STC12173-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12173-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04053-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por M\u00f3nica Patricia Cabezas Rodr\u00edguez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Jorge William D\u00edaz Hurtado, Juan Eduardo Cabezas Rodr\u00edguez, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa rad. n\u00b0 2020-00213. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso -en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n-, presuntamente conculcadas por las autoridades convocadas.<\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
La accionante aduce que al interior del asunto divisorio que Jorge William D\u00edaz Hurtado promueve en su contra y de Juan Eduardo Cabezas Rodr\u00edguez, que correspondi\u00f3 por reparto al estrado del circuito encartado (rad. n\u00b0 2020-00213), se emiti\u00f3 auto en audiencia que resolvi\u00f3 ordenar \u00abla subasta p\u00fablica del bien inmueble (\u2026) identificado con el folio de matr\u00edcula No. 200-188358, absteni\u00e9ndose de ordenar la subasta de la cuota parte de la suscrita actora, por la suma de $102.722.084, por cuanto la misma se encontraba embargada para la fecha en que se hab\u00eda promovi\u00f3 la demanda divisoria del bien inmueble, las etapas subsiguientes del proceso, inclusive para la fecha en que se llev\u00f3 a cabo la referida audiencia\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con lo anterior -y aun cuando el interesado durante todo el curso del proceso no hizo manifestaci\u00f3n alguna al respecto-, dice la promotora, que el demandante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n \u00abarguyendo que el proceso ejecutivo en el que se libr\u00f3 la medida cautelar en contra de la cuota parte de la aqu\u00ed suscrita, ya hab\u00eda finiquitado y que, por ende, la medida cautelar que limitaba la propiedad de dicha cuota parte realmente no exist\u00eda\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, se\u00f1ala que el tribunal enjuiciado revoc\u00f3 lo decidido incurriendo en v\u00edas de hecho, porque \u00abno solo se vali\u00f3 de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica \u2013 jurisprudencial que claramente no correspond\u00eda ni se asemejaba al caso concreto, toda vez que, en el presente caso, el demandante nunca se pronunci\u00f3 frente a la limitaci\u00f3n de la propiedad de [su] cuota parte, sino que tambi\u00e9n le otorg\u00f3 valor probatorio a una documental que fue aportada (\u2026) de manera extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, manifiesta que \u00aben raz\u00f3n de la arbitraria determinaci\u00f3n que adopt\u00f3 el Tribunal (\u2026), el juzgado [cuestionado] dispuso ordenar la pr\u00e1ctica de la diligencia de secuestro para el d\u00eda 18 de octubre del a\u00f1o en curso; circunstancia, que, de materializarse, generar\u00eda a\u00fan m\u00e1s la agravaci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n de [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 en compendi\u00f3, que se ordene al tribunal acusado \u00abdejar sin efectos el auto de (\u2026) 09 de agosto de 2023\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Las autoridades judiciales acusadas remitieron el enlace de acceso al expediente digital objeto de queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal querellado lesion\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la convocante, en el proceso divisorio rad. n\u00b0 2020-00213, por cuanto decidi\u00f3 revocar parcialmente la decisi\u00f3n del a-quo, quien resolvi\u00f3 -en lo pertinente- \u00abABSTENERSE (\u2026) de ordenar la venta en p\u00fablica subasta de la cuota, parte que le pertenece o le corresponde a la se\u00f1ora M\u00d3NICA PATRICIA CABEZA RODR\u00cdGUEZ y que asciende a la suma de 102.772.084 o el equivalente al 25% [del] bien inmueble, en raz\u00f3n a que dicha cuota aparece embargada por parte de autoridad judicial, ampar\u00e1ndose para ello (\u2026) en lo dispuesto por el art\u00edculo [1]521 del C\u00f3digo Civil\u00bb y, en su lugar, dispuso \u00abla venta en p\u00fablica subasta de la cuota parte que posee M\u00f3nica Patricia Cabeza Rodr\u00edguez, en el bien inmueble con folio de matr\u00edcula No. 200-188358\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no se advierte la vulneraci\u00f3n de la prerrogativa fundamental deprecada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, se advierte que la magistratura a cargo, tras establecer -en lo que es objeto de reproche en esta sede constitucional- que el problema jur\u00eddico a resolver concern\u00eda a \u00absi [era] procedente ordenar la venta de la cuota parte de M\u00f3nica Patricia Cabeza Rodr\u00edguez, considerando que el Juzgado Sexto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Neiva hab\u00eda decretado su embargo dentro del juicio ejecutivo seguido contra la demandada por el Banco Comercial AV Villas S.A.\u00bb; indic\u00f3 que fue en atenci\u00f3n a las reglas que habilitan al demandante, \u00abcon miras a materializar el derecho que la ley civil otorga a los comuneros a no estar obligados a permanecer en la indivisi\u00f3n\u00bb, que aquel aspir\u00f3 a \u00abla subasta de la cuota parte de M\u00f3nica Patricia Cabeza Rodr\u00edguez, dada la negativa del a quo, al considerar que su embargo hac\u00eda improcedente someterla a la venta p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, preliminarmente, anticip\u00f3 que lo pedido era viable, toda vez que \u00abel embargo de la cuota parte del bien objeto de divisi\u00f3n no es obst\u00e1culo para que pueda realizarse la almoneda\u00bb; en efecto, mencionando un fallo emitido por esta Corporaci\u00f3n1, as\u00ed como apartes de lo decidido por la Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e12 en asuntos que, contrario a lo afirmado por la libelista, resultan acordes al caso bajo estudio, dijo que, <\/p>\n
