de sueldos y rentas1. <\/p>\n
2.- Para sustentar las s\u00faplicas, se expuso en la demanda2: <\/p>\n
Martha Serna Arbel\u00e1ez mantuvo relaci\u00f3n \u00edntima con el accionado durante el per\u00edodo comprendido entre noviembre de 1982 y octubre de 1985. De dicha uni\u00f3n, el 22 de agosto de 1985, nacieron los mellizos Juan David y Jos\u00e9 Luis, y debido a complicaciones en el parto, Juan David sufri\u00f3 una lesi\u00f3n cerebral que repercuti\u00f3 en su desarrollo. <\/p>\n
En el a\u00f1o 1987, la madre de los menores hab\u00eda promovido un proceso de filiaci\u00f3n ante el Juzgado Primero de Menores de Bogot\u00e1 y aunque durante ese juicio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar expidi\u00f3 un certificado demostrativo de la compatibilidad gen\u00e9tica entre las partes, la sentencia emitida fue adversa a los intereses de los demandantes. <\/p>\n
El demandado les ha negado a sus hijos \u00ablas oportunidades a las que como ni\u00f1os y seres humanos tienen derecho, siendo su indiferencia y su negativa a cumplir sus deberes como padre, el maltrato, la discriminaci\u00f3n y marginaci\u00f3n a la que ha sometido a sus hijos, Juan David y Jos\u00e9 Luis, en abierta violaci\u00f3n de los derechos de sus hijos\u00bb. <\/p>\n
3.- Por auto del 3 de febrero de 2003 se admiti\u00f3 la demanda y se decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica de ADN a las partes, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 721 de 2001. <\/p>\n
4.- El convocado contest\u00f3 la demanda, se opuso a las pretensiones y excepcion\u00f3 \u00abFalta de legitimaci\u00f3n pasiva del demandado\u00bb, argumentando que no es el padre de Juan David y Jos\u00e9 Luis, tal como se indic\u00f3 en la sentencia proferida el 26 de julio de 1988 por el Juzgado Primero Civil de Menores de Bogot\u00e1, la cual hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada3. <\/p>\n
Adem\u00e1s, formul\u00f3 la excepci\u00f3n de cosa juzgada, para que se tramitara como previa, aduciendo que la demandante ya hab\u00eda promovido otra acci\u00f3n similar en su contra, por los mismos hechos y pretensiones, acci\u00f3n que fracas\u00f3, sin que se hubieran presentado recursos contra lo decidido; y asever\u00f3 que como el mencionado fallo adquiri\u00f3 fuerza de cosa juzgada, es definitivo y no puede modificarse, ni siquiera so pretexto de aplicar una ley ulterior4. <\/p>\n
5.- El 21 de mayo de 2003, el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de cosa juzgada y dispuso la terminaci\u00f3n del proceso5. <\/p>\n
6.- Contra esa determinaci\u00f3n, Jos\u00e9 Luis Serna Arbel\u00e1ez, actuando en su propio nombre y en representaci\u00f3n de su hermano Juan David, instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela, con el objetivo de que se revocara y, en su lugar, se ordenara continuar el tr\u00e1mite del proceso6. Argument\u00f3 que, si bien en el primer juicio se desestim\u00f3 el petitum invocado, para el momento en que se tramit\u00f3 el segundo ya se encontraba vigente la Ley 721 de 2001 que exige la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN; por lo tanto, el a quo debi\u00f3 declarar infundada la referida excepci\u00f3n. <\/p>\n
La acci\u00f3n constitucional fue declarada improcedente, mediante fallo del 24 de abril de 2017 emitido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, decisi\u00f3n confirmada por esta Corporaci\u00f3n el 24 de julio de 2017. <\/p>\n
No obstante, la Sala Octava de Revisi\u00f3n de Tutelas de la Corte Constitucional en sentencia T-249 de 20187, revoc\u00f3 los fallos proferidos en ambas instancias; y en su lugar, decidi\u00f3: i) conceder \u00abel amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al estado civil, a la personalidad jur\u00eddica, a tener una familia y formar parte de ella y a la dignidad humana de los hermanos Juan David y Jos\u00e9 Luis Serna Arbel\u00e1ez\u00bb; ii) dejar sin efecto la providencia de 21 mayo de 2003 en la que se dio por terminado el proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial y; iii) ordenar al despacho practicar y valorar la prueba cient\u00edfica de ADN. <\/p>\n
7.- En cumplimiento de la orden emitida por la Corte Constitucional, el 27 de julio de 2018 el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1, dispuso que las partes deb\u00edan practicarse la prueba de ADN8; sin embargo, pese a las m\u00faltiples oportunidades en que se cit\u00f3 al se\u00f1or P\u00e1jaro Pe\u00f1aranda para acudir al centro m\u00e9dico elegido, siempre fue renuente a comparecer. <\/p>\n
8.- Mediante sentencia del 12 de diciembre de 2019, el a quo, desestim\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abFalta de legitimidad pasiva del demandado\u00bb, y declar\u00f3 que Nicol\u00e1s P\u00e1jaro Pe\u00f1aranda es el padre extramatrimonial de Juan David y Jos\u00e9 Luis Serna Arbel\u00e1ez; en consecuencia, lo conden\u00f3 \u00aba pagar por concepto de alimentos a su hijo JUAN DAVID SERNA ARBEL\u00c1EZ la suma mensual de $2.000.000 de pesos (\u2026)\u00bb, y orden\u00f3 oficiar a la Registradur\u00eda para la correspondiente inscripci\u00f3n del fallo en el registro civil de nacimiento de los accionantes9. <\/p>\n
9.- La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, confirm\u00f3 el fallo de primera instancia10, que fue impugnado por el convocado. <\/p>\n
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
En s\u00edntesis, los argumentos que orientaron la decisi\u00f3n de segunda instancia fueron los siguientes: <\/p>\n
1.- La defensa del impugnante gravit\u00f3 sobre el instituto de la cosa juzgada y la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales, al haberse tramitado el proceso sin tener en cuenta que mediante sentencia de 26 de julio de 1988 ya se hab\u00eda definido que no es el padre de los demandantes y que por ello no pod\u00eda ser obligado a practicarse la prueba cient\u00edfica de ADN, pues el recaudo de ese medio probatorio resultar\u00eda afectado de nulidad. <\/p>\n
En el sub judice, no existe reparo en cuanto a la identidad jur\u00eddica de partes y de objeto entre el proceso que culmin\u00f3 con sentencia del 26 de julio de 1988 y el presente, toda vez que en los dos fueron convocantes Juan David y Jos\u00e9 Luis Serna Arbel\u00e1ez y convocado Nicol\u00e1s Cipriano P\u00e1jaro Pe\u00f1aranda; en cuanto al objeto tambi\u00e9n se presenta un paralelismo, pues su finalidad com\u00fan fue que se declarara al demandado padre biol\u00f3gico de los hermanos Serna Arbel\u00e1ez; en lo que no existe identidad es en la causa, \u00abpues entre los fundamentos f\u00e1cticos del primer proceso a los del presente, no existe esa coincidencia\u00bb, y ello desvirt\u00faa la cosa juzgada. <\/p>\n
En el asunto actual, los demandantes se\u00f1alaron que el 22 de julio de 1987, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar expidi\u00f3 certificaci\u00f3n sobre los ex\u00e1menes practicados, \u00abque arrojaron como resultado \u201ccompatibilidad\u201d gen\u00e9tica entre las partes del proceso\u201d (hecho 5\u00ba) y que \u201c[e]n el 2001, el legislador expidi\u00f3 la Ley 721, conforme a la cual se prescribe que solo la prueba t\u00e9cnica de ADN ser\u00e1 el fundamento de los fallos judiciales sobre la filiaci\u00f3n extramatrimonial, prueba de naturaleza cient\u00edfica que arroja una confiabilidad del 99,9% sobre la posibilidad de la relaci\u00f3n filial reclamada\u201d (hecho 7\u00ba)\u00bb. En ese orden, como la Ley 721 de 2001 determin\u00f3 que en los juicios de esta clase debe practicarse forzosamente la prueba de los marcadores gen\u00e9ticos de ADN, dada la confiabilidad de su resultado, constituye un instrumento cient\u00edfico de incalculable valor en la investigaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n que no exist\u00eda para 1988. <\/p>\n
2.- Aunque el apelante asegur\u00f3 que el ADN se erige como una prueba y no como un hecho nuevo, esa diferenciaci\u00f3n no es admisible, pues en materia de filiaci\u00f3n, la doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como extranjera, han indicado que \u00aben los tiempos modernos, el ADN, si bien es una prueba, impacta a la causa como identidad de la cosa juzgada. La tensi\u00f3n que se presenta entre la filiaci\u00f3n y la cosa juzgada frente a la aparici\u00f3n de las pruebas biol\u00f3gicas, se resuelve en favor de la filiaci\u00f3n por encontrase comprometidos valores constitucionales inalienables, la protecci\u00f3n de la familia como instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad, el reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica de toda persona, la igualdad y el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
En soporte de esta aseveraci\u00f3n, se cita jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en sede de casaci\u00f3n (SC1175-2016 y SC9226-2017) y constitucional (STC12118-2016 y STC685-2019), as\u00ed como de la Corte Constitucional (T-352 de 2012 y T-249 de 2018), y se afirma que decisiones emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -Argentina, as\u00ed como la doctrina for\u00e1nea, se encuentran en consonancia con dichos planteamientos. <\/p>\n
3.- No es de recibo el argumento referente a que la Ley 721 de 2001 no puede aplicarse retroactivamente, por cuanto, precisamente, es el advenimiento de dicha ley lo que derrumba la cosa juzgada al tratarse de \u00abuna causa jur\u00eddica pr\u00f3xima que no coincide con la remota\u00bb. <\/p>\n
En el proceso iniciado en el a\u00f1o 2002, se invoc\u00f3 la prueba de ADN como la causa pr\u00f3xima de obligatoria pr\u00e1ctica en asuntos filiatorios conforme a la Ley 721 de 2001, la cual no exist\u00eda para el a\u00f1o 1988, de manera que, aun cuando la causa remota en ambos procesos contin\u00faa siendo la misma, es decir que el demandado es el padre de los demandantes, las causas pr\u00f3ximas que las motivaron son dis\u00edmiles y determinadas por una actividad probatoria de origen legal que lleva a supuestos f\u00e1cticos distintos y a la consecuente inexistencia de la cosa juzgada. <\/p>\n
