STC12144-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12144-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-02177-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Myriam L\u00f3pez Pinz\u00f3n frente al fallo proferido el pasado 27 de septiembre por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra los Juzgados D\u00e9cimo Civil del Circuito y Noventa Civil Municipal, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del resguardo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso, igualdad de trato jur\u00eddico, legalidad, defensa, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, presuntamente vulnerados por las sedes judiciales accionadas en la actuaci\u00f3n judicial reprochada. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio de restituci\u00f3n de inmueble entregado en leasing que el Banco Davivienda promovi\u00f3 contra la accionante y Oscar Mauricio Roa L\u00f3pez, el 2 de mayo de 2019 el Juzgado del Circuito acusado tuvo a \u00e9stos por notificados desde el 27 de marzo anterior, por aviso, del auto admisorio; el 4 de julio siguiente rechaz\u00f3 las excepciones formuladas por el \u00faltimo, por no haberse \u00abacreditado los pagos de los c\u00e1nones que se dicen adeudados en la demanda y por ello los demandados no ser\u00e1n o\u00eddos\u00bb (decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin recursos); y el 8 de octubre de ese a\u00f1o emiti\u00f3 sentencia acogiendo las pretensiones. <\/p>\n
2.2. El 23 de octubre de 2019 los demandados solicitaron la nulidad de lo actuado por indebida representaci\u00f3n de su antagonista (numeral 4\u00ba del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso), petici\u00f3n que el 30 de enero de 2020 el Juzgado referido rechaz\u00f3 de plano (teniendo en cuenta que el 4 de julio de 2019 dispuso no o\u00edrlos y, en todo caso, carec\u00edan de legitimaci\u00f3n para invocarla); el 5 de marzo posterior dispuso no dar ning\u00fan tr\u00e1mite a los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n, que los incidentantes formularon frente a la anterior decisi\u00f3n, en tanto que la \u00abde no escuchar a dicho extremo procesal se encuentra en firme\u00bb; y el 18 de octubre siguiente resolvi\u00f3 lo mismo frente a la reposici\u00f3n y, en subsidio, queja, que plantearon contra el \u00faltimo auto. Ante ello, los recurrentes incoaron una inicial acci\u00f3n de tutela contra estas decisiones, cuyo resguardo deneg\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 mediante fallo que confirm\u00f3 esta Corte el 3 de febrero de 2021 (CSJ STC680-2021, rad. 2020-01953-01). <\/p>\n
2.3. El 25 de mayo del a\u00f1o en curso el mentado estrado judicial orden\u00f3 dar traslado de una nueva petici\u00f3n de invalidez propuesta por el demandado Oscar Mauricio Roa L\u00f3pez (en esta ocasi\u00f3n aduciendo las causales 5\u00aa y 6\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso); el 26 de julio siguiente dej\u00f3 sin valor ese auto y se abstuvo de impartir tr\u00e1mite a la solicitud de nulidad, \u00abcomoquiera que no se acredit\u00f3 pago de las sumas adeudadas\u00bb; el 25 de agosto posterior revoc\u00f3 el prove\u00eddo anterior (aceptando que era inviable exigir el pago de c\u00e1nones para escuchar a los demandados por tratarse de un bien entregado en leasing que no en arriendo) y rechaz\u00f3 la petici\u00f3n de nulidad, bajo el supuesto que el solicitante actu\u00f3 en el proceso sin proponerla. Decisi\u00f3n que \u00e9ste recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria (censuras pendientes de definici\u00f3n para el momento de interposici\u00f3n de este reclamo supralegal). <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela, en esta oportunidad, la accionante, quien adujo ser \u00abpersona de avanzada edad, con serias complicaciones cardiacas, cuya salud ha estado bajo extremo cuidado, en especial[,] despu\u00e9s de la pandemia\u00bb, en concreto, se doli\u00f3 de que el Juzgado del Circuito acusado, pasando por alto los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia, desde la admisi\u00f3n de la demanda, les cercen\u00f3 la posibilidad de ejercer su derecho de contradicci\u00f3n, al exigir, como condici\u00f3n previa para o\u00edrlos, cancelar los c\u00e1nones adeudados, lo que no era dable en el caso concreto, al tratarse de un juicio de restituci\u00f3n de inmueble entregado en leaisng que no en arrendamiento. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que aunque la mentada sede judicial, inicialmente, sostuvo no escucharlos hasta que cancelaran los c\u00e1nones adeudados, el 26 de julio \u00faltimo revalid\u00f3 su errada postura pero, sin embargo, injustificadamente, rechaz\u00f3 la nueva solicitud de nulidad planteada por su codemandado; y que esta acci\u00f3n la formul\u00f3 para evitar la configuraci\u00f3n del perjuicio irremediable derivado de la materializaci\u00f3n de la diligencia de entrega comisionada al Juzgado Municipal accionado. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Banco Davivienda S.A. defendi\u00f3 la legalidad del proceder de las autoridades judiciales acusadas y solicit\u00f3 \u00ab[d]eclarar la inexistencia de derechos vulnerados por [su] parte\u2026, puesto que no resulta ser [el] llamad[o] a responder por la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental deprecado\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 histori\u00f3 el tr\u00e1mite impartido al juicio cuestionado e indic\u00f3 que \u00abno\u2026 ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental a los accionantes\u00bb porque \u00abla[s] actuaciones surtidas\u2026 se han efectuado de conformidad con lo establecido para [esa] clase de procesos, y con lo solicitado por las partes; las decisiones tomadas han sido puestas en conocimiento de \u00e9stas, para que ejerzan sus derechos a trav\u00e9s de los mecanismos establecidos legalmente, si se comete alg\u00fan yerro, o las mismas afectan alg\u00fan inter\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Noventa Civil Municipal de la capital de la Rep\u00fablica pidi\u00f3 negar \u00abel amparo reclamado, por cuanto\u2026 no ha transgredido derecho fundamental alguno al promotor\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00ab[e]l 29 de junio del a\u00f1o en curso [le] correspondi\u00f3 por reparto\u2026 el Despacho Comisorio No. 34[,] librado por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb; que \u00ab[m]ediante auto del 4 de septiembre de 2023\u2026 avoc\u00f3 [su] conocimiento y\u2026 fij\u00f3 el 11 de ese mes y a\u00f1o\u2026 para iniciar la diligencia de entrega. No obstante, la misma no se efectu\u00f3, toda vez que, contra dicha providencia el apoderado de la parte demandada interpuso recurso de reposici\u00f3n. Actualmente, se encuentra el expediente al despacho pendiente por resolver el mentado recurso\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada al hallar insatisfechos los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, lo primero, porque la acci\u00f3n supralegal \u00abse radic\u00f3 (el 22 de septiembre de 2023) cuando hab\u00edan transcurrido, y de sobra, m\u00e1s de \u201cseis meses\u201d desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n sobre la que principalmente recae la demanda de tutela en estudio (8 de noviembre de 2018)\u00bb; y de otra parte, porque, \u00abcomo lo inform\u00f3 la accionante -para la fecha de formulaci\u00f3n de la demanda de tutela-, su litisconsorte por pasiva en el juicio de restituci\u00f3n impetr\u00f3 un recurso horizontal contra el auto de 25 de agosto de 2023, el cual a\u00fan no ha sido resuelto y sin que se avizore o se hubiere alegado mora en su definici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 tampoco advertir \u00abtrasgresi\u00f3n iusfundamental atribuible al Juzgado 90 Civil Municipal de Bogot\u00e1. Nada concreto sobre ello inform\u00f3 la accionante, a lo que se a\u00f1ade que dicha sede judicial ha actuado en cumplimiento de la comisi\u00f3n que le confi\u00f3 el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien ya profiri\u00f3 fallo con el que orden\u00f3 la restituci\u00f3n del predio en disputa\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante insistiendo en los planteamientos tra\u00eddos en el libelo introductor, destac\u00f3 que los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad estaban satisfechos, el primero, porque no est\u00e1 sujeto a un t\u00e9rmino de caducidad y el lapso jurisprudencial de los seis (6) meses \u00abno debe aplicarse de manera general, pues existen excepciones\u00bb, como su caso, en el que \u00abla vulneraci\u00f3n y amenaza de [sus] derechos fundamentales ha sido permanente\u00bb; mientras que el segundo, comoquiera que \u00abha impugnado las decisiones del despacho judicial, en aras de que [l]e garantice [sus] derechos fundamentales, sin embargo, no se [l]e ha tenido en cuenta\u00bb, a m\u00e1s que, como \u00abtodas y cada una de las peticiones han sido negad[a]s y en todas se ha impuesto la sanci\u00f3n de no ser o\u00eddo\u2026, SER\u00cdA IRRACIONAL ESPERAR QUE EL JUEZ CAMBIE UNA DECISI\u00d3N QUE HA MANTENIDO A LO LARGO DE TODO EL PROCESO\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Corte la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En lo que tiene que ver con la admisi\u00f3n y definici\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de inmueble fustigado, del que fue debidamente notificada la quejosa y que, formalmente, culmin\u00f3 con la emisi\u00f3n de la sentencia de 8 de octubre de 2019, la petici\u00f3n de amparo insatisface el presupuesto de la inmediatez, en la medida en que desde el momento en que se dict\u00f3 esa providencia hasta la fecha de interposici\u00f3n de este amparo, transcurrieron m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os, super\u00e1ndose ampliamente el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza; conclusi\u00f3n claramente extensiva a todas las otras determinaciones que en ese tr\u00e1mite se produjeron con anterioridad a aquel veredicto, entre ellas, el auto admisorio de la demanda (de 8 de noviembre de 2018) y el prove\u00eddo que rechazo las excepciones propuestas por el codemandado (de 4 de julio de 2019). <\/p>\n