\u00abla soluci\u00f3n jur\u00eddica para procurar que los comuneros no se mantengan en indivisi\u00f3n, est\u00e1 dada por las normas sustanciales y procesales, que permiten al juez del divisorio dar licencia para la venta de la cosa embargada, considerando que el art\u00edculo 1521 del C\u00f3digo Civil no establece que sea el juzgador del ejecutivo el que conceda la autorizaci\u00f3n, y en el evento de aprobarse el remate, el producto debe distribuirse como si fuese a repartirse entre los comuneros ordenando la entrega a la autoridad judicial que ten\u00eda cautelada la(s) cuota(s), salvaguardando de esta manera los derechos del(os) acreedor(es) y al mismo tiempo, el derecho de los copropietarios a no permanecer en indivisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, subray\u00f3 que como \u00abel apelante, con posterioridad a que se profiriera el auto controvertido, incorpor\u00f3 al expediente el certificado de tradici\u00f3n del predio materia de divisi\u00f3n, que demuestra que, en el curso del proceso, m\u00e1s concretamente el 17 de agosto de 2022, se registr\u00f3 el oficio N\u00b0. 02766 de 14 de noviembre de 2020 proferido por el Juzgado Sexto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Neiva, disponiendo el levantamiento del embargo ejecutivo contra M\u00f3nica Patricia Cabeza Rodr\u00edguez (Anotaci\u00f3n N\u00b0. 013), (\u2026) con m\u00e1s raz\u00f3n, no existe motivo para dejar de ordenar la venta en p\u00fablica subasta de la cuota parte otrora cautelada\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al tribunal citado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente caso. <\/p>\n
Sobre tal tem\u00e1tica, la Sala ha dicho en precedencia que \u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
3.3. Cabe agregar que lo aqu\u00ed reprochado no fue objeto de debate por parte de la ahora accionante al contestar la demanda y tampoco en la oportunidad otorgada mediante auto de 1\u00b0 de noviembre de 2022, cuando se dispuso por el a-quo accionado \u00ab[dar] traslado de manera conjunta y en com\u00fan a las partes de los escritos de sustentaci\u00f3n de los recursos de apelaci\u00f3n por el termino de tres (3) d\u00edas, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 326 del C.G.P.\u00bb; y ello a pesar de que fue al sustentar el remedio vertical formulado, que el demandante aport\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n actualizado que ahora se tilda como prueba extempor\u00e1nea y frente al que, seg\u00fan afirma la promotora, no tuvo oportunidad de ejercer contradicci\u00f3n. <\/p>\n
3.4. Finalmente, como la decisi\u00f3n que se recrimina no constituye defecto de procedibilidad alguno, se respalda igualmente la orden de secuestro criticada por la querellante, pues no se trata sino de la materializaci\u00f3n de lo consignado en la providencia revisada. <\/p>\n
Asimismo, adem\u00e1s de que esta Corporaci\u00f3n ha sido reiterativa al sostener que \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada entre otras en STC6039-2017, 4 may. 2017, rad. 00050-01); lo cierto es que, enterada del prove\u00eddo de 26 de septiembre de 2023 -que se\u00f1al\u00f3 fecha para adelantar la mencionada diligencia- o bien, de aquel emitido en la audiencia llevada a cabo el pasado 18 de octubre -en la que se suspendi\u00f3 la programada y se fij\u00f3 una nueva fecha para tal efecto-, la interesada, quien act\u00faa a trav\u00e9s de apoderada judicial en aquel asunto, no manifest\u00f3 inconformidad alguna, soslayando tambi\u00e9n el presupuesto general de subsidiariedad de la acci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la gestora es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sentencia de 25 ene. 2011. Exp. 11001-02-03-000-2011-00080-00. <\/p>\n
2\u0002 \u00abObs\u00e9rvese, por v\u00eda de ejemplo, que decretada la venta del bien com\u00fan, as\u00ed la cuota parte del demandado se encuentre embargada, puede este ejercer el derecho de compra reconocido en los art\u00edculos 2336 del C\u00f3digo Civil y 474 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sin que en esta hip\u00f3tesis resulte comprometido el art\u00edculo 1521 de aquella codificaci\u00f3n, o el derecho del acreedor que embarg\u00f3. Luego no hay tal improcedencia de la divisi\u00f3n ad valorem, so pretexto de la cautela que afecta una porci\u00f3n del terreno. Lo propio suceder\u00eda en los casos en que es posible decretar la divisi\u00f3n material, porque hecha la partici\u00f3n continuar\u00eda embargado el inmueble adjudicado al comunero ejecutado. Ahora bien, si procediera el remate, como este no puede afectar los derechos de los acreedores que previamente embargaron, debe el juez, bien por la remisi\u00f3n que hace al proceso ejecutivo el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 471 del C.P.C., bien por aplicaci\u00f3n de la analog\u00eda autorizada por el art\u00edculo 5\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, darle efectividad al art\u00edculo 542 de ese estatuto, relativo a acumulaci\u00f3n de embargos, con el fin de facilitar la inscripci\u00f3n del remate, si fuere el caso, y la posterior emisi\u00f3n de la sentencia de distribuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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