STC12146-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12146-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00513-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por M\u00f3nica Viviana Rodr\u00edguez Cardona y Francisco Javier Castrill\u00f3n Puerta frente al fallo proferido el pasado 27 de junio por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, que no accedi\u00f3 a las acciones de tutela, acumuladas, que instauraron contra la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, petici\u00f3n, igualdad y \u00ab[a]cceso de carrera en virtud del m\u00e9rito\u00bb, as\u00ed como del principio de buena fe, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas al aparentemente definir sus objeciones de cara al acta administrativo en que se expidi\u00f3 su calificaci\u00f3n reprobatoria de cara a las pruebas de conocimientos y aptitudes en el concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la rama judicial (Convocatoria 27). <\/p>\n
Solicitaron, entonces, i) expedir \u00ablas [\u00f3]rdenes correspondientes para que el Consejo de la Judicatura[,] la Unidad de Administraci\u00f3n Judicial[,] y la Universidad Nacional\u2026 modifiquen o adicionen los actos administrativos con los que\u2026 impugn[aron] los resultados de la prueba de conocimientos[,] aptitudes y destrezas aplicada dentro de la convocatoria 27[,] seg\u00fan disposici\u00f3n de la Corte Constitucional[,] y consiguientemente resuelva de fondo y legalmente la reposici\u00f3n propuesta y los recursos de insistencia que sustancialmente no fueron atendidos en derecho si no resueltos de manera aparente\u00bb; ii) ordenar a los encausados \u00abla suspensi\u00f3n del concurso mientras se subsana las equivocaciones denunciadas en la\u2026 demanda de amparo\u00bb; iii) prevenir a dichas entidades para que, \u00aben lo sucesivo y dentro del tr\u00e1mite administrativo en curso por la convocatoria 27[,] respete[n] el principio de buena fe\u2026, por consiguiente, permita[n] la eficacia de [sus] recursos gubernativos de reposici\u00f3n e insistencia\u00bb; iv) \u00ab[d]ada la legalidad de la prueba pericial que acompa\u00f1an el recurso de reposici\u00f3n e insistencia[,] se realice y coteja para tenerla como mecanismo de convicci\u00f3n o bien para descartarla razonablemente valorando la eventualidad del error que hasta ahora no se sabe en qu\u00e9 escenario ocurri\u00f3[,] si en los calificadores o en la impericia de los dict\u00e1menes que hacen parte de esta demanda (sic)\u00bb; y v) \u00ab[s]e haga p\u00fablica la determinaci\u00f3n de suspensi\u00f3n del concurso para que el conocimiento de todos los inscritos al mismo, la reorganizaci\u00f3n de los t\u00e9rminos cronol\u00f3gicos en desarrollo[,] permita seguridad jur\u00eddica a las fases subsiguientes (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. Los accionantes, como participantes del concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria 27), acorde con la Resoluci\u00f3n CJR22-0351 del 1\u00ba de septiembre de 2022, improbaron el examen de conocimientos y aptitudes, por lo que recurrieron esa determinaci\u00f3n, pero la misma les fue ratificada con Resoluciones CJR23-0044 y CJR23-0024 del 16 de enero de 2023. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, los gestores adujeron que no se dio respuesta de fondo a sus alegaciones frente a las calificaciones reprobatorias, en tanto que las contestaciones de los encausados fueron gen\u00e9ricas para todos los recurrentes, sin atender lo espec\u00edficamente propuesto por cada uno de ellos, lo que conllev\u00f3 a un evidente vicio formal en la producci\u00f3n de los actos administrativos, resultando los mismos incongruentes y carentes de motivaci\u00f3n, situaci\u00f3n que obstaculiza su cuestionamiento por la v\u00eda contenciosa administrativa. <\/p>\n
Resaltaron que se pas\u00f3 por alto que acreditaron, con suficiencia, que una parte considerable de los interrogantes contenidos en las pruebas que presentaron conten\u00edan errores evidentes, resultando deficientes, tanto en su postulaci\u00f3n como en las opciones de respuesta brindadas, lo que, por las falencias anotadas a espacio, omitieron definir los accionados al pronunciarse frente a sus recursos. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y deprec\u00f3 \u00abnegar el amparo solicitado\u00bb, por improcedente, dado que \u00abexiste otro mecanismo de defensa id\u00f3neo para atacar la legalidad de los actos administrativos expedidos\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, \u00abno ha vulnerado los derechos invocados[,] puesto que, no se observ\u00f3 inconsistencia alguna en el proceso de calificaci\u00f3n de la prueba de l[os] tutelante[s], lo que dio lugar a que se confirmara el resultado por ell[os] obtenido en la Resoluci\u00f3n CJR22-0351 de 1\u00b0 de septiembre de 2022\u00bb, m\u00e1xime cuando dio respuesta clara y de fondo a los derechos de petici\u00f3n que propusieron y \u00ablas objeciones presentadas en el recurso de reposici\u00f3n y en el escrito de adici\u00f3n sobre las preguntas\u2026, fueron atendidas\u00bb a trav\u00e9s de las Resoluciones CJR23-0044 y CJR23-0024 del 16 de enero de 2023, \u00abpor lo que [tambi\u00e9n] se configura la carencia de objeto por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
