STC12176-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12176-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 4 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cMV\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio de amento de cuota alimentaria n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del ni\u00f1o, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que para reajustar la cuota alimentaria a favor de su hijo \u201cC\u201d, quien actualmente cuenta con 6 a\u00f1os de edad, y que fuera tasada el \u00ab19 de julio del a\u00f1o 2021\u00bb en la Comisaria (\u2026) de Familia (\u2026), impetr\u00f3 demanda contra el padre de este, se\u00f1or \u201cN\u201d, correspondiendo por reparto al Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d. <\/p>\n
Que lo anterior se motiv\u00f3 en que el menor \u00abexhibe ciertas deficiencias en el desarrollo de sus funciones de crecimiento, por lo cual actualmente se encuentra en un tratamiento m\u00e9dico que demanda la provisi\u00f3n de atenci\u00f3n especializada, terapia ocupacional, miofuncional y psicolog\u00eda, [y que el padre] cubr\u00eda los gastos de salud de [tales] terapias, (\u2026) y los valores correspondientes a medicamentos que requer\u00eda el ni\u00f1o en un 50% en cumplimiento del acuerdo\u00bb, mientras que ahora, \u00abla cuota alimentaria establecida [en la comisar\u00eda] resultaba insuficiente para la congrua manutenci\u00f3n de su hijo, dado que las necesidades alimentarias del ni\u00f1o ten\u00edan un valor de $3.900.000 aproximadamente\u00bb. <\/p>\n
Que en el proceso \u00abqued\u00f3 en evidencia que, bajo el acuerdo mencionado (\u2026), en la cuenta de la progenitora se consignaba un promedio mensual de un mill\u00f3n doscientos mil pesos por concepto de cuota alimentaria; [que] quedo desvirtuada la afirmaci\u00f3n del del se\u00f1or \u201cN\u201d de tener como ingresos \u00fanicamente lo concerniente a un salario m\u00ednimo mensual legal vigente, [puesto que] con las pruebas documentales y testimoniales qued\u00f3 demostrado que los ingresos promedios mensuales del [demandado] ascienden aproximadamente a cinco millones de pesos mensuales ($5.000.000)\u00bb. <\/p>\n
Que en la sentencia proferida el 17 de abril de 2023, \u00abdentro de [su] motivaci\u00f3n [se] mencion\u00f3 en diferentes oportunidades que dentro del acuerdo inicial de alimentos se estaba desconociendo el concepto de educaci\u00f3n y la importancia de reconocer dicho concepto dentro de la decisi\u00f3n del proceso judicial que se adelantaba\u00bb, y tras acceder al aumento de la mesada \u00aba la suma de $800.000\u00bb, sobre dicho aspecto orden\u00f3 que \u00abel 50% de los gastos de educaci\u00f3n que se generan tales como matricula, uniformes y \u00fatiles escolares, ser\u00e1n asumidos por el se\u00f1or \u201cN\u201d previa presentaci\u00f3n de las facturas correspondientes por parte de la progenitora del ni\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Que en la audiencia \u00abse entendi\u00f3 que [el fallo estaba] dirigido a que cada progenitor asuma el 50% de todos los gastos relacionados con la educaci\u00f3n del ni\u00f1o, [interpretando] que esta inclusi\u00f3n abarca tanto los gastos mensuales, como la pensi\u00f3n y el transporte escolar, as\u00ed como los gastos anuales, tales como matr\u00edcula anual, uniformes, libros y \u00fatiles escolares\u00bb, y que \u00abla expresi\u00f3n \u201ctales como\u201d se refiere a ejemplificar algunos de los gastos, sin limitar exclusivamente los conceptos a \u201cmatr\u00edcula, uniformes y \u00fatiles escolares\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 15 de mayo de 2023, se present\u00f3 una solicitud al juzgado para obtener una aclaraci\u00f3n (\u2026) espec\u00edficamente en lo que respecta al apartado relacionado con los gastos educativos, [la cual] fue reiterada en dos ocasiones adicionales, concretamente los d\u00edas 29 de mayo y 16 de junio (\u2026), en respuesta emiti\u00f3 auto del 28 de agosto de 2023, denegando la solicitud de aclaraci\u00f3n del fallo\u00bb. <\/p>\n