2.1.1. Frente al requisito de inmediatez, de forma reiterada la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u2026\u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; CSJ STC5977-2015; CSJ STC2788-2017). <\/p>\n
2.1.2. N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que el referido t\u00e9rmino es vinculante como regla jurisprudencial consolidada y vigente, de no olvidar que la Corte Constitucional, de manera inequ\u00edvoca, ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
…de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela puede interponerse \u201cen todo momento\u201d porque no tiene t\u00e9rmino de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido \u201cuna correlaci\u00f3n temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior ocurre porque se trata de un mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que requieren de la actuaci\u00f3n r\u00e1pida de los jueces. Por ende, cuando la acci\u00f3n se presenta mucho tiempo despu\u00e9s de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt\u00faa su car\u00e1cter apremiante. <\/p>\n
<\/p>\n
21. Este requisito de procedencia tiene por objeto no afectar la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presumen sus efectos ante la ausencia de controversias jur\u00eddicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Particularmente, trat\u00e1ndose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existir\u00eda incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estar\u00eda siempre a la espera de una controversia constitucional. As\u00ed pues, se anular\u00eda la seguridad jur\u00eddica, pues los efectos de una decisi\u00f3n podr\u00edan ser interrumpidos en cualquier momento a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser m\u00e1s exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente… <\/p>\n
23. En s\u00edntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acci\u00f3n, la cual supone la protecci\u00f3n urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[42]; (ii) persigue la protecci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual depender\u00e1 de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acci\u00f3n se dirige contra providencias judiciales (se destac\u00f3 – CC T-038\/17). <\/p>\n
2.1.3. De all\u00ed que no resulten de recibo las manifestaciones efectuadas por la quejosa para dar por satisfecho el presupuesto de procedibilidad en comento, en tanto que, como se ha dicho en diferentes oportunidades, el lapso al que se refiere el requisito de la inmediatez \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01), sin que la supuesta permanencia en el tiempo del hecho conculcador de garant\u00edas tenga la virtualidad de variar dicha conclusi\u00f3n. <\/p>\n
2.1.4. Por ese sendero, como de vieja data se tiene por sentado, se recuerda que la ausencia del presupuesto en cuesti\u00f3n impide al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. De otro lado, tambi\u00e9n est\u00e1 llamada al fracaso la protecci\u00f3n de cara al prove\u00eddo de 25 de agosto \u00faltimo, mediante el cual el Juzgado del Circuito rechaz\u00f3 la solicitud de nulidad que formul\u00f3 Oscar Mauricio Roa L\u00f3pez, comoquiera que contra tal determinaci\u00f3n \u00e9ste formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n, los que se hallaban pendientes de definici\u00f3n para cuando se propuso este ruego, por lo que aquel auto no hab\u00eda ni ha cobrado firmeza, si en cuenta se tiene que aun cuando la censura horizontal se desat\u00f3 mediante decisi\u00f3n del 10 de octubre \u00faltimo, todav\u00eda resta por resolverse, por el Superior, la mencionada defensa vertical. <\/p>\n
Entonces, para el momento de su formulaci\u00f3n, esta demanda de amparo deven\u00eda presurosa, en la medida en que el fallador ordinario no hab\u00eda tenido la oportunidad de pronunciarse de manera definitiva respecto al fustigado rechazo de la petici\u00f3n de invalidez; circunstancia por la cual la salvaguarda inobserv\u00f3 el car\u00e1cter subsidiario y residual de esta acci\u00f3n p\u00fablica, dado que con ella se pretendi\u00f3 la usurpaci\u00f3n de las funciones propias del funcionario judicial com\u00fan, a lo que, al margen de los planteamientos del censora, no pod\u00eda acceder el juzgador constitucional, so pena de desnaturalizar el cometido de esta herramienta excepcional. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sido enf\u00e1tica al sostener que: <\/p>\n
