SC428-2023 (2016-00048-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC428-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-036-2016-00048-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso la convocante frente al fallo de 14 de marzo de 2023, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Mar\u00eda Clara Gallego Gast contra Moto Mart S.A., CML S. en C., Mar\u00eda Carolina Mart\u00ednez Cortes y Natali Sabogal Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Pretensiones. <\/p>\n
Consecuencialmente, reclam\u00f3 que \u00abse ordene a los demandados la restituci\u00f3n de los bienes y las sumas de dinero obtenidos sin justa causa como consecuencia del enriquecimiento injusto acontecido en detrimento del patrimonio de la sociedad patrimonial de Mar\u00eda Clara Gallego Gast y Carlos Eduardo Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal, todo lo anterior debidamente indexado y con los intereses a que hubiere lugar en raz\u00f3n de (sic) la naturaleza de los bienes: (a) Lote \u201cA2\u201d, ubicado en la vereda Yerbabuena del municipio de Ch\u00eda, con \u00e1rea de 4.363,99 m2 [y] folio de matr\u00edcula 50N-20675080; (b) Lote \u201cB\u201d, ubicado en la vereda Yerbabuena del municipio de Ch\u00eda, con \u00e1rea de 13.160,36 m2 [y] folio de matr\u00edcula 50N-675570; [y] (c) El establecimiento de comercio denominado Pueblito de Yerbabuena, con matr\u00edcula mercantil 0002153761 (…)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
La demandante afirm\u00f3 haber conformado una uni\u00f3n marital de hecho con Carlos Eduardo Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal, que se extendi\u00f3 entre \u00abel mes de mayo de 1987 y el 13 diciembre de 2012\u00bb. Durante ese lapso, los compa\u00f1eros construyeron un patrimonio familiar, integrado por activos inmobiliarios y varios establecimientos de comercio destinados a labores de hoster\u00eda y restauraci\u00f3n. Esos bienes eran gestionados a trav\u00e9s de sociedades mercantiles, conformadas por la referida pareja, sus hijos comunes, y los descendientes de un primer matrimonio del se\u00f1or Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que, por instrucciones de este \u00faltimo, los predios cambiaron de manos en sucesivas oportunidades, registr\u00e1ndose a nombre de alguno de los hijos del se\u00f1or Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal, o de sociedades familiares que iban cre\u00e1ndose a medida que liquidaban las anteriores. No obstante, era indiscutible que los activos segu\u00edan siendo propiedad de la sociedad patrimonial que constitu\u00edan los compa\u00f1eros permanentes, pues hab\u00edan sido adquiridos y mejorados con el fruto de \u00abveinticuatro a\u00f1os de labores mancomunadas y esfuerzos comunes\u00bb. <\/p>\n
Con todo, tras la finalizaci\u00f3n de su relaci\u00f3n de pareja, el se\u00f1or Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal liquid\u00f3 todas las sociedades mercantiles que hab\u00eda establecido con su n\u00facleo familiar, y cre\u00f3 otra, de nombre CML S. en C., \u00fanicamente con los hijos de su primer matrimonio (como socios comanditarios, siendo aqu\u00e9l el \u00fanico socio gestor). A esa persona jur\u00eddica se le transfiri\u00f3 la propiedad de los dos fundos referidos en el petitum, los cuales fueron vendidos m\u00e1s adelante a Moto Mart S.A. y Natali Sabogal Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, \u00abes evidente el empobrecimiento que estaba sufriendo la demandante debido a los actos de Carlos Eduardo Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal frente a todas las escrituras p\u00fablicas que hab\u00eda suscrito para beneficiar a sus propios hijos, pero como ya era evidente guardando \u00e9ste el control de todas las \u201caparentes\u201d operaciones mercantiles\u00bb, siendo del caso resaltar que \u00abla capacidad financiera y econ\u00f3mica de los demandados no se corresponde con las cuant\u00edas de las transacciones se\u00f1aladas (…) toda vez que el patrimonio siempre fue de la sociedad patrimonial que durante m\u00e1s veintisiete a\u00f1os forjaron la demandante y Carlas Eduardo Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostuvo que \u00aben el a\u00f1o 2013, Carlos Eduardo Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal empez\u00f3 a realizar acciones negativas en detrimento de los intereses econ\u00f3micos y financieros de la demandante, cancelando las matr\u00edculas mercantiles de los establecimientos de comercio denominados \u201cCentro de Convenciones Pueblito de Yerbabuena\u201d, as\u00ed como su registro mercantil; de modo que el establecimiento de comercio \u201cPueblito de Yerbabuena\u201d resultar\u00eda en adelante registrado a nombre de Mar\u00eda Carolina Mart\u00ednez Cortes (…) quedando en cabeza y enriqueciendo a una tercera persona\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
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1. Notificada del auto admisorio de la demanda (reformada), CML S. en C. formul\u00f3 las excepciones de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa [y] por pasiva\u00bb; \u00abcarencia absoluta de empobrecimiento\u00bb; \u00abfalta de los requisitos necesarios para ejercer la acci\u00f3n in rem verso\u00bb; \u00abimprocedencia de la acci\u00f3n\u00bb; \u00abprescripci\u00f3n y caducidad\u00bb, y \u00abtemeridad y mala fe\u00bb. <\/p>\n
La sociedad Moto Mart S.A. y las se\u00f1oras Mart\u00ednez Cort\u00e9s y Sabogal Gonz\u00e1lez tambi\u00e9n invocaron defensas similares, adem\u00e1s de las denominadas \u00abinexistencia de enriquecimiento sin causa\u00bb, y \u00abbuena fe de [los] comprador[es]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Mediante providencia de 12 de marzo de 2022, el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 las pretensiones, por considerar que no se hab\u00edan probado los presupuestos de procedencia de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa. Inconforme, la se\u00f1ora Gallego Gast interpuso el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal confirm\u00f3 lo decidido por el juzgador a quo, al abrigo de los siguientes razonamientos: <\/p>\n
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i. Los inmuebles aludidos en el ac\u00e1pite de pretensiones fueron transferidos por la Corporaci\u00f3n Tecnites S. en C. (persona jur\u00eddica de la que era socia gestora la demandante) a CML S. en C. (ente que integraba el se\u00f1or Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal y tres de sus hijos de un matrimonio anterior). Por ende, \u00absi a esta gesti\u00f3n se le atribuye el enriquecimiento injustificado (…), debe decirse que (…) la junta general de socios de la Corporaci\u00f3n Tecnites S. en C. (…) aprob\u00f3 el balance presentado a 31 de marzo de 2013 y, con mayor\u00eda calificada del 66,7%, decidi\u00f3 disolverla\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Por esa v\u00eda, se evidencia que \u00abpara atacar esas determinaciones los socios (…) ausentes o disidentes debieron promover la demanda con pretensi\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actos asamblearios o de la junta de socios por no ajustarse a las previsiones legales o a los estatutos. Claro est\u00e1, dentro del lapso previsto en la norma procesal para que no operara la caducidad, a efectos de evitar un perjuicio en su patrimonio (…) de manera que la persecuci\u00f3n de los bienes no puede hacerse a trav\u00e9s de esta v\u00eda en tanto se dijo que la pretensi\u00f3n de enriquecimiento es subsidiaria de las implementadas de manera directa por los estatutos civil o comercial\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Tampoco es viable \u00abacudir a este remedio negocial (sic) so pretexto que uno de los socios no cuente con el respaldo de los otros para adelantar la pretensi\u00f3n de responsabilidad social del administrador, cuando no se observa que se hubiese intentado si quiera convocar a la junta con ese objeto, en atenci\u00f3n a las inconformidades evocadas por la se\u00f1ora Gallego desde tiempo atr\u00e1s, seg\u00fan lo relat\u00f3 en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica del libelo introductor\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Si, en gracia de discusi\u00f3n, \u00abse hallase demostrada la ausencia de pago de CML S. en C., podr\u00eda acudirse a herramientas judiciales, como la ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, la resoluci\u00f3n del contrato, entre otras. Adem\u00e1s, reit\u00e9rese, una vez m\u00e1s, que dos de los socios comanditarios de Tecnites S. en C. [los hijos comunes de la pareja Gallego