Que adem\u00e1s de los \u00abtr\u00e1mites engorrosos, largos y exhaustivos\u00bb que implica la atenci\u00f3n m\u00e9dica de su hijo, \u00abgeneran una carga adicional\u00bb, ya que ella es quien ejerce la custodia y cuidado personal, por ende, \u00abel fallo desconoce la obligaci\u00f3n de tomar decisiones con enfoque de g\u00e9nero\u00bb, e insisti\u00f3 en que, \u00aben realidad se est\u00e1 desmejorando las condiciones del ni\u00f1o [en relaci\u00f3n con] el promedio de la cuota alimentaria que ven\u00eda recibiendo el menor\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al despacho acusado, \u00abproferir una aclaraci\u00f3n del ac\u00e1pite de educaci\u00f3n priorizando los derechos invocados del ni\u00f1o beneficiario (\u2026), atendiendo la motivaci\u00f3n de la juez en la exposici\u00f3n de su decisi\u00f3n judicial y la capacidad econ\u00f3mica del progenitor demostrada en el proceso\u00bb. <\/p>\n
1. La Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, inform\u00f3 que \u00abla cuota que se solicitaba aumentar fue pactada [en] la suma de $300.000 mensuales, los cuales inclu\u00edan vivienda y gastos de educaci\u00f3n; por lo tanto, mediante sentencia del 17 de abril de 2023, se aument\u00f3 la cuota alimentaria, a la suma de $800.000.oo, mensuales y comoquiera que en el acuerdo conciliatorio inicial no se pact\u00f3 educaci\u00f3n de manera independiente, esta Juzgadora en inter\u00e9s superior del menor alimentario, estableci\u00f3 a parte de los $800.000., el 50% de los gastos de educaci\u00f3n tales como matricula, uniformes y \u00fatiles escolares, as\u00ed como el 50% de los gastos de salud que no cubra la EPS, manteniendo los dem\u00e1s \u00edtems conforme se pactaron el 19 de julio de 2021\u00bb, y concluy\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada \u00abse encuentra ajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n
2. \u201cN\u201d, se opuso a lo pretendido, aduciendo que \u00abno se puede obligar al alimentante a ubicarse en una situaci\u00f3n de forzoso incumplimiento, al fijar a su cargo deberes alimentarios que exceden su capacidad real de manutenci\u00f3n, afectando su propio m\u00ednimo vital, pues nadie puede estar obligado a lo imposible\u00bb. Acot\u00f3 que, \u00abse encuentra desafiliado al Sistema de Seguridad Social; no cuenta con E.P.S. y producto de la mora en los pagos acumulados a la entidad y para no entrar en impago en las cuotas alimentarias de sus hijos. Por sustracci\u00f3n de materia, No aporta para pensi\u00f3n. No cuenta con A.R.L. Carece de bienes y\/o cuentas bancarias que tengan recursos superiores a un mill\u00f3n de pesos $1.000.000, [y] carece de una opci\u00f3n laboral inmediata que le permita costear de manera sostenida la obligaci\u00f3n en el monto pretendido\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al sostener que \u00abel actuar de la Juez demandada no resulta torticero o desproporcionado, pues, en primer lugar, la sentencia dictada fue lo suficientemente clara al establecer los \u00edtems que cubren los gastos de educaci\u00f3n y dicha enunciaci\u00f3n no ofrece motivos de duda, de modo que la determinaci\u00f3n del pasado 28 de agosto, resulta ajustada a la realidad procesal y, en segundo, tampoco existe actuar caprichoso con la sentencia emitida, pues para la modificaci\u00f3n de la cuota alimentaria, la funcionaria tuvo en cuenta las pruebas allegadas al proceso (\u2026); adem\u00e1s, la funcionaria analiz\u00f3 que los gastos del menor hab\u00edan variado y que la capacidad del alimentante, seg\u00fan los extractos bancarios, era de $5.300.000, con lo cual concluy\u00f3 que era procedente el aumento de la cuota y la fij\u00f3 en $800.000, pues en la actualidad era de $383.044, determinaci\u00f3n con la cual de ninguna manera se desmejoraron las condiciones del menor, sino que, por el contrario, se garantiza la satisfacci\u00f3n de sus necesidades, decisi\u00f3n con la cual puede discrepar la accionante, al no colmar todas sus aspiraciones, pero ello no constituye, per se, un agravio a sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante aseverando que como consecuencia de la modificaci\u00f3n dispuesta por el querellado, \u00abdej\u00f3 de recibir $1.200.000 mensuales a recibir solo $800.000) al impon\u00e9rsele la carga adicional de autorizar por la EPS los tratamientos y terapias que est\u00e1 llevando su hijo, [y que] e ni\u00f1o ha experimentado