STC12143-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12143-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04092-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal acusado porque, en concreto, en la acci\u00f3n popular que \u00e9l promovi\u00f3 contra la \u00abIPS Hemoplife Salud Sede Pereira\u00bb (radicado 2022-00397), no ha emitido la respectiva sentencia de segunda instancia, desconociendo el lapso perentorio de veinte (20) d\u00edas que para tal efecto contempla el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, aunado a que tan s\u00f3lo admiti\u00f3 esa alzada despu\u00e9s de diez (10) meses de tener a cargo el asunto, lo que, en su sentir, no puede ser de recibo para entender subsanada la referida e injustificada tardanza, aunado a que no se acepta su desistimiento de tal tr\u00e1mite. <\/p>\n
Rog\u00f3 invalidar lo actuado de conformidad con el canon 121 del C.G. del P. y disponer la p\u00e9rdida de competencia del despacho acusado. <\/p>\n
2. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira indic\u00f3 que \u00abel proceso [fustigado] entr\u00f3 por reparto el 23 de agosto de 2023, pas\u00f3 a despacho el 25 siguiente, se admiti\u00f3 el recurso el 12 de octubre y una vez se corran los traslados de ley se proceder\u00e1 a dictar la sentencia respectiva, por lo que, contrario a lo que se alega en la demanda, no se observa mora alguna en el tr\u00e1mite de la alzada\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, precis\u00f3 que el \u00ab22 de agosto de 2023\u00bb remiti\u00f3 a su Superior el expediente contentivo del asunto en cuesti\u00f3n, para el tr\u00e1mite de la alzada, y deprec\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela interpuesta\u2026, por no cumplimiento del requisito de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; en caso contrario, \u2026negar[la,] \u2026toda vez que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Pereira solicit\u00f3 no acceder a las pretensiones del reclamante porque \u00ablas mismas no encuentran sustento, pues es el mismo accionante\u2026 quien ha interpuesto un sin n\u00famero de acciones populares en contra de un sin n\u00famero de establecimientos de comercio, conllevando esto, a una sobrecarga judicial adicional a la que de por s\u00ed, cada despacho del municipio de Pereira, tiene por diferentes procesos\u00bb; sumado a que el rogado desistimiento de la acci\u00f3n es inviable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte la queja constitucional, en lo medular, se circunscribe a la supuesta tardanza del Tribunal acusado en resolver la apelaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de primera instancia en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular reprochada. <\/p>\n
3. Al respecto, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del amparo impetrado, habida cuenta de que no se observa una tardanza abiertamente injustificada del fallador en resolver tal alzada, al advertir que ese asunto apenas arrib\u00f3 al Tribunal acusado el 23 de agosto \u00faltimo (y no hace 10 meses, como erradamente lo sostiene el quejoso), ingres\u00f3 al despacho el d\u00eda 25 siguiente y el pasado 12 de octubre se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la apelaci\u00f3n; mientras que este reclamo tutelar se formul\u00f3 precipitadamente el d\u00eda 17 siguiente, sin siquiera haber fenecido el t\u00e9rmino dispuesto para la sustentaci\u00f3n del recurso. <\/p>\n
Sobre la demora en las actuaciones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. de 2008, rad. 2008-01138-00; reiterada en STC, 25 feb. 2013, rad 2013-00003-01; STC, 5 feb. 2014, rad. 2014-00549-01; STC10755-2015, 11 ag., rad. 2015-01287; y STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01). <\/p>\n
Igualmente esta Sala ha indicado que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por mora judicial son \u00ablas que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Ciertamente, de cara al caso concreto, encuentra la Corte que la actuaci\u00f3n no muestra comportamientos negligentes del Colegiado acusado, pues adem\u00e1s de su alta carga laboral, lo cierto es que ha impartido el tr\u00e1mite debido al asunto. <\/p>\n
En en un asunto que guarda alguna simetr\u00eda con el actual, con fundamento en la jurisprudencia sobre la materia, esta Colegiatura record\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Corte Constitucional\u2026 ha precisado que \u00abrespecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos\u2026\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; reiterada en CSJ STC, 6 feb. 2015, rad. 2014-01948-03). <\/p>\n
4. De otro lado, respecto a las peticiones elevadas por el accionante en cuanto a la aplicaci\u00f3n del canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso y el desistimiento de la acci\u00f3n popular, la Sala concluye la improcedencia del resguardo porque, revisados los elementos de juicio, se verifica que el actor no ha elevado solicitud alguna sobre esos t\u00f3picos ante el fallador ad-quem natural acusado. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir esa v\u00eda para alegar ante el juzgador com\u00fan las inconformidades planteadas en sede supralegal, no es posible acceder a las s\u00faplicas del quejoso, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. Lo dicho impone el despacho adverso de la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si esta decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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