Mart\u00ednez] interpusieron la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n sobre el negocio aludido y que, consecuentemente, excluye la posibilidad de estudiar esa controversia en este escenario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. Aunque fuera viable promover alguna demanda civil \u00abfrente a Moto Mart S.A. o Natali Sabogal, en atenci\u00f3n a los convenios que pact\u00f3 CML S. en C. con esas personas respecto de los lotes \u201cA2\u201d y \u201cB\u201d, no podr\u00eda reclamarse respecto de Mar\u00eda Carolina Mart\u00ednez, en atenci\u00f3n que se circunscribi\u00f3 a un comodato gratuito del establecimiento de comercio \u201cPueblito de Yerbabuena\u201d, fincado en la propia liberalidad del comodante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Incluso si se admitiera \u00abque Moto Mart S.A. sufri\u00f3 un incremento en su patrimonio a costa del empobrecimiento de la demandante, no puede salir avante esa premisa si se tiene en cuenta que celebr\u00f3 una promesa de compraventa con CML S. en C. sobre el lote \u201cA2\u201d por el precio de $1.300.000.000. Asimismo, obra la Escritura P\u00fablica 2207 de 1\u00ba de diciembre de 2015, por medio de la cual CML S. en C. solemniz\u00f3 la compra que le hizo Moto Mart S.A. de ese inmueble, en la que se pact\u00f3 el pago de $1.300.000.000 (…) de manera que no se observa una situaci\u00f3n ventajosa o desequilibrante para la otra parte\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. En lo concerniente a \u00abla venta que se hizo a Natali Sabogal del Lote \u201cB\u201d, el 18 de marzo de 2016, mediante Instrumento 599 de la Notar\u00eda 2\u00aa de Ch\u00eda y registrada en la anotaci\u00f3n 7 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50N-67557024, es importante anotar que durante el interrogatorio la deponente narr\u00f3 que hizo varios pagos con sus propios recursos y que dada la demora en la entrega del predio celebr\u00f3 una transacci\u00f3n para completar el saldo. Empero, esa sola circunstancia no da cuenta de un enriquecimiento de parte de la se\u00f1ora Natali Sabogal pues no obra suficiente material probatorio que as\u00ed lo demuestre\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. Tampoco se advierte que, \u00aba causa de los negocios celebrados, la accionante se hubiere empobrecido. N\u00f3tese que en las declaraciones de renta allegadas no se aprecia un detrimento concomitante a la realizaci\u00f3n de las negociaciones en favor de CML S. en C., Moto Mart S.A., Natali Sabogal y Mar\u00eda Carolina Mart\u00ednez. Ahora bien, si el empobrecimiento se evoca de los aportes que hizo a las sociedades, es oportuno mencionar que tanto el aporte de los socios comanditarios como los colectivos conforman el capital social de la compa\u00f1\u00eda y si los segundos hacen aportes a \u00e9sta tambi\u00e9n deben relacionarlos en el instrumento de constituci\u00f3n, como lo dispone el canon 325 del C\u00f3digo de Comercio. Sin embargo, en los instrumentos de constituci\u00f3n no se evidencia alg\u00fan aporte que la demandante hubiere hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Al sustentar su recurso extraordinario la convocante present\u00f3 una sola censura, fincada en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Se denunci\u00f3 el fallo del tribunal por infringir indirectamente \u00abel art\u00edculo 831 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, por errores de hecho en la estimaci\u00f3n de la evidencia. En sustento de tal cuestionamiento, la se\u00f1ora Gallego Gast expuso: <\/p>\n
<\/p>\n
i. El tribunal valor\u00f3 de manera contraevidente \u00abel tenor literal de la escritura p\u00fablica No. 898 de fecha 29 de mayo de 2013\u00bb, comoquiera que \u00abel instrumento se\u00f1alado no contiene la cuenta final de liquidaci\u00f3n de Corporaci\u00f3n Tecnites S. en C. sino apenas la decisi\u00f3n disolutoria de la mencionada sociedad. Sin embargo, del remedio judicial presuntamente procedente \u2013impugnaci\u00f3n de actas de la junta de socios\u2013 no habr\u00eda resultado en la restituci\u00f3n de bienes de la sociedad patrimonial conformada entre Mar\u00eda Clara Gallego Gast y Carlos Eduardo Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal como fuera expresado el petitum del acto introductorio de la presente controversia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. En ese sentido, \u00abla exclusi\u00f3n del requisito de subsidiariedad de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa ante la presunta procedencia de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actas de la junta de socios de Corporaci\u00f3n Tecnites S. en C. surge de un precario an\u00e1lisis de la demanda orientado a la limitaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n restitutoria a partir de la existencia de otro medio judicial cuyos efectos sustanciales en realidad resultan m\u00e1s restrictivos que la propia lectura del ad quem sobre el libelo incoativo del proceso\u00bb.<\/p>\n
iii. De la lectura de los estatutos sociales de Corporaci\u00f3n Tecnites S. en C. \u00abse advierte que a la demandante no le era viable jur\u00eddicamente promover la acci\u00f3n social de responsabilidad considerando: i) su calidad de socia gestora; ii) la ausencia de aprobaci\u00f3n de la acci\u00f3n social de responsabilidad por parte de la junta de socios\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abno es el car\u00e1cter de reparaci\u00f3n de perjuicios debido a que el gestor Carlos Eduardo Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal, tal y como indican los estatutos sociales de Corporaci\u00f3n Tecnites S. en C., contaba con plenas facultades y atribuciones para celebrar contratos sin necesidad de aprobaci\u00f3n de la junta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. El raciocinio del ad quem \u00abimpuso a la demandante una carga reprochable conforme a su situaci\u00f3n personal. Adujo que debi\u00f3 intentar la convocatoria de la junta de socios (…); no obstante, pas\u00f3 por alto el hecho que la demandante fue v\u00edctima de violencia intrafamiliar y, con el fin de salvaguardar su vida e integridad f\u00edsica se distanci\u00f3 del domicilio de Corporaci\u00f3n Tecnites S. en C., lugar que, al mismo tiempo constitu\u00eda la residencia familiar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. En el fallo recurrido se desconoci\u00f3 la \u00absituaci\u00f3n de pobreza y de v\u00edctima de violencia econ\u00f3mica\u00bb de la actora, \u00abque surge de las declaraciones de parte rendidas bajo gravedad de juramento por la demandante dentro del presente proceso, as\u00ed como dentro del radicado 2015-00405 ante el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso de simulaci\u00f3n promovido por Carlos Eduardo Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal en contra de Mar\u00eda Clara Gallego Gast\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. El tribunal se equivoc\u00f3 al dar por probado, \u00absin estarlo, que mediante la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n tramitada ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 (…) se obtendr\u00eda la restituci\u00f3n de los bienes que integran la sociedad patrimonial de hecho formada entre Mar\u00eda Clara Gallego Gast y Carlos Eduardo Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal; sin embargo, al rompe se advierte que la demandante no es la promotora de tal proceso y que, en igual sentido, dada su calidad de socia gestora y no comanditaria de Corporaci\u00f3n Tecnites S. en C, no obra en calidad de acreedora de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. De lo anterior se sigue que \u00abel razonamiento de la sentencia de segundo grado con miras a dar por sentada la existencia de otro medio judicial de defensa \u2013acci\u00f3n de simulaci\u00f3n\u2013 surge de una valoraci\u00f3n parciaria del medio probatorio documental omiti\u00e9ndose el an\u00e1lisis del acto incoativo de la actio in rem verso, entendi\u00e9ndola como una demanda de simulaci\u00f3n promovida por sujetos con intereses diferentes frente a la sociedad Corporaci\u00f3n Tecnites. S. en C. m\u00e1xime cuando ninguno de ellos tiene calidad de parte o interviniente dentro del presente proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. La corporaci\u00f3n de segundo grado \u00abtuvo por cierta la celebraci\u00f3n de un presunto contrato de comodato celebrado con la demandada Mar\u00eda Carolina Mart\u00ednez Cort\u00e9s. No obstante, pas\u00f3 por alto que se trataba de un contrato que deb\u00eda constar por escrito y mediar prueba siquiera sumaria de la entrega de dicho establecimiento. No obstante, la omisi\u00f3n de la m\u00ednima formalidad del escrito en el que debe constar el contrato de comodato sobre establecimiento de comercio, lo torna inexistente conforme al art\u00edculo 898 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. Como si fuera poco, \u00abno tuvo en cuenta que, seg\u00fan los indicios de comportamiento y h\u00e1bitos de transacci\u00f3n de Carlos Eduardo Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal y de Mar\u00eda Carolina Mart\u00ednez Cort\u00e9s, en ocasiones anteriores, se hab\u00edan celebrado contratos de arrendamiento sobre establecimientos de comercio y, cada uno de ellos fue debidamente inscrito en el registro mercantil. De tal suerte que no se entiende como frente a contratos gratuitos \u2013comodato sobre establecimiento\u2013 , el tribunal no advirti\u00f3 irregularidad alguna pese a que el sujeto pasivo de cada contrato \u2013arrendamiento o comodato\u2013 adquiri\u00f3 la condici\u00f3n de tenedor del establecimiento de comercio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