avances notables en su desarrollo gracias a la atenci\u00f3n m\u00e9dica y terapias previamente recibidas, [por lo que] no est\u00e1 dispuesta a permitir que este progreso se vea comprometido al iniciar un nuevo tratamiento m\u00e9dico con un profesional de la EPS, cuyos procedimientos pueden diferir en tiempo y enfoque del que ha demostrado ser efectivo [para el menor] y que el progenitor estaba asumiendo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia de la demandante, al no acceder a la \u00abaclaraci\u00f3n\u00bb del fallo proferido el 17 de abril de 2023 dentro del pleito alimentario radicado bajo el n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado, por regla general, que esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Por tanto, aunque los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento legal, el juez de tutela puede intervenir en esa funci\u00f3n, \u00absi se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada entre otras en STC13340-2023, 5 oct., rad. 00253-01). <\/p>\n
Con fundamento en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Sala revocar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada y en su lugar conceder\u00e1 el auxilio, en raz\u00f3n a que la agencia judicial accionada, al resolver la solicitud de \u00abaclaraci\u00f3n\u00bb elevada por la actora frente a la sentencia que defini\u00f3 el proceso de aumento de cuota alimentaria, incurri\u00f3 en yerro procedimental que amerita la injerencia del fallador excepcional a efectos de que sea corregido. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente se advierte que si bien la reclamante no plante\u00f3 la aclaraci\u00f3n del fallo en la misma audiencia en que se profiri\u00f3, sino mediante memorial posterior -el cual reiter\u00f3 en dos oportunidades-, la Corte obviar\u00e1 el requisito de la subsidiariedad del amparo, porque, como se analizar\u00e1, al omitir pronunciamiento claro y completo de aspectos frente a los cuales deb\u00eda hacerlo por imperativo legal y de cara a la realidad procesal, es evidente la transgresi\u00f3n de las prerrogativas superiores de los intereses del menor por quien la demandante y el Estado act\u00faan, por lo que se configura una de las relevantes situaciones que justifican la flexibilizaci\u00f3n de la subsidiariedad para abordar la procedencia del ruego tuitivo. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido que: \u00abla mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 13, ago. 2013, exp. 00093-01); del mismo, que: \u00abexisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u201cpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u201d, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, citada entre otras en STC4889-2023, 24 may., rad. 00127-02). <\/p>\n
3.2. A tono con lo antedicho, la Sala considera necesario reiterar que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento de los distintos juicios, debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Esto, porque se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
A tono con ello, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 44, establece que \u00ab[l]os derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n superior se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
Aunado a los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas para que al desarrollar programas y al asumir responsabilidades en asuntos de menores, tuvieran en cuenta sobre toda otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de \u00e9stos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991. <\/p>\n
Posteriormente esa directriz se incorpor\u00f3 en el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006, que en su art\u00edculo 8\u00ba prev\u00e9 que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. En similar sentido el art\u00edculo 9\u00ba, se\u00f1ala: \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y concluye indicando que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
