STC12160-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12160-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 17001-22-13-000-2023-00114-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo de 18 de julio de 2023, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales, en el amparo que promovi\u00f3 Felipe Samir Olarte V\u00e9lez contra el Juzgado Tercero de Familia de Manizales, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos 17001-31-10-003-2019-00117-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La actora pretende que se dejen sin efecto los prove\u00eddos mediante los cuales el Juzgado dispuso correr traslado de 10 d\u00edas al informe de visita social y valoraci\u00f3n de apoyo rendido por la asistente social adscrita al centro de servicios judiciales (29 may. y 09 jun. 2023), tiempo en el cual dio la posibilidad de pedir complementaci\u00f3n, aclaraci\u00f3n o pr\u00e1ctica de un nuevo informe de acuerdo con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 228 del CGP y aquella que la mantuvo inc\u00f3lume. <\/p>\n
Adujo, en s\u00edntesis, que la decisi\u00f3n de conceder a los dem\u00e1s interesados la posibilidad de \u00abpedir la pr\u00e1ctica de un [informe de valoraci\u00f3n de apoyos] nuevo, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb durante el t\u00e9rmino de traslado, se constituye como un defecto sustantivo, puesto que el par\u00e1grafo del art\u00edculo 228 del estatuto adjetivo, que en su momento cobijaba a los procesos de interdicci\u00f3n, no puede ser aplicado al proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos. En esa medida, incluy\u00f3 tr\u00e1mites adicionales que no est\u00e1n consagrados en el art\u00edculo 38 de la Ley 1996 de 2019 y equipar\u00f3 equivocadamente el dictamen pericial al informe de valoraci\u00f3n de estado actual de una persona, cuando no era ello posible. De acuerdo con el art\u00edculo 386, numeral 6, de la legislaci\u00f3n procesal deb\u00eda correrse el traslado a los interesados para efectuar manifestaciones y aclaraciones, m\u00e1s no darse posibilidad de aportar uno nuevo. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero de Familia de Manizales relat\u00f3 lo decidido en los autos reprochados y se\u00f1al\u00f3 que, frente al informe de valoraci\u00f3n de apoyos, debe poder ejercerse el derecho de contradicci\u00f3n cuando hay intereses encontrados, como en el caso objeto de tutela y, dado que la Ley 1996 de 2019 no previ\u00f3 esa posibilidad, debe aplicarse la norma general en atenci\u00f3n a la integraci\u00f3n normativa, espec\u00edficamente el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso. En este orden de ideas, no remiti\u00f3 al par\u00e1grafo del art\u00edculo 228, sino al apartado de la norma general, en cuanto a las formas de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Estefan\u00eda Orozco Torres, quien afirm\u00f3 actuar como apoderada de Mauricio Olarte V\u00e9lez, dio respuesta a los hechos de la tutela y solicit\u00f3 desestimar el amparo. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 15 Judicial II de Familia manifest\u00f3 que el actuar del juzgado reprochado ha sido acertado conforme a una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica para precaver futuros conflictos entre las personas, as\u00ed como que no es cierto un \u00e1nimo dilatorio en la juzgadora. <\/p>\n
3.- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales neg\u00f3 el amparo por falta de trascendencia del yerro encontrado pues, si bien es cierto que no aplica el art\u00edculo 228 del estatuto adjetivo, puede extend\u00e9rsele la aplicaci\u00f3n de la prueba por informe, as\u00ed como que, de acuerdo con el art\u00edculo 11 de la Ley 1996 de 2019 cualquier persona puede pedir un nuevo informe de valoraci\u00f3n de apoyos. <\/p>\n