x. La demandante \u00abadvirti\u00f3 desde el inicio de la controversia que los bienes denunciados y que comprenden el objeto de las pretensiones, corresponden a bienes de la sociedad patrimonial conformada entre Mar\u00eda Clara Gallego y Carlos Eduardo Mart\u00ednez. El testigo Carlos Eduardo Mart\u00ednez, interrogado en este proceso, manifest\u00f3 que, las sociedades mercantiles constituidas ten\u00edan como prop\u00f3sito la administraci\u00f3n del patrimonio familiar, pagar deudas y proteger los bienes. A pesar de lo anterior, el tribunal entendi\u00f3 que existe causa justa en el contrato de compraventa del lote A2 \u00fanicamente fund\u00e1ndose en la existencia de un pago, es decir, de una comprensi\u00f3n de causa onerosa frente a la sociedad Corporaci\u00f3n Tecnites S. en C., asumiendo que la transacci\u00f3n resultaba equitativa entre los contratantes\u00bb. <\/p>\n
xi. El juez colegiado de segunda instancia \u00abdio por ciertas circunstancias que no est\u00e1n probadas: a) Conforme al art\u00edculo 2469 del c\u00f3digo civil, la transacci\u00f3n es un contrato consensual que debe constar por escrito. Sin embargo, al igual que en el contrato de comodato celebrado con Mar\u00eda Carolina Mart\u00ednez Cort\u00e9s, tampoco existe escrito que contenga contrato de transacci\u00f3n celebrado en beneficio de Natali Sabogal Gonz\u00e1lez (…) y; b) no se aport\u00f3 al proceso un solo medio de prueba que acreditara que la demandada Natali Sabogal Gonz\u00e1lez efectivamente pag\u00f3 el precio a la sociedad CML S. en C.\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xii. En la causa qued\u00f3 acreditado que \u00abCarlos Eduardo Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal ejerc\u00eda exclusivamente la administraci\u00f3n de dos sociedades comerciales (Tecnites S. en C. y CML S. en C), sumado al hecho que la beneficiaria de tales actos es su actual esposa, como lo relat\u00f3 durante su diligencia testimonial. Ese error de juicio del tribunal frente a la valoraci\u00f3n probatoria le condujo a afirmar que s\u00ed existi\u00f3 causa en el negocio mencionado a favor de Natali Sabogal Gonz\u00e1lez sin evaluar la raz\u00f3n de correlativa inequidad derivada de la situaci\u00f3n de pobreza de Mar\u00eda Clara Gallego Gast\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xiii. Igualmente, se \u00abomiti\u00f3 la valoraci\u00f3n de los medios de prueba que fueran trasladados al presente proceso desde el expediente 2015-00405 del Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y las sentencias de fecha 9 de marzo de 2020 (…) y 11 de agosto de 2020 (…) en donde fue evidente y con fuerza de cosa juzgada material que la demandante qued\u00f3 en situaci\u00f3n de pobreza debido al predominio de su excompa\u00f1ero permanente Carlos Eduardo Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal en la administraci\u00f3n de dineros y bienes dentro del patrimonio familiar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xiv. La argumentaci\u00f3n del tribunal, finalmente, \u00abresulta revictimizante frente a la situaci\u00f3n real y cierta de violencia econ\u00f3mica y pobreza que padece la demandante Mar\u00eda Clara Gallego Gast. Se reitera, la venta de bienes efectuada por la demandante, no est\u00e1 fundada en el \u00e1nimo de traficar dentro del comercio sus activos sino que se encuentra fundada en razones de supervivencia y de conservaci\u00f3n de m\u00ednimas calidades y condiciones de vida de las que fue privada debido a la ruptura de su v\u00ednculo marital con Carlos Eduardo Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Los principios generales del derecho en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Con la construcci\u00f3n del cuerpo jurisprudencial sobre los principios generales en la d\u00e9cada de 1930, la Corte Suprema de Justicia inaugur\u00f3 un nuevo entendimiento del derecho, al superar el estricto marco normativo y dar cabida a una ampl\u00edsima base \u00e9tica de la ciencia jur\u00eddica, como aut\u00e9ntico sustento de sus postulados y del quehacer judicial. Se anticip\u00f3, en mucho, a la formulaci\u00f3n de una ciencia jur\u00eddica que reclamaba, antes que fr\u00edos arquetipos, un entendimiento m\u00e1s directo de la existencia, desde la \u00e9tica y los valores esenciales de la vida colectiva. <\/p>\n
Ese rol de la Sala en punto del contenido y funci\u00f3n de los principios generales del derecho ha sido ponderado por la doctrina patria, que reconoce que <\/p>\n
\u00aben el ordenamiento patrio (…) \u201cfue singularmente significativa la intervenci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia de la segunda mitad de los a\u00f1os 30, que moderniz\u00f3 la concepci\u00f3n, la interpretaci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n del derecho, en esfuerzo simult\u00e1neo con las dem\u00e1s ramas del Estado. <\/p>\n
As\u00ed, con mentalidad abierta, introdujo el esp\u00edritu de \u201cjurisprudencia creadora\u201d, y con ella, los principios de la buena fe-apariencia, simulaci\u00f3n, fraude a la ley, abuso del derecho, responsabilidad civil, imprevisi\u00f3n, m\u00f3vil determinante, error de derecho, enriquecimiento injusto, a punto que, los principios generales del derecho han adquirido un valor \u2018integrador\u2019 del ordenamiento, concepciones, sentimientos, anhelos, contenidos, que pueden expresarse con fluidez, sin la virulencia de lo reprimido, de manera de agilizar la acomodaci\u00f3n del derecho a la \u2018modernidad\u2019, no por af\u00e1n de modo, sino por exigencia de actualidad, coherencia, justicia. En este sentido pudiera hablarse de ellos como \u2018derecho flexible\u2019\u00bb1. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural ha elaborado un cat\u00e1logo de principios, integrado por los de \u201cbuena fe\u201d, \u201cprohibici\u00f3n del enriquecimiento injusto o sin causa\u201d, \u201cprohibici\u00f3n del abuso del derecho\u201d, \u201cprohibici\u00f3n del fraude a la ley\u201d, \u201cerror com\u00fan creador de derecho\u201d, \u201cnadie est\u00e1 obligado a lo imposible\u201d, y la \u201cteor\u00eda de la imprevisi\u00f3n\u201d, entre otros, los cuales resultan fundamentales para el cabal entendimiento y significaci\u00f3n del art\u00edculo 8 de la Ley 153 de 1887, a cuyo tenor: \u00abCuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicar\u00e1n las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho\u00bb. <\/p>\n
No hay duda de que, a partir de la interpretaci\u00f3n jurisprudencial que la Corte hiciera de esa disposici\u00f3n, el concepto de principios generales del derecho cobr\u00f3 una nueva significaci\u00f3n, que sirvi\u00f3 para reformular y ampliar la tarea de los \u00f3rganos judiciales, enraiz\u00e1ndola en valores fundamentales de la sociedad que recogen aquellos principios, y alej\u00e1ndola, en lo pertinente, de la estricta ex\u00e9gesis que imped\u00eda el an\u00e1lisis de alternativas diferentes a las expresamente codificadas. <\/p>\n
Incluso, en reconocimiento del transcendental m\u00e9rito que en la estructuraci\u00f3n del orden jur\u00eddico tienen los principios generales del derecho, se ha sostenido que <\/p>\n
\u00abdichos principios, (\u2026) poseen la idoneidad para crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d., lo que de suyo resalta la trascendencia que en la creaci\u00f3n de v\u00ednculos jur\u00eddicos en la soluci\u00f3n de conflictos intersubjetivos ellos tienen, lo que de paso abre la v\u00eda para su formulaci\u00f3n a\u00fan en la v\u00eda extraordinaria de la casaci\u00f3n dado que .basta con invocar una regla general de derecho -en tanto sea la base del fallo o haya debido serlo-, para abrir el espacio al \u201clos principios hacen parte del ordenamiento jur\u00eddico que el recurso debe salvaguardar (…)\u00bb (CSJ SC, 7 oct. 2009, rad. 2003-00164-01, reiterada en CSJ SC, 27 feb. 2012, rad. 2003-14027-01). <\/p>\n
