STC12120-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12120-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-04172-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por \u00c1lvaro Manuel Romero Hurtado, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado no. 20210005100. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la se\u00f1ora Yarixa Ginis Tirado Pimienta promovi\u00f3 demanda ejecutiva en su contra, para obtener el pago de $180\u00b4000.000 incorporados en una letra de cambio que venci\u00f3 el 10 de noviembre de 2020, m\u00e1s los intereses de mora causados hasta que se verifique el pago total de la obligaci\u00f3n, proceso en el que, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha mediante sentencia de 5 de octubre de 2022, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cobro de lo no debido y orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, teniendo en cuenta que la ejecutante no ten\u00eda la calidad de acreedora, pues el cr\u00e9dito debi\u00f3 reclamarse en el juicio de sucesi\u00f3n de Alexander Mart\u00ednez Reyes y no directamente. <\/p>\n
Expuso que, apel\u00f3 el fallo y el Tribunal Superior de Riohacha el 25 de abril de 2023, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, modific\u00f3 el mandamiento de pago, aclar\u00f3 que la ejecutante obraba en calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Alexander Mart\u00ednez Reyes, y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que discrepa de la anterior decisi\u00f3n, porque considera que la ejecutante no puede exigir la obligaci\u00f3n crediticia en nombre propio, por cuanto se trata de un derecho personal o de cr\u00e9dito en favor de su exesposo Alexander Mart\u00ednez Reyes, \u00abdicho eso, el momento legal para exigir dicha acreencia, ser\u00eda un proceso sucesorio y de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, en el cual se repartan los bienes del causante a aquellas personas que tengan derecho. As\u00ed las cosas, no habiendo un pronunciamiento judicial en virtud de un proceso de sucesi\u00f3n, no es dable que la se\u00f1ora [Yarixa Ginis Tirado Pimienta], reclame dicha suma dineraria y mucho menos, interponga el presente proceso, a sabiendas de que no tiene legitimaci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, al absolver el interrogatorio de parte, la demandante dijo que llen\u00f3 los espacios en blanco de la letra de cambio y que no estuvo presente en el negocio jur\u00eddico celebrado entre su exesposo, situaci\u00f3n que omiti\u00f3 analizar el juez colegiado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 revocar \u00abla providencia anteriormente mencionada, y en su lugar, [confirmar] la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, asegur\u00f3 que su decisi\u00f3n cuestionada en este asunto, \u00abno fue arbitraria, as\u00ed como que tampoco desconoce los derechos que le asisten a las partes; fue producto de una interpretaci\u00f3n razonable de los hechos y actuaciones surtidas al interior del tr\u00e1mite, fundamentada en razones y fundamentos jur\u00eddicos, de ah\u00ed que el hecho que no sea compartida por el hoy accionante, no le da el car\u00e1cter de caprichosa\u00bb. <\/p>\n
2. Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, comparti\u00f3 el link del expediente objeto de revisi\u00f3n, efectu\u00f3 un relato pormenorizado de las actuaciones m\u00e1s relevantes surtidas en el proceso y destac\u00f3 que su actividad judicial se ha desarrollado en respeto de los par\u00e1metros legales y constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la queja constitucional recae en la sentencia adoptada por el Tribunal Superior de Riohacha el 25 de abril de 2023, por la que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad para, en su lugar, modificar el mandamiento de pago y ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n promovida por Yarixa Ginis Brito Guerra contra el aqu\u00ed accionante (proceso ejecutivo de radicado no. 2021-00051). <\/p>\n
A juicio del accionante, la decisi\u00f3n del ad quem desconoce sus garant\u00edas constitucionales, por cuanto la ejecutante no est\u00e1 habilitada para exigir la obligaci\u00f3n crediticia en nombre propio, por cuanto se trata de un derecho personal en favor de su exesposo Alexander Mart\u00ednez Reyes, con quien el ejecutado celebr\u00f3 un negocio que subyace a la letra de cambio objeto del recaudo, siendo el proceso de sucesi\u00f3n de Mart\u00ednez Reyes la oportunidad para reclamarlo la acreencia. Adem\u00e1s afirm\u00f3, que no se valor\u00f3 en debida forma la declaraci\u00f3n de parte de la demandante, quien confirm\u00f3 que llen\u00f3 los espacios en blanco de la letra de cambio a su favor y que no estuvo presente en el negocio jur\u00eddico celebrado entre su exesposo. <\/p>\n