4.- La gestora impugn\u00f3. Se\u00f1al\u00f3 que, toda vez que el proceso gira en torno a adjudicaci\u00f3n de apoyos de una persona de la tercera edad, ante cualquier error debe intervenir la magistratura. A\u00f1adi\u00f3 que si el Tribunal considera que el informe de valoraci\u00f3n de apoyos debe tratarse como una prueba por informe, la contradicci\u00f3n solo es posible mediante aclaraci\u00f3n, complementaci\u00f3n o ajuste a los asuntos solicitados. Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 lo expuesto en su libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora que el desenlace opugnado ser\u00e1 confirmado, dado que la decisi\u00f3n objeto de censura es razonable y no se observan irregularidades o criterios de interpretaci\u00f3n absurdos que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
1.- Del cambio de la interdicci\u00f3n al r\u00e9gimen de apoyos. <\/p>\n
En Colombia, en relaci\u00f3n con las medidas de protecci\u00f3n de las personas con discapacidad, se pas\u00f3 de lo preceptuado en la Ley 1306 de 2009, mediante la cual se dictaban \u00abnormas para la protecci\u00f3n de personas con discapacidad mental y se establece el r\u00e9gimen de la representaci\u00f3n legal de incapaces emancipados\u00bb, a la Ley 1996 de 2019, que estableci\u00f3 \u00abel r\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de una simple modificaci\u00f3n nominativa, se pretendi\u00f3 abordar desde una nueva concepci\u00f3n la situaci\u00f3n de las personas con discapacidad en consideraci\u00f3n al ejercicio de sus derechos1. En efecto, de un r\u00e9gimen de interdicci\u00f3n en el que la persona en esa condici\u00f3n, una vez era declarada como tal, requer\u00eda de la representaci\u00f3n en sus actos de un guardador para poder ejercer sus prerrogativas en tanto se daba su rehabilitaci\u00f3n, se dio paso a uno en el que el sujeto no pierde, bajo ning\u00fan contexto, su capacidad legal plena, aun cuando requiera de apoyos para la ejecuci\u00f3n de ciertos actos espec\u00edficos. <\/p>\n
Como evidencia de ello, el legislador en la exposici\u00f3n de motivos de la Ley 1996 de 20192, dej\u00f3 sentadas las diferencias entre los modelos del manejo de las discapacidades de (i) la prescindencia, (ii) m\u00e9dico rehabilitador \u2013 en los que se enmarcaba la ley de interdicci\u00f3n \u2013 (iii) y modelo social \u2013 que fundament\u00f3 el r\u00e9gimen actual de apoyos \u2013: <\/p>\n
En ese sentido, los tres modelos de la discapacidad predominantes han sido el modelo de la prescindencia, el modelo m\u00e9dico-rehabilitador y el modelo social. <\/p>\n
Bajo el modelo de la prescindencia, la discapacidad es entendida como un castigo o maldici\u00f3n, por lo que las personas con discapacidad son concebidas como in\u00fatiles y se legitima prescindir de ellas, motivo por el cual la sociedad les rechaza o a\u00edsla de la vida en comunidad. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En cuanto al modelo m\u00e9dico-rehabilitador, este entiende la discapacidad como la presencia de un diagn\u00f3stico m\u00e9dico, equiparando discapacidad con enfermedad y generando una visi\u00f3n de las personas con discapacidad como enfermos, siendo la funci\u00f3n de la sociedad y el Estado curar o normalizar a la persona con discapacidad. La respuesta de este modelo tiene como consecuencia la exclusi\u00f3n de las personas con discapacidad de la vida social, pues la principal funci\u00f3n del accionar social y estatal es curar la discapacidad, y no la inclusi\u00f3n de las personas con discapacidad. En \u00faltimas, la discapacidad sigue estando centrada en la persona con discapacidad y es intr\u00ednseca a la persona. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el modelo social de la discapacidad entiende que la discapacidad es el resultado de unas caracter\u00edsticas funcionales y las barreras sociales con las que se enfrentan las personas con estas caracter\u00edsticas. As\u00ed, la discapacidad ya no es un elemento intr\u00ednseco a la persona, sino el resultado de una sociedad inaccesible o no inclusiva. Esta forma de concebir la discapacidad nace del reclamo de las personas con discapacidad durante los a\u00f1os sesenta, principalmente en Europa y Estados Unidos, que buscaban cambiar el foco de atenci\u00f3n, de su diversidad funcional, a las barreras sociales y ambientales. Bajo este modelo, la respuesta social pasa de ser la exclusi\u00f3n, marginalizaci\u00f3n o normalizaci\u00f3n de las personas con discapacidad, a la eliminaci\u00f3n de las barreras, bien sean ambientales o sociales, que limitan o niegan el acceso a los derechos a las personas con caracter\u00edsticas funcionales diversas. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En efecto, bajo los modelos de la discapacidad, la interdicci\u00f3n responde a una combinaci\u00f3n del modelo de prescindencia y del modelo m\u00e9dico-rehabilitador. Bajo el modelo de prescindencia, la sociedad a\u00edsla a la persona con discapacidad, bien puede ser en instituciones o en su hogar. El efecto hist\u00f3rico de la interdicci\u00f3n ha sido segregar a las personas con discapacidad. Bajo el modelo m\u00e9dico se entiende que la discapacidad es una cuesti\u00f3n de salud, lo que entrega a la medicina todo el poder sobre la vida de las personas con discapacidad. <\/p>\n
Ciertamente, en la Ley 1996 de 2019 se reconoci\u00f3 la capacidad jur\u00eddica de las personas con discapacidad para ser sujetos de derechos y asimismo para ejercerlos. Con ese fin para la constituci\u00f3n de apoyos formales3, la ley contempl\u00f3 diversos mecanismos, ello en atenci\u00f3n a la posibilidad o imposibilidad en la que las personas se encuentren para asumir sus facultades y deberes a trav\u00e9s de sus propias decisiones. <\/p>\n
As\u00ed, para las personas quienes pueden expresar su voluntad y preferencias estableci\u00f3 la posibilidad de i). celebrar un \u201cacuerdo de apoyos\u201d con \u00ablas personas naturales mayores de edad o personas jur\u00eddicas que prestar\u00e1n apoyo en la celebraci\u00f3n\u00bb de los actos jur\u00eddicos de su inter\u00e9s, o ii). impulsar \u00abun proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria\u00bb para la designaci\u00f3n de los apoyos que desee o necesite, denominado proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos4; mientras que, iii) frente a la persona que \u00abse encuentra absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias\u00bb e \u00abimposibilitada para ejercer su capacidad legal\u00bb (literales a y b del art\u00edculo 38 ib\u00eddem), contempl\u00f3 la posibilidad de que terceros inicien a su favor el mencionado proceso, pero bajo la cuerda del verbal sumario5. <\/p>\n
2.- Valoraci\u00f3n de apoyos e informe en el proceso judicial promovido por persona distinta al titular del acto jur\u00eddico. <\/p>\n
2.1. Valoraci\u00f3n de apoyos. <\/p>\n
La valoraci\u00f3n de apoyos es un servicio prestado por entidades p\u00fablicas o privadas \u2013que cumplan con los lineamientos y protocolos normativos \u2013 el cual, a trav\u00e9s de un procedimiento con est\u00e1ndares t\u00e9cnicos y profesionales, con primac\u00eda tanto de la voluntad como de las preferencias del titular del acto jur\u00eddico, determina los posibles apoyos formales que requiere una persona para la toma de decisiones relacionadas con el ejercicio de su capacidad legal, as\u00ed como las personas que pueden actuar como apoyo para tal fin \u2013 red de apoyo del titular del acto jur\u00eddico \u2013 (numeral 7 art\u00edculo 3 y art\u00edculo 11, Ley 1996 de 2019; art\u00edculo 2.8.2.1.2. del Decreto 487 de 2022), aunque no los formaliza6. <\/p>\n
Este ser\u00e1 obligatorio \u00abpara el desarrollo de los procesos de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos; no lo ser\u00e1 para la formalizaci\u00f3n de apoyos extrajudiciales, tales como los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas regulados por el Decreto 1429 de 2020 y dem\u00e1s normas que lo modifiquen\u00bb aunque, en ning\u00fan caso, puede ser utilizado para sustraer o limitar la capacidad legal de las personas.7 <\/p>\n
2.2. Informe de valoraci\u00f3n de apoyos. <\/p>\n
