STC12132-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12132-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2023-01208-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que promovieron Alfredo Enrique Santos Chang y Jenny L\u00f3pez Casarosa contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, la Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Comisar\u00eda de Familia de la Alcald\u00eda Local de Riomar. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los libelistas pretenden a trav\u00e9s del presente mecanismo que se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico y la Alcald\u00eda Distrital de la citada ciudad i) \u00abconseguir espacios dignos (\u2026) dotados de equipos de c\u00f3mputo, impresoras, copiadoras, escritorios, archivadores, papeler\u00eda y DEM\u00c1S INSUMOS (\u2026)\u00bb; ii) \u00abcapacita[rlos] en los mecanismos de resoluci\u00f3n de conflictos en Equidad y Justicia Comunitaria y apoyo institucional en el registro de archivos de actas y fallos en Equidad\u00bb; iii) \u00abacompa\u00f1amiento y apoyo (\u2026) de las diferentes autoridades administrativas y fuerza p\u00fablica (\u2026) en las diligencias practicadas y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las actas de conciliaci\u00f3n y fallo[s] en equidad proferidos por los Jueces (\u2026) de Paz\u00bb y iv) \u00abINSTAR a la administraci\u00f3n local, en la Construcci\u00f3n de una Casa de Justicia (sic)\u00bb. <\/p>\n
En sustento, manifestaron que son Jueces de Paz y Reconsideraci\u00f3n, respectivamente, de la localidad Riomar del Distrito Especial de Barranquilla y por ello solicitaron \u00abCAPACITACI\u00d3N, INSUMOS, DIFUSI\u00d3N, EST\u00cdMULOS Y ESPACIOS DIGNOS PARA ADMINISTRAR JUSTICIA COMUNITARIA (\u2026)\u00bb, sin embargo, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n remiti\u00f3 la petici\u00f3n al Consejo Superior de la Judicatura, a su vez la Alcald\u00eda del citado Distrito Especial, hizo lo propio y traslad\u00f3 la misiva a la Oficina de Participaci\u00f3n Ciudadana y la Secretar\u00eda Distrital de Gobierno; por su parte el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional traslad\u00f3 al \u00e1rea de Computadores para Educar el mismo legajo; a su turno el Ministerio de Justicia y del Derecho contest\u00f3 la misiva, y expuso los requisitos que se necesitan para acceder al programa gubernamental de Casas de Justicia; en su criterio no han obtenido una respuesta positiva para sus pretensiones y en tal orden no cuentan con espacios ni los elementos de oficina necesarios para desarrollar las funciones para las que fueron elegidos. <\/p>\n
2. El Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Escuela Judicial \u201cRodrigo Lara Bonilla\u201d precis\u00f3 que emiti\u00f3 respuesta a los requerimientos de los actores mediante el oficio del 26 de abril pasado. <\/p>\n
El Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico puntualiz\u00f3 que, de un lado, el 31 de agosto anterior dio alcancen al requerimiento elevado por los accionantes, y del otro, que de conformidad con el Acuerdo 11426 de 2019, es a trav\u00e9s de los Comit\u00e9s Departamentales de Coordinaci\u00f3n Interinstitucional de la jurisdicci\u00f3n de paz, que se deben ventilar todas las inconformidades en punto de su funcionamiento, escenario que se instal\u00f3 hasta el 7 de julio del hoga\u00f1o con los representantes de los funcionarios elegidos. <\/p>\n
La Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que mediante los oficios Rad. QUILLA-23-084031, QUILLA-23-090285 contest\u00f3 las inquietos de los gestores; advirti\u00f3 adem\u00e1s que est\u00e1 trabajando en la atenci\u00f3n de las distintas necesidades de dicha jurisdicci\u00f3n aun cuando no es de su resorte. <\/p>\n
El Ministerio de Educaci\u00f3n indic\u00f3 que no tiene peticiones de los actores; la cartera de Justicia y del Derecho, adujo que con la comunicaci\u00f3n MJD-OFI23-0013240 del 19 de abril del citado a\u00f1o atendi\u00f3 la petici\u00f3n de los inconformes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Centrada la atenci\u00f3n en la s\u00faplica toral de los actores, se advierte que la salvaguarda invocada esta llamada al fracaso, toda vez que, no solo, no se evidencia infracci\u00f3n alguna de cara a las peticiones por ellos elevadas, sino que, dadas las pretensiones del escrito de tutela se incumple con el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad. <\/p>\n
2. En lo que toca con el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Sala, importa recordar que ciertamente el derecho de petici\u00f3n tiene raigambre constitucional fundamental, como se infiere de lo previsto en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica y, se sabe, entra\u00f1a la facultad de obtener una respuesta emitida en condiciones id\u00f3neas que permitan su conocimiento por parte del peticionario, por lo que el contenido de la misma deber\u00e1 ser adecuado, es decir, que guarde correspondencia con lo solicitado, sin que el pronunciamiento conlleve, necesariamente, una respuesta favorable; desde luego, el mismo se contrae a que la petici\u00f3n se tramite y resuelva oportunamente. <\/p>\n
En el presente asunto, de la revisi\u00f3n de los medios de prueba allegados, se advierte que los accionantes, en su calidad de jueces de paz y reconsideraci\u00f3n, solicitaron el 27 de marzo pasado a las autoridades convocadas \u00abCAPACITACI\u00d3N, INSUMOS, DIFUSI\u00d3N, EST\u00cdMULOS Y ESPACIOS DIGNOS PARA ADMINISTRAR JUSTICIA COMUNITARIA EN EQUIDAD\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n a tales pedimentos se tiene lo siguiente: <\/p>\n
