STC12118-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12118-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-04145-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Ricardo Salazar G\u00f3mez, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y Primero Civil Municipal de Ch\u00eda y citadas las partes e intervinientes en el proceso arbitral de radicado no. 135582. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
De los hechos confusos relatados en el escrito de tutela, se extrae que la se\u00f1ora Silvia Laverde de Ortiz, propietaria del Centro Comercial Ch\u00eda, en calidad de arrendadora y la Central Cooperativa de Servicios Funerarios \u2013 Coopserfun, en calidad de arrendatario, suscribieron contrato de arrendamiento del local comercial ubicado en la Diagonal 13 con Av. Pardilla No. 1-79 y, posteriormente entre Coopserfun e Inversiones Salazar Jim\u00e9nez & hijos Ltda., hoy Servicios Funerarios Integrales de la Sabana Norte de Bogot\u00e1 y Cundinamarca SAS Serfunsabana SAS, firmaron contrato de subarrendamiento respecto del inmueble anteriormente mencionado. <\/p>\n
Posteriormente la se\u00f1ora Silvia Laverde de Ortiz, promovi\u00f3 proceso de regulaci\u00f3n y fijaci\u00f3n de canon de arrendamiento contra la Central Cooperativa de Servicios Funerarios \u2013 Coopserfun, <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Juzgado Primero Civil Municipal de Ch\u00eda, admiti\u00f3 la demanda el 30 de abril de 2019 y profiri\u00f3 sentencia el 5 de febrero de 2020 en la que accedi\u00f3 a las pretensiones, y fij\u00f3 el canon de arrendamiento en la suma de $19.492.000 sin que fuera citado como litisconsorte la empresa que representa -Servicios Funerarios Integrales de la Sabana Norte de Bogot\u00e1 y Cundinamarca SAS-, (subarrendataria de la demandada), y sin que se hubiera identificado e individualizado plenamente el bien arrendado. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, apelada la decisi\u00f3n, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 la confirm\u00f3 el 7 de mayo de 2021, por lo que, Coopserfun le comunic\u00f3 el 11 de junio de 2021 que deb\u00eda cancelar no solo el incremento sino el retroactivo reconocido desde septiembre de 2018 que asciende a $643\u2019236.000. <\/p>\n
Sostuvo que el 5 de mayo de 2023 present\u00f3 ante el Tribunal Superior de Cundinamarca recurso extraordinario de revisi\u00f3n, frente a la sentencia proferida por el Juzgado anteriormente mencionado, fue rechazado y del que \u00abse intent\u00f3 su notificaci\u00f3n personal a trav\u00e9s de su apoderado judicial quien se rehus\u00f3 a ello, porque la fecha del acta no correspond\u00eda al d\u00eda en que acudi\u00f3 a la secretar\u00eda de esa Corporaci\u00f3n\u00bb. (sic) <\/p>\n
Expuso que el 24 de septiembre de 2021 Coopserfun convoc\u00f3 a Serfunsabana a una audiencia de conciliaci\u00f3n ante la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, \u00abdiligencia que resulto en el levantamiento de acta de no acuerdo entre las Partes\u00bb, raz\u00f3n por la cual se constituy\u00f3 el Tribunal de Arbitramento para dirimir las controversias suscitadas entre la Central Cooperativa de Servicios Funerarios \u2013 Coopserfun (convocante) y Servicios Funerarios Integrales de la Sabana Norte de Bogot\u00e1 y Cundinamarca SAS (convocada), en relaci\u00f3n con el contrato de subarriendo que suscribieron el 15 de agosto de 2000 sobre el local comercial mencionado, en el que, una vez agotadas las etapas procesales respectivas, profiri\u00f3 laudo el 24 de febrero de 2023, corregido el 10 de marzo siguiente, en el que accedi\u00f3 a las pretensiones. <\/p>\n