2.2.1. Generalidades <\/p>\n
El informe de valoraci\u00f3n de apoyos es el escrito en el que se consigna el resultado final de los procedimientos efectuados en la valoraci\u00f3n rendida. Sobre este, la Sala ha se\u00f1alado que \u00abno corresponde a un diagn\u00f3stico m\u00e9dico y tampoco certifica la condici\u00f3n de discapacidad, sino que es un medio para \u00abconocer a la persona con discapacidad que hace parte del proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, sus necesidades, la red de apoyo familiar y comunitaria con la que cuenta y la identificaci\u00f3n de los apoyos que podr\u00edan ser formalizados\u00bb (STC4563-2022) <\/p>\n
Su solicitud, contenido, rendici\u00f3n, tiempos y valoraci\u00f3n est\u00e1n regulados tanto en La Ley 1996 de 2019 como en el Decreto 487 de 2022. La ley establece los requisitos m\u00ednimos que debe contener, en atenci\u00f3n a si el proceso es promovido por la persona titular del acto jur\u00eddico (numeral 4\u00ba del art\u00edculo 37) o por persona distinta al titular del acto jur\u00eddico (numeral 4\u00ba del art\u00edculo 38). <\/p>\n
2.2.2. Qui\u00e9n puede rendirlo. <\/p>\n
Seg\u00fan se indic\u00f3 en precedencia, el servicio de valoraci\u00f3n de apoyos puede ser prestado por entidades p\u00fablicas de forma gratuita (cap\u00edtulo 3 del Decreto 478 de 2022), as\u00ed como por aquellas personas jur\u00eddicas privadas que cumplan con los requisitos de los art\u00edculos 2.8.2.4.1. y 2.8.2.4.3. de esa misma norma, que podr\u00e1 ser onerosa. <\/p>\n
Ahora bien, le entidad elegida debe escoger al facilitador, que es una persona natural, designada con la finalidad de coordinar y llevar a cabo la valoraci\u00f3n solicitada y ser\u00e1 quien elabore y firme el informe final de valoraci\u00f3n de apoyos. Conforme las normas respectivas, el facilitador debe (i) contar con un t\u00edtulo profesional en las \u00e1reas o campos relacionados con las ciencias humanas, sociales o afines, (ii) tener conocimientos sobre la Ley 1996 de 2019, lineamientos y protocolo nacional respectivo y (iii) tener experiencia profesional de m\u00ednimo dos a\u00f1os relacionada con el trabajo con personas con discapacidad.8 <\/p>\n
No existen restricciones sobre quien puede solicitar el Informe de Valoraci\u00f3n de Apoyos y ser\u00e1 aportado al proceso por el titular del acto jur\u00eddico, por un tercero cuando la persona con discapacidad est\u00e9 imposibilitada de hacerlo o el juez cuando los interesados no lo aporten o de hacerlo lo considere insuficiente9. La solicitud deber\u00e1 ce\u00f1irse, como m\u00ednimo, a lo establecido en el Cap\u00edtulo 6 del Decreto 478 de 2022. <\/p>\n
Una vez elevada, la entidad que presta el servicio deber\u00e1 dar respuesta en la que detalle sobre la designaci\u00f3n del facilitador que coordinar\u00e1 y llevar\u00e1 a cabo el procedimiento respectivo, momento desde el cual contar\u00e1 con 15 d\u00edas h\u00e1biles para entregar el informe final de valoraci\u00f3n de apoyos,10 cuyo contenido m\u00ednimo ser\u00e1 el indicado en el numeral 4\u00ba de los art\u00edculos 37 y 38 de la ley. <\/p>\n
2.2.4. Naturaleza probatoria <\/p>\n
La valoraci\u00f3n de apoyos, conforme se expuso, es un servicio en el que un experto en los campos relacionados con ciencias sociales, humanas o afines \u2013 materias que no son de dominio del juzgador \u2013 mediante el ejercicio de su experticia y de procedimientos propios de su conocimiento, transmite al juez informaci\u00f3n que importa al proceso, aun cuando no sea de obligatorio cumplimiento sus conclusiones, por lo que comparte sin duda la naturaleza probatoria de la prueba pericial. <\/p>\n
En efecto, frente al dictamen rendido por perito, esta Corporaci\u00f3n en STC2066-2021, manifest\u00f3 que: <\/p>\n