3. Desde sus postulados iniciales, la Corte Suprema admiti\u00f3 estos principios como criterios universales, con poder vinculante y genitor del sistema jur\u00eddico, reformulando as\u00ed el concepto de fuentes. Se trata de criterios prevalentes frente a las reglas expresamente previstas en el ordenamiento normativo, con lo que, adicionalmente, se enriquece el significado de orden jur\u00eddico, para integrarlo no solo por normas positivas \u2013producidas mediante el agotamiento de las fuentes formales constitucionalmente previstas, esto es, el proceso legislativo\u2013, sino tambi\u00e9n por los ya mencionados principios generales del derecho. <\/p>\n
Se trata de aut\u00e9nticos lineamientos de conducta, que aspiran a la materializaci\u00f3n del deber ser de la vida colectiva, fundada en valores tales como el orden, la seguridad, paz, la cooperaci\u00f3n, el poder y la justicia2. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Los principios generales del derecho son el origen y la culminaci\u00f3n del orden jur\u00eddico. Su alfa y omega. De all\u00ed su car\u00e1cter prevalente o principial. Son los pilares sobre los cuales est\u00e1 asentado todo el orden jur\u00eddico. Lo permean y lo dotan de contenido y significado. Constituyen respuestas metapositivas, inspiradas en la dignidad humana. Hacen acopio de postulados valiosos para la humanidad y se nutren de la realidad misma, del devenir hist\u00f3rico. Representan verdaderos logros humanistas. Se fundan en reglas de experiencia, en principios l\u00f3gicos y, sobre todo, en criterios de equidad y de justicia. <\/p>\n
Son trasunto de los m\u00ednimos garantistas y, al mismo tiempo, garant\u00edas universales y respuestas preferenciales en los conflictos jur\u00eddicos. No tienen car\u00e1cter epis\u00f3dico, como las reglas \u2013que, por lo mismo, suelen agotarse en el contenido mismo de su regulaci\u00f3n\u2013. Su generalidad se opone a las soluciones particulares expresamente previstas en la ley formal-positiva. <\/p>\n
Esa misma generalidad les permite una constante adaptabilidad a las nuevas realidades y, en esa medida, facilita que ofrezcan respuestas m\u00e1s acordes con las especificidades de cada \u00e9poca y de cada situaci\u00f3n. Su generalidad y universalidad les confieren car\u00e1cter inmanente en toda regulaci\u00f3n normativa, pero en tanto cualifican como principios generales del derecho, su aplicaci\u00f3n queda circunscrita al espec\u00edfico universo jur\u00eddico, y solo a \u00e9l. <\/p>\n
Antes que esquemas normativos dise\u00f1ados bajo el hist\u00f3rico modelo dogm\u00e1tico del precepto primario y secundario, que describen el supuesto de hecho a cuya realizaci\u00f3n apareja una consecuencia jur\u00eddica \u2013supuesto de derecho-, ordinariamente aplicado en la promulgaci\u00f3n de reglas legales, los principios solo enuncian conductas deseables, o las proscriben de manera gen\u00e9rica. Su formulaci\u00f3n no se finca en el detalle sino en la prescripci\u00f3n universal de conductas deseables con miras a la prosperidad de sus destinatarios. Tienen car\u00e1cter normativo, en cuanto mandan, ordenan, proscriben o permiten conductas. <\/p>\n
Su surgimiento como pautas universales se remonta a la realidad misma. Por id\u00e9ntica raz\u00f3n, su origen es anterior a su consagraci\u00f3n normativa. A la disposici\u00f3n normativa que lo acoge. Su afianzamiento en la sociedad deriva de su reiteraci\u00f3n como deber ser, de su importancia para definir conductas \u00e9ticas, no de su acogimiento a trav\u00e9s de las fuentes formales positivas. Como ha dicho el precedente, \u00ablos principios ingresan al torrente jur\u00eddico como lo hacen las palabras al idioma, es decir, surgen en la pr\u00e1ctica com\u00fan, su existencia depende del uso y de la adhesi\u00f3n de los hablantes. As\u00ed, cuando las Academias de la Lengua intervienen lo hacen para reconocer un hecho: el uso\u00bb (CSJ SC, 9 dic 1999, rad. 5378). <\/p>\n
Acorde con ello, la derogaci\u00f3n como mecanismo propio del ordenamiento positivo, ninguna fuerza tiene contra el principio, dada su alta base sociol\u00f3gica y \u00e9tica, su vinculaci\u00f3n con el deber ser y con los valores fundamentes del grupo social. Por tal raz\u00f3n, su vigencia tambi\u00e9n es anterior al agotamiento del respectivo proceso legislativo para su incorporaci\u00f3n positiva. En otros t\u00e9rminos, como los principios son inmanentes al sistema jur\u00eddico, la ley carece de fuerza derogatoria de los mismos. <\/p>\n
Se trata de postulados que auscultan, con car\u00e1cter universal, las distintas aristas del devenir humano y las diferentes soluciones que debe impartir la administraci\u00f3n de justicia. Son elementos consustanciales al orden jur\u00eddico; su existencia no depende de su consagraci\u00f3n normativa, en tanto anteceden a ella. Existen a pesar del silencio legislativo, pues se trata de aut\u00e9nticos elementos \u00ednsitos en el sistema jur\u00eddico, que no requieren adopci\u00f3n expresa en las regulaciones positivas. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Las funciones interpretativas, integradoras y creadoras3 de los principios generales del derecho les otorgan plenitud, y constituyen herramientas para garantizar la totalidad de respuestas que las complejidades de la realidad demandan, dando as\u00ed soluci\u00f3n a los fen\u00f3menos de anomia y antinomia, de frecuente ocurrencia en la tarea legislativa. En s\u00edntesis, los principios generales representan la base \u00e9tica de la sociedad; instruyen y orientan las conductas cuyos referentes son la lealtad, la probidad, la cooperaci\u00f3n o la solidaridad. Por v\u00eda de ejemplo: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Resaltan el valor de la integridad y transparencia como pautas orientadoras de la conducta de los ciudadanos en sus relaciones intersubjetivas, lo que equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, de modo di\u00e1fano y sin dobleces (buena fe). <\/p>\n
ii. Proscriben la utilizaci\u00f3n dolosa del ordenamiento jur\u00eddico para derivar beneficios de conductas torticeras, fundadas en el fraude a la ley (prohibici\u00f3n del fraude a la ley). <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Sancionan los procederes que desbordan, sin justificaci\u00f3n, los limites propios de las facultades y los derechos, suprimiendo cualquier tipo de protecci\u00f3n del abuso en el sistema judicial (prohibici\u00f3n de abuso del derecho). <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Reconocen que el convencimiento colectivo y razonable de un credo equivocado puede fundar una situaci\u00f3n que el orden jur\u00eddico debe salvaguardar, en tanto sea generada por ese involuntario error com\u00fan (error com\u00fan creador de derechos). <\/p>\n
<\/p>\n
v. Estiman contrario a la vigencia de los valores sociales el incremento patrimonial con el correlativo desmedro de otro patrimonio, si no media causa jur\u00eddica para ello, es decir, si no tiene respaldo en una fuente obligacional de las consagradas en el C\u00f3digo Civil (prohibici\u00f3n del enriquecimiento sin causa, o injusto, entendiendo como tal aquello que carece de causa o t\u00edtulo jur\u00eddico). <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Admiten la necesidad de hacer equitativo el d\u00e9bito negocial cuando circunstancias sobrevinientes y no previsibles para el momento del perfeccionamiento del contrato, hacen excesivamente gravosa la satisfacci\u00f3n del objeto negocial. Si se quiere, morigera \u2013en virtud de tales imprevistos\u2013 la irrestricta aplicaci\u00f3n del Pacta Sunt Servanda para dar cabida, en lo pertinente, al Rebus Sic Stantibus, dotando as\u00ed de justicia y equidad a la relaci\u00f3n negocial (teor\u00eda de la imprevisi\u00f3n). <\/p>\n
<\/p>\n
vii. Establecen l\u00edmites razonables en la asunci\u00f3n y cumplimiento de deberes jur\u00eddicos, al advertir que nadie est\u00e1 obligado a lo imposible, puesto que el derecho est\u00e1 orientado a regular y transformar la realidad partiendo de las conductas viables, de conformidad con los referentes dictados por la experiencia y los postulados cient\u00edficos (nadie est\u00e1 obligado a lo imposible). <\/p>\n
<\/p>\n
2. La prohibici\u00f3n del enriquecimiento sin causa (y la acci\u00f3n civil de enriquecimiento). <\/p>\n