4.- Desde una \u00f3ptica ius fundamental, debe tenerse en cuenta que, para la \u00e9poca en que se dict\u00f3 el primer fallo, el orden constitucional era distinto al actual. De suerte que la demanda promovida en 2002 se encuentra permeada por otros valores constitucionales, ante los nuevos derroteros establecidos en esa materia, debe prevalecer la b\u00fasqueda de la verdad en la consolidaci\u00f3n de las garant\u00edas superiores como la personalidad jur\u00eddica, la dignidad humana, el derecho a tener una familia y formar parte de ella, el derecho al estado civil y el derecho a conocer con certeza la identidad de los progenitores. <\/p>\n
La introducci\u00f3n de la prueba de ADN modific\u00f3 completamente el panorama f\u00e1ctico de los procesos de filiaci\u00f3n adelantados en precedencia, y la figura de la cosa juzgada en estos asuntos es un tema tan relativo que, incluso, el par\u00e1grafo transitorio del art\u00edculo 14 de la Ley 1060 de 2006, brind\u00f3 la posibilidad a quienes obtuvieron sentencias desfavorables por caducidad en tr\u00e1mites de impugnaci\u00f3n de maternidad o paternidad, para que, dentro de los ciento ochenta (180) d\u00edas siguientes a su entrada en vigencia, pudieran demandar nuevamente y por una sola vez. <\/p>\n
5.- El salvamento de voto de la sentencia T-249 de 2018 y la aclaraci\u00f3n realizada al auto A024 de 2019 que resolvi\u00f3 el incidente de nulidad a dicha sentencia, referidos por el impugnante, no resultan vinculantes por corresponder simplemente a un disenso frente a la posici\u00f3n mayoritaria de la Sala en que se profiri\u00f3. <\/p>\n
6.- Tambi\u00e9n es infundada la solicitud de nulidad prevista en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que la primera sentencia que se dict\u00f3 en este juicio qued\u00f3 sin efectos por disposici\u00f3n del fallo T-249 de 2018 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
7.- Ni los fundamentos jurisprudenciales que tuvo en cuenta el a quo para acceder a la pretensi\u00f3n filiatoria, ni la declaraci\u00f3n derivada de la renuencia del accionado a practicarse la prueba de ADN, fueron objeto de impugnaci\u00f3n en la alzada. Por lo tanto, siguiendo los apremios contemplados en los art\u00edculos 320 y 328 ejusdem, no le est\u00e1 permitido al superior referirse a dichos temas en segunda instancia, lo contrario significar\u00eda rebasar los l\u00edmites de su competencia, pues est\u00e1 facultado para examinar la cuesti\u00f3n decidida \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los reparos concretos formulados por el apelante. <\/p>\n
III.- LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El accionado formul\u00f3 dos cargos contra la sentencia del Tribunal, con soporte en las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los cuales se estudiar\u00e1n de manera conjunta dada la afinidad de los argumentos en que se apoyan y de las consideraciones que habr\u00e1n de efectuarse para su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
IV.- PRIMER CARGO <\/p>\n
Se alega violaci\u00f3n directa, por aplicaci\u00f3n indebida, de los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba y 8\u00ba de la Ley 721 de 2001, art\u00edculo 14 y su par\u00e1grafo de la Ley 1060 de 2006, y art\u00edculo 406 del C\u00f3digo Civil; y por falta de aplicaci\u00f3n, de los preceptos 29 y 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 303 del C\u00f3digo General del Proceso y 403 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Para sustentarlo, en resumen, expuso el recurrente: <\/p>\n
1.- Respecto a las consideraciones del Tribunal en lo atinente a la causa petendi, debe tenerse en cuenta que una cosa es la causa, constituida por los hechos en que se fundamenta el petitum de una demanda, para el caso concreto, las relaciones sexuales que se aducen a fin de que se declare la paternidad del demandado, y otra, muy distinta, la prueba o conjunto de medios persuasivos cuya pr\u00e1ctica se solicita para dar certeza al juez acerca de la raz\u00f3n f\u00e1ctica en que se apoya el pedimento impetrado. En este asunto, no se aprecia discrepancia con respecto a la identidad de la causa petendi entre la demanda instaurada por los actores en el 2002 y en la que dio origen al proceso que concluy\u00f3 con la sentencia del 26 de julio de 1988, pues ambas se apoyaron en la causal prevista en el ordinal 4 del art\u00edculo 6 de la Ley 75 de 1968, que no sufri\u00f3 cambio alguno con la Ley 721 de 2001. <\/p>\n
2.- Conforme al art\u00edculo 303 del C\u00f3digo General del Proceso, para que una sentencia ejecutoriada tenga fuerza de cosa juzgada requiere la convergencia de varios elementos, a saber: i) que se hubiera dictado dentro de un proceso contencioso; ii) que lo pretendido en ambos casos coincida, como es que se declare la paternidad del demandado, iii) que la causa sobre la que se erija uno y otro sea id\u00e9ntica, para el caso, la existencia de relaciones \u00edntimas; y, iv) que exista identidad jur\u00eddica de partes. En este asunto se acredit\u00f3 la presencia de todos esos supuestos. <\/p>\n
3.- Sobre el alcance de los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba y 8\u00ba de la Ley 721 de 2001, si bien la prueba de ADN tiene como funci\u00f3n principal la de brindar certeza frente al v\u00ednculo biol\u00f3gico entre padres e hijos, en ning\u00fan momento se erige como la causa petendi de la pretensi\u00f3n principal, sino que es de car\u00e1cter exclusivamente probatorio, pues \u00abla finalidad de las normas mencionadas es que se pruebe la filiaci\u00f3n o v\u00ednculo entre padres e hijos, v\u00ednculo natural y biol\u00f3gico de toda persona humana, fruto de las relaciones sexuales\u00bb. Como la mencionada ley no suprimi\u00f3 ni sustituy\u00f3 las causales consagradas en el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 75 de 1968, ni constituy\u00f3 una distinta, el resultado de esa prueba es simplemente otro elemento de convicci\u00f3n para acreditar la citada causal. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, sin desconocer la naturaleza t\u00e9cnica y cient\u00edfica de la prueba de ADN, la misma no pod\u00eda aplicarse en el sub lite, toda vez que la pretensi\u00f3n filiatoria ya hab\u00eda sido negada en la sentencia calendada el 26 de julio de 1988, que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, por lo tanto, sus efectos resultaban intangibles. <\/p>\n
Si la prueba de ADN regulada en la Ley 721 de 2001 se instituy\u00f3 para los asuntos ventilados despu\u00e9s de su entrada en vigencia, \u00abes obvio que en 1988, cuando se profiri\u00f3 el fallo del 26 de julio a favor del aqu\u00ed demandado, aqu\u00e9lla no pod\u00eda tener aplicaci\u00f3n, pues la referida ley no puede retrotraerse a litigios que concluyeron antes de que tal normativa ingresara en el mundo jur\u00eddico\u00bb. Por lo que el Tribunal al edificar su decisi\u00f3n en la Ley 721 de 2001, con soporte en las sentencias STC-12118 de 2016 y STC-685 de 2018, desconoce el principio de aplicaci\u00f3n de las leyes en el tiempo, pues ello implicar\u00eda que todas las sentencias dictadas con anterioridad a la mentada ley perdieran su fuerza ejecutoria cuando se solicite la pr\u00e1ctica de los marcadores gen\u00e9ticos, con violaci\u00f3n del debido proceso y afrenta al principio de cosa juzgada. <\/p>\n
4.- En ese orden, es inaceptable que despu\u00e9s de trece (13) a\u00f1os de haberse proferido la sentencia que neg\u00f3 el petitum de los actores, se hubieran soslayado los efectos de la cosa juzgada al reabrir un debate finiquitado, pues, tanto la jurisprudencia patria como de la doctrina universal, han sostenido \u00abque la identidad de la causa petendi debe buscarse en el contenido de los hechos en que se funda el derecho pretendido en los correspondientes libelos incoativos de cada proceso\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, es equivocada la afirmaci\u00f3n del Tribunal respecto a que la prueba de ADN \u00abimpacta a la causa como identidad de la cosa jugada\u00bb, pues aquella solo es un medio demostrativo, m\u00e1s no una de las causales de paternidad establecidas en la Ley, que en este caso concierne a las relaciones sexuales. Por lo tanto, \u00ab[l]a prueba t\u00e9cnica de ADN, dado su espec\u00edfico prop\u00f3sito de investigar la filiaci\u00f3n, no es conducente para establecer la disimilitud de los hechos constitutivos de la causa petendi (relaciones \u00edntimas o sexuales) del primer proceso con los del posterior\u00bb. <\/p>\n
5.- Pese a que en el escrito de demanda se invoc\u00f3 llanamente la prueba t\u00e9cnica de ADN, el Tribunal le otorg\u00f3 el calificativo de \u00abcausa pr\u00f3xima\u00bb para encajarla dentro del presupuesto de la identidad de causa que se requiere para la configuraci\u00f3n de la cosa juzgada. La alusi\u00f3n a pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinarios referentes a la causa petendi, permite inferir que el ad quem confundi\u00f3 la causa fundamental de este litigio con el acervo probatorio, lo que resulta inadmisible si se tiene en cuenta que, bajo ese tenor, cualquier proceso judicial podr\u00eda revivirse cuando aparezcan o se esgriman nuevas pruebas. <\/p>\n
6.- En este evento no son aplicables las sentencias SC1175 de 2016 y SC9226 de 2017, transcritas por el ad quem, pues se refieren a procesos de impugnaci\u00f3n de paternidad y \u00absi bien es cierto que tales procesos se iniciaron antes de que empezaran a regir las Leyes 721 de 2001 y 1060 de 2006, tambi\u00e9n lo es que sus debates se prolongaron en el tiempo y se desenvolvieron con actuaciones posteriores, cuando ya hab\u00edan empezado a regir esas normativas jur\u00eddicas a las cuales tuvieron que sujetarse obligatoriamente las partes\u00bb, en cambio, este asunto se refiere a una declaraci\u00f3n de paternidad extramatrimonial que hab\u00eda sido resuelta de manera definitiva desde 1988. En consecuencia, al haberse atenido el ad quem a casos que no guardan relaci\u00f3n con el presente, viol\u00f3 las normas invocadas en esta causal. <\/p>\n
