STC12181-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12181-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04099-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Nidia Alejandra Rodr\u00edguez, contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y a \u00abla defensa\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad acusada, dentro del proceso verbal para declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho que Esperanza B\u00e1ez Parra promovi\u00f3 contra Jaime Alberto Parias Sampayo, asunto donde interviene como apoderada judicial de \u00e9ste. <\/p>\n
Por ende, pidi\u00f3 que se le ordene a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, \u00abdarle tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto conforme lo establecido en el numeral 1 del art. 322 del CGP.\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del referido juicio se accedi\u00f3 a las pretensiones mediante sentencia de 9 de diciembre de 2022 del Juzgado Primero de Familia de Yopal, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el extremo demandado. <\/p>\n
2.2. Remitido el expediente al superior, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 3 de febrero 2023 admiti\u00f3 la alzada y orden\u00f3 correr el traslado para sustentarla. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, con providencia del 10 de abril siguiente, se declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que la decisi\u00f3n del Tribunal la priv\u00f3 de la segunda instancia, pese a que fueron expuestos los motivos de disenso ante el juzgador de primer grado, lo que debi\u00f3 ser suficiente para dar v\u00eda al mecanismo, so pena de incurrirse en un exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n
1. La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal inform\u00f3 que el 10 de abril de 2023 declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n presentado por el extremo demandado contra la sentencia emitida dentro del proceso cuestionado, debido a que el mecanismo no fue sustentado en esa instancia, y pidi\u00f3 se niegue la protecci\u00f3n porque quien pide la protecci\u00f3n no es parte ni tercero con inter\u00e9s en el proceso criticado; no se interpuso el recurso de reposici\u00f3n contra la anotada decisi\u00f3n de deserci\u00f3n del mecanismo vertical; y en todo caso, la protecci\u00f3n incumple con el requisito de procedibilidad de la inmediatez, porque se pidi\u00f3 transcurridos m\u00e1s de 6 meses desde que fue proferida la decisi\u00f3n reprochada. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Sobre el alcance del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha considerado que <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C.C. T-878 de 2007). <\/p>\n
3. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la accionante Nidia Alejandra Rodr\u00edguez carece de legitimaci\u00f3n para controvertir por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio objeto de censura. <\/p>\n
En efecto, la promotora no ostenta la calidad de parte ni de interviniente en el tr\u00e1mite atacado, sin que el hecho de que sea el apoderado del demandado en el juicio declarativo criticado, la habilite para acudir directamente a la tutela ni para cuestionar las decisiones all\u00ed adoptadas. <\/p>\n
Es de advertirse que en el caso de que se hubiese proferido una decisi\u00f3n arbitraria o adelantado una actuaci\u00f3n que transgreda el debido proceso, son las partes las legitimadas para deprecar el resguardo, en tanto que: <\/p>\n
\u2026[quien] no es parte en el proceso\u2026 g\u00e9nesis de la queja constitucional y la circunstancia de fungir como mandatario judicial de un[o] de ell[o]s\u2026 no lo faculta para demandar en causa propia protecci\u00f3n constitucional, dado que la supuesta vulneraci\u00f3n afectar\u00eda a su representado y no a \u00e9l quien, se itera, no integra ninguno de los extremos procesales (CSJ STC, 2 mar. 2009, rad. 2008-01869-01). <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si el promotor no es sujeto procesal ni ha sido reconocido como tercero interesado dentro del juicio\u2026 donde solicita el amparo, pese a que el actor sea su poderdante y aqu\u00e9l alegue con vehemencia \u2018tener la facultad para recibir\u2019, le est\u00e1 vedado acudir a la presente herramienta constitucional a pedir protecci\u00f3n por el presunto cercenamiento de los derechos alegados, pues esa facultad est\u00e1 reservada solamente a los titulares, salvo en los casos de la agencia oficiosa\u2026 (Sentencia de 6 de marzo de 2012, exp. 76001-22-10-000-2012-00010-01). <\/p>\n
Y ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026los profesionales del derecho no se encuentran autorizados legalmente para alegar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas de las personas que representan en los procesos, sin que ostenten el respectivo poder especial para actuar. <\/p>\n
Por consiguiente, para que el apoderado judicial de una parte pueda promover una acci\u00f3n de tutela por vulneraci\u00f3n de derechos en el interior del asunto en que act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de ella, tiene necesariamente que satisfacer la prueba de la representaci\u00f3n que se le exige, en este caso espec\u00edfico, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, a saber: \u2018la acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos\u2019 (CSJ STC16132-2016, 8 nov. 2016, rad. 2016-00203-01). <\/p>\n
En reciente pronunciamiento, esta Sala de decisi\u00f3n lleg\u00f3 a las siguientes conclusiones sobre la tem\u00e1tica, <\/p>\n
\u2026La legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. <\/p>\n
\u2026Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
\u2026Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
\u2026Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
\u2026La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente (negrilla agregada) (CSJ STC10721-2023). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone negar la protecci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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