En lo que puntualmente concierne al dictamen pericial, este tiene por objeto llevar al juez informaci\u00f3n cuando el campo del conocimiento del que se extraiga no sea de su dominio, puesto que con \u00e9l es posible obtener un concepto fundado en el m\u00e9todo cient\u00edfico, el arte o la t\u00e9cnica; cuyas conclusiones incidir\u00e1n en la adopci\u00f3n de la decisi\u00f3n que dirima el conflicto planteado, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Bajo este entendido, la naturaleza del informe de valoraci\u00f3n de apoyos es propia de la prueba rendida por perito, aunque difiere totalmente del derogado dictamen pericial destinado al proceso de interdicci\u00f3n \u2013 del antiguo modelo medico rehabilitador \u2013, toda vez que, seg\u00fan se expres\u00f3 en l\u00edneas anteriores, no tiene como objeto determinar o certificar de forma m\u00e9dica la discapacidad de la persona, con fines de despojarlo de su capacidad decisoria, sino que su objetivo es, mediante la primac\u00eda de la voluntad y de las preferencias del titular del acto jur\u00eddico, determinar los posibles apoyos formales en campos espec\u00edficos que este requiera para el ejercicio real y propio de su capacidad legal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, este no es un concepto m\u00e9dico de car\u00e1cter objetivo que pretenda la obtenci\u00f3n de un diagn\u00f3stico determinado, sino que es un documento rendido por un experto en ciencias sociales y humanas, que pretende conocer el entorno, el contexto de la persona, as\u00ed como determinar la red de apoyos requerida para expresar sus deseos y atender su capacidad legal plena desde un an\u00e1lisis subjetivo; muestra de ello es el mandato de la ley dirigido a los apoyos designados en cuanto \u00abdeben respetar siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jur\u00eddico, as\u00ed como su derecho a tomar riesgos y a cometer errores\u00bb <\/p>\n
En todo caso, se aclara que, aun cuando el documento que consigna las conclusiones de la valoraci\u00f3n rendida se denomina informe, este no comparte la esencia de la prueba por informe reglada en el precepto 275 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que este tiene como fin la comprobaci\u00f3n de \u00abhechos, actuaciones, cifras o dem\u00e1s datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe\u00bb, mientras que en el medio probatorio ac\u00e1 estudiado, el facilitador debe practicarlo con base en la observaci\u00f3n y an\u00e1lisis del contexto del titular del acto jur\u00eddico. En igual sentido, aun cuando las conclusiones de los procedimientos ejecutados se depositan en un escrito aportado al proceso, ello no lo convierte en una prueba documental, lo que tampoco ocurre con el escrito emanado por el perito en la prueba pericial o el testimonio rendido de forma anticipada o aquel trasladado a otro aportado en documento. <\/p>\n
En otras legislaciones que tambi\u00e9n han acogido el modelo social para abordar la discapacidad, han tratado el informe en que se apoya el juez como un dictamen interdisciplinario y ya no m\u00e9dico. En Argentina, el art\u00edculo 37 del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n se\u00f1ala que para dictar sentencia en este tipo de procesos \u00abes imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario\u00bb; en Espa\u00f1a, el art\u00edculo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que se deber\u00e1n acordar \u00ablos dict\u00e1menes periciales necesarios o pertinentes en relaci\u00f3n con las pretensiones de la demanda\u00bb, y en frente a estos dict\u00e1menes \u00abse contar\u00e1 en todo caso con profesionales especializados de los \u00e1mbitos social y sanitario, y podr\u00e1 contarse tambi\u00e9n con otros profesionales especializados que aconsejen las medidas de apoyo que resulten id\u00f3neas en cada caso\u00bb; en Costa Rica, en el art\u00edculo 34 de la Ley 9379, en el proceso para obtenci\u00f3n de salvaguarda se requerir\u00e1, adem\u00e1s de un dictamen m\u00e9dico, \u00abun dictamen integral de la condici\u00f3n de la persona con discapacidad intelectual, mental y psicosocial\u00bb rendido por el \u00abDepartamento de Medicina Legal del Organismo de Investigaci\u00f3n Judicial\u00bb . <\/p>\n
