STC12163-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12163-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-02060-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovieron Carlos Manuel Andrade Talero, Ana Luc\u00eda Salcedo y Ruth Salcedo Rodr\u00edguez contra el fallo de 19 de septiembre de 2023, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en la acci\u00f3n de tutela que los recurrentes instauraron contra los Juzgados 3\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, 49 Civil Municipal y 11 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, todos de la misma ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 49-2017-00890-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los gestores pretenden que se declare la nulidad de lo actuado en el proceso en comento y que se disponga el levantamiento de las medidas cautelares. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento se\u00f1alaron que el Conjunto Residencial El Foro P.H. inici\u00f3 en su contra el proceso referido con el fin de reclamar el pago de unas cuotas de administraci\u00f3n causadas respecto del apartamento identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-727806. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado 49 Civil Municipal de Bogot\u00e1 quien orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n (21 enero 2020); adem\u00e1s, el expediente fue remitido al Juzgado 11 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma urbe. <\/p>\n
Relataron que no fueron notificados del proceso ejecutivo iniciado por la copropiedad pese a que la ejecutante sab\u00eda de diferentes canales a trav\u00e9s de los cuales pod\u00edan ser enterados del litigio y s\u00f3lo conocieron la existencia del mismo cuando advirtieron que hab\u00edan sido decretadas medidas cautelares en su contra. En vista de lo anterior, presentaron solicitud de nulidad ante el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Sentencias mencionado, defensa en la que tambi\u00e9n cuestionaron la labor realizada por el curador que les fue designado, toda vez que, seg\u00fan ellos, no ejerci\u00f3 su defensa en debida forma; sin embargo, dicha autoridad no accedi\u00f3 a su pedimento (18 julio 2022) y, aunque promovieron recurso de apelaci\u00f3n, el Jugado 3\u00ba Civil del Circuito Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la negativa (6 junio 2023). <\/p>\n
A juicio de los censores, las autoridades judiciales no valoraron integralmente las circunstancias f\u00e1cticas y las pruebas adosadas con la solicitud de nulidad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado 49 Civil Municipal de Bogot\u00e1 adujo que, ante la imposibilidad de lograr la notificaci\u00f3n efectiva de los deudores, para garantizar sus derechos, les design\u00f3 curador ad litem; adem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
El Juzgado 11 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que ha garantizado las prerrogativas fundamentales de los accionantes, efecto para el cual ha resuelto sus solicitudes bajo un marco de legalidad. <\/p>\n
El Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 acot\u00f3 que los gestores pretenden usar la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional, con el fin de reabrir debates concluidos. <\/p>\n
3. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el resguardo. Consider\u00f3 que el amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional, toda vez que lo \u00abplanteado no versa sobre la presunta violaci\u00f3n de derechos fundamentales, sino sobre la divergencia acerca de la forma en la que aquel apreci\u00f3 el contexto jur\u00eddico planteado y, defini\u00f3 que, a partir de lo auscultado, no pod\u00eda deducir que la propiedad horizontal ejecutante conoc\u00eda sus direcciones de notificaci\u00f3n y ocult\u00f3 ese hecho de mala fe para impedir su comparecencia al proceso\u00bb; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n censurada es razonable. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Los actores impugnaron. Manifestaron que la solicitud de amparo s\u00ed tiene relevancia constitucional toda vez que los hechos relatados dan cuenta de la lesi\u00f3n de sus derechos de debido proceso y defensa. Destacaron que s\u00ed demostraron que los ejecutantes no efectuaron las notificaciones en la direcci\u00f3n de su residencia, pese a que ten\u00edan pleno conocimiento de la informaci\u00f3n respectiva, tanto as\u00ed que solicitaron el embargo de su actual vivienda y, adem\u00e1s, en la demanda se\u00f1alaron que varias veces requirieron a los ejecutados para que efectuaron el pago de las cuotas de administraci\u00f3n, sin que usaran esos canales de comunicaci\u00f3n para notificarles la existencia del proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El veredicto impugnado ser\u00e1 confirmado, toda vez que la determinaci\u00f3n impugnada es razonable. <\/p>\n
En primer lugar, debe se\u00f1alar la Sala que el caso objeto de estudio s\u00ed tiene relevancia constitucional, toda vez que los gestores alegan la presunta ocurrencia de una v\u00eda de hecho, que, de existir, lesionar\u00eda sus derechos fundamentales. Entonces, como el referido requisito de procedibilidad s\u00ed est\u00e1 satisfecho, procede a Corte a pronunciarse respecto de los dem\u00e1s argumentos aducidos en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Revisado el prove\u00eddo por medio del cual el Juzgado del Circuito ratific\u00f3 la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la solicitud de nulidad impetrada por los actores, advierte la Sala que la autoridad judicial verific\u00f3 que en el tr\u00e1mite coercitivo se hubieran acogido las reglas de notificaci\u00f3n previstas en los art\u00edculos 291, 292 y 293 del C\u00f3digo General del Proceso. Sobre el particular, el Juzgado precis\u00f3: <\/p>\n