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* El Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n mediante oficio No. 20235440194751 del 30 de marzo de 2023 en raz\u00f3n de sus funciones y competencias corri\u00f3 traslado de la misiva al Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
<\/p>\n
* La Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla mediante los oficios QUILLA-23-090285 y QUILLA-23-084031 del 10 y 17 de mayo de la cito a\u00f1o, dio alcance a la aludida petici\u00f3n explicando las gestiones adelantadas en punto de las capacitaciones, acompa\u00f1amiento y difusi\u00f3n requeridos; la competencia que le asist\u00eda al Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto a la dotaci\u00f3n, adecuaci\u00f3n y funcionamiento de tal jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
* El Ministerio de Justicia y del Derecho, en comunicaci\u00f3n MJD-OFI23-0013240-DMSC-20100 del 19 de abril de esta anualidad, hizo lo propio frente a los requerimientos de los actores; advirti\u00f3 el l\u00edmite de las facultades que le otorg\u00f3 la Ley frente a los jueces de paz, as\u00ed mismo puso de presente que las Casas de Justicia es un programa nacional que se desarrolla por petici\u00f3n de los entes territoriales. <\/p>\n
<\/p>\n
* El Consejo Superior de la Judicatura a trav\u00e9s de la Escuela Judicial \u201cRodrigo Lara Bonilla\u201d en comunicado EJO23-558 del 26 del referido mes y a\u00f1o, expuso a los gestores las labores en relaci\u00f3n al plan de capacitaci\u00f3n 2023 y 2024, el cronograma previsto para tal efecto que se debe acordar con los respectivos \u00f3rganos de representaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
* Finalmente el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico emiti\u00f3 la respuesta CSJAT23-3025 de 31 de julio anterior; se\u00f1al\u00f3 el escenario en el que se debe discutir sobre capacitaciones, difusi\u00f3n y acompa\u00f1amiento para los electos es el Comit\u00e9 Departamental de Coordinaci\u00f3n Interinstitucional de la jurisdicci\u00f3n de paz que se instal\u00f3 el 7 de julio pasado con los representantes de cada uno de los interesados; adem\u00e1s puso de presente que comoquiera que hay solicitudes que no son de su resorte, ofici\u00f3 a las entidades encargadas, para tal efecto. <\/p>\n
Pues bien, de cara a lo anterior se advierte que, no s\u00f3lo, las citadas autoridades dieron respuesta a los aqu\u00ed interesados, sino que los pronunciamientos atendieron de fondo y de forma congruente las pretensiones de aquellos, sin que el presente mecanismo, se itera, resulte id\u00f3neo para determinar la favorabilidad de las misivas. <\/p>\n
3. De otra parte, si el prop\u00f3sito de los actores es obtener del poder judicial la exigencia del acatamiento de las obligaciones y deberes estipulados en la Ley 497 de 1999 que regula el funcionamiento de los jueces de paz, determinando las competencias sobre la particular tem\u00e1tica a diferentes autoridades, es claro que el escenario propicio, en prime lugar, es su participaci\u00f3n en el Comit\u00e9 Departamental de Coordinaci\u00f3n Interinstitucional de los jueces de paz de Barranquilla, seg\u00fan lo previsto en el Acuerdo 11426-2019, y en segundo lugar, no es otro que aquel que le ofrece la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s la acci\u00f3n de cumplimiento regulada en la Ley 393 de 1997; am\u00e9n que de persistirse en la protecci\u00f3n del derecho colectivo al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, deben acudir a la acci\u00f3n popular, entre otras posibilidades. <\/p>\n
En un caso de contorno parecidos esta Sala puntualiz\u00f3 que <\/p>\n
En el sub examine ha de tenerse en cuenta que la accionante cuenta con las herramientas judiciales id\u00f3neas para ventilar sus reparos, pues si atribuye a las autoridades enjuiciadas la inobservancia de sus obligaciones legales, puede acudir a la acci\u00f3n de cumplimiento, establecida en el art\u00edculo 87 constitucional, siguiendo el procedimiento fijado en la Ley 393 de 1997. <\/p>\n
Sin embargo, trae su inconformidad a esta sede constitucional, sin que sea posible suplantar al fallador que estaba habilitado para atender sus s\u00faplicas. <\/p>\n
V\u00e9ase que las obligaciones a que hace referencia, las cuales afirm\u00f3 est\u00e1n siendo desatendidas por parte de las autoridades recriminadas, son aquellas establecidas en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia. En ese orden, es claro que la quejosa puede acudir a esa acci\u00f3n constitucional, para que le sea revisada su disconformidad, incuria que desnaturaliza la finalidad de la acci\u00f3n constitucional (STC7473-2020). <\/p>\n
Finalmente en lo que refiere al escrito de \u00abhechos nuevos y pruebas sobrevinientes\u00bb, basta advertir que este no se tendr\u00e1 en cuenta en raz\u00f3n a que, por una parte, se trata de un documento que se alleg\u00f3 con posterioridad a la admisi\u00f3n de la presente salvaguarda, es decir, desconocido para las autoridades accionadas, luego pronunciarse al respecto lesionar\u00eda el debido proceso de aquellas, y de la otra, de la simple lectura de \u00e9ste se evidencia que hace alusi\u00f3n a nuevas peticiones pero elevadas por la \u00abASOCIACI\u00d3N FRENTE COM\u00daN LA PLAYA\u00bb agrupaci\u00f3n que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, comoquiera que los \u00fanicos que refieren esa condici\u00f3n en este asunto, son los ciudadano L\u00f3pez Casarosa y Santos Chang. <\/p>\n
4. En definitiva, por las consideraciones expuestas no queda alternativa distinta a desestimar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela instada por Alfredo Enrique Santos Chang y Jenny L\u00f3pez Casarosa. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
<\/p>\n
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