2. La Universidad Nacional de Colombia indic\u00f3 que \u00abha desarrollado su labor dentro de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la Ley y la reglamentaci\u00f3n espec\u00edfica que regula el sistema especial de selecci\u00f3n para los cargos requeridos en la Convocatoria 27 de 2018, y en consecuencia: -\u2026no ha vulnerado ning\u00fan derecho de la accionante. \u2013 La\u2026 accionante no acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. – No existe ning\u00fan elemento que acredite alg\u00fan indicio frente a la vulneraci\u00f3n de [sus] derechos\u2026 dentro del\u2026 proceso de selecci\u00f3n. – Dentro del caso en concreto, se present\u00f3 el fen\u00f3meno de hecho superado por actual carencia del objeto\u00bb, comoquiera que, en su momento, dio \u00abrespuesta de forma clara, completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes invocados por la accionante (sic)\u00bb. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque los quejosos \u00abno han formulado demanda ante el juez contencioso administrativo, lo que constituye en el presente caso la v\u00eda judicial efectiva para discutir el contenido de las Resoluciones CJR23-0044 y CJR23-0024 de 16 de enero de 2023 dictadas por el Consejo Superior de la Judicatura en el marco del concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, tal como lo regula el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tr\u00e1mite en el cual procede, incluso, la solicitud de medidas cautelares como la suspensi\u00f3n de los actos cuestionados en procura de evitar la consumaci\u00f3n de un posible da\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La incoaron los actores insistiendo en sus planteamientos iniciales, destacaron que el a-quo supralegal omiti\u00f3 hacer un estudio juicioso de su reclamaci\u00f3n, en la que fueron enf\u00e1ticos en se\u00f1alar en que aunque existi\u00f3 definici\u00f3n de sus recursos por parte de las autoridades acusadas, la misma fue meramente formal, sin ocuparse del fondo de sus alegaciones, lo que fue igual a una ausencia de resoluci\u00f3n de sus reclamos, supuesto suficiente para la procedencia de su queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones administrativas y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, de los documentos obrantes en las presentes diligencias, advierte la Sala que, muy a pesar de las alegaciones de los actores, las salvaguardas que incoaron estaban llamadas al fracaso, por insatisfacer el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, lo que impone respaldar el veredicto confutado, comoquiera que contaron con otro mecanismo de defensa para cuestionar las Resoluciones CJR23-0044 y CJR23-0024 de 16 de enero de 2023, mediante las cuales las autoridades acusadas resolvieron mantener su calificaci\u00f3n reprobatoria respecto de las pruebas de aptitudes y conocimientos que presentaron en la Convocatoria 27. <\/p>\n
En efecto, como insistentemente lo ha dejado dicho esta Sala en casos con alguna simetr\u00eda y ahora lo reitera (ver, entre muchas otras, CSJ STC4648-2023, 17 may., rad. 2023-00130-01; y STC10592-2023, 27 sep., rad. 2023-00192-01), esta acci\u00f3n excepcional no es la v\u00eda adecuada para censurar determinaciones como las referidas a espacio, en tanto que, no obstante las afirmaciones de los quejosos, lo cierto es que tuvieron la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa para deprecar su nulidad, conforme al art\u00edculo 1382 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, siendo ese el escenario id\u00f3neo para discutir la legalidad de tales actos y, en espec\u00edfico, la supuesta deficiencia en su motivaci\u00f3n, as\u00ed como las otras circunstancias que aluden fueron desatendidas all\u00ed; situaci\u00f3n que configura, entonces, la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en concordancia con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, en tanto que el reclamo actual resulta inviable porque el descuido en el empleo de los medios regulares de protecci\u00f3n, establecidos por el legislador, impide al juez de tutela interferir las actuaciones respectivas, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de defensa previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, los involucrados quedan vinculados a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
3. Aunado a ello, contando los actores con la acci\u00f3n atr\u00e1s referida, la solicitud del ep\u00edgrafe tampoco se abr\u00eda paso como mecanismo transitorio, pues era indiscutible que en ese escenario tambi\u00e9n tuvieron la oportunidad de reclamar, en cualquier tiempo, el decreto de medidas provisionales encaminadas a mitigar el hipot\u00e9tico agravi\u00f3 que se les causaba, en los t\u00e9rminos de los preceptos 229 a 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