3. Al examinar la determinaci\u00f3n censurada, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se concluye que no puede calificarse de arbitraria, porque fue el resultado de una adecuada interpretaci\u00f3n de las normas y jurisprudencia que resultaban aplicables al asunto objeto de estudio, aunado a una apropiada valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas. <\/p>\n
Lo anterior se afirma, porque para decidir de fondo el Tribunal Superior de Riohacha, luego de referirse los elementos, caracter\u00edsticas y requisitos formales de los t\u00edtulos valores – art\u00edculos 619, 621 del C\u00f3digo de Comercio, CC T-310-2009, CSJ. SC de 23 oct. 1979, SC de 5 de noviembre de 1956, G.J., t LXXXIV-, explic\u00f3 que el problema jur\u00eddico planteado se circunscrib\u00eda a determinar \u00ab\u00bfLa demandante est\u00e1 legitimada conforme a las normas que regulan los t\u00edtulos calores, para cobrar una letra de cambio que est\u00e1 a su nombre y cuyo recaudo va destinada a la sucesi\u00f3n de MART\u00cdNEZ REYES (Q.E.P.D.) y en consecuencia la sentencia de primera instancia se debe revocar?\u00bb. <\/p>\n
Delimitado el escenario de su decisi\u00f3n, inici\u00f3 por esclarecer que en el expediente obraban como pruebas relevantes, un documento que revelaba un negocio jur\u00eddico suscrito el 20 de octubre de 2020 entre \u00c1lvaro Manuel Romero Hurtado y Alexander Mart\u00ednez Reyes, el cual no fue tachado de falso ni desconocido, as\u00ed como el registro civil de matrimonio celebrado entre este \u00faltimo y la ejecutante, y el registro civil de defunci\u00f3n de Mart\u00ednez Reyes. <\/p>\n
Luego aclar\u00f3 que tanto en la demanda, como en el poder que confiri\u00f3 a su abogado, la ejecutante fue clara al determinar que el objeto del proceso era perseguir el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el ejecutado en favor de Alexander Mart\u00ednez Reyes, \u00abde quien ella es c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite que tiene la posesi\u00f3n y tenencia de la promesa de compraventa de los derechos herenciales y de la letra de cambio que hoy se hace efectiva [cuyos resultados deben ir con un activo social dentro de la sucesi\u00f3n intestada del causante ALEXANDER MART\u00cdNEZ REYES]\u00bb, de lo que concluy\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) en principio, la demandante est\u00e1 legitimada al ser el t\u00edtulo valor nominativo, letra de cambio, porque se debe pagar a su orden, esto es, est\u00e1 legitimada cambiariamente en tanto es la beneficiaria cambiaria, y por ello, seg\u00fan la literalidad del t\u00edtulo ejecutivo, puede cobrarlo, tanto judicial como extrajudicialmente. <\/p>\n
No es cierto que, para cobrar esta letra de cambio a la orden de la demandante, como literalmente se lee en su cuerpo, tuviera que iniciar un proceso de sucesi\u00f3n y por ello el a quo err\u00f3 cuando concluy\u00f3 que, la demandante no pod\u00eda ejecutar la obligaci\u00f3n y le da m\u00e9rito a la excepci\u00f3n de COBRO DE LO NO DEBIDO. <\/p>\n
No obstante, seg\u00fan el cartular, la demandante cobra un t\u00edtulo valor que est\u00e1 a su nombre, esto es, es la propietaria del t\u00edtulo, as\u00ed, mal puede prosperar esta excepci\u00f3n de fondo, cuando la ley mercantil autoriza al propietario de un t\u00edtulo valor para endosarlo en propiedad, en procuraci\u00f3n, sin que necesite autorizaci\u00f3n de ninguna otra persona. Es que el t\u00edtulo valor subsiste por s\u00ed mismo, incorpora un derecho, seg\u00fan su tenor literal\u00bb. <\/p>\n
Al abordar el tema probatorio destac\u00f3 lo siguiente, <\/p>\n
(\u2026) la parte ejecutada no demostr\u00f3, si la letra de cambio fue diligenciada en su integridad por el se\u00f1or ALEXANDER MART\u00cdNEZ REYES (Q.E.P.D.) y en su interrogatorio de parte, ni el apoderado de la parte demandante, ni el de la parte demandada, hicieron preguntas al respecto, es m\u00e1s, ni siquiera intentaron contrainterrogar. Veamos que dijo cada una de las partes de este proceso: <\/p>\n
