STC12116-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12116-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04107-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la acci\u00f3n de tutela que Gerardo Alonso Herrera Hoyos le formul\u00f3 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva a los intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00b0 66001-31-03-002-2021-00164-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Del libelo introductorio y del expediente objeto de queja constitucional se advierte que el gestor protesta porque el Tribunal, en segunda instancia, desestim\u00f3 las pretensiones que elev\u00f3 frente a la Comercializadora Dorado RC S.A.S., en calidad de propietaria del establecimiento de comercio Gran Hotel, para que brindara el servicio de interprete y gu\u00eda interprete acreditado por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional (13 oct. 2023). <\/p>\n
Precis\u00f3 que la decisi\u00f3n se edifica en que la convocada es una microempresa y por eso no est\u00e1 obligada a cumplir con el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005, cuando lo cierto es que carec\u00eda de evidencia para llegar a esa conclusi\u00f3n, pues no demostr\u00f3 \u00abseg\u00fan DIAN cuanto paga de impuestos la accionada en los \u00faltimos 10 a\u00f1os (sic)\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene al juez plural aplicar dicho mandato legal en beneficio de las personas con limitaciones auditivas y audiovisuales, e igualmente que indique cu\u00e1nto \u00abcuesta contratar con entidad id\u00f3nea el cumplimiento legal de lo ordenado en ley 982 de 2005 art 8, a fin de que no solo consignen en el papel sin prueba alguna que tal carga es exagerada econ\u00f3micamente, sin probar ni demostrar nada en derecho…. a fin de que garanticen art 29 cn\u00bb. <\/p>\n
2.- La Corporaci\u00f3n accionada defendi\u00f3 la determinaci\u00f3n reprochada. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, por su parte, remiti\u00f3 las diligencias reprochadas. Mery Liliana Jaimes Torres, quien dijo ser la representante legal de la sociedad demandada en la acci\u00f3n popular, pidi\u00f3 desestimar el amparo. Finalmente, el municipio de Pereira implor\u00f3 ser desvinculado de la acci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Cuando se enjuicia una providencia judicial a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela, no es cualquier error el que habilita su revisi\u00f3n en esta sede, sino uno que haga patente la existencia de una actuaci\u00f3n arbitraria e ileg\u00edtima de la autoridad judicial. De all\u00ed que esta Corporaci\u00f3n ha insistido en que este mecanismo solo puede abrirse, trat\u00e1ndose de actuaciones de la judicatura, en casos de indiscutible arbitrariedad. Igualmente, la hom\u00f3loga Constitucional, mediante sentencia de unificaci\u00f3n, ha puntualizado que este mecanismo no es una instancia o recurso adicional \u00abpara discutir los asuntos de \u00edndole probatorio o de interpretaci\u00f3n de la ley que dieron origen a la controversia judicial\u00bb (se enfatiza, SU-128 de 2021). <\/p>\n
2.- Desde esa perspectiva, la protecci\u00f3n invocada deviene inf\u00e9rtil, comoquiera que la resoluci\u00f3n del juez plural no merece, desde la perspectiva constitucional, reproche alguno, al margen de que pudiera discreparse de los argumentos que la soportan. <\/p>\n
En efecto, el fallador colegiado advirti\u00f3 que si bien el deber de adoptar acciones afirmativas en favor de las personas con hipoacusia, sordas o sordociegas, consagrado en el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005, se predica de los particulares que prestan servicios al p\u00fablico, como la compa\u00f1\u00eda demandada, el mismo no era exigible, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. <\/p>\n
Para desarrollar dicha aserci\u00f3n, justific\u00f3, en primer lugar, c\u00f3mo era posible sopesar la aplicaci\u00f3n de una norma en los casos concretos, valorando los intereses en conflicto. A continuaci\u00f3n, destac\u00f3 que por ese camino era relevante indagar por la capacidad econ\u00f3mica de la sociedad convocada para asumir el costo de las \u00abacciones afirmativas\u00bb, as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) la obligaci\u00f3n de garantizar el derecho colectivo a la accesibilidad tambi\u00e9n recae sobre los particulares con capacidad econ\u00f3mica suficiente para asumir la carga. Y en reciente sentencia, esto es, en la providencia SP-023 de 2023, se\u00f1al\u00f3 como un criterio de valoraci\u00f3n de medici\u00f3n objetiva el \u201ctama\u00f1o de la empresa\u201d. Postura que ha sido reiterativa en las decisiones que se han emitido sobre la misma tem\u00e1tica y que se pueden consultar en las sentencias SP033 y SP-036 de 2023, entre otras. Aunado a lo anterior, se agrega que este criterio que ha sido avalado como razonable en sede de tutela por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien determin\u00f3 que el mismo no contiene \u201ccriterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal\u201d (STC1772-2023). <\/p>\n
Luego, tras un an\u00e1lisis de la composici\u00f3n patrimonial de las peque\u00f1as y medianas empresas en el pa\u00eds, precis\u00f3 que conforme al certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de Comercializadora Dorado RC S.A.S., la demandada era una peque\u00f1a empresa, \u00abpor lo que resulta desproporcionado, de cara a su capacidad econ\u00f3mica, obligarla a asumir las cargas previstas en el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005\u00bb. <\/p>\n
Como puede verse, la directriz criticada est\u00e1 soportada en una hermen\u00e9utica razonable de la controversia, lo cual impide desconocerla en este sendero. <\/p>\n
4.- Ahora, que a juicio del actor el Tribunal debi\u00f3 apoyarse en otros medios de convicci\u00f3n para comprobar si la compa\u00f1\u00eda carec\u00eda o no de capacidad econ\u00f3mica, no habilita la injerencia constitucional, pues se trata de una postura valorativa alternativa a la propuesta por la Corporaci\u00f3n querellada, y como lo ha dicho la Sala, <\/p>\n
(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [disposiciones] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 2011-01404-01, STC4637-2023, STC10642-2023). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, esta Corporaci\u00f3n en casos similares a \u00e9ste ha puntualizado: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el inconforme es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n enjuiciada interpret\u00f3 las normas y probanzas allegadas al plenario, concluyendo que, para el caso concreto, conforme al certificado mercantil de la demandada, aqu\u00e9lla es una sociedad peque\u00f1a que no cuenta con capacidad econ\u00f3mica y es una carga desproporcionada conminarla que cumpla las obligaciones contempladas en el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005, conforme el test de razonabilidad dispuesto para tal fin (STC4707-2023). <\/p>\n
Igualmente, tampoco es procedente, como lo pretende el quejoso, incorporar a este tr\u00e1mite informaci\u00f3n sobre el estado de la empresa o los costos que tendr\u00edan que asumirse para que aqu\u00e9lla disponga de un int\u00e9rprete en sus instalaciones, pues el escenario para ello era el proceso judicial. De all\u00ed que el Magistrado ponente de este asunto resolvi\u00f3 negar la solicitud dirigida a que la DIAN y la Asociaci\u00f3n para Sordos en Risaralda dieran cuenta a esta Corporaci\u00f3n de dichas circunstancias (26 oct. 2023). <\/p>\n
5.- En conclusi\u00f3n, toda vez que lo dictaminado por la Colegiatura accionada est\u00e1 soportado en un an\u00e1lisis plausible de la controversia, la ayuda implorada se desestimar\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela presentada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
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