El principio de prohibici\u00f3n del enriquecimiento sin causa, de milenaria estirpe romana y s\u00f3lido arraigo en el derecho privado colombiano (Cfr. CSJ SC, 6 sep. 1940, G. J. t. L, p\u00e1g. 36-42; . CSJ SC, 2 dic 1955, G. J. t. LXXXI, p\u00e1g. 724-733; CSJ SC, 28 sep. 1977, G. J. t. CLV, p\u00e1g. 256-271; CSJ SC, 10 dic. 1999, rad. 5294; CSJ SC, 19 dic. 2007, rad. 2001-00101-01; CSJ SC, 2 oct. 2008, rad. 2002-00034-01; CSJ SC, 19 dic. 2012, rad. 1999-00280-01; SC3890-2021; entre otras), se manifiesta como fundamento de varias acciones restitutorias civiles \u2013tales como las consagradas en los art\u00edculos 1747 y 2313 del C\u00f3digo Civil\u2013, y tambi\u00e9n como una fuente aut\u00f3noma de las obligaciones, que habilita el ejercicio de la actio in rem verso. <\/p>\n
En esta segunda faceta, la noci\u00f3n de enriquecimiento sin causa describe la situaci\u00f3n en la cual el patrimonio de un sujeto acrece de modo correlativo a la merma de otro, sin causa jur\u00eddica que justifique tal alteraci\u00f3n. Esa inequidad, en la estructura cl\u00e1sica del derecho romano, carecer\u00eda de acciones o v\u00edas para reclamar del poder p\u00fablico la correcci\u00f3n del injusto, precisamente porque la transferencia patrimonial no ten\u00eda fuente o t\u00edtulo jur\u00eddico, y por lo mismo, no exist\u00eda v\u00ednculo relacional alguno entre el empobrecido y quien se enriqueci\u00f3 a su costa4. <\/p>\n
Con miras a superar ese panorama inicuo, se idearon una suerte de remedios aut\u00f3nomos (las condictio romanas), que fueron reconceptualiz\u00e1ndose hasta transformarse en fuente jur\u00eddica de un deber u obligaci\u00f3n restitutoria, de la que es deudor quien se hubiera beneficiado de la transferencia sin causa, y acreedor el afectado, y que da derecho a este \u00faltimo de acudir a la administraci\u00f3n de justicia, en procura de que se restituya su patrimonio, aun contra la voluntad de su contraparte (vali\u00e9ndose del leg\u00edtimo poder de la jurisdicci\u00f3n estatal). <\/p>\n
En tal virtud, la actio in rem verso, como mecanismo instrumental propio del principio de no enriquecimiento sin causa, tiene naturaleza excepcional y residual. Se trata de un \u00faltimo recurso jurisdiccional en defensa de la equidad y la justicia, llamado a corregir situaciones de evidente desequilibrio, pero que no encuadran en la realizaci\u00f3n de ninguna otra fuente obligacional de las hist\u00f3ricamente reconocidas, y, por lo mismo, no confieren al afectado otra acci\u00f3n distinta para reclamar la intervenci\u00f3n de los jueces a fin de enmendar la distribuci\u00f3n injusta. <\/p>\n
Consecuente con lo expuesto, la jurisprudencia tiene decantado que la procedencia de la actio in rem verso (o acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa) exige la verificaci\u00f3n de cinco requisitos, que son decididamente concurrentes: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Debe existir un beneficio para el deudor de la obligaci\u00f3n que surge del enriquecimiento sin causa. Aquel ha de haber obtenido una ventaja patrimonial, que puede entenderse como la adici\u00f3n de un activo, o como la evitaci\u00f3n de un pasivo o detrimento. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Correlativamente a ese enriquecimiento, otra persona debe hacer sufrido un empobrecimiento equivalente. Ello significa, en palabras del precedente, <\/p>\n
\u00ab(…) que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a expensas de \u00e9ste se haya efectuado el enriquecimiento. Es necesario aclarar que la ventaja del enriquecido puede derivar de la desventaja del empobrecido, o, a la inversa, la desventaja de \u00e9ste derivar de la ventaja de aqu\u00e9l. Lo com\u00fan es que el cambio de la situaci\u00f3n patrimonial se opere mediante una prestaci\u00f3n dicha por el empobrecido al enriquecido, pero el enriquecimiento es susceptible de verificarse tambi\u00e9n por intermedio de otro patrimonio. El acontecimiento que produce el desplazamiento de un patrimonio a otro debe relacionar inmediatamente a los sujetos activo y pasivo de la pretensi\u00f3n de enriquecimiento, lo cual equivale a exigir que la circunstancia que origina la ganancia y la p\u00e9rdida sea una y sea la misma\u00bb (CSJ SC, 19 sep. 1936 \u2013no publicada\u2013; CSJ SC, 7 jun. 2002, rad. 7360; CSJ SC10113-2014, y SC2343-2018, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
iii. El empobrecimiento que sufre el actor, consecuencial y correlacional al enriquecimiento del demandado, debe haberse producido sin causa jur\u00eddica, debi\u00e9ndose entender, en palabras de esta Sala, que \u00aben el enriquecimiento torticero, causa y t\u00edtulo son sin\u00f3nimos, por cuyo motivo la ausencia de causa o falta de justificaci\u00f3n en el enriquecimiento, se toma en el sentido de que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no haya sido generada por un contrato o un cuasi-contrato, un delito o un cuasi-delito, como tampoco por una disposici\u00f3n expresa de la ley\u00bb (ib\u00eddem); es decir, que la alteraci\u00f3n de los patrimonios no revele la realizaci\u00f3n de una fuente obligacional (un acto jur\u00eddico, un hecho jur\u00eddico humano voluntario o involuntario, licito o il\u00edcito; un estado jur\u00eddico o alguna combinaci\u00f3n de cualquiera de estos supuestos). <\/p>\n
Dada esta caracter\u00edstica, la actio in rem verso tampoco procede cuando con ella pretendan soslayarse o eludirse los efectos de alguna disposici\u00f3n legal imperativa, que d\u00e9 cuenta de la transformaci\u00f3n de los patrimonios. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Como secuela natural de la inexistencia de esa fuente, quien demanda en este tipo de procesos debe carecer, desde un principio \u2013es decir, desde que se presenta el desequilibrio\u2013 de cualquier otro tipo de acci\u00f3n jur\u00eddica conducente para el fin de reconstituir su patrimonio. <\/p>\n
De ah\u00ed que la jurisprudencia haya insistido en que \u00abcarece igualmente de la acci\u00f3n de in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdi\u00f3 cualquiera de las otras v\u00edas de derecho. \u00c9l debe sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
<\/p>\n
v. La acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa o injusto s\u00f3lo habilita la reconstituci\u00f3n del patrimonio afectado, de modo que la obligaci\u00f3n a cargo de quien se enriqueci\u00f3 a costa de otro, sin causa jur\u00eddica justificante, se limita a devolver exactamente la porci\u00f3n en la que se enriqueci\u00f3, pues \u00abel objeto del enriquecimiento sin causa es el de reparar un da\u00f1o pero no el de indemnizarlo\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
1. An\u00e1lisis formal de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sustentaci\u00f3n del \u00fanico cargo que propuso la parte demandante presenta una grave falencia formal, pues en su acusaci\u00f3n aquella se limit\u00f3 a rese\u00f1ar una serie de yerros o imprecisiones aislados en la labor de valoraci\u00f3n probatoria del tribunal, dejando de lado la carga de rebatir, integralmente, el sentido de la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 como colof\u00f3n de la segunda instancia. <\/p>\n
Para comprender mejor ese defecto de t\u00e9cnica, mem\u00f3rese que el ad quem analiz\u00f3 las diversas condiciones de procedencia de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa (en el muy particular orden propuesto en la sustentaci\u00f3n de la alzada), concluyendo, invariablemente, que ninguna se present\u00f3. Sin embargo, al ser condiciones concurrentes, seg\u00fan se dej\u00f3 sentado, bastaba con descartar una sola para que las pretensiones no salieran avante. <\/p>\n
En ese escenario, debe resaltarse que la cr\u00edtica propuesta por la se\u00f1ora Gallego Gast se dirigi\u00f3 contra el an\u00e1lisis probatorio relativo a la merma de sus activos y el acrecimiento del patrimonio de su contraparte. Pero nada dijo la convocante sobre la inexistente relaci\u00f3n entre esos cambios patrimoniales (que tambi\u00e9n puso de presente el ad quem); ni acerca de las muy evidentes causas jur\u00eddicas que explican esos cambios. As\u00ed, al mantenerse inc\u00f3lumes varios raciocinios del tribunal, relativos a la ausencia de los referidos presupuestos de la actio in rem verso, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto de lo decidido en la sentencia de segunda instancia deviene inquebrantable. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, seg\u00fan el precedente consolidado de la Sala, el recurrente en casaci\u00f3n tiene la carga de <\/p>\n