La demandante reconoci\u00f3 que la deuda fue con su esposo, ALEXANDER MART\u00cdNEZ REYES (Q.E.P.D.), as\u00ed se desprende de los hechos de la demanda, adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3 que no estuvo presente al momento de la negociaci\u00f3n, ni en el momento que entreg\u00f3 el dinero <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201c\u00bfC\u00f3mo se enter\u00f3 de la obligaci\u00f3n? \u201cLa obligaci\u00f3n me enter\u00e9, por unos documentos en los que reposa como evidencia en su despacho, la letra firmada por el demandado, la compraventa registrada en la notar\u00eda segunda\u201d, Pregunta el Juez: \u00bfA qu\u00e9 bienes se refieren la compraventa? A tres bienes que reposan en el documento\u201d (\u2026) <\/p>\n
El demandado depuso de la siguiente manera: (\u2026) respecto al documento de venta de derechos herenciales, depuso: \u201cse suscribi\u00f3 un documento, como garant\u00eda de la negociaci\u00f3n de la cual ya hab\u00eda hecho menci\u00f3n, pero nunca se recibi\u00f3 el dinero por lo cual no se llev\u00f3 o no se elev\u00f3 a Escritura P\u00fablica como lo establece la normatividad…\u201d PREGUNTA DEL JUEZ: Ud. pudo revisar la letra que se acompa\u00f1\u00f3 a la demanda, es suya la firma que esta consignada en el documento. RESPONDI\u00d3: Si se\u00f1or est\u00e1 firmada por m\u00ed y no lo puedo negar, sin embargo, como la negociaci\u00f3n no fue con la demandante ella no puede hacerse due\u00f1a de la obligaci\u00f3n que aduce su existencia\u201d\u00bb. <\/p>\n
De esas declaraciones, con apego a lo preceptuado en el art\u00edculo 191 del C\u00f3digo General del Proceso, concluy\u00f3 que, i) el ejecutado acept\u00f3 que la firma impuesta en la letra de cambio, como deudor, era suya, pero la negociaci\u00f3n que dio origen al t\u00edtulo se efectu\u00f3 con el c\u00f3nyuge fallecido de la ejecutante, ii) la se\u00f1ora Sandra Cristina Fl\u00f3rez, quien aparentemente particip\u00f3 en el negocio subyacente, no fue citada al proceso como testigo para esclarecer lo debatido, iii) la demandante encontr\u00f3 los documentos base de la acci\u00f3n despu\u00e9s del deceso de su esposo y, iv) la letra de cambio no estaba diligenciada en su totalidad y que ella \u00abla diligenci\u00f3 a su nombre y estamp\u00f3 su firma como giradora. Al no existir prueba grafol\u00f3gica, no se puede probar de qui\u00e9n es la letra que est\u00e1 escrita sobre el t\u00edtulo valor \u00bfde la demandante?, \u00bfdel se\u00f1or MART\u00cdNEZ REYES (Q.E.P.D.), lo \u00fanico certero que puede se puede concluir por la confesi\u00f3n del demandado, es que \u00e9l s\u00ed firm\u00f3 la letra de cambio?\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s se refiri\u00f3 a los indicios que pueden extraerse de las conductas procesales de las partes (art\u00edculo 241 del C\u00f3digo General del Proceso), para se\u00f1alar que el demandado es un profesional del derecho y, que, la compraventa de los derechos herenciales se hizo por valor de $180\u00b4000.000, de lo que se vali\u00f3 para afirmar que no puede el ejecutado alegar que el t\u00edtulo valor se suscribi\u00f3 como una garant\u00eda para respaldar la obligaci\u00f3n de un tercero (Sandra Cristina Fl\u00f3rez), pues tal situaci\u00f3n carece de respaldo, menos cuando la aceptaci\u00f3n de la letra de cambio no puede ser condicional y aunque se hable de endoso en garant\u00eda, este debe ser expresamente pactado, \u00abcircunstancia que aqu\u00ed no ocurre porque el t\u00edtulo valor no ha circulado, s\u00f3lo interviene en el proceso su creadora y el aceptante\u00bb. <\/p>\n
Luego indic\u00f3 como hip\u00f3tesis posible, que la demandante diligenci\u00f3 los espacios en blanco que faltaban y la firm\u00f3 como giradora \u00aby si ello es as\u00ed, al ser un t\u00edtulo aut\u00f3nomo, que subsiste por s\u00ed solo, sin necesidad de hacer referencia a otro documento, la demandante, solo en principio estar\u00eda legitimada para cobrarla, al no recibirla por endoso, esto es, conforme a la ley de su circulaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En seguida dej\u00f3 claro que el a quo debi\u00f3 interpretar la demanda, puesto que si bien la demandante pidi\u00f3 se librara mandamiento de pago a su favor, en el hecho cuarto solicit\u00f3 que el dinero que se pagara se dirigiera al proceso de sucesi\u00f3n de Alexander Mart\u00ednez Reyes y, \u00abaunque la demandante al inicio este proceso de ejecuci\u00f3n no era parte en el proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or MART\u00cdNEZ REYES, en el transcurso del proceso ejecutivo, alleg\u00f3 la prueba que la acredita como tal; adem\u00e1s, en su declaraci\u00f3n de parte inform\u00f3 que la madre del causante hab\u00eda iniciado el proceso de sucesi\u00f3n y que ella hab\u00eda sido reconocida all\u00ed\u00bb. <\/p>\n