2.2.5. Contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, aunque la valoraci\u00f3n de apoyos comparte su esencia probatoria con la prueba pericial del art\u00edculo 226 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, como se ha expuesto, tiene tanto una regulaci\u00f3n como una finalidad singular, especial y particular. <\/p>\n
En cuanto a la contradicci\u00f3n del informe de valoraci\u00f3n de apoyos, la norma dispone que, una vez aportado, el juez correr\u00e1 traslado por un t\u00e9rmino de 10 d\u00edas a las personas involucradas en el proceso, pero no indica expresamente y, por ende, no limita o condiciona a una forma determinada, la manera en que esta debe efectuarse. Al respecto, para los procesos iniciados por un tercero distinto al titular del acto jur\u00eddico, los numerales 5 y 6 del art\u00edculo 38 de la Ley 1996 de 2019 disponen: <\/p>\n
5. Antes de la audiencia inicial, se ordenar\u00e1 notificar a las personas identificadas en la demanda y en el informe de valoraci\u00f3n de apoyos como personas de apoyo. <\/p>\n
6. Recibido el informe de valoraci\u00f3n de apoyos, el Juez, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes, correr\u00e1 traslado del mismo, por un t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas a las personas involucradas en el proceso y al Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
En efecto, el derecho de contradecir las pruebas aportadas o practicadas es regulada o limitada por el legislador. Mem\u00f3rese que, esta Sala ha establecido en torno al derecho de contradicci\u00f3n de las pruebas que: <\/p>\n
Una de las garant\u00edas derivadas del debido proceso, es la de contradecir las pruebas aportadas o practicadas en una controversia; se traduce, en esencia, en la posibilidad de conocer su contenido y de refutarla. <\/p>\n
Se trata de un derecho regulado. El legislador ha establecido condiciones para su ejercicio, atendiendo al tipo de probanza y las condiciones en las que ella se aporte o se practique. As\u00ed, unos ser\u00e1n los t\u00e9rminos para conocer y rebatir una prueba documental allegada por alguna de las partes con la demanda o la contestaci\u00f3n, y otros, si se trata de una pieza incorporada de oficio por el juez, o si el medio de convicci\u00f3n es un dictamen pericial o una declaraci\u00f3n de parte. (STC14026-2022). <\/p>\n
Conforme con los art\u00edculos 11 y 12 del C\u00f3digo General del Proceso, en torno a la interpretaci\u00f3n de las normas procesales, se dispuso que deb\u00eda hacerse mediante la aplicaci\u00f3n de principios tanto constitucionales como generales del derecho procesal, en respeto del debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y dem\u00e1s derechos constitucionales. Por su parte, en torno al principio general del derecho probatorio de contradicci\u00f3n el profesor Hernando Deis Echand\u00eda estableci\u00f3 que: <\/p>\n
Significa que la parte contra quien se opone una prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho de contraprobar, es decir, que debe llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de todas las partes; se relaciona con los principios de la unidad y la comunidad de la prueba, ya que si las partes pueden utilizar a su favor los medios suministrados por el adversario, es apenas natural que gocen de oportunidad para intervenir en su pr\u00e1ctica, y con el de la lealtad en la prueba, pues esta no puede existir sin la oportunidad de contradecir.11 <\/p>\n
Y en cuanto a la libertad de la prueba, el tratadista se\u00f1al\u00f3 <\/p>\n
Para que la prueba cumpla su fin de lograr la convicci\u00f3n del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos que interesan al proceso, en forma que se ajuste a la realidad, es indispensable otorgar libertad para que las partes y el juez puedan obtener todas las que sean pertinentes, con la \u00fanica limitaci\u00f3n de aquellas que por razones de moralidad versen sobre hechos que la ley no permite investigar, o que resulten in\u00fatiles por existir presunci\u00f3n legal que las hace innecesarias (\u2026), o sean claramente impertinentes o inid\u00f3neas, o aparezcan il\u00edcitas por otro motivo. <\/p>\n