Adujo que el 18 de mayo de 2023, present\u00f3 recurso de anulaci\u00f3n contra el Laudo proferido y, \u00abAnte la falta de una oportuna notificaci\u00f3n no se pudo dar repuesta, ni anexar pruebas pertinentes para que realmente la toma de decisi\u00f3n por el Tribunal fuera equitativa y basada en pruebas reales que evidencian que el Local del segundo piso es de 240 Mts y no de 866 Mts cuadrados como pretendi\u00f3 el Apoderado de la Sra. Silvia la Verde \u201cDue\u00f1o del Local\u201d\u00bb. (negrillas en texto), por lo que el 31 de agosto de 2023 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 lo declar\u00f3 infundado. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 28 de septiembre de 2023 \u00abtengo conocimiento de la decisi\u00f3n del tribunal Superior de Distrito Judicial donde resolvi\u00f3 declarar infundado el recurso de anulaci\u00f3n presentado el cual me informa v\u00eda correo electr\u00f3nica la Apoderada de Coopserfun \u201cLos Olivos\u201d y a la fecha no he recibido ninguna notificaci\u00f3n del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
. <\/p>\n
Centr\u00f3 su descontento en no entender ni aceptar \u00abporque debo de asumir el total del \u00c1rea construida de 886 Mts del Centro Comercial, si nunca he disfrutado, ni obtenido ning\u00fan beneficio econ\u00f3mico sobre las dem\u00e1s \u00c1reas y Locales, sabiendo que he funcionado por 23 a\u00f1os en un \u00c1rea de 240 Mts en un Segundo Piso y que no es la \u00fanica empresa existente en el centro comercial como lo soport\u00f3 y evidenci\u00f3 el avalu\u00f3 presentado por el Perito CAMILO ACEVEDO FARFAM aportado por la due\u00f1a del Local la Sra. Silvia Laverde\u00bb. (sic) <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, pretende, <\/p>\n
\u00ab1. Que se declare la procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra el laudo arbitral, de acuerdo con las reglas establecidas por la Corte Constitucional de Colombia. <\/p>\n
2. Que se declare la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido a la falta de motivaci\u00f3n y fundamentaci\u00f3n del laudo arbitral, as\u00ed como a la falta de garant\u00edas procesales en el desarrollo del proceso arbitral. <\/p>\n
3. Que se ordene la anulaci\u00f3n del laudo arbitral proferido por la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, debido a la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4. Que se ordene la realizaci\u00f3n del debate jur\u00eddico en la justicia ordinaria mediante juez civil del circuito, en virtud a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
5. Solicitar a la Propietaria del Local la Sra. Silvia Laverde\u201d aclaraci\u00f3n del \u00c1rea real del Local Arrendado a Coopserfun y Subarrendada a Serfunsabana hace m\u00e1s 23 a\u00f1os. <\/p>\n
6. Solicitar que el \u00c1rea del Local Ubicado en el Segundo Piso donde opera mi microempresa sea verificada por un Perito asignado por el Juzgado para confirmar que el \u00e1rea es de 240 mts y no de 866 mts que es el \u00c1rea del Centro comercial. <\/p>\n
7. Levantar de forma inmediata las medidas cautelares decretadas por el Laudo Arbitral de C\u00e1mara y Comercio. <\/p>\n
8. Se declare, se condene a Coopserfun \u201cLos Olivos\u201d y la Sra. Silvia la Verde \u201cPropietaria del Local\u201d, a resarcir e indemnizar econ\u00f3micamente los da\u00f1os ocasionados desde junio del 2022, porque aun siendo conscientes del error aritm\u00e9tico que quedo en la Sentencia del Juzgado Primero Civil Municipal de Ch\u00eda, Coopserfun ha iniciado procesos encontrar de Serfunsabana que han ocasionado el desprestigio y quiebra actual de mi microempresa. <\/p>\n
9. Exonerar a mi microempresa de todos los costos y gastos en que se han incurrido en los diferentes procesos en C\u00e1mara de Comercio que han sido basados en una Sentencia viciada coaccionando a mi derecho a mi defensa y al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que conoci\u00f3 del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n interpuesto por Serfunsabana SAS, contra el laudo proferido el 24 de febrero de 2023 por el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de esta ciudad, dentro de la causa arbitral 135582 convocado por Cooperfun, el cual declar\u00f3 infundado mediante providencia de 31 de agosto de 2023. <\/p>\n