Por otra parte, en la providencia T-352 de 2012 citada por el Tribunal, el demandado accedi\u00f3 voluntariamente a practicarse la prueba de ADN, a pesar de contar con una sentencia previa a su favor, haciendo que para \u00e9l s\u00ed desaparecieran los efectos de la cosa juzgada, pero no acontece lo mismo en el sub lite, ya que el convocado jam\u00e1s renunci\u00f3 a la decisi\u00f3n adoptada el 26 de julio de 1988, y tampoco acept\u00f3 practicarse la referida prueba. <\/p>\n
Frente a lo expuesto en la sentencia T-249 de 2018, por la cual la Corte Constitucional dej\u00f3 sin efecto el prove\u00eddo que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de cosa juzgada en el presente asunto, debe tenerse en cuenta que a la entrada en vigencia la Ley 721 de 2001, en los procesos de filiaci\u00f3n el juez deb\u00eda decretar la prueba de ADN siempre que se tratara de situaciones no consolidadas o pendientes de resolver, pero no en casos en los que ya se hubieren proferido decisiones con fuerza de cosa juzgada, de ah\u00ed que, al haberse decretado la prueba de ADN en este juicio, se incurri\u00f3 en un \u00absegundo e indebido proceso de juzgamiento\u00bb que, por contera, se tornaba en un proceso nulo ipso iure. <\/p>\n
7.- El ad quem aludi\u00f3 a jurisprudencia y doctrina for\u00e1neas para sustentar su decisi\u00f3n, desconociendo que este caso debe resolverse bajo la \u00f3ptica de la legislaci\u00f3n colombiana. <\/p>\n
8.- Al ser sometido el demandado a este nuevo proceso, se transgredi\u00f3 el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por haber sido juzgado dos veces por el mismo hecho, en una clara afrenta al principio non bis in \u00eddem. <\/p>\n
V.- SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Se aduce transgresi\u00f3n indirecta por errores de hecho manifiestos y trascendentes, \u00abpor falta de aplicaci\u00f3n\u00bb de los art\u00edculos 14, 164 y 303 del C\u00f3digo General del Proceso, 4\u00ba, 29 y 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 403 del C\u00f3digo Civil; y \u00abpor aplicaci\u00f3n indebida\u00bb, de los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba y 8\u00ba (par\u00e1grafo 1\u00ba) de la Ley 721 de 2001, ordinal 4\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 75 de 1968, art\u00edculos 92, 406, 422 del C\u00f3digo Civil, 74 (numerales 4\u00ba y 5\u00ba) y 386 (numeral 2\u00ba) del C\u00f3digo General del Proceso, y 95 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
En sustento, expuso el impugnante: <\/p>\n
1.- El ataque es parcial frente a las conclusiones del Tribunal, al compartir los argumentos esbozados frente a la identidad de partes y de objeto dentro de los dos procesos de filiaci\u00f3n; la discrepancia se centra en el an\u00e1lisis que se hizo de la cosa juzgada, al no haber encontrado semejanza en la causa que ciment\u00f3 cada uno de esos tr\u00e1mites, que se circunscribi\u00f3 al numeral 4\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 75 de 1968, es decir, a las relaciones sexuales sostenidas entre el demandado y la progenitora de los actores. <\/p>\n
La identidad de la causa se deduce del cotejo de los fundamentos f\u00e1cticos plasmados en la sentencia del 26 de julio de 1988, con los de la demanda que dio origen a este proceso, pues en ambas se afirm\u00f3 que Martha Serna Arbel\u00e1ez y Nicol\u00e1s P\u00e1jaro Pe\u00f1aranda mantuvieron relaciones \u00edntimas para la \u00e9poca de la concepci\u00f3n, e incluso despu\u00e9s. Adem\u00e1s, en los fundamentos de derecho de la radicada en 2002, la pretensi\u00f3n se apoy\u00f3 \u00fanicamente en los lineamientos de la Ley 75 de 1998, de manera que, <\/p>\n
Si el Tribunal hubiera apreciado correctamente los fundamentos f\u00e1cticos de ambas demandas, confront\u00e1ndolos como correspond\u00eda, no habr\u00eda concluido, como lo hizo, que no se da entre ellas identidad de causa petendi, pues siendo las relaciones sexuales aducidas por los actores en una y otra la \u00fanica raz\u00f3n de pedir directamente relacionada con la causal de paternidad que a su turno ellos invocaron para sacar avante su pretensi\u00f3n (ordinal 4\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 75 de 1968), dicho sentenciador no pod\u00eda ignorarla para inmiscuirse en la b\u00fasqueda de una causa diferente (\u2026). <\/p>\n
En esa medida, la variaci\u00f3n de la causa petendi en la segunda demanda debe estar necesariamente vinculada con la agregaci\u00f3n de hechos que impliquen, dentro del marco normativo del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 75 de 1968, la sustituci\u00f3n de la causal de paternidad invocada por otra de las all\u00ed contempladas, lo que no ocurri\u00f3 en el asunto que se examina, ya que tanto en la primera como en la segunda demanda se invoc\u00f3 como causal la contemplada en el ordinal 4 del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 75 de 1968 (\u2026), lo que se traduce en que no hubo variaci\u00f3n alguna de la causa petendi. <\/p>\n
El \u00abimpacto sobre la causa\u00bb que dedujo el Tribunal del hecho s\u00e9ptimo de la segunda demanda es alejado de la realidad probatoria, toda vez que las causales consagradas en el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 75 de 1968 no sufrieron ninguna variaci\u00f3n con la expedici\u00f3n de la Ley 721; as\u00ed lo entendieron los accionantes al citar la Ley 75 entre los fundamentos de derecho de su pretensi\u00f3n, y en la narraci\u00f3n de los hechos 1\u00ba y 2\u00ba de su \u00faltima demanda al referir la existencia de \u00abrelaci\u00f3n \u00edntima\u201d entre su madre y el presunto padre, agregando que ellos fueron concebidos \u201ccomo fruto de esta relaci\u00f3n\u201d\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, tanto la menci\u00f3n de la expedici\u00f3n de la Ley 721 de 2001 como la alusi\u00f3n a la obligatoriedad de la prueba de ADN que citaron los actores en su segunda demanda era intrascendente e in\u00fatil; sin embargo, el Tribunal al inmiscuirse en la b\u00fasqueda de una causa diferente, distinta de la que en ejercicio de su leg\u00edtimo y exclusivo derecho se\u00f1alaron los actores, incurri\u00f3 en el grave error de hecho denunciado y en esa medida, resulta contraria al contenido de las pruebas la conclusi\u00f3n referente a que no se configur\u00f3 el fen\u00f3meno de la cosa juzgada \u00aberror probatorio este \u00faltimo que llev\u00f3 al sentenciador a dejar de aplicar el art\u00edculo 303 del C. G. del P. al no emitir la declaraci\u00f3n correspondiente que este le impon\u00eda (cosa juzgada), y a darle indebida aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 721 de 2001 al no tener en cuenta que como en el segundo proceso de filiaci\u00f3n se da, respecto del anterior, identidad jur\u00eddica de partes, de objeto y de causa, no pod\u00eda avalar, como en efecto lo hizo, la prueba de ADN decretada por el a quo\u00bb. <\/p>\n
2.- La confusi\u00f3n entre medio probatorio y causa, es producto del error de hecho manifiesto y trascendente en que incurri\u00f3 el tribunal al apreciar la demanda de 2002, cuyo contenido no requer\u00eda interpretaci\u00f3n por ser claro; de modo que la tergivers\u00f3 al afirmar que en esta \u00abse invoc\u00f3 como causa pr\u00f3xima de la pretensi\u00f3n la existencia de la prueba de ADN\u00bb, pues tal aseveraci\u00f3n no fue efectuada por los demandantes, sino que el fallador de segunda instancia agreg\u00f3 el calificativo de \u00abcausa pr\u00f3xima\u00bb a la prueba cient\u00edfica de ADN, lo cual constituye error de hecho por adici\u00f3n o a\u00f1adidura al texto de la demanda. Si el sentenciador no hubiera incurrido en ese yerro f\u00e1ctico, habr\u00eda concluido que la causa de la segunda demanda es id\u00e9ntica a la de la primera y habr\u00eda declarado la existencia de cosa juzgada. <\/p>\n
4.- Las constancias de inasistencia a la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, as\u00ed como los testimonios rendidos en la audiencia de instrucci\u00f3n del 28 de noviembre de 2019 por Martha y Rosa Mar\u00eda Serna Arbel\u00e1ez y Teresa Arbel\u00e1ez Restrepo, al igual que la presunci\u00f3n de paternidad fueron producidas en un segundo e indebido juzgamiento, con desconocimiento, por falta de aplicaci\u00f3n, del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, seg\u00fan el cual, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho o causa, al igual que de los c\u00e1nones 14, 164 y 166 del C\u00f3digo General del Proceso, que establecen que es nula la prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso, que las pruebas deben allegarse oportunamente y que el hecho en que se funda la presunci\u00f3n debe estar debidamente probado. <\/p>\n
5.- Incurri\u00f3 tambi\u00e9n el ad quem en error de hecho al no apreciar las alegaciones en primera y segunda instancia, es decir, \u00ablo que se dijo en la audiencia del 29 de noviembre de 2018, en los reparos concretos expuestos ante la juez d\u00e9cima de familia de Bogot\u00e1 contra la sentencia del 12 de diciembre de 2019, as\u00ed como en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que ante \u00e9l se hizo respecto de las serias y contundentes razones que adujo el demandado cuando combati\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, lo cual demuestra que su conducta no fue inaceptable ni rebelde\u00bb; pues, de acuerdo con la jurisprudencia citada por el mismo juzgador, para \u00e9l era imperioso referirse a todos los puntos de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
6.- No apreci\u00f3 el ad quem que, siendo el demandado titular del derecho constitucional a la cosa juzgada, no estaba obligado a someterse a una decisi\u00f3n arbitraria, esto es, a la pr\u00e1ctica indebida de la prueba de ADN, con la que se pretend\u00eda hacerlo renunciar a una prerrogativa originada en normas superiores, de modo que su actuaci\u00f3n fue leg\u00edtima y ajustada a derecho, dado que justific\u00f3 y explic\u00f3 los motivos de su inasistencia para ese efecto. <\/p>\n