Argumentos, todos estos, que sirvieron despachar desfavorablemente las excepciones propuestas por el ejecutado de inexistencia de la obligaci\u00f3n, t\u00edtulo entregado para no ser cobrado, temeridad y mala fe, y cobro de lo no debido. <\/p>\n
En ese orden, en la parte resolutiva, el Tribunal Superior revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, modific\u00f3 \u00abel mandamiento de pago que deber\u00e1 incluir que la se\u00f1ora Yarixa Ginis Tirado Pimienta, obra en calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Alexander Mart\u00ednez Reyes (Q.E.P.D.), y que el recaudo ejecutivo har\u00e1 parte del inventario de bienes de la sucesi\u00f3n que se tramita en el Juzgado de Familia de Riohacha\u00bb y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
4. Bajo ese escenario, con independencia que esta Sala comparta o no los razonamientos efectuados por la autoridad accionada, no se evidencia defecto alguno del talante de una v\u00eda de hecho como lo alega la accionante, quien lo que busca realmente es imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sobre c\u00f3mo debi\u00f3 resolverse la contienda, la interpretaci\u00f3n que debi\u00f3 extraerse de la demanda y de los elementos probatorios practicados, para que se accediera a los medios exceptivos que propuso al contestarla. <\/p>\n
Prop\u00f3sito que no se ajusta a la naturaleza del mecanismo excepcional que por esta v\u00eda se trata, el que en manera alguna se estableci\u00f3 como tercera instancia de las providencias que las autoridades judiciales han proferido en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido, (CSJ. STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022, STC9932-2022 y STC4373-2023). <\/p>\n
5. Ahora, en lo que concierne a la indebida valoraci\u00f3n de algunas pruebas incorporadas al proceso, tal situaci\u00f3n tampoco tiene la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la providencia atacada, pues, en estrictez, la Sala ha enfatizado sobre la autonom\u00eda e independencia del Juez en este puntual aspecto, pues es \u00e9l quien puede apreciar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884- 2020, STC 2462-2021, STC859-2022, STC2622-2022 y STC5841-2023), sin olvidar que, <\/p>\n
\u00abEl error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC6666-2019, reiterado en STC10813-2021, STC802-2022, STC4609-2022). <\/p>\n
En este aspecto, cumple resaltar que, contrario a lo afirmado por el accionante, el Tribunal Superior de Riohacha analiz\u00f3 de manera completa y detallada las pruebas recaudadas, en especial la declaraci\u00f3n de parte de la ejecutante, las apreci\u00f3 de manera conjunta asign\u00e1ndoles el m\u00e9rito que de ellas razonadamente extrajo (art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso), estudio que le sirvi\u00f3 de base para concluir que la demandante se encontraba legitimada para ejecutar la obligaci\u00f3n crediticia consignada en la letra de cambio, pero a favor de la sucesi\u00f3n de su exc\u00f3nyuge Alexander Mart\u00ednez Reyes, cuyo juicio fue iniciado ante el Juzgado de Familia de Riohacha y en el que fue reconocida como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, seg\u00fan se acredit\u00f3 en el proceso ejecutivo. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n solicitada ser\u00e1 negada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Manuel Romero Hurtado, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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STC12120-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12120-2023 Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-04172-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por \u00c1lvaro Manuel Romero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77284","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77284","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77284"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77284\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77284"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77284"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77284"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}