M\u00e1s adelante indic\u00f3 <\/p>\n
[L]imitar la actividad probatoria en forma caprichosa por el juez o con una absurda regulaci\u00f3n previa de la ley, ser\u00eda atentar contra los derechos de las partes, la debida defensa, la contradicci\u00f3n efectiva y la igualdad de oportunidades (\u2026)12 <\/p>\n
Bajo este entendido, si el legislador no opt\u00f3 por una forma espec\u00edfica de contradicci\u00f3n del informe de valoraci\u00f3n de apoyos, no puede el juzgador limitar ese derecho al interesado, ni siquiera por aquellas formas indicadas en el art\u00edculo 228 del estatuto adjetivo. Recu\u00e9rdese que, para el derogado dictamen pericial del proceso de interdicci\u00f3n, el legislador s\u00ed estableci\u00f3 las formas para contradecirlo a lo dispuesto en el par\u00e1grafo del precepto indicado, pues era un peritaje eminentemente m\u00e9dico. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan se acot\u00f3, el informe de apoyos rendido, a diferencia del anterior sistema, no es un dictamen cl\u00ednico que pretenda una valoraci\u00f3n objetiva de la persona, sino que obedece a un proceso t\u00e9cnico elaborado por expertos en ciencias sociales, humanas o afines, que comprende los contextos subjetivos y \u00fanicos de la persona, el cual que debe atender necesariamente a la \u00abmejor interpretaci\u00f3n de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jur\u00eddico que deber\u00e1 tener en consideraci\u00f3n, entre otros aspectos, el proyecto de vida de la persona, sus actitudes, argumentos, actuaciones anteriores, opiniones, creencias y las formas de comunicaci\u00f3n verbales y no verbales de la persona titular del acto jur\u00eddico\u00bb, por lo que es l\u00f3gico dejar a elecci\u00f3n del interesado la forma en que pueda acreditar el desapego del facilitador a los citados criterios, la ausencia o falta de veracidad de su contenido o la falta idoneidad del facilitador o de la entidad prestadora del servicio. <\/p>\n
Finalmente, esto se acompasa con las disposiciones normativas subsiguientes, puesto que solo despu\u00e9s de corrido el traslado del informe es que el juez decretar\u00e1 las pruebas que considere necesarias y las practicar\u00e1 en audiencia. El numeral 7\u00ba del art\u00edculo 38 de la Ley 1996 de 2019 establece: <\/p>\n
7. Una vez corrido el traslado, el Juez decretar\u00e1 las pruebas que considere necesarias y convocar\u00e1 a audiencia para practicar las dem\u00e1s pruebas decretadas, en concordancia con el art\u00edculo 34 de la presente ley. <\/p>\n
En este orden, el interesado en contradecir este medio de prueba, en el t\u00e9rmino de traslado de 10 d\u00edas podr\u00e1, bien sea, pronunciarse sobre su contenido, ejercer su derecho a contraprueba o escoger otra forma que le sea \u00fatil para tal fin. <\/p>\n
2.2.6. Apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, conforme lo preceptuado el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, el juez apreciar\u00e1 en conjunto el informe de valoraci\u00f3n de apoyos con las dem\u00e1s pruebas aportadas y practicadas. Recu\u00e9rdese que lo determinado en el informe no formaliza los apoyos requeridos, comoquiera que ello tiene lugar en la sentencia proferida. <\/p>\n
2.3. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En s\u00edntesis, (i) solo pueden prestar el servicio de valoraci\u00f3n de apoyos entidades p\u00fablicas y personas jur\u00eddicas privadas que cumplan con los requisitos de los art\u00edculos 2.8.2.4.1. y 2.8.2.4.3. del Decreto 487 de 2022, (ii) el informe solo puede ser rendido por un facilitador que cumpla con unos requisitos de experiencia m\u00ednimos \u2013 2 a\u00f1os \u2013 en \u00e1reas o ciencias espec\u00edficamente delimitadas en la ley, (iii) su solicitud tiene unas reglas espec\u00edficamente demarcadas, (iv) debe elaborarse en el tiempo que impone el Decreto referido, (v) debe contar con el contenido m\u00ednimo establecido en la ley, (vi) y su contradicci\u00f3n no est\u00e1 limitada a ciertas formalidades espec\u00edficas; todo lo cual lo diferencia de lo regulado por el estatuto adjetivo para el dictamen pericial de parte o de oficio aun cuando comparta su naturaleza probatoria. <\/p>\n