2. El Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, compuesto por los \u00e1rbitros Pablo Felipe Robledo del Castillo, Alfredo Beltr\u00e1n Sierra y Guillermo C\u00e1ez G\u00f3mez, puso de presente que en esta acci\u00f3n de tutela no se cumplen los requisitos de procedencia contra providencias judiciales. Igualmente remiti\u00f3 el link del expediente 135582. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1. refiri\u00f3 que el 7 de mayo de 2021 profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia en el proceso de regulaci\u00f3n de canon de arrendamiento mencionado, en el que \u00abel accionante no elev\u00f3 entonces ni ahora solicitud alguna en relaci\u00f3n con su intervenci\u00f3n en el mencionado proceso\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Civil Municipal de Ch\u00eda, adem\u00e1s de remitir el link del expediente 2019-00215, expuso que conoci\u00f3 en primera instancia del proceso de regulaci\u00f3n y fijaci\u00f3n de canon de arrendamiento promovido por Silvia Laverde de Ortiz contra Coopserfun, en el cual se accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, tr\u00e1mite al que no fue citado el accionante como tercero o litisconsorte, ni concurri\u00f3 al proceso motu proprio, ni realiz\u00f3 alguna solicitud de vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite. En adici\u00f3n, afirm\u00f3 que las determinaciones adoptadas en el proceso se ajustan a la normativa procesal vigente. <\/p>\n
5. Central Cooperativa de Servicios Funerarios \u2013 Coopserfun, a trav\u00e9s de a su apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de esta demanda constitucional, toda vez que no se cumple con los requisitos de legales y jurisprudenciales de procedencia contra providencias judiciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, al cotejar los hechos y pretensiones de la acci\u00f3n de tutela con las diligencias remitidas por las autoridades judiciales accionadas, se evidencia que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso por las razones que a continuaci\u00f3n se sintetizan. <\/p>\n
3. Algunas de las inconformidades de Ricardo Salazar G\u00f3mez se dirigen contra la sentencia de 7 de mayo de 2021, proferida en segunda instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, que defini\u00f3 el debate en el proceso de regulaci\u00f3n y fijaci\u00f3n de canon de arrendamiento, que la se\u00f1ora Silvia Laverde de Ortiz promovi\u00f3 en contra de Central Cooperativa de Servicios Funerarios \u2013 Coopserfun (radicado no. 2019-00215), por considerar que no se efectu\u00f3 una debida identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n del local comercial objeto de arrendamiento y del cual la empresa que representa (Servicios Funerarios Integrales de la Sabana Norte de Bogot\u00e1 y Cundinamarca SAS) actuaba como subarrendataria de la demandada. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, es necesario recordar el presupuesto de la inmediatez, sobre el que esta Corte ha sostenido que el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la decisi\u00f3n y el reclamo constitucional, no puede superar los seis meses, con el objeto de que la acci\u00f3n extraordinaria no pierda su raz\u00f3n de ser (CSJ. STC. 14 septiembre 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC4535-2020, STC3457-2021, STC6747-2022, STC9625-2022, STC11145-2022 y, STC4915-2023 entre muchas otras). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, y en consideraci\u00f3n a que la decisi\u00f3n cuestionada data del 7 de mayo de 2021 es evidente que se super\u00f3 el t\u00e9rmino razonable del que se viene hablando, ya que la demanda constitucional se radic\u00f3 el 13 de octubre de 2023, es decir, m\u00e1s de dos a\u00f1os y cinco meses despu\u00e9s de que se profiri\u00f3. <\/p>\n
Entonces, como el accionante debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, se insiste, el largo plazo transcurrido entre el hecho amenazante y la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, impiden que se aborde el estudio de fondo de la inconformidad encaminada por esa senda y contra aquella decisi\u00f3n. <\/p>\n