7.- El sentenciador no consider\u00f3 los memoriales ni las razones que expuso el demandado para impugnar la sentencia de primer grado y para no someterse a la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, en especial su alegaci\u00f3n de nulidad de pleno derecho de las constancias de inasistencia al laboratorio de gen\u00e9tica, de los testimonios y de la presunci\u00f3n de paternidad, puesto que fueron \u00abproducto de un segundo e indebido proceso que fue determinante del indebido juzgamiento contenido en el citado fallo del 2020\u00bb. Si el segundo proceso es indebido, necesariamente, todas las pruebas son nulas ipso iure y carecen de valor demostrativo a la luz de los art\u00edculos 240 y 166 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
8.- La sentencia del Tribunal, de acuerdo con los yerros f\u00e1cticos manifiestos y trascendentes alegados, queda sin ning\u00fan basamento jur\u00eddico probatorio, por cuanto el segundo proceso es manifiestamente opuesto al art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n que prescribe que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por la misma causa o hecho en que se fundamenta el petitum. <\/p>\n
En consecuencia, se solicita casar la sentencia recurrida, para que la Corte, obrando en sede de instancia, revoque el fallo del a quo y, en su lugar, declare probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada y niegue las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
VI.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia en su art\u00edculo 14 consagra como derecho fundamental de toda persona el reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica; a su vez, el art\u00edculo 42 ejusdem, dispone que la familia es el n\u00facleo fundamental de la sociedad y se constituye por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos; que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto rec\u00edproco entre todos sus integrantes y consagra como deber del Estado y la sociedad garantizar la \u00abprotecci\u00f3n integral de la familia\u00bb, haciendo especial \u00e9nfasis en que los \u00abhijos habidos en el matrimonio o fuera de \u00e9l, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia cient\u00edfica, tienen iguales derechos y deberes\u00bb y en que \u00abLa ley reglamentar\u00e1 la progenitura responsable\u00bb. <\/p>\n
Estas disposiciones de raigambre constitucional, en gran medida, son el soporte del r\u00e9gimen de filiaci\u00f3n o de investigaci\u00f3n de la paternidad, que, con arreglo a las disposiciones especiales que lo regulan, est\u00e1n orientadas a hacer efectiva la plenitud de los derechos de los hijos extramatrimoniales quienes est\u00e1n facultados para promover el respectivo proceso judicial encaminado a obtener el reconocimiento de sus progenitores, cuando quiera que de manera voluntaria \u00e9stos no lo han hecho, pues seg\u00fan lo ha decantado la jurisprudencia, toda persona tiene derecho a \u00abreclamar su verdadera filiaci\u00f3n\u00bb, que resulta del derecho a la personalidad jur\u00eddica, del libre desarrollo de la personalidad, el acceso a la justicia y la dignidad humana11. <\/p>\n
Al respecto, en el ordenamiento positivo nacional el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 45 de 1936, modificado por el 6\u00ba de la Ley 75 de 1968, consagra seis presunciones que, acreditados sus respectivos supuestos f\u00e1cticos, autorizan declarar mediante proceso judicial la paternidad reclamada. <\/p>\n
Por su parte, la Ley 721 de 2001, introdujo modificaciones a algunos preceptos de la Ley 75 de 1968, de modo especial, a su art\u00edculo 7\u00b0 para disponer que, \u00ab[e]n todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenar\u00e1 la pr\u00e1ctica de los ex\u00e1menes que cient\u00edficamente determinen \u00edndice de probabilidad superior al 99.9%.\u00bb, indicando en su segundo par\u00e1grafo que, \u00abMientras los desarrollos cient\u00edficos no ofrezcan mejores posibilidades, se utilizar\u00e1 la t\u00e9cnica del DNA con el uso de los marcadores gen\u00e9ticos necesarios para alcanzar el porcentaje de certeza de que trata el presente art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, para salvaguardar los importantes intereses que est\u00e1n de por medio en los juicios de filiaci\u00f3n, la Ley 721 de 2001 introdujo una consecuencia m\u00e1s dr\u00e1stica que la originalmente consagraba la Ley 75 de 1968 en los eventos de rebeld\u00eda a la pr\u00e1ctica del medio de convicci\u00f3n en comentario, de manera que en el par\u00e1grafo primero del reformado art\u00edculo 14 de aquella, previ\u00f3: \u00abEn caso de renuencia de los interesados a la pr\u00e1ctica de la prueba, el juez del conocimiento har\u00e1 uso de todos los mecanismos contemplados por la ley para asegurar la comparecencia de las personas a las que se les debe realizar la prueba. Agotados todos estos mecanismos, si persiste la renuencia, el juez del conocimiento de oficio y sin m\u00e1s tr\u00e1mites mediante sentencia proceder\u00e1 a declarar la paternidad o maternidad que se le imputa\u00bb12. <\/p>\n
Como puede apreciarse, a partir de esa normativa, la prueba de marcadores gen\u00e9ticos de ADN se convirti\u00f3 en imprescindible en todos los procesos de filiaci\u00f3n, y sobre su importancia y finalidad, la Corte Constitucional en C-807 de 2002, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
La finalidad del Estado al imponer la prueba del ADN como obligatoria y \u00fanica en los procesos de filiaci\u00f3n, no es otra distinta a su inter\u00e9s de llegar a la verdad, de establecer quien es el verdadero padre o madre, a trav\u00e9s de esta prueba por estar demostrado cient\u00edficamente que su grado de certeza es del 99.99%. Pues, si bien en un comienzo y a\u00f1os atr\u00e1s esta prueba ten\u00eda un alto grado de certeza para excluir la filiaci\u00f3n, hoy por hoy, dado el avance o desarrollo cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico de dicha prueba, esta ha alcanzado el m\u00e1ximo grado de certeza ya no en el sentido de excluir al presunto padre o madre, sino en sentido positivo, por inclusi\u00f3n o determinante e identificador del verdadero padre o madre. Tambi\u00e9n el legislador busca a trav\u00e9s de su obligatoriedad la efectividad de los derechos del ni\u00f1o y de cualquier persona a conocer su origen, a saber qui\u00e9n es su verdadero progenitor y por ende a definir su estado civil, posici\u00f3n en la familia, a tener un nombre y en suma a tener una personalidad jur\u00eddica. <\/p>\n
2.- En el caso sub judice, el punto de encuentro de los dos cargos planteados corresponde a la inconformidad que manifiesta la censura respecto a la decisi\u00f3n del tribunal de confirmar la sentencia de primera instancia, que a su vez declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n pasiva del demandado\u00bb, porque desde su punto de vista constituye un claro desconocimiento del fen\u00f3meno de la cosa juzgada. <\/p>\n
Sobre el particular, lo primero que debe memorarse es que, en este asunto, mediante la sentencia T-249 de 2018 proferida en sede de revisi\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional zanj\u00f3 la controversia suscitada en torno a la procedencia de la excepci\u00f3n de cosa juzgada. As\u00ed, al amparar los derechos fundamentales de los accionantes, que encontr\u00f3 vulnerados por el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esta ciudad, por haber declarado probada dicha excepci\u00f3n con la consecuente orden de terminaci\u00f3n del proceso, dispuso: <\/p>\n
Tercero. REVOCAR la sentencia proferida el 24 de julio de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirm\u00f3 la emitida el 20 de enero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al estado civil, a la personalidad jur\u00eddica, a tener una familia y formar parte de ella y a la dignidad humana de los hermanos Juan David y Jos\u00e9 Luis Serna Arbel\u00e1ez, en los t\u00e9rminos expuestos en esta providencia. <\/p>\n
Cuarto. DEJAR SIN EFECTOS, con base en las consideraciones de esta providencia, la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1, del 21 de mayo de 2003, que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada y dio por terminado el proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial radicado bajo el n\u00famero 1206-2002. En consecuencia, ORDENAR a la autoridad judicial accionada, que en el t\u00e9rmino de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, contin\u00fae con el proceso de filiaci\u00f3n mencionado, debiendo practicar y valorar la prueba cient\u00edfica de ADN ordenada al interior del mismo. (Subraya intencional). <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue adoptada con soporte en el an\u00e1lisis que, a manera de ratio decidendi, se plasm\u00f3 en la parte considerativa del fallo, refiriendo puntualmente las razones de car\u00e1cter constitucional y procesal por las cuales no era factible deducir la existencia de cosa juzgada que impidiera proseguir el curso normal del presente proceso de investigaci\u00f3n de la paternidad con el agotamiento del tr\u00e1mite para la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN regulada en la Ley 721 de 2001. Al respecto, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
91. En ese orden de ideas, en atenci\u00f3n a la ley y a los referentes jurisprudenciales, en el asunto que ocupa a la Sala no se encuentra justificaci\u00f3n que el juez a pesar de haber decretado la pr\u00e1ctica de la prueba, posteriormente la desechara al declarar la excepci\u00f3n de la cosa juzgada, dejando de lado valores superiores como el debido proceso y sin tener en cuenta que de esta manera estaba renunciando a la verdad definitiva, que actualmente solo es posible alcanzar con la pr\u00e1ctica de la prueba que ya hab\u00eda sido ordenada13. <\/p>\n