<\/p>\n
2. De lo dicho tambi\u00e9n se colige que la exposici\u00f3n de la relevancia de los yerros endilgados al tribunal qued\u00f3 ayuna de sustento. Ning\u00fan esfuerzo se hizo para acreditar que la suerte del litigio habr\u00eda sido distinta de haberse examinado adecuadamente la evidencia, pese a que esa ilustraci\u00f3n era de rigor, en los t\u00e9rminos del literal a) del art\u00edculo 344-2 del C\u00f3digo General del Proceso (\u00ab…En todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u00bb). <\/p>\n
A ello agrega la Corte que, seg\u00fan se expondr\u00e1 en l\u00edneas subsiguientes, la comprobaci\u00f3n que se extra\u00f1a constitu\u00eda una imposibilidad l\u00f3gica, pues aunque se dieran por ver\u00eddicos todos los enunciados f\u00e1cticos de la demanda, no podr\u00eda estructurarse el alegado enriquecimiento sin causa de las convocadas, principalmente porque estas se hicieron a la propiedad o a la tenencia de los bienes referidos en el escrito inicial mediante \u201ccausas\u201d jur\u00eddicas, existentes y v\u00e1lidas (al menos desde una perspectiva formal). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Intrascendencia de la censura. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Es menester precisar que, en su escrito de reforma a la demanda, la se\u00f1ora Gallego Gast present\u00f3 los fundamentos f\u00e1cticos de sus pretensiones en ciento siete numerales, en los que describi\u00f3, de manera detallada \u2013pero desprolija\u2013, una serie de transacciones comerciales y vicisitudes personales que acaecieron en el n\u00facleo de su familia, y que involucraron a su excompa\u00f1ero5 (Carlos Eduardo Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal); a los hijos de este de un matrimonio anterior (Carlos Eduardo, Carlos Andr\u00e9s, Daniela Alejandra y Mar\u00eda Carolina Mart\u00ednez Cort\u00e9s), a los descendientes comunes de la pareja (Carlos Enrique y Carlos Jes\u00fas Mart\u00ednez Gallego) y a tres sociedades, dos de ellas integradas por todos los antes mencionados, y tambi\u00e9n por la convocante (\u00abMart\u00ednez Gallego Gast y C\u00eda. S. en C.\u00bb \u2013despu\u00e9s llamada \u00abGrupo Tecnites S. en C.\u00bb6\u2013 y \u00abCorporaci\u00f3n Tecnites S. en C.\u00bb7), y una tercera, de la que solo eran socios los Mart\u00ednez Cort\u00e9s y su progenitor (CML S. en C.). <\/p>\n
En l\u00edneas generales, la actora se refiri\u00f3 a un sinn\u00famero de negociaciones de confianza, ajustadas entre varias de las personas naturales y jur\u00eddicas prenombradas, y relacionadas con diversos bienes muebles e inmuebles. Pero tras esa extensa relaci\u00f3n, centr\u00f3 su atenci\u00f3n en la transferencia de tres bienes, a saber: (i) dos lotes, denominados \u201cA2\u201d y \u201cB\u201d, segmentados de un predio de mayor extensi\u00f3n con folio de matr\u00edcula n.\u00ba 50N-258644, ubicados en la vereda Yerbabuena, del municipio de Ch\u00eda; y (ii) el establecimiento de comercio \u201cPueblito de Yerbabuena\u201d, destinado a actividades de hoster\u00eda y restauraci\u00f3n. <\/p>\n
Es necesario insistir en que, en el deshilvanado relato f\u00e1ctico de la demanda reformada, se mencion\u00f3 la transferencia de varios veh\u00edculos, as\u00ed como la de inmuebles ubicados en los departamentos de Atl\u00e1ntico, Cundinamarca y Magdalena; sin embargo, tanto al concluir el ac\u00e1pite de hechos, como en el de pretensiones, la actora vincul\u00f3 con absoluta claridad el enriquecimiento sin causa denunciado a los cambios en la propiedad de los activos descritos en el p\u00e1rrafo anterior. As\u00ed, adem\u00e1s, lo entendieron los jueces de instancia, sin cr\u00edtica de las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Precisado lo anterior, conviene detenerse primero en la mec\u00e1nica que permiti\u00f3 que los activos inmobiliarios quedaran en cabeza de CML S. en C., inicialmente, y de Moto Mart S.A. y Natali Sabogal Gonz\u00e1lez, con posterioridad. En ese sentido, es pertinente se\u00f1alar que el predio con folio de matr\u00edcula n.\u00ba 50N-258644 fue adquirido por la sociedad Tecnites Ltda., cuyo representante legal era el se\u00f1or Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal, \u00abpor compra realizada a Julia Mora de Dur\u00e1n por medio de escritura p\u00fablica 729 del 15 de septiembre de 1981\u00bb8. Al a\u00f1o siguiente, el fundo se dividi\u00f3 en dos lotes (\u201cLote A\u201d y \u201cLote B\u201d), a los que se les asignaron los folios de matr\u00edcula n.\u00ba 50N-675562 y 50N-675570 (escritura p\u00fablica 973 de 25 de agosto de 1982). <\/p>\n
Varios a\u00f1os m\u00e1s tarde (\u00aben el mes de mayo de 1987\u00bb9) inici\u00f3 la relaci\u00f3n sentimental de los Gallego-Mart\u00ednez, y se constituy\u00f3 la sociedad Mart\u00ednez Gallego Gast y C\u00eda. S. en C. (despu\u00e9s renombrada Grupo Tecnites S. en C.). A dicho ente se le transfirieron las dos propiedades, mediante escritura p\u00fablica n.\u00ba 3714, otorgada el 18 de diciembre de 199010. Y, seg\u00fan lo reportan los respectivos certificados de tradici\u00f3n11, los bienes pertenecieron a uno de los hijos del se\u00f1or Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal, de nombre Carlos Andr\u00e9s Mart\u00ednez Cort\u00e9s, quien luego los transfiri\u00f3 a otra sociedad familiar: la Corporaci\u00f3n Tecnites S. en C. (compraventa instrumentada en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 396 de 7 de abril de 2010). <\/p>\n
Ahora bien, mediante escritura p\u00fablica n.\u00ba 782 de 17 de mayo de 201212, el \u201cLote A\u201d se subdividi\u00f3 en un \u201cLote A1\u201d y un \u201cLote A2\u201d, con folios de matr\u00edcula n.\u00ba 50N-20675079 y 50N-2067508013. La suerte del primero no se disputa en esta causa, pero s\u00ed la del segundo, que fue transferido junto con el \u201cLote B\u201d por la Corporaci\u00f3n Tecnites S. en C. \u2013ente del que era socia gestora la demandante\u2013 a CML S. en C. \u2013sociedad a la que no pertenec\u00eda la se\u00f1ora Gallego Gast\u2013, mediante contrato de compraventa instrumentado en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 417 de 18 de marzo de 201314. <\/p>\n
Finalmente, CML S. en C. enajen\u00f3 el \u201cLote A1\u201d a Moto Mart S.A. (escritura p\u00fablica n.\u00ba 2207 de 1.\u00ba de diciembre de 201715) y el \u201cLote B\u201d a la se\u00f1ora Natali Sabogal Gonz\u00e1lez (escritura p\u00fablica n.\u00ba 599 de 18 de marzo de 201616). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Luego de este extenso compendio, emerge evidente que, en alg\u00fan punto, las convocadas CML S. en C., Moto Mart S.A. y Natali Sabogal Gonz\u00e1lez, vieron como su patrimonio acrec\u00eda con el ingreso de ciertos activos inmobiliarios. Pero lo que no resulta claro es que dicho enriquecimiento (como sin\u00f3nimo de beneficio patrimonial) fuera correlativo a un empobrecimiento de la actora, o de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes que conform\u00f3 con el se\u00f1or Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal. <\/p>\n
Si bien en la demanda se afirm\u00f3 que los Lotes \u201cA1\u201d y \u201cB\u201d pertenec\u00edan a dicha universalidad, de ello no existe prueba en el expediente; mucho menos se solicit\u00f3 invalidar o alterar de cualquier otro modo el enorme c\u00famulo de actos jur\u00eddicos previamente rese\u00f1ados, la mayor\u00eda de los cuales data de m\u00e1s de una d\u00e9cada antes del inicio de este juicio. Y, ante tama\u00f1os vac\u00edos, resulta poco menos que impensable vincular el acrecimiento del haber de los demandados con alguna afectaci\u00f3n del patrimonio de la se\u00f1ora Gallego Gast, o de la sociedad patrimonial previamente mencionada. <\/p>\n
Y si, en simple gracia de discusi\u00f3n, se supusiera ese v\u00ednculo entre el \u201cenriquecimiento\u201d de los demandados y el \u201cempobrecimiento\u201d de la sociedad patrimonial a la que se refiri\u00f3 la actora en la demanda \u2013o de la se\u00f1ora Gallego Gast, directamente\u2013, es claro que los movimientos de inmuebles tuvieron como causa jur\u00eddica los contratos de compraventa a los que previamente se hizo expresa alusi\u00f3n, lo que resulta suficiente para sustraer este conflicto de los estrechos m\u00e1rgenes de la actio in rem verso. <\/p>\n