5. En adici\u00f3n, no puede pasarse por alto que el accionante tambi\u00e9n considera que los Juzgados accionados desconocieron su derecho al debido proceso por cuanto no lo citaron como litisconsorte necesario para ser escuchado brind\u00e1ndole la oportunidad de aportar las pruebas pertinentes, sin embargo, tal y como lo advirtieron esas autoridades judiciales, si bien el accionante no fue citado como tercero o litisconsorte, tampoco concurri\u00f3 al proceso motu proprio, ni realiz\u00f3 alguna solicitud de vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite. <\/p>\n
Lo anterior revela la improcedencia del amparo, seg\u00fan lo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues antes de acudir a esta v\u00eda constitucional, debi\u00f3 concurrir al Juzgado de conocimiento y exponer las razones de su inconformidad, siendo ese es el escenario dispuesto por el legislador para resolver ese tipo de discusiones y no lo hizo, por cuanto se abstuvo de promover los medios legales a su alcance, como lo es la nulidad por falta de notificaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de art\u00edculos 133, numeral 8\u00ba, y 134 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, podr\u00eda acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 354, 355, numeral 7\u00ba, 356, inciso 2\u00ba, y siguientes de la citada codificaci\u00f3n, pues seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 134 ej\u00fasdem, \u00ab[l]as nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. La nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse en la diligencia de entrega o como excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades\u00bb (se resalta), instrumento judicial que dijo haber presentado y fue rechazado, aunque nada de ello se acredit\u00f3. <\/p>\n
Tales omisiones descartan la procedencia de esta acci\u00f3n extraordinaria, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario que no puede utilizarse como una instancia adicional para subsanar la falta de interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. (CSJ. STC11177-2018, STC10847-2020, STC1560-2022, STC6025- 2022, STC1793-2023, STC4913-2023 y STC5564-2023 entre muchas entre otras). <\/p>\n
6. De otra parte, el solicitante pretende que se deje sin efecto el laudo proferido el 24 de febrero de 2023 por el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, por cuanto afirm\u00f3, no entender \u00abporque debo de asumir el total del \u00c1rea construida de 886 Mts del Centro Comercial, si nunca he disfrutado, ni obtenido ning\u00fan beneficio econ\u00f3mico sobre las dem\u00e1s \u00c1reas y Locales, sabiendo que he funcionado por 23 a\u00f1os en un \u00c1rea de 240 Mts en un Segundo Piso y que no es la \u00fanica empresa existente en el centro comercial como lo soport\u00f3 y evidenci\u00f3 el avalu\u00f3 presentado por el Perito CAMILO ACEVEDO FARFAM aportado por la due\u00f1a del Local la Sra. Silvia Laverde\u00bb. <\/p>\n
Argumento que le sirve de base para cuestionar que en el tr\u00e1mite arbitral, oportunamente, \u00abrealiz\u00f3 la presentaci\u00f3n del inmueble y la porci\u00f3n del \u00e1rea arrendada, argumentando que no corresponde al 100% del inmueble, estas diapositivas que conten\u00edan material fotogr\u00e1fico, dictamen pericial y diferentes conceptos de evaluadores fueron aportadas debidamente al proceso y no fueron tomadas como pruebas si no como parte documental del proceso, basando el proceso Arbitral en C\u00e1mara de Comercio \u00fanicamente tomando como prueba fundamental solo la sentencia emitida por el Juez civil municipal de Ch\u00eda y reafirmada por el Juzgado Civil Circuito de Zipaquir\u00e1, donde se ratific\u00f3 la sentencia basada en un error aritm\u00e9tico, que a la fecha a\u00fan no ha sido aclarado por la propietaria la Sra. Silvia Laverde\u00bb. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n cuestionada, la Sala no evidencia que se trate de una decisi\u00f3n arbitraria, porque se encuentra ampliamente fundamentada en las pruebas recaudadas y la normativa que resulta aplicable al asunto, lo que sirvi\u00f3 para declarar que la regulaci\u00f3n del canon mensual efectuada judicialmente mediante sentencia de 5 de febrero de 2020, proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Ch\u00eda, y que confirm\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 el 7 de mayo de 2021, \u00aben $19\u00b4492.000 desde el 1\u00ba de septiembre de 2018, tiene plenos efectos respecto del Contrato de Subarriendo Local Comercial del 15 de agosto de 2000 suscrito entre la Parte Convocante CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS -COOPSERFUN-, en calidad de subarrendadora, y la Parte Convocada SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES DE LA SABANA NORTE DE BOGOT\u00c1 Y CUNDINAMARCA S.A.S. -SERFUNSABANA-, en calidad de subarrendataria, seg\u00fan lo expuesto en la Parte Motiva de este laudo arbitral\u00bb, por lo que, entre otras cosas, se reconoci\u00f3 el retroactivo correspondiente entre aquella fecha y hasta antes de que se verifique la entrega o restituci\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
Como aspectos relevantes para la decisi\u00f3n que aqu\u00ed ha de adoptarse, despu\u00e9s de referirse al objeto y regulaci\u00f3n legal de los contratos de arriendo y subarriendo al inmueble objeto de la convenci\u00f3n y a las pruebas recaudadas (declaraciones de las partes, testimonios, pruebas trasladadas, comunicaciones cruzadas entre las partes, el clausulado de los contratos de arrendamiento y de subarrendamiento, entre otros documentos), el Tribunal de Arbitramento fundament\u00f3 la decisi\u00f3n en que, <\/p>\n
(\u2026) La suscripci\u00f3n de los anteriores contratos -arriendo y subarriendo-, as\u00ed como la identificaci\u00f3n del inmueble objeto de los mismos fueron admitidos por la Parte Convocante COOPSERFUN y la Parte Convocada SERFUNSABANA, en los hechos 1.1. y 1.2. del escrito de demanda arbitral reformada y en la contestaci\u00f3n de los mismos, respectivamente (\u2026) <\/p>\n
El valor del precio o canon inicial establecido en los anteriores contratos – arriendo y subarriendo del inmueble- fueron admitidos por la Parte Convocante COOPSERFUN y la Parte Convocada SERFUNSABANA, en el hecho 1.4. del escrito de demanda reformada y en la contestaci\u00f3n del mismo, respectivamente. En ese orden de ideas, el Tribunal advierte que existe identidad entre el canon o precio inicial en el Contrato de Arrendamiento Comercial y el canon o precio inicial Contrato de Subarriendo, esto es, dos millones de pesos mensuales ($ 2.000.000), y que los incrementos se har\u00edan con base en al incremento del \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC), salvo en el hecho de que en el subarriendo era permitido pagar todo o parte del canon con cruce de cuentas por servicios prestados o mediante consignaci\u00f3n de la diferencia, seg\u00fan fuere el caso. <\/p>\n
Obviamente, con el trascurrir del tiempo, el canon o precio inicialmente pactado fue increment\u00e1ndose en los t\u00e9rminos pactados en el Contrato de Arrendamiento Comercial y en el Contrato de Subarriendo, hasta que se sucedieron vicisitudes y discusiones respecto del incremento o la fijaci\u00f3n del canon, que son materia de este litigio y que el Tribunal abordar\u00e1 m\u00e1s delante de forma especial con el fin de resolver sobre las pretensiones y las excepciones. <\/p>\n
Respecto del t\u00e9rmino inicial de duraci\u00f3n, las partes concuerdan en que este era de treinta y seis (36) meses contados a partir del 15 de agosto de 2000, como se indica en el hecho 1.3. del escrito de demanda reformada y en la contestaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Con el trascurrir del tiempo, el Contrato de Subarriendo objeto del presente tr\u00e1mite fue prorrogado en varias oportunidades, como es usual en este tipo de contratos de arrendamiento y subarrendamiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto al incumplimiento contractual por parte de la sociedad convocada, representada por el aqu\u00ed accionante, sostuvo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la