A su vez, importa destacar que del expediente de la referencia no es posible extraer elementos que lleven a determinar que el juzgado accionado insisti\u00f3 en la pr\u00e1ctica de la prueba cient\u00edfica inherente a todos los procesos de filiaci\u00f3n adelantados con posterioridad al 2001, sino que se limit\u00f3 a decretar la excepci\u00f3n de cosa juzgada14. Esta inactividad confluyente con la parsimonia de la apoderada de los hoy accionantes para controvertir dicha providencia que concluy\u00f3 con la ejecutoria del auto proferido el 21 de mayo de 200315. <\/p>\n
92. De manera an\u00e1loga, al declararse la excepci\u00f3n de cosa juzgada, la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 de manera concomitante en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en una violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, pues por dar aplicaci\u00f3n estricta al art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sobre la existencia de cosa juzgada, sacrific\u00f3 derechos constitucionales en cabeza de los accionantes, inherentes a la protecci\u00f3n de la filiaci\u00f3n, la cual implica una salvaguarda a los derechos a la personalidad jur\u00eddica (art. 14 de CP), a tener una familia (arts. 5, 42 y 44 CP), al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 CP) y a la dignidad humana (art. 1\u00ba de la CP)16. Por tanto, con esta actuaci\u00f3n, el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 desplaz\u00f3 el amparo de los derechos de los hermanos Serna Arbel\u00e1ez para dar aplicaci\u00f3n a una norma procedimental, que hace procedente la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
93. Incluso, para la Sala no se estructuraba el fen\u00f3meno de cosa juzgada que fue declarado en el auto del 21 de mayo de 2003, pues si bien hab\u00eda identidad de partes y de pretensiones, entre el proceso adelantado en 1988 y el terminado en 2003, los hechos no eran similares. Al respecto basta con traer a colaci\u00f3n lo considerado por este Tribunal en la sentencia T-352 de 2012, al analizar un caso con presupuestos f\u00e1cticos equivalentes: <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, la Sala considera que no existe cosa juzgada en este caso, debido a que si bien se trata de iguales sujetos y de iguales pretensiones, los hechos no son los mismos, ya que: i) en 1973 [en el presente asunto ser\u00eda 1988] (fecha en que se llev\u00f3 a cabo el primer proceso) no exist\u00eda la prueba de ADN, pues los avances cient\u00edficos en materia gen\u00e9tica no hab\u00edan llegado hasta su descubrimiento; ii) el ordenamiento jur\u00eddico se reg\u00eda bajo los mandatos de la Constituci\u00f3n de 1886; por tanto, fue hasta 1991 cuando se logr\u00f3 afianzar el principio de la primac\u00eda del derecho sustancial sobre el procesal, como garant\u00eda de la materializaci\u00f3n y protecci\u00f3n real de los derechos de los individuos; y iii) no se hab\u00eda expedido la Ley 721 de 2001, que fue la que determin\u00f3 que era obligatoria la prueba de ADN en los procesos de filiaci\u00f3n, mientras los desarrollos cient\u00edficos no ofrezcan mejores posibilidades\u201d. <\/p>\n
94. Como se expuso previamente, el proceso de investigaci\u00f3n de la paternidad ha sufrido mutaciones legislativas acordes con los avances cient\u00edficos mediante los cuales se ha permitido que las partes involucradas en un proceso de esta naturaleza tengan plena certeza al momento de definir si existe un v\u00ednculo consangu\u00edneo entre ellos. As\u00ed, la nueva normatividad, que para el presente caso es la Ley 721 de 2001, resultaba imperativa para el juez de conocimiento y supon\u00eda hechos nuevos o diferentes a los analizados y juzgados, permitiendo descartar la estructuraci\u00f3n del fen\u00f3meno de cosa juzgada17. <\/p>\n
95. El Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1, erradamente consider\u00f3 que los presupuestos f\u00e1cticos estudiados por el Juzgado Primero Civil de Menores en 1988, eran id\u00e9nticas a los presentados en el proceso estudiado en 2003, desconociendo as\u00ed la normal legal vigente que supon\u00eda una valoraci\u00f3n probatoria y procedimental distinta a la aplicada en el proceso anterior. Adicionalmente, se advierte que el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 desconoci\u00f3 que el pronunciamiento del Juzgado Civil de Menores de 1988, se reg\u00eda bajos los lineamientos establecidos en la Constituci\u00f3n de 1886, donde no se encontraba debidamente consolidado el principio del derecho sustancial como si lo est\u00e1 en la Carta Pol\u00edtica de 199118. <\/p>\n
96. Y es que el alt\u00edsimo grado de probabilidad que otorga la prueba cient\u00edfica de ADN respecto del establecimiento de la progenitura, hizo la ley dispusiera lo imperativo de su pr\u00e1ctica. Por ello, no pod\u00eda desconocer el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 el medio cient\u00edfico al uso. Esto se a\u00fana al hecho de que las pruebas periciales de grupos sangu\u00edneos a las que refer\u00eda la Ley 75 de 1968, bajo cuyo imperio se adelant\u00f3 el primer proceso ante el Juzgado Civil de Menores de Bogot\u00e1, \u201ccarec\u00edan de un poder de inclusi\u00f3n o de exclusi\u00f3n absoluto, pues no afirmaban ni exclu\u00edan la paternidad, apenas reflejaban una probabilidad relativa, que variaba dependiendo de la cantidad de personas que pudieran tener el mismo tipo de sangre del posible padre\u201d19. <\/p>\n
De ah\u00ed que si la paternidad atribuida al se\u00f1or P\u00e1jaro Pe\u00f1aranda a\u00fan no hab\u00eda sido cient\u00edficamente definida, el Juzgado deb\u00eda encauzar su actuaci\u00f3n en esa senda, pues tal situaci\u00f3n resultaba violatoria de los derechos fundamentales de los hermanos Serna Arbel\u00e1ez. <\/p>\n
97. En el mismo sentido, se evidencia una violaci\u00f3n directa de la Carta, ya que se marginaron integralmente de la controversia los principios constitucionales consagrados en el Texto Superior. En efecto, la providencia cuestionada solo tuvo en cuenta el hecho de que hab\u00eda existido un proceso de filiaci\u00f3n natural anterior sin considerar las variables normativas y circunstanciales que motivaron, por segunda vez, el inicio del proceso filiaci\u00f3n extramatrimonial. <\/p>\n
Esto significa que el auto atacado al soslayar la pr\u00e1ctica de la prueba cient\u00edfica, imposibilit\u00f3 la revisi\u00f3n de fondo del asunto planteado por el n\u00facleo familiar accionante, olvidando el principio constitucional de la primac\u00eda del derecho sustancial sobre el procedimental. Principio que se quebrant\u00f3 cuando ante la posibilidad de practicar una prueba de ADN el juez de instancia decidi\u00f3 darle mayor prevalencia al aspecto formal, dejando de lado la primac\u00eda de la protecci\u00f3n real y efectiva de los derechos de los individuos, en particular de quienes en ese entonces eran solo unos ni\u00f1os. <\/p>\n
Dicho actuar del juzgado accionado gener\u00f3 una situaci\u00f3n de permanente vulneraci\u00f3n en la \u00f3rbita de derechos fundamentales de los hermanos Serna Arbel\u00e1ez que, como claramente se evidencia con la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela, sigue produciendo efectos nocivos en sus garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
98. Quiere decir lo anterior que la decisi\u00f3n del Juzgado D\u00e9cimo de Bogot\u00e1 mediante la cual declar\u00f3 la excepci\u00f3n de cosa juzgada en el proceso de filiaci\u00f3n adelantado por los accionantes en vigencia de la precitada ley, es contraria al Texto Superior y a la jurisprudencia de esta Corte, en la cual se ha reiterado que en los casos en los cuales exista una amenaza o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, prevalecer\u00e1 la justicia material y no las formalidades propias, adjetivas del proceso judicial. <\/p>\n
Por otra parte, en A-024 de 2019, la Sala Plena de la Corte Constitucional, neg\u00f3 la solicitud de nulidad formulada por el aqu\u00ed demandado contra la rese\u00f1ada sentencia de revisi\u00f3n de tutela20. Al respecto, tras realizar las consideraciones pertinentes sobre ese tipo de actuaciones, concluy\u00f3: <\/p>\n
13. La Sala reitera que quien invoca la nulidad de una sentencia de esta Corporaci\u00f3n debe demostrar con razones coherentes la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso, no siendo de recibo interpretaciones jur\u00eddicas diferentes que obedezcan al disgusto y a la inconformidad con la sentencia cuestionada, o que pretendan reabrir el debate jur\u00eddico concluido. <\/p>\n
14. As\u00ed pues, se aprecia que la parte solicitante no present\u00f3 argumentos aptos para acreditar que la sentencia T-249 de 2018 hubiera incurrido en una vulneraci\u00f3n al debido proceso del se\u00f1or P\u00e1jaro Pe\u00f1aranda al modificar el precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Corte en relaci\u00f3n con los principios de subsidiariedad e inmediatez; por lo tanto, resulta forzoso concluir que no se cumpli\u00f3 con la carga argumentativa necesaria para estructurar un cargo de nulidad, torn\u00e1ndose improcedente el estudio de fondo de la causal. <\/p>\n
