STC12187-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12187-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00351-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de septiembre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Pereira, la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo Regionales de Risaralda, la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Labores, la Procuradora General de la Naci\u00f3n, el Defensor del Pueblo, la Presidencia de la Rep\u00fablica de Colombia, Javier El\u00edas Arias, Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez, Cotty y Audifarma, as\u00ed como las partes e intervinientes en los procesos objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita en consecuencia que se le conceda amparo de pobreza para que \u00abse [l]e acepte [su] desistimiento de la renuente acci\u00f3n popular, ya que no [l]e da la gana de perder m\u00e1s tiempo y permitir se burlen de [s]u dignidad humana\u00bb. <\/p>\n
2. Para la definici\u00f3n del presente asunto, el accionante expuso que dentro de la acci\u00f3n popular correspondiente al radicado \u00ab66001 31 03 004 2022 00045 00\u00bb, el juzgado accionado se neg\u00f3 a terminarla por desistimiento, imponi\u00e9ndole la \u00abcarga excesiva\u00bb de vigilancia judicial, y en vez de ello, incumple el t\u00e9rmino para fallarla y lo prorroga en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abpese a ser contrario a derecho\u00bb, de ah\u00ed que pide se acceda a finiquitar el proceso, al ver afectada su salud mental, situaci\u00f3n frente a la cual, sostiene, la Procuradora General de la Naci\u00f3n, ni el Defensor del Pueblo han intervenido mediante la presentaci\u00f3n de acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a su nombre. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Audifarma S.A. y el Municipio de Pereira pidieron en escritos separados su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, aquella por no ser parte dentro de la acci\u00f3n popular cuestionada y \u00e9sta porque no fue accionada en este escenario. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, luego de explicar los motivos por los cuales est\u00e1 tardando en emitir decisiones dentro de los procesos a su cargo y las medidas que se han tomado al respecto, precis\u00f3 que ha resuelto las solicitudes del gestor. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que no promovi\u00f3 la acci\u00f3n constitucional criticada y que no tiene facultad de tomar decisiones dentro de la misma. <\/p>\n
4. La Personer\u00eda de Pereira indic\u00f3 que no intervino dentro de la actuaci\u00f3n reprochada por lo cual pidi\u00f3 ser apartada del asunto del ep\u00edgrafe. <\/p>\n
5. La Presidencia de la Rep\u00fablica consider\u00f3 improcedente la solicitud de protecci\u00f3n en su contra, porque no interfiere en las decisiones judiciales. <\/p>\n
6. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n precis\u00f3 que le corresponde al juez el impulso y decisi\u00f3n de fondo de las acciones populares y que le corresponde al gestor solicitar a la Defensor\u00eda del Pueblo la designaci\u00f3n de un profesional del derecho para presentar la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, siempre que cumpla con los requisitos para ello. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 el resguardo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la tutela, tras evidenciar que en el decurso criticado el promotor omiti\u00f3 recurrir en reposici\u00f3n los autos de 10 de octubre y 3 de noviembre de 2022, con que el juzgado accionado le neg\u00f3 su solicitud de terminar el proceso por desistimiento. <\/p>\n
As\u00ed mismo, neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada frente a la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, por la \u00abinexistencia de los hechos imputados\u00bb, al no haber probado el actor que le reclam\u00f3 a esas autoridades le brindaran asesor\u00eda jur\u00eddica. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor, sin especificar el motivo de su descontento. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De entrada advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n tomada por el a quo constitucional, comoquiera que seg\u00fan se constata del an\u00e1lisis del expediente del proceso cuestionado, se vislumbra que el accionante desaprovech\u00f3 el mecanismo de defensa con que cont\u00f3. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira se manifest\u00f3 dentro del proceso cuestionado frente a la solicitud del gestor de desistir de la acci\u00f3n popular correspondiente al radicado 66001310300420220004500, y la neg\u00f3 con prove\u00eddos de 10 de octubre y 3 de noviembre de 2022, y contra esas decisiones el actor omiti\u00f3 interponer el recurso de reposici\u00f3n, con lo cual desaprovech\u00f3 la oportunidad para discutir lo decidido en los prove\u00eddos en comento. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando se desaprovechan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
3. Finalmente, debido a la residualidad y subsidiariedad que caracterizan al amparo, no resulta procedente analizar si la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n o la Defensor\u00eda del Pueblo omitieron brindarle al gestor asesor\u00eda jur\u00eddica para presentar acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a su nombre, pues no se observa que \u00e9ste les haya elevado previamente alguna solicitud al respecto. <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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