3.3. Precisado lo anterior, cabe se\u00f1alar respecto de los soportes f\u00e1cticos, que la tasaci\u00f3n inicial de alimentos a favor del menor, se produjo mediante acuerdo conciliatorio alcanzado ante la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia el 19 de julio de 2021, quedando incluido el concepto de educaci\u00f3n dentro de la cuota fijada en \u00ab$300.000 mensuales\u00bb y con reajuste anual \u00aben el mismo porcentaje que se incremente el salario m\u00ednimo decretado por el Gobierno Nacional\u00bb; en salud, \u00abque lo que no cubra la entidad prestadora del servicio ser\u00e1 asumido en un 50% por cada padre, teniendo en cuenta los recibos de cuota moderadora, f\u00f3rmulas m\u00e9dicas y medicamentos que no est\u00e9n incluidos en el plan de salud\u00bb, y sobre vestuario, que \u00abanualmente -en julio y diciembre- [el padre] le aportar\u00e1 a su hijo dos (2) mudas completas de ropa (ropa interior, exterior, chaqueta y calzado), por un valor m\u00ednimo de $200.000 cada muda\u00bb. <\/p>\n
Con la demanda de aumento de alimentos cuyo proceso adelant\u00f3 el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, se pretend\u00eda establecer como nueva cuota mensual, la suma de \u00ab$900.000\u00bb; que el demandado se obligara \u00aba cubrir el 50% de los gastos escolares que devengue su hijo \u201cC\u201d, tanto los generados mensualmente, tales como pensi\u00f3n, alimentaci\u00f3n escolar y ruta; como los anuales correspondientes a matricula, uniformes, textos y \u00fatiles escolares\u00bb; igualmente, a \u00abcubrir el 50% gastos de salud que no cubra el POS, y de planes adicionales tales como p\u00f3liza m\u00e9dica, medicina prepagada o plan complementario de su hijo\u00bb, y a que \u00abentregue [para el ni\u00f1o] tres mudas de ropa al a\u00f1o las cuales se estiman en un valor de $350.000 cada una\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
En la sentencia proferida en audiencia del 17 de abril de 2023, la juzgadora de instancia resolvi\u00f3 \u00abaumentar la cuota alimentaria a favor del ni\u00f1o \u201cC\u201d, a la suma de $800.000\u00bb, indicando su reajuste anual \u00abde acuerdo al I.P.C., a partir del mes de enero de 2024\u00bb; en cuanto a \u00abeducaci\u00f3n\u00bb, dispuso \u00abordenar que el 50% de los gastos de educaci\u00f3n que se generan tales como matr\u00edcula, uniformes y \u00fatiles escolares, ser\u00e1n asumidos por el se\u00f1or \u201cN\u201d previa presentaci\u00f3n de las facturas correspondientes por parte de la progenitora del ni\u00f1o\u00bb; tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que \u00abel padre deber\u00e1 asumir el 50% de los gastos que se lleguen a ocasionar por concepto de salud requeridos [por el menor] que no llegue a cubrir la EPS, previa acreditaci\u00f3n [por parte de la progenitora] de la f\u00f3rmula m\u00e9dica y prescripci\u00f3n del m\u00e9dico especialista adscrito a la E.P.S., y los respectivos pagos (recibos)\u00bb, y \u00abmantener en los dem\u00e1s \u00edtems el acuerdo conciliatorio suscrito por las partes el 19 de julio de 2021 ante la Comisar\u00eda de Familia (\u2026) de \u201cX\u201d\u00bb. <\/p>\n
De cara a la anterior decisi\u00f3n, la demandante pidi\u00f3 \u00abaclarar qu\u00e9 conceptos abarca el 50% de los gastos de educaci\u00f3n; ya que el progenitor interpreta el fallo limitando \u00fanicamente los conceptos de \u201cmatr\u00edcula, uniformes y \u00fatiles escolares\u201d; percibiendo que la expresi\u00f3n \u201ctales como\u201d corresponde a una enunciaci\u00f3n taxativa de los gastos; sin tener en cuenta que siendo de esta manera se desmejorar\u00edan incluso las condiciones mensuales que se estaban aportando mensualmente previo a este fallo\u00bb, ello, por cuanto en su entendimiento, la manifestaci\u00f3n resaltada \u00abcorresponde a dar ejemplos, o mencionar algunos de los gastos sin que limite los conceptos \u00fanica y exclusivamente a \u201cmatr\u00edculas, uniformes y \u00fatiles escolares\u201d\u00bb. <\/p>\n
En respuesta a dicha solicitud, mediante auto del 28 de agosto de 2023, la funcionaria encartada se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abAtendiendo a lo solicitado por la apoderada judicial de la parte demandada, en memoriales visibles a folio 029, 030, 031, 032 y 034 del expediente digital, frente a la solicitud de aclaraci\u00f3n del acta de audiencia, llevada a cabo el pasado 17 de abril de 2023, en lo que respecta al \u00edtem de \u201cEDUCACI\u00d3N\u201d, el cual quedo transcrito de la siguiente manera: <\/p>\n