Sobra anotar que, para los efectos de esta acci\u00f3n residual, poco importa que esos contratos fueran serios, o v\u00e1lidos, o que sus prestaciones hubieran sido cumplidas a cabalidad por los compradores. Todas esas variables pueden ventilarse ante la jurisdicci\u00f3n, naturalmente, pero a trav\u00e9s de las herramientas jur\u00eddicas previstas para ello (las acciones de simulaci\u00f3n, nulidad, inexistencia, resoluci\u00f3n, etc.), pero no a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa, pues esta exige justamente que la alteraci\u00f3n patrimonial no sea consecuencial a la realizaci\u00f3n de alguna fuente obligacional (como lo es, a no dudarlo, un contrato de compraventa). <\/p>\n
A lo dicho a\u00f1\u00e1dase que, prima facie, la se\u00f1ora Gallego Gast no ser\u00eda titular de ninguna de esas acciones; pero ello es as\u00ed justamente porque no parece que las enajenaciones disputadas le hubieran irrogado alg\u00fan perjuicio econ\u00f3mico; pero si tal menoscabo existiera, como deber\u00eda existir para que su alegado empobrecimiento tuviera sentido l\u00f3gico y jur\u00eddico, emerger\u00edan a su lado necesariamente otros medios de defensa id\u00f3neos para desenmara\u00f1ar el entramado de actos y contratos al que viene haci\u00e9ndose referencia. <\/p>\n
4. Algo menos n\u00edtida es la situaci\u00f3n del establecimiento de comercio \u201cPueblito de Yerbabuena\u201d, que tambi\u00e9n perteneci\u00f3 a Tecnites Ltda. y fue transferido primero a Mart\u00ednez Gallego Gast S. en C. (seg\u00fan consta en documento privado de 18 de diciembre de 199017), y m\u00e1s tarde a Carlos Andr\u00e9s Mart\u00ednez Cort\u00e9s (contrato de compraventa de 11 de julio de 200018), tal como sucedi\u00f3 con los bienes inmuebles mencionados en el numeral que antecede. <\/p>\n
Pero, a diferencia de lo que ocurri\u00f3 con los bienes ra\u00edces, la transferencia del bien mercantil se trunc\u00f3 all\u00ed, pues seg\u00fan relat\u00f3 la actora en el hecho septuag\u00e9simo sexto de su demanda reformada, \u00aben el a\u00f1o 2013, Carlos Eduardo Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal [cancel\u00f3] las matr\u00edculas mercantiles de los establecimientos de comercio denominados Centro de Convenciones Pueblito de Yerbabuena, as\u00ed como su registro mercantil; de modo que el establecimiento de comercio \u201cPueblito de Yerbabuena\u201d resultar\u00eda en adelante registrado a nombre de Mar\u00eda Carolina Mart\u00ednez Cortes\u00bb. <\/p>\n
En el expediente no existe prueba de las cancelaciones a las que se refiere la convocante (que al respecto solo aport\u00f3 documentaci\u00f3n aislada y desordenada). Pero s\u00ed la hay de la inscripci\u00f3n de un establecimiento de comercio con el referido nombre \u201cPueblito de Yerbabuena\u201d el 26 de octubre de 201119, por cuenta de la demandada Mar\u00eda Carolina Mart\u00ednez Cort\u00e9s. No se trata, pues, de una transferencia propiamente dicha, como en el caso del \u201cLote A1\u201d y el \u201cLote B\u201d, sino de la extinci\u00f3n de un establecimiento de comercio, y el surgimiento de otro. <\/p>\n
De ah\u00ed que el enriquecimiento que se le endilga a la se\u00f1ora Mart\u00ednez Cort\u00e9s tenga que ver con la alegada utilidad que habr\u00eda percibido con la explotaci\u00f3n del hotel, restaurante y centro de convenciones \u201cPueblito de Yerbabuena\u201d; pero, aunque esos r\u00e9ditos existieran, no parecen ser correlativos al empobrecimiento se\u00f1alado en la demanda, sino que ser\u00edan fruto del desarrollo de una actividad comercial l\u00edcita. <\/p>\n
Ahora bien, podr\u00eda entenderse que el enriquecimiento consistir\u00eda en obtener utilidades gracias a la explotaci\u00f3n de un \u00abconjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa\u00bb \u2013en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 515 del estatuto mercantil\u2013 que no hab\u00edan sido adquiridos por la se\u00f1ora Mart\u00ednez Cort\u00e9s, sino recibidos de forma gratuita de manos de quienes previamente explotaron otros establecimientos semejantes, y cuyo registro fue cancelado voluntariamente a mediados del a\u00f1o 2011. <\/p>\n
Pero si ello fuera as\u00ed \u2013como parece sugerirlo la extensa relaci\u00f3n de inversiones en el establecimiento de la que da cuenta el hecho nonag\u00e9simo segundo de la demanda\u2013, ciertamente el punto habr\u00eda quedado ayuno de toda prueba, pues no existe evidencia que permita establecer cu\u00e1les eran esos bienes que conformaban el establecimiento \u201cPueblito de Yerbabuena\u201d, ni mucho menos determinar qui\u00e9n invirti\u00f3 los recursos para su adquisici\u00f3n o adecuaci\u00f3n. <\/p>\n
Ante ese vac\u00edo probatorio, resulta inviable verificar si existi\u00f3 el enriquecimiento alegado; menos a\u00fan que este estuviera de alg\u00fan modo vinculado a un empobrecimiento de la demandante, o de la sociedad patrimonial que integr\u00f3 con su excompa\u00f1ero permanente; o que careciera de causa, o t\u00edtulo jur\u00eddico. De hecho, la explicaci\u00f3n de c\u00f3mo se verificar\u00edan los exigentes requerimientos de procedencia de la actio in rem verso en punto del aludido establecimiento de comercio brilla por su ausencia tanto en la demanda inicial, como en la de sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En esas condiciones, con independencia de la existencia y entidad de los errores de juzgamiento que se endilgaron al tribunal, ciertamente no podr\u00edan haber incidido en la suerte de la litis, pues el petitum era inviable desde su concepci\u00f3n. La convocante ejerci\u00f3 una acci\u00f3n excepcional, que impidi\u00f3 el amplio debate procesal que la compleja situaci\u00f3n exig\u00eda, en tanto involucraba varios t\u00edtulos o causas jur\u00eddicas, tales como la constituci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedades mercantiles, y la celebraci\u00f3n de m\u00e1s de una decena de contratos. <\/p>\n
Y tal cosa, se reitera, ri\u00f1e abiertamente con la consabida subsidiariedad de la actio in rem verso, sobre la cual la jurisprudencia de esta Sala tiene sentado: <\/p>\n
\u00abLa pretensi\u00f3n (…) relativa al enriquecimiento sin causa, tal y como ha sido estructurada por la jurisprudencia nacional e internacional, reclama como uno de sus elementos definitorios e integradores, \u201cque el demandante, a fin de recuperar el bien, carezca de cualquiera otra acci\u00f3n originada por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o de las que brotan de los derechos absolutos. Por lo tanto, carece igualmente de la acci\u00f3n in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdi\u00f3 cualquiera de las otras v\u00edas de derecho. \u00c9l deber\u00e1 sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia\u201d, doctrina \u00e9sta que no hace m\u00e1s que reiterar el anunciado car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa -o injustificado-, no solamente con arraigo en la esfera patria, sino tambi\u00e9n en el Derecho Comparado, en general, como se acot\u00f3, en el que se tiene establecido que la acci\u00f3n en comento es un t\u00edpico \u00abremedio supletorio\u00bb, a fuer de \u201cextraordinario\u201d y, en modo alguno, una v\u00eda paralela encaminada a suplir -o a subvertir- los recursos y los procedimientos fijados con antelaci\u00f3n por el ordenamiento jur\u00eddico. Y mucho menos un camino expedito para corregir los errores o las omisiones en que incurri\u00f3 el demandante con antelaci\u00f3n, pues como lo realz\u00f3 esta corporaci\u00f3n hace un apreciable n\u00famero de lustros, \u201c\u2026carece igualmente de la acci\u00f3n el demandante que por su hecho o por su culpa perdi\u00f3 cualquiera de las otras v\u00edas de derecho\u201d (Sent. de Cas. del 1\u00ba de noviembre de 1918). <\/p>\n
En este sentido, la doctrina ciertamente es elocuente. A este respecto, el Profesor Luis Josserand, puntualiz\u00f3 que, a lo expresado \u201c\u2026hay que a\u00f1adir que la acci\u00f3n de \u2018in rem verso\u2019 se reh\u00fasa tambi\u00e9n a quien perdi\u00f3, por su culpa o por su hecho, otro medio de derecho; este deber\u00e1 sufrir las consecuencias de su negligencia o de su imprudencia\u2026; la acci\u00f3n de in rem verso, no pretende otra cosa que conjurar un hundimiento del orden jur\u00eddico que hubiera podido asegurarse bajo el \u00e9gida de otra acci\u00f3n\u2026\u201d (Derecho Civil, T. II, Vol. I, Edit. Bosch, Barcelona, 1.950, p\u00e1g. 460)\u201d (Sent. Cas. Civ. de 10 de diciembre de 1999, Exp. No. 5294). <\/p>\n
Con posterioridad reiter\u00f3 \u201c\u2026la m\u00e1s notable de las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n de enriquecimiento incausado (…) es la de la subsidiariedad. Todo el mundo conoce que dicha acci\u00f3n se abre paso s\u00f3lo en la medida en que no haya otro remedio que venga en pos del empobrecido. En otros t\u00e9rminos, la vida de esta acci\u00f3n depende por entero de la ausencia de toda otra alternativa. Subsecuentemente, en el punto no es de recibo la coexistencia de acciones\u201d (Sent. Cas. Civ. de 11 de enero de 2000, Exp. No. 5208). <\/p>\n