Estando claro lo esbozado, emerge de la actuaci\u00f3n surtida dentro del plenario que, en un principio, a los ejecutados CARLOS MANUEL ANDRADE TALERO, ANA LUC\u00cdA SALCEDO RODR\u00cdGUEZ Y RUTH SALCEDO RODR\u00cdGUEZ, les fue noticiada la orden de apremio, en la Carrera 21 No. 166-70 Apartamento 212 Interior 3, del Conjunto Residencial EL Foro 2 Etapa P.H. de esta ciudad, nomenclatura a la que se remitieron los citatorios para la notificaci\u00f3n personal (Art. 291 del C.G. del P.), y posteriormente los aviso de que trata el Art. 292 ib\u00eddem, comunicaciones tales que arrojaron un resultado positivo. <\/p>\n
No obstante, el 22 de noviembre del a\u00f1o 2017, se recibi\u00f3 sendo escrito, procedente de la se\u00f1ora CECILIA GUEVARA DE MAYORGA, a trav\u00e9s del cual expres\u00f3 que, resid\u00eda el Apartamento 212, Interior 3 del Conjunto Residencial El foro, ubicado en la Carrera 21 No. 166-70 de Bogot\u00e1, donde se estaban surtiendo las notificaciones relatadas, y que desconoc\u00eda por completo a los demandados; circunstancia que conllev\u00f3 al emplazamiento de aquellos y a la designaci\u00f3n del respectivo Curador Ad- Litem, en la forma prevista en la ley, quien contest\u00f3 la demanda, sin proponer ning\u00fan medio exceptivo. <\/p>\n
(..) <\/p>\n
N\u00f3tese aqu\u00ed que, las comunicaciones establecidas en los Arts. 291 y 292 del C.G. del P., fueron enviadas, desde un inicio, al lugar donde la parte pasiva pudiera ser efectivamente enterada, esto es, al inmueble sobre el que se pretende el recaudo de las expensas de administraci\u00f3n, sin embargo, a constatarse que aquella gesti\u00f3n result\u00f3 infructuosa, se procedi\u00f3 al emplazamiento en los t\u00e9rminos que prev\u00e9 la ley, sin que se lograra comprobar que el actor, ocult\u00f3 alguna otra direcci\u00f3n donde pudo haberse surtido el enteramiento del extremo pasivo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, aunque en la nulidad tambi\u00e9n fue alegado que Eliana Jackeline Traslavi\u00f1a D\u00edaz deb\u00eda ser convocada al juicio era por ser la adjudicataria del bien, quien tambi\u00e9n act\u00faa como apoderada de los ejecutados, el Juzgado se\u00f1al\u00f3 que el derecho de dominio alegado no figura inscrito, por lo que no fue acreditado que debiera ser convocada al tr\u00e1mite, aunado a que no era el momento procesal oportuno para resolver sobre el particular. Respecto de este punto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Por dem\u00e1s, alega la censora la falta de vinculaci\u00f3n al asunto del ep\u00edgrafe, tras evocar su condici\u00f3n de adjudicataria, m\u00e1s sin embargo, no es este el escenario para entrar a debatir aspectos propios de la relaci\u00f3n procesal ni menos a\u00fan para reconocer la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva que pretende el extremo inconforme toda vez que, tal decisi\u00f3n, s\u00f3lo puede ser producida en el trascurso del proceso, bien por sentencia de fondo ora por excepciones previas, m\u00e1xime que, al momento de admitirse el compulsivo de marras, no avizor\u00f3 el despacho de origen, como tampoco este Estrado, que la profesional del derecho Eliana Jackeline Traslavi\u00f1a D\u00edaz, tuviera que controvertir y resistir sustancialmente las pretensiones de la presente acci\u00f3n de cobro, sobre el inmueble respecto del cual aduce ostentar la calidad de adjudicataria, cuyo derecho de dominio, no figura inscrito. <\/p>\n
Ahora, una vez revisado el expediente, se advierte que el folio de matr\u00edcula inmobiliaria que aportaron los gestores con su solicitud de nulidad \u201350N-20036013-, no corresponde al del apartamento respecto del cual se cobran las cuotas de administraci\u00f3n, sino al del garaje 57. Entonces, resulta razonable el an\u00e1lisis efectuado por el Juzgado del Circuito, no s\u00f3lo porque se acataron las reglas de notificaci\u00f3n se\u00f1aladas, sino porque las misivas fueron enviadas a un inmueble respecto del cual no se acredit\u00f3, en debida forma, con el folio de matr\u00edcula respectivo, que no pertenezca a los solicitantes, por el contrario, el folio de matr\u00edcula anexado a la demanda, da cuenta de su titularidad. <\/p>\n
Entonces, puede afirmarse que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Por lo expuesto, se convalidar\u00e1 la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12163-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC12163-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-02060-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovieron Carlos Manuel Andrade Talero, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77316","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77316","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77316"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77316\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77316"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77316"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77316"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}