arrendadora SILVIA LAVERDE DE ORTIZ al no haber un acuerdo sobre el nuevo canon al momento de su renovaci\u00f3n en 2018, consistente en procurar un canon mensual equivalente a $12.000.000.00 como lo solicit\u00f3 a su arrendatario COOPSERFUN (Comunicaciones del 13, 15 y 18 de septiembre de 2018), en ejercicio del derecho consagrado en el art\u00edculo 519 del C\u00f3digo de Comercio, instaur\u00f3 demanda contra COOPSERFUN para que judicialmente y con intervenci\u00f3n de peritos, se fijara y regulara del canon de arrendamiento del bien objeto del Contrato de Arrendamiento Comercial del 31 de julio de 2000 (\u2026) <\/p>\n
Presentada la demanda de regulaci\u00f3n y fijaci\u00f3n del canon de arrendamiento, esta fue admitida mediante auto del 30 de abril de 2019 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Ch\u00eda (Cundinamarca), despacho este que mediante sentencia de primera instancia del 5 de febrero de 2020 regul\u00f3 y fij\u00f3 el canon de arrendamiento mensual en la suma de $19.492.000.00, tal y como se advierte en la mencionada sentencia (\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, tanto en sentencia de primera instancia como en sentencia segunda instancia, se regul\u00f3 y fij\u00f3 el canon mensual de arrendamiento en la suma $19.492.000.00 a partir del 1 de septiembre de 2018, fallo este que surte efectos respecto del Contrato de Arriendo Comercial del 31 de julio de 2020 suscrito entre la arrendadora SILVIA LAVERDE DE ORTIZ y el arrendatario COOPSERFUN y del Contrato de Subarriendo Local Comercial del 15 de agosto de 2020 suscrito entre el subarrendador COOPSERFUN y el subarrendatario SERFUNSABANA, teniendo en cuenta lo previsto en la Cl\u00e1usula S\u00e9ptima de este \u00faltimo contrato en el sentido de que \u201cDe todas maneras el SUBARRENDADOR Garantizara (sic) el cumplimiento de este contrato, sujet\u00e1ndolo, al Contrato de ARRENDAMIENTO suscrito entre COOPSERFUN Y la arrendataria (sic) SILVIA LAVERDE DE ORTIZ.\u201d y adem\u00e1s, porque los efectos jur\u00eddicos de la sentencia proferida en ese proceso de regulaci\u00f3n y fijaci\u00f3n del canon se extienden al subarrendatario en virtud de su condici\u00f3n de litisconsorte cuasinecesario previsto en el art\u00edculo 62 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia anal\u00f3gica con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 17 de la Ley 820 de 20034\u00bb (negrillas de la Sala). <\/p>\n
En seguida el Tribunal de Arbitramento explic\u00f3 que, teniendo en cuenta la comunicaci\u00f3n de 6 de agosto de 2021, remitida por Coopserfun a Serfunsabana, el contrato de subarriendo se dio por terminado por incumplimiento de la parte convocada, con motivo en la falta de pago de los c\u00e1nones de arrendamiento de noviembre de 2017 y desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2021, con base en el canon mensual regulado y fijado judicialmente en $19\u00b4492.000, sin perjuicio de lo adeudado respecto de los meses de junio, julio y agosto de 2021, fecha de terminaci\u00f3n de contrato por incumplimiento, e incluso hasta la fecha en que se haga efectiva la restituci\u00f3n del inmueble subarrendado. <\/p>\n
Argumentos, todos estos, que sirvieron para despachar desfavorablemente las excepciones propuestas por convocada de \u00abmala fe del convocante, ausencia de causa, coexistencia de varias modalidades contractuales, inexistencia de la causal invocada, enriquecimiento sin causa, nadie puede alegar su propia culpa para sacar provecho, falta de legitimaci\u00f3n en la causa para demandar y la gen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n
Conforme al panorama expuesto, no se advierte defecto alguno del talante de una v\u00eda de hecho como lo alega el accionante, quien pretende imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sobre c\u00f3mo debi\u00f3 resolverse la contienda y la interpretaci\u00f3n que debi\u00f3 extraerse de los elementos probatorios practicados, para que se accediera a los medios exceptivos que propuso al contestar la demanda. <\/p>\n