\u201cEDUCACI\u00d3N: Ordenar que el 50% de los gastos de educaci\u00f3n que se generan tales como matr\u00edcula, uniformes y \u00fatiles escolares, ser\u00e1n asumidos por el se\u00f1or \u201cN\u201d previa presentaci\u00f3n de las facturas correspondientes por parte de la progenitora del ni\u00f1o \u201cC\u201d, al padre.\u201d <\/p>\n
Escuchado el audio de la audiencia se indic\u00f3 lo siguiente frente al concepto del rubro por EDUCACI\u00d3N, se dijo textualmente: \u201c\u2026Igualmente deber\u00e1 asumir el 50% de los gastos de educaci\u00f3n que se generen como tales, como matr\u00edcula, \u00fatiles escolares y uniformes. Los cu\u00e1les ser\u00e1n asumidos por el se\u00f1or \u201cN\u201d, en un 50% previa presentaci\u00f3n de las facturas correspondientes por parte de la progenitora del ni\u00f1o \u201cC\u201d, al padre.\u201d <\/p>\n
En virtud a lo anterior, advierte el Despacho, que no hay lugar acceder a la solicitud de aclaraci\u00f3n, toda vez que no se presenta error en la forma mencionada en el audio, ni en el acta de la audiencia plasmada, debiendo estarse a lo ordenado en la sentencia adiada 17 de abril de 2023\u00bb. <\/p>\n
3.4. Con observancia en las circunstancias inicialmente analizadas, de la actuaci\u00f3n que acaba de verse, la afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales del ni\u00f1o, en particular al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, emergen porque lucen fundados los reparos que plante\u00f3 la demandante contra el fallo en cuesti\u00f3n, -sin que ello implique indicar el sentido de la decisi\u00f3n- dado que la juez cognoscente estaba llamada a decidir motivadamente acerca de la aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n, bien para acceder o para negar la inclusi\u00f3n de otros conceptos en la nueva tasaci\u00f3n de alimentos. <\/p>\n
Ciertamente, al haberse deprecado con la demanda el componente de educaci\u00f3n separado de la cuota mensual, para ser asignado en un 50% al padre, \u00abtanto los generados mensualmente, tales como pensi\u00f3n, alimentaci\u00f3n escolar y ruta; como los anuales correspondientes a matr\u00edcula, uniformes, textos y \u00fatiles escolares\u00bb, correspond\u00eda al juzgado definir expresamente si acced\u00eda o denegaba cada uno de los \u00edtem subrayados, y por consiguiente, exponer las razones para ello, en este caso, indicar por qu\u00e9 los conceptos contenidos en el primero de ellos, esto es, \u00abpensi\u00f3n, alimentaci\u00f3n escolar y ruta\u00bb, se exclu\u00edan de ser atribuidos para su pago en el porcentaje pretendido. <\/p>\n
En similar sentido, al confrontar la tasaci\u00f3n contenida en la conciliaci\u00f3n extrajudicial con la actual, la Sala observa que el accionado, luego de variar levemente lo atinente al concepto de \u00absalud\u00bb y el incremento anual de la cuota, -sobre lo cual no hubo reproche de la actora en la audiencia ni en sede de aclaraci\u00f3n-, en el numeral 3\u00b0 de la resolutiva dispuso \u00abMANTENER en los dem\u00e1s \u00edtems el acuerdo conciliatorio suscrito por las partes el 19 de julio de 2021 ante la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia (\u2026) de esta ciudad\u00bb, sin precisar si esa disposici\u00f3n respond\u00eda a la pretensi\u00f3n de que el demandado \u00abentregue a \u201cC\u201d tres mudas de ropa al a\u00f1o las cuales se estiman en un valor de $350.000 cada una\u00bb, ya que en el acuerdo conciliatorio se hab\u00eda se\u00f1alado que anualmente aportar\u00eda \u00abdos (2) mudas completas de ropa (ropa interior, exterior, chaqueta y calzado), por un valor m\u00ednimo de $200.000 cada muda\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, deb\u00eda aclararse si sobre las mudas de ropa, que seg\u00fan el acuerdo inicial correspond\u00edan a dos -una en junio y otra en diciembre de cada a\u00f1o-, el valor de estas se reajustaba con observancia en lo se\u00f1alado en el acta de 2021, es decir, \u00aben el mismo porcentaje que se incremente el salario m\u00ednimo decretado por el Gobierno Nacional\u00bb, o conforme al veredicto judicial que es \u00abde acuerdo al I.P.C., a partir del mes de enero de 2024\u00bb, aclar\u00e1ndose lo pertinente porque, en caso