3.- Caso concreto. <\/p>\n
La queja principal del gestor del amparo se dirige contra la decisi\u00f3n del Juzgado Tercero de Familia de Manizales, que corri\u00f3 traslado a los interesados del informe de valoraci\u00f3n de apoyos para que, en caso que lo estimaran, solicitaran aclaraci\u00f3n, complementaci\u00f3n o la pr\u00e1ctica de uno nuevo. <\/p>\n
Conforme a lo desarrollado en precedencia, encuentra la Sala que la autoridad encartada no incurri\u00f3 en los defectos enrostrados por el querellante, ni vulner\u00f3 los derechos del impulsor, pues ni la Ley 1996 de 2019, ni el Decreto 487 de 2022 limitaron la forma de contradicci\u00f3n del informe de valoraci\u00f3n de apoyos a alguna forma prestablecida, raz\u00f3n por la cual el juzgador ten\u00eda la facultad para brindar la opci\u00f3n de aportar un nuevo informe si as\u00ed lo consideraba necesario, para que los interesados que no participaron de la valoraci\u00f3n aportada al proceso, pudieran ejercer su derecho a la prueba. <\/p>\n
Puestas en este orden las cosas, se evidencia que en realidad lo que existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, STC12501-2022 reiterada en STC15424-2022). <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n analizada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad Ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
1\u0002 En raz\u00f3n al cambio de concepci\u00f3n, la nueva norma derog\u00f3 totalmente el proceso de interdicci\u00f3n que estaba consagrado en la Ley 306 de 2009, espec\u00edficamente los art\u00edculos 1\u00ba a 48, 50 a 52, 55, 64 y 90 (61 L. 1996 de 2019) <\/p>\n
2\u0002 Gaceta del Congreso, A\u00f1o XXVI, No. 613, lunes 31 de julio de 2017, C\u00e1mara de Representantes. <\/p>\n
3\u0002 Definidos en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1996 de 2019. <\/p>\n
4\u0002 art\u00edculo 9\u00b0, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Conforme con el art\u00edculo 38 ibidem. <\/p>\n
6\u0002 El art\u00edculo 2.8.2.1.3. del Decreto 487 de 2022 se\u00f1ala que los apoyos solo se formalizan a trav\u00e9s de \u00ab(i) celebraci\u00f3n de un acuerdo de apoyos, (ii) celebraci\u00f3n de una directiva anticipada o, (iii) a trav\u00e9s de un proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria o verbal sumario\u00bb <\/p>\n
7\u0002 Art\u00edculo 2.8.2.1.2. del Decreto 487 de 2022 <\/p>\n
8\u0002 Al respecto, puede consultarse el cap\u00edtulo 5 del Decreto 487 de 2022. <\/p>\n
9\u0002 Art\u00edculos 11, 37 y 38 de la Ley 1996 de 2019 y art\u00edculo 2.8.2.6.1. del Decreto 478 de 2022. <\/p>\n
10\u0002 Art\u00edculo 2.8.2.6.5 del Decreto 478 de 2022. <\/p>\n
11\u0002 Devis Echand\u00eda, Hernando. Teor\u00eda General de la Prueba Judicial. Tomo I. Temis. Sexta Edici\u00f3n. Bogot\u00e1 \u2013 Colombia, 2022. P\u00e1g. 115. <\/p>\n
12\u0002 Ibidem, p\u00e1gs. 123 y 124. <\/p>\n
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STC12160-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC12160-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 17001-22-13-000-2023-00114-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo de 18 de julio de 2023, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77314","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77314","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77314"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77314\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77314"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77314"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77314"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}