Y m\u00e1s recientemente recalc\u00f3 que \u201cen jurisprudencia reiterada desde tiempo atr\u00e1s ha sostenido esta Corporaci\u00f3n que la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa tiene cabida siempre que se den ciertas condiciones, como lo se\u00f1al\u00f3 el mismo recurrente. Estas son: que se haya producido un enriquecimiento, un empobrecimiento correlativo, que ese enriquecimiento carezca de una causa justa y que no tenga el afectado ning\u00fan otro medio para obtener la satisfacci\u00f3n de su pretensi\u00f3n por cuanto la acci\u00f3n in rem verso tiene car\u00e1cter subsidiario. Por otra parte, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la acci\u00f3n in rem verso a que da origen el enriquecimiento injusto \u00fanicamente procede cuando el demandante carece de cualquier otra acci\u00f3n, dada su naturaleza subsidiaria o residual, sin que pueda impetrarse en los eventos en que, como en el caso en estudio, existe de por medio un contrato que sirve de t\u00edtulo al desequilibrio patrimonial entre las partes. La Corte en relaci\u00f3n con este tema ha dicho de tiempo atr\u00e1s que \u2018para que sea legitimada en la causa la acci\u00f3n in rem verso, se requiere que el demandante, a fin de recuperar el bien, carezca de cualquier otra acci\u00f3n originada por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o las que brotan de los derechos absolutos\u2019, y que \u2018\u2026es preciso que el enriquecimiento no haya tenido ning\u00fan otro medio para obtener satisfacci\u00f3n, puesto que la acci\u00f3n de in rem verso tiene un car\u00e1cter esencialmente subsidiario\u2019. (G.J. Tomo XLIV, p\u00e1g. 474, XLV, p\u00e1g. 29 y Sent. 053 de 22 de febrero de 1991). En el mismo sentido se pronunci\u00f3 la Corte en sentencia 124 de 10 de diciembre de 1999\u201d (Sent. Cas. Civ. de 28 de agosto de 2001, rad. No. 6673)\u00bb (CSJ SC, 7 oct. 2009, rad. 2003-00164-01). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Acorde con lo expuesto, el \u00fanico cuestionamiento enarbolado por la actora no puede salir avante, pues su demostraci\u00f3n no conllevar\u00eda la alteraci\u00f3n de lo decidido por el tribunal. Esto corresponde a otra falencia t\u00e9cnica de la acusaci\u00f3n (la intrascendencia), siendo del caso reiterar que la labor de acreditar la transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por yerros de hecho o de derecho, <\/p>\n
\u00ab(…) requiere la demostraci\u00f3n de la evidencia o notoriedad de este error, en el sentido de que salte a simple vista y que no requiera mayores esfuerzos de razonamiento para establecerse; como tambi\u00e9n que se demuestre la trascendencia del mismo en las dem\u00e1s apreciaciones que sustentan al fallo atacado, comprob\u00e1ndose, consecuencialmente, su incidencia en la parte resolutoria de este \u00faltimo, en el sentido que de no haberse producido el se\u00f1alado error, la resoluci\u00f3n hubiera sido enteramente diferente (…). <\/p>\n
[La] trascendencia en el fallo [es] requisito \u2018sine qua non\u2019 para que se pueda desvirtuar la presunci\u00f3n de acierto que cobija a la sentencia impugnada y, por ende, quebrar la decisi\u00f3n objeto del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, como en efecto lo dijo esta Corporaci\u00f3n cuando expres\u00f3 que \u201cel recurrente que acusa por error en la apreciaci\u00f3n de la prueba y que, aun demostr\u00e1ndolo, no pasa adelante, se queda, por decirlo as\u00ed, en el umbral, sin traspasar la puerta de entrada al recurso mismo, la que con esa demostraci\u00f3n apenas ha abierto (…). <\/p>\n
El recurso, cuando el punto de partida es el referido error, es una cadena formada por estos eslabones, a) el error y su demostraci\u00f3n; b) la consiguiente violaci\u00f3n de la ley sustantiva (…); y c) la incidencia del cargo sobre la parte resolutiva de la sentencia\u201d (G.J., XLVI, pag. 205; LX pag. 705 y LXXVIII pags. 566 y 690)\u00bb (CSJ SC, 9 dic 1999, rad. 5378, ya citada). <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
El cuestionamiento analizado presenta serias deficiencias t\u00e9cnicas, pues no derruy\u00f3 todos los pilares del fallo recurrido. Adem\u00e1s, la cr\u00edtica planteada contra la labor de valoraci\u00f3n probatoria del tribunal result\u00f3 siendo irrelevante, pues los hechos invocados en el escrito inicial no encuadran en los supuestos abstractos que habilitan el ejercicio de la actio in rem verso. De ah\u00ed que, aun d\u00e1ndose por probados, la suerte de las pretensiones no variar\u00eda. <\/p>\n
No prospera, entonces, el \u00fanico cargo propuesto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 14 de marzo de 2023, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso declarativo de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. SIN COSTAS, por cuanto a la parte vencida le fue concedido amparo de pobreza. <\/p>\n
TERCERO. Rem\u00edtanse las diligencias a la autoridad judicial competente, para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 HINESTROSA, Fernando. De los principios generales del derecho a los principios generales del contrato. En: Revista de Derecho Privado. Universidad Externado de Colombia, Bogot\u00e1. 2000, p. 13. <\/p>\n
2\u0002 Los principios tienen poder vinculante, son nomas jur\u00eddicas. No as\u00ed los valores, que carecen de coercibilidad, en tanto representan prop\u00f3sitos esenciales del orden jur\u00eddico, las metas que se desean lograr a trav\u00e9s de las v\u00edas del derecho. <\/p>\n
3\u0002 Salvo en materia sancionatoria o punitiva. <\/p>\n
4\u0002 Es por esta raz\u00f3n que la doctrina suele identificarlo tambi\u00e9n como enriquecimiento injusto, denominaci\u00f3n que deriva del hecho de que la conducta lesiva del patrimonio carece de respaldo constitucional o legal que la justifique, y, en esa medida, inobserva directamente los valores esenciales del orden jur\u00eddico (orden, seguridad, paz, cooperaci\u00f3n, poder, justicia). Un sector de la filosof\u00eda del derecho ha categorizado los valores en fundantes y fundados para resaltar que la base del cat\u00e1logo, constituida por el orden, es la que sirve de sustento (fundante) a los restantes valores que han de concluir en la justicia como valor supremo, asentado (fundado) en los restantes valores. <\/p>\n
5\u0002 Los se\u00f1ores Gallego Gast y Mart\u00ednez Landaz\u00e1bal (ambos divorciados) contrajeron matrimonio en el extranjero el 14 de mayo de 1988 (folio 29 del archivo digital denominado \u00ab01Prinicipal.pdf\u00bb). Ese v\u00ednculo fue anulado por el Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, en sentencia de 30 de abril de 1997, pero los Gallego-Mart\u00ednez mantuvieron un proyecto de vida com\u00fan, conformando una uni\u00f3n marital de hecho, que se extendi\u00f3 \u00abdesde el mes de mayo de 1987 y hasta el 13 de diciembre de 2012\u00bb, seg\u00fan los t\u00e9rminos de la conciliaci\u00f3n que ajustaron ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia Zipaquir\u00e1 (folios 1 a 4, ib.). <\/p>\n
7\u0002 Tambi\u00e9n liquidada voluntariamente, seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 1179 de 18 junio de 2015 (folios 726 a 793, ib.). <\/p>\n
8\u0002 Folio 90, ib. <\/p>\n
9\u0002 Seg\u00fan lo registra el acta de conciliaci\u00f3n aludida en la nota al pie n.\u00ba 1. <\/p>\n
10\u0002 Folio 85, ib. <\/p>\n
11\u0002 Folios 95 a 101, ib. <\/p>\n
12\u0002 Folio 511, ib. <\/p>\n
13\u0002 Folio 534, ib. <\/p>\n
14\u0002 Folios 593 a 612, ib. <\/p>\n
15\u0002 Folios 804 a 810, ib. <\/p>\n
16\u0002 Folio 189 del archivo digital denominado \u00ab02Complemento1.pdf\u00bb. <\/p>\n
17\u0002 Folios 80 y 81 del archivo digital denominado \u00ab01Prinicipal.pdf\u00bb. <\/p>\n
18\u0002 Folio 324, ib. <\/p>\n
19\u0002 Folio 563, ib. <\/p>\n
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SC428-2023 (2016-00048-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC428-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-036-2016-00048-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso la convocante […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77276","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77276","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77276"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77276\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77276"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77276"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77276"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}