Prop\u00f3sito que no se ajusta a la naturaleza del medio extraordinario que por esta v\u00eda se examina, el que en manera alguna se estableci\u00f3 como una instancia adicional de las providencias que las autoridades judiciales o arbitrales han proferido en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido (CSJ. STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022, STC9932-2022 y STC4373-2023). <\/p>\n
7. En lo que ata\u00f1e a que la decisi\u00f3n se soport\u00f3 \u00fanicamente en las sentencias proferidas en el proceso de regulaci\u00f3n y fijaci\u00f3n de canon de arrendamiento, adem\u00e1s de que tal afirmaci\u00f3n carece de veracidad, pues se hizo alusi\u00f3n a otros medios de prueba que sirvieron para resolver la controversia, no puede dejarse de lado que el Tribunal de Arbitramento fue claro al indicar que, al verificar el clausulado de los contratos de arrendamiento y subarrendamiento, pudo establecer que los efectos de lo decidido en aquel proceso se extend\u00edan a este \u00faltimo convenio, porque as\u00ed se extrae de lo acordado por las contratantes. <\/p>\n
En todo caso, esta Sala ha destacado que la indebida valoraci\u00f3n probatoria no es suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de una sentencia, pues es aqu\u00ed donde m\u00e1s se enfatiza en la discrecionalidad, autonom\u00eda e independencia de la que goza el Juez para apreciar los elementos de juicio manera conjunta e individual de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884- 2020, STC 2462-2021, STC859-2022, STC2622-2022 y STC5841-2023), sin olvidar que, <\/p>\n
\u00abEl error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC6666-2019, reiterado en STC10813-2021, STC802-2022, STC4609-2022). <\/p>\n
7. Ahora bien, como no se realiz\u00f3 reproche alguno contra la providencia de 31 de agosto de 2023, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 infundado el recurso de anulaci\u00f3n, ning\u00fan an\u00e1lisis debe realizarse al respecto. <\/p>\n
8. Finalmente, en lo concerniente a que \u00abse condene a Coopserfun \u201cLos Olivos\u201d y la Sra. Silvia la Verde \u201cPropietaria del Local\u201d a resarcir e indemnizar econ\u00f3micamente los da\u00f1os ocasionados desde junio de 2022, (\u2026) Exonerar a mi microempresa de todos los costos y gastos en que se han incurrido en los diferentes procesos en C\u00e1mara de Comercio que han sido basados en una sentencia viciada coaccionada a mi derecho a mi defensa y al debido proceso\u00bb, resulta pertinente recordar que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo cuyo fin es la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales vulneradas o amenazadas, m\u00e1s no para dar soluci\u00f3n a aspectos netamente econ\u00f3micos, salvo que se alegue la ocurrencia de un perjuicio irremediable, se interponga para proteger derechos de mayor relevancia, o a favor de un menor de edad (CSJ. STC7584-2023), sin que alguno de estos eventos se configure en este caso, de ah\u00ed que no sea viable abordar el estudio de las condenas reclamadas. <\/p>\n
9. As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n solicitada ser\u00e1 negada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Salazar G\u00f3mez, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de esta ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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STC12118-2023 Magistrada ponente STC12118-2023 Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-04145-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Ricardo Salazar G\u00f3mez, contra la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77282","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77282","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77282"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77282\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77282"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77282"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77282"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}