En cuanto a ello esta Colegiatura ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026dentro del tr\u00e1mite judicial al que se ha hecho referencia, es posible reclamar la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medida sobre la cual, desde su consagraci\u00f3n en la codificaci\u00f3n precedente, se tiene establecido que \u201cde hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u201d. (Sentencias de 18 de octubre de 2007, exp. 2007-00321-01; 21 de mayo de 2008, exp. 2008-00107-01 y 14 de octubre de 2011, exp. 2011-00201-01, entre otras.) (CSJ STC, 13 sep. 2013, rad. 2013-00057-01). <\/p>\n
Asimismo, reiteradamente ha dicho la Sala que \u00abla alegaci\u00f3n de[l] inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr. 2016, rad. 2016-00013-01). <\/p>\n
4. Por ese sendero, en un caso con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed tratado, que, mutatis mutandis, resulta aplicable al de ahora, para denegar el resguardo solicitado en esa ocasi\u00f3n, dej\u00f3 dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
2. Delanteramente, se precisa, tal como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, el fracaso de la salvaguarda reclamada, por el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad porque la interesada debe proponer sus reparos contra las refutadas decisiones, ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en la regla 138 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, el referido tr\u00e1mite judicial es procedente cuando el acto criticado ha sido expedido: (i) con infracci\u00f3n de las normas en que deber\u00eda fundarse; (ii) sin competencia; (iii) en forma irregular; (iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; (v) mediante falsa motivaci\u00f3n; o (vi) con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias de quien lo profiri\u00f3. <\/p>\n
3. S\u00famese, en el eventual proceso, la promotora puede pedir el decreto de las medidas cautelares que estime pertinentes, a fin de conjurar un posible perjuicio irremediable, con sustento en el precepto 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las medidas cautelares podr\u00e1n ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensi\u00f3n, y deber\u00e1n tener relaci\u00f3n directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podr\u00e1 decretar una o varias de las siguientes medidas: <\/p>\n
\u201c1. Ordenar que se mantenga la situaci\u00f3n, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Suspender un procedimiento o actuaci\u00f3n administrativa, inclusive de car\u00e1cter contractual. A esta medida solo acudir\u00e1 el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situaci\u00f3n que d\u00e9 lugar a su adopci\u00f3n y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicar\u00e1 las condiciones o se\u00f1alar\u00e1 las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuaci\u00f3n sobre la cual recaiga la medida\u201d. <\/p>\n
\u201c3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo\u201d. <\/p>\n
\u201c4. Ordenar la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n administrativa, o la realizaci\u00f3n o demolici\u00f3n de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravaci\u00f3n de sus efectos\u201d. <\/p>\n
\u201c5. Impartir \u00f3rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Frente a lo discurrido, en pret\u00e9rita oportunidad precis\u00f3 esta Colegiatura: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]or tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces especializados competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que a juicio de la persona interesada, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la reparaci\u00f3n directa a que hubiere lugar (\u2026)\u201d . <\/p>\n
4. Al margen de lo discurrido, la peticionaria no acredit\u00f3 ni aleg\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable, de caracter\u00edsticas graves, inminentes, impostergables y urgentes, que faculten la intervenci\u00f3n de esta excepcional justicia. <\/p>\n
Sobre el tema, la jurisprudencia de la Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u201d (CSJ8698-2020, 19 oct., rad. 2020-00513-01). <\/p>\n
5. Basta lo dicho para respaldar la determinaci\u00f3n opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 11 de octubre \u00faltimo, el diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el d\u00eda 18 de los mismos mes y a\u00f1o, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 el 19 posterior y el 20 siguiente ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 138, Ley 1437 de 2011: Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior. <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel. <\/p>\n
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STC12146-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12146-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00513-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por M\u00f3nica Viviana Rodr\u00edguez Cardona y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77306","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77306","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77306"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77306\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77306"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77306"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77306"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}