STC12162-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12162-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01788-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, igualdad, seguridad jur\u00eddica y \u00abacceso a la recta administraci\u00f3n de justicia\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial convocada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene que \u00abproduzca una nueva sentencia en la cual se ratifique la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagu\u00e9\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Sara \u00c1lvarez Arias se adelanta proceso penal por el delito de \u00abfraude procesal\u00bb, tr\u00e1mite en el que se decret\u00f3 \u00abla preclusi\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 24 de noviembre de 2022, decisi\u00f3n que apelaron las v\u00edctimas, siendo revocada por la sede judicial acusada con providencia del 24 de abril pasado y, en su lugar, orden\u00f3 \u00abcontinuar con las etapas subsiguientes del proceso penal\u00bb. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que la decisi\u00f3n del Tribunal se soport\u00f3 \u00aben el hecho de que\u2026 Mar\u00eda Iddy Parra no estaba en capacidad de realizar el negocio jur\u00eddico de venta en [su] favor\u2026, por cuanto presuntamente hab\u00eda muerto, circunstancias que fueron totalmente desvirtuadas con la prueba documental aportada\u00bb; y que \u00absi probatoriamente no existe prueba alguna de que [ella] haya incurrido en la comisi\u00f3n del delito de falsedad en documento p\u00fablico\u2026, no hay lugar a que se le investigue por un delito inexistente, y por ende, no hay lugar tampoco a ninguna conexidad con el delito de fraude procesal endilgado\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.3. Adicion\u00f3 que la determinaci\u00f3n criticada \u00abparte de un postulado falso fundamentado en un formalismo netamente procesal, como es que, en la etapa de juzgamiento, no hay lugar a darle aplicaci\u00f3n a la causal 4\u00b0 del\u2026 art\u00edculo 332 del CPP\u00bb; y, en esencia, que se cumpl\u00edan los requisitos necesarios para que se decretara la preclusi\u00f3n de la acci\u00f3n penal seguida en su contra. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagu\u00e9 defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El abogado Jos\u00e9 Eduardo Gonz\u00e1lez Var\u00f3n rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 destac\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Decisi\u00f3n en segunda instancia se encuentra ajustada a derecho y sustentada conforme al material probatorio arrimado al cartulario\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el resguardo, toda vez que \u00abno se advierte alguna v\u00eda de hecho que evidencie la afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de la parte accionante\u00bb y, adem\u00e1s, porque \u00abal reabrirse la investigaci\u00f3n, la parte actora tiene a su disposici\u00f3n medios id\u00f3neos para proteger sus derechos, como el aporte de elementos de prueba, solicitud de preclusi\u00f3n, ejercicio de los recursos ordinarios, entre otros, por lo que no es la acci\u00f3n publica la llamada a resolver [sus] pretensiones\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a predicar que se reun\u00edan los requisitos necesarios para decretar la preclusi\u00f3n de la acci\u00f3n penal seguida en su contra. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que ni siquiera se ha dictado sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por la promotora de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Y es que, de configurarse la anomal\u00eda denunciada por la tutelante, bien puede esgrimirse en sede de apelaci\u00f3n, contra la sentencia que dirima la primera instancia e, incluso, a trav\u00e9s de la proposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
3. A lo anterior debe agregarse que, advertida la improcedencia del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como irregular. <\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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