2.3. En adici\u00f3n, en todo caso, ante la flexibilidad en el estudio constitucional que demand\u00f3 la accionante, se observa que en ninguna irregularidad incurri\u00f3 el Juzgador del Circuito acusado cuando comision\u00f3 para adelantar la diligencia de entrega, pues estaban reunidos todos los supuestos que para tal proceder establece los c\u00e1nones 305 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De tal manera, es claro que la comisi\u00f3n, programaci\u00f3n y materializaci\u00f3n de la entrega son consecuencias naturales de las actuaciones surtidas y actualmente ejecutoriadas en el proceso atacado, lo que denota la anunciada improsperidad de esta salvaguarda, lo que no var\u00eda por la edad y supuestas dificultades en el estado de salud de la reclamante, pues lo cierto es que ello, como lo tiene por sentado la jurisprudencia constitucional, por s\u00ed mismo no implica dispensar la protecci\u00f3n, pues para que esto ocurra es necesario demostrar que la conculcaci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas es atribuible al proceder irregular actual de las autoridades encausadas, eventualidad cuya discusi\u00f3n no se ha agotado ante el juzgador natural. <\/p>\n
En asuntos de contornos similares, donde se ha cuestionado la futura diligencia de entrega de inmuebles rematados, que, mutatis mutandis, resultan aplicables al presente caso, en tanto que all\u00ed se ha determinado que ello es consecuencia l\u00f3gica del devenir procesal ajustado al ordenamiento jur\u00eddico, in extenso, para denegar la salvaguarda, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
2. De cara a los argumentos planteados por el inconforme, se advierte que lo concretamente pretendido por \u00e9ste a trav\u00e9s del amparo, es que se ordene al Juzgado… suspender la entrega del inmueble…, que fue ordenada en el marco del proceso\u2026, hasta tanto pueda acudir a los mecanismos ordinarios que permitan evitar, dice, la realizaci\u00f3n definitiva de tal diligencia\u2026 <\/p>\n
3. Bajo ese escenario, anticipa la Corte que la protecci\u00f3n constitucional solicitada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que en este caso no es procedente acceder al pedimento aludido, pues la diligencia de entrega memorada fue dispuesta por la mencionada autoridad jurisdiccional competente en virtud de la adjudicaci\u00f3n por remate del inmueble objeto de garant\u00eda, dentro de la ejecuci\u00f3n tantas veces citada, y en esa medida, la actuaci\u00f3n cuestionada encuentra su fundamento en una orden proferida como consecuencia de un tr\u00e1mite judicial, lo que impide cualquier tipo de intromisi\u00f3n al respecto por parte del Juez de tutela, como quiera que la Sala en la materia ha puntualizado, que el amparo \u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (CSJ, SC, 28 de octubre de 2009, exp. 1496-01, citada el 19 de mayo de 2014, exp. STC6190 y en STC226-2015). <\/p>\n
4. Ahora bien, la demanda de protecci\u00f3n tampoco se abre paso como mecanismo transitorio, pues recu\u00e9rdese que <\/p>\n
\u00ab[E]n principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales\u2026 De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, SC, 29 de noviembre de 2006, citada el 20 de marzo de 2014, exp. STC3468 y en STC226-2015). <\/p>\n
5. Finalmente cabe precisar, que aunque el actor y su c\u00f3nyuge sean personas de la tercera edad, no se observa dentro del plenario que se encuentren en una situaci\u00f3n de peligro que amerite conceder el resguardo, a\u00fan como mecanismo transitorio, pues no se demostr\u00f3 la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital o que est\u00e9n comprometidas sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
Frente a situaciones similares a las que aqu\u00ed se examina, la Sala ha determinado que <\/p>\n
\u00ab[E]l hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (CSJ STC 11 mar. 2013, reiterado STC17105-2014 y STC14586-2015). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin lugar a m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta instancia (se destac\u00f3 – CSJ STC11859-2016, 25 ag., rad. 2016-00462-01). <\/p>\n
3. Las consideraciones atr\u00e1s consignadas imponen respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12144-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12144-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-02177-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Myriam L\u00f3pez Pinz\u00f3n frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77305","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77305","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77305"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77305\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77305"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77305"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77305"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}