Con este panorama, teniendo en cuenta que, por regla general, las providencias proferidas por la Corte Constitucional en ejercicio de su labor excepcional de revisi\u00f3n de fallos proferidos en acciones de tutela, tienen efectos inter partes, de manera que afectan las situaciones particulares de quienes intervienen en un tr\u00e1mite de esa naturaleza, es claro que el demandado por lo que a esa defensa concierne qued\u00f3 vinculado a lo decidido por el Tribunal Constitucional, particularmente en dos aspectos: i) la excepci\u00f3n de cosa juzgada no estaba demostrada al momento en que el a quo la resolvi\u00f3 como previa y, por ello, su decisi\u00f3n del 21 de mayo de 2003 fue dejada sin efectos; ii) la orden de proseguir el proceso judicial dispuesta por esa Corporaci\u00f3n, era de obligatorio cumplimiento para el juzgador, quien qued\u00f3 compelido no solo a darle continuidad al mismo, sino tambi\u00e9n a velar por la pr\u00e1ctica de la prueba cient\u00edfica de ADN all\u00ed ordenada desde su inicio, y a \u00abvalorarla\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto resulta incontrastable que la sentencia de revisi\u00f3n surt\u00eda efectos respecto de quienes fungen como partes procesales en este juicio, que fueron vinculados y escuchados en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En tal virtud, con posterioridad a ese fallo de revisi\u00f3n, las alegaciones del demandado insistiendo en la existencia de cosa juzgada solo podr\u00edan haber tenido eco en la definici\u00f3n de la controversia si se hubiesen edificado en hechos o circunstancias diferentes a las que en aquel momento sustentaron la proposici\u00f3n de ese medio exceptivo, cosa que no ocurri\u00f3, pues, claramente, su tesis defensiva se mantuvo en lo inicialmente planteado, cuyos argumentos, se itera, fueron desestimados en la citada T-249 de 2018, frente a la cual el juzgador de primera instancia, como era su deber, emiti\u00f3 el auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase lo resuelto por la Corte Constitucional para dar continuidad a la tramitaci\u00f3n del asunto sub judice. <\/p>\n
La anterior precisi\u00f3n es importante por cuanto a partir de ella deben analizarse los fundamentos que soportan los dos cargos, que desde ya se advierte, no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen: <\/p>\n
3.- El primer motivo de casaci\u00f3n alegado se edific\u00f3 en la afrenta directa de normas sustanciales. En esencia, critic\u00f3 el demandado que el Tribunal haya desestimado la excepci\u00f3n de cosa juzgada por una errada interpretaci\u00f3n del concepto de la causa petendi, al confundirlo con la prueba y que de esa manera aplic\u00f3 indebidamente los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba y 8\u00ba de la Ley 721 de 2001 e inaplic\u00f3 el canon 303 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico debe decirse que la decisi\u00f3n del Tribunal se erigi\u00f3 en los siguientes argumentos: <\/p>\n
3.1- Al analizar los reparos del apelante relacionados con la estructuraci\u00f3n de la cosa juzgada, consider\u00f3 que si bien no hab\u00eda duda en lo concerniente a la identidad jur\u00eddica de las partes y del objeto de los procesos de filiaci\u00f3n adelantados por los hermanos Juan David y Jos\u00e9 Luis Serna Arbel\u00e1ez, en lo que no exist\u00eda tal identidad era en la causa, toda vez que \u00abentre los fundamentos f\u00e1cticos del primer proceso a los del presente, no existe esa coincidencia\u00bb y puso especial \u00e9nfasis en los hechos numerados 5 y 7, en su orden, referidos a la prueba practicada en el primer proceso que arroj\u00f3 como resultado la compatibilidad gen\u00e9tica entre las partes, y a la expedici\u00f3n de la Ley 721 de 2001 que introdujo la prueba de ADN como fundamento de los fallos judiciales sobre filiaci\u00f3n extramatrimonial, concluyendo que al haberse entronizado en el ordenamiento la pr\u00e1ctica obligatoria de dicha prueba, tal situaci\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) no es una mera variaci\u00f3n accidental con el anterior proceso, sino fundamental, por la sencilla pero pot\u00edsima raz\u00f3n de que la prueba de marcadores gen\u00e9ticos, que no es ni por semejas la practicada en el otro pleito que finiquit\u00f3 en 1988 \u2013 examen de sangre que determin\u00f3 un nivel de compatibilidad sangu\u00ednea entre los hermanos Serna Arbel\u00e1ez y el presunto progenitor- constituye instrumento cient\u00edfico de incalculable valor en la investigaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n que no exist\u00eda para 1988, lo que desvirt\u00faa la alegada cosa juzgada. <\/p>\n
3.2.- Frente al reproche del recurrente en cuanto a que el ADN es una prueba y no un hecho novedoso, sostuvo que, <\/p>\n
En materia filiatoria, tal aserci\u00f3n no es absoluta. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia tanto en sede de casaci\u00f3n y en tutela, as\u00ed como la doctrina especializada, han concluido de manera un\u00e1nime, contrario a lo que sostiene el recurrente, que en los tiempos modernos el ADN, si bien es una prueba, impacta a la causa como identidad de la cosa juzgada. La tensi\u00f3n que se presenta entre la filiaci\u00f3n y la cosa juzgada frente a la aparici\u00f3n de las pruebas biol\u00f3gicas, se resuelve en favor de la filiaci\u00f3n por encontrarse comprometidos valores constitucionales inalienables, la protecci\u00f3n de la familia como instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad, el reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica de toda persona, la igualdad y el debido proceso. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, dedic\u00f3 un amplio segmento del fallo a relacionar posiciones jurisprudenciales y doctrinarias con las cuales propendi\u00f3 por refrendar sus afirmaciones, y precis\u00f3 que el advenimiento de la Ley 721 de 2001 derrumba la cosa juzgada, por tratarse de una \u00abcausa jur\u00eddica pr\u00f3xima que no coincide con la remota\u00bb y que fue invocada en la demanda formulada en el a\u00f1o 2002. <\/p>\n
3.3.- Desde el argumento ius fundamental, debe tenerse en cuenta que, para la \u00e9poca en que se dict\u00f3 el primer fallo, el orden constitucional era distinto al actual. De suerte que la demanda promovida en 2002 se encuentra permeada por otros valores constitucionales, ante los nuevos derroteros establecidos en esa materia, debe prevalecer la b\u00fasqueda de la verdad en la consolidaci\u00f3n de las garant\u00edas superiores como la personalidad jur\u00eddica, la dignidad humana, el derecho a tener una familia y formar parte de ella, el derecho al estado civil y el derecho a conocer con certeza la identidad de los progenitores. <\/p>\n
3.4.- El salvamento de voto a la sentencia T249 de 2018 y la aclaraci\u00f3n al auto que resolvi\u00f3 el incidente de nulidad contra dicha sentencia, no tienen la relevancia que predica el demandado, toda vez que \u00abno constituyen la posici\u00f3n mayoritaria, no obstante, el peso espec\u00edfico de dichas disidencias, pues lo vinculante son las tesis mayoritarias\u00bb. <\/p>\n
3.5.- La legalidad del auto del 21 de mayo de 2003 que declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de cosa juzgada y termin\u00f3 el presente proceso, fue enervada con la sentencia T-249 de 2018, \u00abluego la situaci\u00f3n nulitante no estar\u00eda presente, lo que va de la mano con la confirmaci\u00f3n de la sentencia apelada\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, aunque el Juzgador de segunda instancia en la motivaci\u00f3n de su fallo incluy\u00f3 algunos elementos adicionales de refuerzo, en especial para desechar la identidad de la causa como elemento basilar de la cosa juzgada al diferenciar los conceptos de \u00abcausa pr\u00f3xima\u00bb y \u00abcausa remota\u00bb, en todo caso, su an\u00e1lisis guarda absoluta correspondencia con el efectuado por la Sala de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional para amparar los derechos superiores de los demandantes al concluir que en este caso no se estructuraba el fen\u00f3meno de la cosa juzgada, por lo siguiente: i) \u00absi bien hab\u00eda identidad de partes y de pretensiones, entre el proceso adelantado en 1988 y el terminado en 2003, los hechos no eran similares\u00bb21; ii) la nueva normativa \u00abque para el presente caso es la Ley 721 de 2001, resultaba imperativa para el juez de conocimiento y supon\u00eda hechos nuevos o diferentes a los analizados y juzgados\u00bb; iii) el juzgador desconoci\u00f3 que la norma legal vigente \u00absupon\u00eda una valoraci\u00f3n probatoria y procedimental distinta a la aplicada en el proceso anterior\u00bb y que el fallo del Juzgado de Menores en 1988, se reg\u00eda bajo los lineamientos de la Constituci\u00f3n de 1886, en la que no estaba consolidado el principio de primac\u00eda del derecho sustancial como s\u00ed lo est\u00e1 en la de 1991, y iv) las pruebas periciales de grupos sangu\u00edneos referidas en la Ley 75 de 1968, bajo cuyo imperio se adelant\u00f3 el primer proceso, \u00abcarec\u00edan de un poder de inclusi\u00f3n o exclusi\u00f3n absoluto\u00bb, entonces, como la paternidad atribuida al demandado a\u00fan no hab\u00eda sido cient\u00edficamente definida, el juzgado deb\u00eda encauzar su actuaci\u00f3n en esa senda en aras de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los accionantes. <\/p>\n
Fluye de lo expuesto que si los fundamentos jur\u00eddicos esgrimidos por el Tribunal para refrendar la decisi\u00f3n de declarar no probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito formulada por el convocado, en lo medular, coinciden con los que en su momento condujeron a la Corte Constitucional a arribar a la misma conclusi\u00f3n, y si con posterioridad al fallo de revisi\u00f3n de tutela, no se establecieron en este proceso circunstancias distintas a las iniciales que originaron la alegaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de cosa juzgada, ning\u00fan reproche merece su labor\u00edo desde el punto de vista de la aplicaci\u00f3n de la normatividad legal llamada a disciplinar el caso sometido a su discernimiento. <\/p>\n
Tampoco son admisibles los reparos relacionados con que el sentenciador aplic\u00f3 err\u00f3neamente la Ley 721 de 2001, toda vez que, en \u00faltimas, propenden por desconocer los argumentos que expuso la Corte Constitucional en su sentencia T249 de 2018 sobre la procedencia de aplicar esa preceptiva en este asunto, al punto que para brindar el amparo constitucional en la forma que dispuso, tom\u00f3 en consideraci\u00f3n, entre otros aspectos, la protecci\u00f3n de la familia, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas a partir de la Constituci\u00f3n de 1991 y la garant\u00eda de los derechos fundamentales de los accionantes por cuanto con las pruebas periciales de grupos sangu\u00edneos referidas en la Ley 75 de 1968, la paternidad atribuida al demandado a\u00fan no hab\u00eda sido cient\u00edficamente definida. <\/p>\n