de corresponder a este \u00faltimo, tal disposici\u00f3n se plasm\u00f3 en el inciso final del numeral 2\u00b0 de la parte resolutiva, expresando que dicho reajuste se aplicar\u00eda respecto de \u00ablas sumas anteriormente se\u00f1aladas\u2026\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo descrito, la protecci\u00f3n iusfundamental invocada y por ende las \u00f3rdenes a impartir por esta Corte, se circunscribir\u00e1 a corregir lo resuelto en sede de aclaraci\u00f3n de la sentencia, al estimar que, mediante nuevo pronunciamiento en el sentido advertido en precedencia, se corregir\u00e1n las falencias ac\u00e1 advertidas. <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, el yerro procedimental surge en este asunto, porque la funcionaria accionada actu\u00f3 al margen del procedimiento establecido para resolver la controversia planteada, en especial, desconoci\u00f3 lo presupuestado en el art\u00edculo 285 del estatuto en comento, seg\u00fan el cual, \u00abLa sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunci\u00f3. Sin embargo, podr\u00e1 ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella\u00bb. Es m\u00e1s, tambi\u00e9n pudo acudir -oficiosamente- a la figura jur\u00eddica contenida en el canon 286, que faculta al juez para proferir sentencia complementaria cuando omite resolver \u00abpunto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento\u00bb, en este caso, aspectos relativos a pretensiones, sin perder de vista los medios exceptivos que oportunamente se propusieron. <\/p>\n
Sobre el advertido defecto gen\u00e9rico, es necesario recordar que en este evento se tipific\u00f3 en la modalidad de absoluto, dado que el juzgado no admiti\u00f3 la necesidad de emplear las figuras jur\u00eddicas de que tratan los art\u00edculos 281, 285 y 286 del C\u00f3digo General del Proceso, y so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, se apart\u00f3 de su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, en particular de la menor por quien act\u00faa la demandante -cuyos intereses gozan de prelaci\u00f3n por tratarse de una persona de especial protecci\u00f3n constitucional-, al no darle el debido alcance a las garant\u00edas contenidas en la normativa aplicable, afectando con ello las prerrogativas al debido proceso y acceso pronto, efectivo y eficaz a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Sobre tal desafuero, se ha sostenido que ri\u00f1e con el principio de prevalencia del derecho sustancial y desconoce la adecuada interpretaci\u00f3n de la norma adjetiva aplicable, ya que se incurre en \u00e9l cuando el juez procede a: \u00ab(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que para incursionar en el yerro en cuesti\u00f3n, el estrado acusado tambi\u00e9n soslay\u00f3 el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, que previene: \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del ni\u00f1o por quien act\u00faa la accionante. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin efecto el numeral 3\u00b0 del prove\u00eddo adiado el 28 de agosto de 2023, proferido por la Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d dentro del proceso de aumento de cuota alimentaria n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d, mediante el cual no se accedi\u00f3 a la solicitud de aclaraci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la titular del despacho convocado, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, se pronuncie de nuevo sobre la referida petici\u00f3n de \u00abaclaraci\u00f3n\u00bb, con observancia en lo explicado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo resuelto a las partes y al tribunal a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC12176-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12176-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77327","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77327","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77327"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77327\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77327"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77327"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77327"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}