De all\u00ed que, siendo esa providencia vinculante entre las partes de este proceso, el acatamiento de la hermen\u00e9utica relacionada con la aplicaci\u00f3n de la referida ley no es opcional para los juzgadores de instancia, sino que comporta un acto de sujeci\u00f3n a lo ya analizado por la m\u00e1xima guardiana de la Constituci\u00f3n en cumplimiento de la funci\u00f3n encomendada en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 241 de la Carta Pol\u00edtica, dados sus efectos inter partes, de donde, en l\u00ednea de principio, el tema se torna inexpugnable para este caso en particular y ning\u00fan error de juzgamiento se deriva de la aplicaci\u00f3n de esos preceptos en su definici\u00f3n. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, si desde la sentencia de revisi\u00f3n de tutela el convocado fue advertido de que la declaraci\u00f3n de cosa juzgada qued\u00f3 sin efecto, de ello se derivaba, necesariamente, que el presente era un juicio nuevo que deb\u00eda continuar su curso hasta la decisi\u00f3n definitiva, por lo mismo, a partir de aquel fallo deven\u00eda insostenible su tesis de que estaba siendo juzgado dos veces por el mismo hecho. <\/p>\n
5.- En adici\u00f3n a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en la formulaci\u00f3n del cargo el casacionista incurri\u00f3 en errores de t\u00e9cnica que igualmente truncan sus probabilidades de \u00e9xito, como son: <\/p>\n
5.1.- Acerca de que el Tribunal pas\u00f3 por alto que la Ley 721 de 2001 no suprimi\u00f3 ni sustituy\u00f3 las causales consagradas en el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 75 de 1968, ni constituy\u00f3 una distinta, lo que significa que el resultado de esa prueba es solo un elemento de convicci\u00f3n para acreditar la causal, basta se\u00f1alar que el argumento es desenfocado, toda vez que en ninguna parte del razonamiento del juzgador de segunda instancia se aludi\u00f3 a una alteraci\u00f3n de las causales de filiaci\u00f3n. Cosa distinta es que le haya conferido especial importancia a la obligatoriedad de ese medio demostrativo en el actual escenario de los procesos de filiaci\u00f3n, pero en modo alguno aludi\u00f3 a que su advenimiento constituyera un evento adicional de presunci\u00f3n de la paternidad natural que diera lugar a su declaraci\u00f3n judicial en los procesos de investigaci\u00f3n de la paternidad, referidas en el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 75 de 1968. <\/p>\n
5.2.- Los reparos contra el contenido de la sentencia T-249 de 2018, son a todas luces impertinentes para soportar la causal primera de casaci\u00f3n, no solo porque la misma \u00fanicamente puede dirigirse contra el fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal en el proceso declarativo de filiaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n porque aquella decisi\u00f3n fue proferida por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la Jurisdicci\u00f3n Constitucional por lo que era de obligatorio cumplimiento para el juez que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n que la Corte consider\u00f3 violatoria de los derechos fundamentales de los promotores y surte plenos efectos contra quienes fungen como partes dentro de este juicio de reconocimiento de paternidad extramatrimonial, con mayor raz\u00f3n, cuando la nulidad formulada contra ese prove\u00eddo fue denegada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en A024 de 2019. <\/p>\n
5.3.- El cargo adem\u00e1s deviene incompleto, si en cuenta se tiene que el inconforme no cuestion\u00f3 uno de los pilares que soportan el fallo de segunda instancia, relacionado con la sustentaci\u00f3n de la tesis que dio pie a la confirmaci\u00f3n de la sentencia del a quo, a partir de una visi\u00f3n ius fundamental, pues seg\u00fan lo afirm\u00f3 el Tribunal, en este asunto tambi\u00e9n deb\u00eda tenerse en cuenta que, para la \u00e9poca en que se dict\u00f3 el primer fallo, el orden constitucional era distinto al actual y que, por ello, la demanda promovida en 2002 se encontraba permeada por otros valores constitucionales, ante los nuevos derroteros establecidos en esa materia, por lo que deb\u00eda prevalecer la b\u00fasqueda de la verdad en la consolidaci\u00f3n de las garant\u00edas superiores como la personalidad jur\u00eddica, la dignidad humana, el derecho a tener una familia y formar parte de ella, el derecho al estado civil y el derecho a conocer con certeza la identidad de los progenitores. <\/p>\n
5.4.- Por lo dem\u00e1s, todos los cuestionamientos acerca de la naturaleza, procedencia y valoraci\u00f3n de la prueba de ADN, resultan por completo ajenos a la senda de la causal primera de casaci\u00f3n que impide discusiones de orden probatorio, pues a tono con el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, trat\u00e1ndose de la violaci\u00f3n directa, el cargo debe circunscribirse a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria. Ese entremezclamiento constituye una afrenta contra la autonom\u00eda de los distintos motivos de casaci\u00f3n consagrados por el legislador que impide su estudio. <\/p>\n
5.5.- La falta de t\u00e9cnica de algunos cuestionamientos, sumada a lo infundados que, a estas alturas del proceso, de acuerdo con sus antecedentes, resultan los reproches del inconforme, dan cuenta de que sus planteamientos obedecen a su particular manera de entender c\u00f3mo debi\u00f3 ser resuelta la controversia y no a verdaderos errores in iudicando atribuibles al juzgador de segundo grado, de modo que, lejos de ser id\u00f3neos para quebrar el fallo impugnado, solo se asemejan a simples alegatos de instancia insuficientes para ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
En resumen, los argumentos del recurrente para sustentar el cargo por afrenta directa del ordenamiento, no tienen el alcance de alterar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que el fallo arrib\u00f3 a esta sede. <\/p>\n
6.- Respecto a la violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales en las que se soporta el segundo cargo, pese a la falta de precisi\u00f3n en su formulaci\u00f3n en la medida que no se explica si el tribunal incurri\u00f3 en yerro de hecho o de derecho y se repiten los motivos de desacuerdo plasmados en el primer cargo, podr\u00eda extraerse que se alega indebida apreciaci\u00f3n de la demanda, lo que, desde el punto de vista del recurrente, condujo al tribunal a declarar infundada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito propuesta, e indebida valoraci\u00f3n de algunos medios de prueba, que lo condujeron a resolver del modo que lo hizo. <\/p>\n
6.1.- Sobre la primera cuesti\u00f3n, es evidente lo desenfocado que resulta el cargo, pues no es verdad que la alusi\u00f3n del tribunal a la existencia de una causa pr\u00f3xima haya sido producto de una confusi\u00f3n entre un medio probatorio y la causa, y mucho menos que la misma se haya originado en la tergiversaci\u00f3n del contenido material de la demanda, dado que el juzgador en ning\u00fan momento le atribuy\u00f3 a los demandantes esa afirmaci\u00f3n -que ciertamente no plasmaron en el escrito inaugural-, sino que esa tem\u00e1tica hizo parte del argumento jur\u00eddico que sirvi\u00f3 de soporte al fallo como un razonamiento que el ad quem estim\u00f3 pertinente para resolver la instancia, lo que de ninguna manera encaja en una apreciaci\u00f3n indebida de la demanda, por adici\u00f3n o a\u00f1adidura de su texto, capaz de estructurar un error f\u00e1ctico. <\/p>\n
6.2.- En cuanto al segundo aspecto, especial relevancia merece la disertaci\u00f3n del ad quem relacionada con que el \u00e9xito de las pretensiones de los accionantes se debi\u00f3 a la frustraci\u00f3n de la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN por la rebeld\u00eda del demandado, as\u00ed como al dicho de los testigos, y que esos aspectos no fueron objeto de apelaci\u00f3n, por lo que quedaron por fuera de discusi\u00f3n en la segunda instancia. Al efecto, expuso: <\/p>\n
(\u2026) el a quo accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n filiatoria demandada con sost\u00e9n en las directrices y jurisprudencia vertidas en la sentencia SC5418-2018 (\u2026) las que transcribi\u00f3 in extenso, y apoyado en que la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN ordenada result\u00f3 frustrada ante la inaceptable conducta rebelde del demandado en no prestar su concurso para la toma de muestras tras ser citado en varias oportunidades, aunado a lo que se\u00f1alaron los testigos tra\u00eddos al proceso. <\/p>\n
La anterior conclusi\u00f3n jur\u00eddica y probatoria no fue combatida por el recurrente ya que expresamente ninguna censura blandi\u00f3 en ese sentido a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho. No expuso el apelante las razones o motivos de su inconformidad con las deducciones l\u00f3gico \u2013 jur\u00eddicas a que lleg\u00f3 el juez en su prove\u00eddo impugnado y alcanzar, por ende, su revocatoria o modificaci\u00f3n. Al contrario, al plantear sus reparos concretos contra la sentencia, persisti\u00f3 en su postura renuente, al se\u00f1alar que lo afirmado en la sentencia apelada \u201ccon respecto a la obligatoriedad de la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica de ADN a que se refiere la Ley 721 de 2001 solamente ser\u00eda v\u00e1lido si no mediara, como acontece en el sub lite, el fallo de 26 de julio de 1988 que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada material\u201d, razonamiento que no tiene asidero, seg\u00fan se dej\u00f3 analizado en p\u00e1rrafos anteriores. <\/p>\n
En ese orden, le est\u00e1 vedado al Tribunal abordar lo concerniente a dicho segmento probatorio del fallo apelado, so pena de rebosar su competencia funcional (\u2026) el art\u00edculo 328 ibidem es reiterativo en indicar que \u201cEl juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio en los casos previstos por la ley\u201d. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, los reparos planteados en esta sede relacionados con la errada apreciaci\u00f3n de las constancias de inasistencia a la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN y de la justificaci\u00f3n esgrimida por el convocado para no someterse a ella; as\u00ed como la valoraci\u00f3n de los testimonios recibidos en la audiencia de instrucci\u00f3n o la aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n legal de paternidad porque fueron producidos en un \u00absegundo e indebido juzgamiento\u00bb, de ninguna manera podr\u00edan constituir un error de hecho manifiesto y trascendente con el alcance de quebrar el fallo impugnado. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que si no triunf\u00f3 la excepci\u00f3n previa de la cosa juzgada y la Corte Constitucional orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, no exist\u00eda ninguna justificaci\u00f3n para que el demandado mantuviera su actitud renuente de acatar esa orden del juez constitucional, pues a\u00fan si sus expectativas en la suerte definitiva del proceso siguieran cimentadas en la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n pasiva por el acaecimiento del fen\u00f3meno de la cosa juzgada, de todas maneras su comportamiento procesal daba a entender que estaba dispuesto a asumir las consecuencias derivadas de su renuencia o rebeld\u00eda a someterse a la prueba de ADN como en efecto ocurri\u00f3. En esa medida, ning\u00fan yerro f\u00e1ctico se advierte en la sentencia del Tribunal por haber avalado el fallo del a quo tambi\u00e9n en ese aspecto. <\/p>\n
Frente a la indebida apreciaci\u00f3n de la copia de la sentencia absolutoria del 26 de julio de 1988 emitida por el Juzgado Primero de Menores de Bogot\u00e1, y los efectos de cosa juzgada que de la misma emerg\u00edan, no es necesario agregar nada m\u00e1s a lo dicho en precedencia con respecto a las razones que sustentaron el fracaso de dicha excepci\u00f3n, las cuales permanecen inc\u00f3lumes. <\/p>\n
Los dem\u00e1s argumentos del cargo presentan defectos de t\u00e9cnica que impiden un mayor an\u00e1lisis, por lo siguiente: i) la aducida vulneraci\u00f3n del \u00faltimo inciso del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, conforme al cual \u00abes nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb, no es asunto propio de un error de hecho, sino de iure, por lo mismo, en su formulaci\u00f3n se presenta una mixtura de dos defectos completamente diferentes, que impide su estudio; y, ii) la falta de apreciaci\u00f3n de las alegaciones del apelante, no ata\u00f1e a un yerro facti, por lo que una inconsistencia de ese talante resulta ajena a la segunda causal de casaci\u00f3n, y a lo sumo, de acuerdo a las circunstancias del caso, podr\u00eda dar lugar a la invocaci\u00f3n de la tercera. <\/p>\n
7.- Por lo expuesto, ninguno de los cargos se abre paso. <\/p>\n
8.- Como la decisi\u00f3n es adversa al recurrente, se le condenar\u00e1 en costas, de conformidad con los art\u00edculos 365 y 349 del C\u00f3digo General del Proceso, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que la parte demandada replic\u00f3 el recurso extraordinario. <\/p>\n
VII.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: No casar la sentencia proferida el de 26 de agosto de 2020, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso en referencia. <\/p>\n
Segundo: Condenar en costas a la parte impugnante. Por concepto de agencias en derecho, se fija la suma de diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cuaderno Juzgado Martha Serna Arbel\u00e1ez (1).pdf. Folio 6. <\/p>\n
2\u0002 Cuaderno Juzgado Martha Serna Arbel\u00e1ez (1).pdf. Folio 5. <\/p>\n
3\u0002 Cuaderno Juzgado Martha Serna Arbel\u00e1ez (1).pdf. Folios 17 a 20. <\/p>\n
4\u0002 Cuaderno Juzgado Excepci\u00f3n Previa. Martha Serna Arbel\u00e1ez (2).pdf. Folios 1 a 4. <\/p>\n
5\u0002 Cuaderno Juzgado Excepci\u00f3n Previa. Martha Serna Arbel\u00e1ez (2).pdf. Folios 28 a 31. <\/p>\n
6\u0002 Radicado 110012210000-201600820-00. <\/p>\n
7\u0002 Cuaderno Juzgado Martha Serna Arbel\u00e1ez (1).pdf. Folios 70 a 101. <\/p>\n
8\u0002 Cuaderno Juzgado Martha Serna Arbel\u00e1ez (1).pdf. Folio 103. <\/p>\n
9\u0002 Cuaderno Juzgado Martha Serna Arbel\u00e1ez (1).pdf. Folios 300 a 308. <\/p>\n
10\u0002 Cuaderno Tribunal 03.pdf. Folios 61 a 83. <\/p>\n
11\u0002 Corte Constitucional C-109\/95. <\/p>\n
12\u0002 Aunque estas disposiciones fueron expresamente derogadas por el literal c) del art\u00edculo 626 de la Ley 1564 de 2012, se rese\u00f1an porque estaban vigentes para la \u00e9poca en que se admiti\u00f3 la demanda que dio origen a este proceso. Actualmente, el C\u00f3digo General del Proceso en su art\u00edculo 386 define las reglas especiales que rigen los procesos de investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o la maternidad. <\/p>\n
13\u0002 \u201cLo que no es permitido al juez, a la luz de los postulados constitucionales, es decretar las pruebas y despu\u00e9s, por su capricho o para interrumpir t\u00e9rminos legales que transcurren a favor del procesado y de su libertad, abstenerse de continuar o culminar su pr\u00e1ctica, para proceder a tramitar etapas posteriores del juicio. En el evento en que as\u00ed ocurra, resulta palmaria la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso y ostensible la arbitrariedad judicial\u201d. Sentencia SU-087 de 1999. En igual sentido, en sentencia T-488 de 1999, la Corte precis\u00f3: \u201c\u201cSi bien, algunos de los anteriores criterios fueron emitidos en relaci\u00f3n con el proceso penal, el fundamento que presentan, como es el de la vigencia del debido proceso en la pr\u00e1ctica de las pruebas ya decretadas, son perfectamente aplicables a cualquier otro proceso establecido por la legislaci\u00f3n nacional, por compartir los principios y garant\u00edas propios del derecho penal\u201d. <\/p>\n
14\u0002 La jurisprudencia tambi\u00e9n ha se\u00f1alado que la filiaci\u00f3n es un derecho innominado, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 94 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. De ah\u00ed que, es deber de los jueces actuar con diligencia y proactividad en los procesos de investigaci\u00f3n de paternidad o maternidad, de manera que se cuente con las pruebas antroheredobiol\u00f3gicas para proferir su decisi\u00f3n. En criterio de esta Corporaci\u00f3n, este derecho se encuentra estrechamente ligado con el principio de la dignidad humana, pues todo ser humano tiene derecho a ser reconocido como parte de la sociedad y de una familia. Cfr. Sentencia T-411 de 2004. <\/p>\n
15\u0002 Excepci\u00f3n de cosa juzgada presentada por el demandado el 26 de marzo 2003 en la constataci\u00f3n de la demanda y ejecutoriada el 21 de mayo de 2003, lapso de tiempo en el cual el juez de instancia no despleg\u00f3 actividad alguna que permitiese la pr\u00e1ctica de la prueba cient\u00edfica legalmente instituida. . <\/p>\n
16\u0002 Sentencia T-1342 de 2001. <\/p>\n
17\u0002 De acuerdo al art\u00edculo 406 del C\u00f3digo Civil, \u201cNi prescripci\u00f3n ni fallo alguno, entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado, podr\u00e1 oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce\u201d. <\/p>\n
18\u0002 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, art\u00edculo 228. \u201cLa Administraci\u00f3n de Justicia es funci\u00f3n p\u00fablica. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones ser\u00e1n p\u00fablicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecer\u00e1 el derecho sustancial. Los t\u00e9rminos procesales se observar\u00e1n con diligencia y su incumplimiento ser\u00e1 sancionado. Su funcionamiento ser\u00e1 desconcentrado y aut\u00f3nomo\u201d. (subrayas fuera del texto). <\/p>\n
19\u0002 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil. N\u00ba 1175-2016, 8 Febrero de 2016, Rad. 2010-00308-01. <\/p>\n
20\u0002 Cuya parte resolutiva es del siguiente tenor: Primero. RECHAZAR el cargo de nulidad por cambio del precedente de la Sala Plena presentado por la apoderada judicial del doctor Nicol\u00e1s Cipriano P\u00e1jaro Pe\u00f1aranda contra la sentencia T-249 de 2018, por los motivos expuestos. Segundo. NEGAR el cargo de incompetencia de la Sala de Revisi\u00f3n para decidir acerca de las nulidades propuestas en procesos surtidos ante la Corte, desarrollado por la apoderada judicial del doctor Nicol\u00e1s Cipriano P\u00e1jaro Pe\u00f1aranda contra la sentencia T-249 de 2018, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia. <\/p>\n
21\u0002 En refuerzo trajo a colaci\u00f3n lo considerado por esa misma Corporaci\u00f3n en la sentencia T-352 de 2012, en la que, a su vez, en un evento similar consider\u00f3 que los hechos no eran los mismos puesto que para la \u00e9poca en que se dict\u00f3 el primer fallo no exist\u00eda la prueba de ADN; porque solo a partir de la Constituci\u00f3n de 1991 se afianz\u00f3 el principio de la primac\u00eda del derecho sustancial sobre el procesal y porque fue la Ley 721 de 2001 la que determin\u00f3 la obligatoriedad de la prueba de ADN en los procesos de filiaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
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SC426-2023 (2002-01206-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente SC426-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-010-2002-01206-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se decide el recurso de casaci\u00f3n formulado por Nicol\u00e1s Cipriano P\u00e1jaro […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77275","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77275","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77275"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77275\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77275"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77275"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77275"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}