STC12189-2023<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC12189-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2023-00184-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 29 de agosto de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Herminzul Narv\u00e1ez Su\u00e1rez, contra los Juzgados Segundo Promiscuo del Circuito de la Plata y \u00danico Promiscuo Municipal de Paicol, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de nulidad de contrato con radicado N\u00ba 2022-00033, antes 2018-00161. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Explic\u00f3 que en la demanda se indic\u00f3 que Alicia Narv\u00e1ez Suarez, quien reside hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os en Holanda, otorg\u00f3 un mandato verbal a sus hermanos all\u00ed demandados, para que negociaran los predios, recibieran el dinero que ella les envi\u00f3 y pagaran su precio, no obstante, estos actuaron como si fueran los verdaderos compradores y suscribieron en tal calidad las escrituras p\u00fablicas de compraventa que luego registraron. Por su parte, los vendedores de los inmuebles alegaron que los demandados les \u00abhicieron creer\u00bb que estaban facultados para firmar en nombre de la se\u00f1ora Narv\u00e1ez Suarez. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que notificados los demandados, formularon reposici\u00f3n contra el auto admisorio y, alegaron \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n o competencia, ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones, la falta de juramento estimatorio, prescripci\u00f3n y caducidad, hab\u00e9rsele dado a la demanda un tr\u00e1mite diferente al que corresponde (\u2026) falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y pasiva (\u2026) y prescripci\u00f3n extintiva\u00bb, que neg\u00f3 el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Tesalia en auto de 19 de febrero de 2021. <\/p>\n
Sostuvo que posteriormente, propusieron como defensas previas las mencionadas y adem\u00e1s reclamaron que se profiriera sentencia anticipada, no obstante, el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Paicol -al que se remiti\u00f3 el proceso por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso- en providencia de 10 de agosto de 2022 dispuso estarse al auto anterior y se pronunci\u00f3 negativamente frente a las excepciones de \u00abhab\u00e9rsele dado a la demanda el tr\u00e1mite de un proceso diferente al que corresponde\u00bb y \u00abcarencia de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en oportunidad, formularon como excepciones de m\u00e9rito las de \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria del derecho de dominio, inexistencia del error y el dolo, ratificaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos y vencimiento del t\u00e9rmino para interponer la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n\u00bb, que en sentencia de 22 de septiembre de 2022 declar\u00f3 no probadas el Juzgado de conocimiento y, adem\u00e1s, accedi\u00f3 a las pretensiones de los demandantes, declar\u00f3 la nulidad relativa de las compraventas realizadas sobre los siete (7) inmuebles al configurarse el \u00abdolo como vicio del consentimiento\u00bb en los negocios cuestionados, dispuso \u00abque las cosas y las personas vuelvan al estado en que se encontraban antes\u00bb de los contratos y, determin\u00f3 oficiar a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de La Plata -Huila- para que cancelara las anotaciones relativas a las compraventas anuladas, as\u00ed como las inscripciones sobre las transferencias de propiedad, grav\u00e1menes y limitaciones al dominio efectuados con posterioridad. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, apelada esa providencia por los demandados, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata la confirm\u00f3. <\/p>\n
Consider\u00f3 que, los funcionarios accionados vulneraron los derechos que reclam\u00f3, porque, i) al proceso se le imparti\u00f3 un tr\u00e1mite diferente del que correspond\u00eda, pues se acomodaron las pretensiones a la \u00abnulidad relativa\u00bb, cuando los demandantes pidieron \u00abnulidad absoluta\u00bb, ii) desconocieron la jurisprudencia de esta Sala \u2013SC279-2021-, puesto que la \u00abacci\u00f3n de rescisi\u00f3n\u00bb que en su criterio fue la interpusieron los demandantes, solo tiene cuatro (4) a\u00f1os para ser formulada y ese t\u00e9rmino se cuenta desde la inscripci\u00f3n de los contratos de compraventa en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, lo que en el caso ocurri\u00f3 en los a\u00f1os 2013 y 2014, por lo tanto como la demanda se formul\u00f3 en el 2018, seg\u00fan anot\u00f3, se configur\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n y caducidad\u00bb de la acci\u00f3n e iii) inobservaron que acredit\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva sobre los inmuebles materia de los contratos, toda vez que \u00abdesde la firma de los contratos de compraventa, (\u2026) los compradores ahora demandados, comenzaron a ejercer actos de posesi\u00f3n de dichos inmuebles y hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, estos han ejercido actos de se\u00f1or y due\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar \u00aba los accionados corregir los yerros presentados en las sentencias de segunda y primera instancia, que, en un t\u00e9rmino perentorio de 48 horas, cesen la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales a: HERMINZUL NARV\u00c1EZ SU\u00c1REZ, y dem\u00e1s derechos que se llegaran a considerar por el Juez de Tutela; para que se declare la prosperidad de las exceptivas presentadas por el demandado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Paicol, relat\u00f3 los antecedentes del proceso y se\u00f1al\u00f3 que la sentencia de 22 de septiembre de 2022 la confirm\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata el 2 de agosto de 2023. Advirti\u00f3 igualmente la improcedencia del amparo, porque no vulner\u00f3 los derechos del accionante, porque de las pruebas obrantes en el asunto concluy\u00f3 la procedencia de las pretensiones formuladas. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata, expres\u00f3 que en audiencia de 2 de agosto de 2023 dict\u00f3 sentencia en segunda instancia en el proceso controvertido, en la que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, y destac\u00f3 el fracaso de este amparo porque no puede ser utilizado como una tercera instancia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Neiva, neg\u00f3 el amparo porque no advirti\u00f3 arbitrariedad en las decisiones de los Juzgados accionados, puesto que las mismas \u00abse encuentran ampliamente sustentadas no solo en el an\u00e1lisis concienzudo y razonado de todos los medios probatorios recaudados y respaldada en las normas generales y procesales aplicables al objeto de la litis y en la jurisprudencia dictada por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en la especialidad civil, ya que (\u2026) no solo se cit\u00f3 in extenso el precedente judicial presuntamente desconocido, sino que el mismo se tuvo en cuenta en la resoluci\u00f3n de los problemas jur\u00eddicos planteados por los despachos judiciales denunciados, de ah\u00ed que se deniegue el amparo deprecado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales. <\/p>\n
Solo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
Para la procedencia de amparos como el presente, deben observarse las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales, entre \u00e9stas, \u00abque la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela\u00bb (CSJ. STC075-2022). <\/p>\n
A las anteriores, deben sumarse las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, las cuales, seg\u00fan la doctrina de esta Corte, siguiendo la l\u00ednea de la Corte Constitucional, se contraen en los defectos o vicios: org\u00e1nico, procedimental absoluto, f\u00e1ctico, material o sustantivo, error inducido, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente, y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n1, los cuales se presentan cuando, <\/p>\n
i) Defecto org\u00e1nico, (\u2026) el funcionario judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. <\/p>\n
ii) Defecto procedimental absoluto, (\u2026) se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. <\/p>\n
iii) Defecto f\u00e1ctico, (\u2026) surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. <\/p>\n
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n. <\/p>\n
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. <\/p>\n
vi) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. <\/p>\n
vii) Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. <\/p>\n
viii) Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb (C.C. T-522 de 2001, reiterada en CSJ, STP-109764 de 24 de marzo de 2020) (subraya fuera de texto). <\/p>\n
2. La queja constitucional. <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Herminzul Narv\u00e1ez Su\u00e1rez censura directamente las sentencias proferidas en el proceso verbal de radicado N\u00ba 2018-00161, pues afirma que no debi\u00f3 accederse a las pretensiones formuladas por su hermana Alicia Narv\u00e1ez Su\u00e1rez y otros, dirigidas a la nulidad de siete contratos de compraventa, porque, en su criterio, se hab\u00edan configurado las excepciones que plante\u00f3, relacionadas con la \u00abprescripci\u00f3n y caducidad de la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb sobre los inmuebles materia del litigio e \u00abindebido tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
3. Situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante del proceso cuestionado. <\/p>\n
Con el prop\u00f3sito de decidir el presente asunto, resulta necesario indicar las siguientes circunstancias f\u00e1cticas acaecidas en el proceso cuestionado, <\/p>\n
– Alicia Narv\u00e1ez Su\u00e1rez, Ismael Illera, Mar\u00eda Marleny Ramos, Carmen Teresa Vargas Cabrera, Aurelio S\u00e1nchez Barreto, Orlando Silva Pi\u00f1a, Flor Alba Valderrama Guerrero, Reinaldo Cu\u00e9llar Andrade, Mar\u00eda Teresa Ochoa de Cu\u00e9llar, Ayiber Castillo Andrade, Dilmer Perdomo Trujillo, Silvia Patricia Trujillo y Jos\u00e9 Miguel Correa Medina demandaron a Farid Narv\u00e1ez Su\u00e1rez, Herminzul Narv\u00e1ez Su\u00e1rez y Nancy Lopera de La Cruz, pretendiendo que se declarara \u00abla nulidad absoluta\u00bb de siete (7) contratos de compraventa celebrados mediante las escrituras p\u00fablicas N\u00ba 114 de 16 de abril de 2009, 411 de 30 de agosto, 412 de 31 de agosto, 420 de 7 de septiembre, 435 de 14 de septiembre, 516 de 18 de octubre y 523 de 19 de octubre del 2013, de la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Tesalia \u2013Huila-, respecto de nueve (9) inmuebles identificados con los No. 204-16725, 20432522, 204-32523, 204-32502, 204-32539, 204-32540, 204-32525, 204-32531 y 204-32514, ubicados en esa localidad, toda vez que, seg\u00fan relataron, en esos negocios se presentaron \u00abvicios del consentimiento de error y dolo\u00bb, pues los vendedores demandantes quisieron transferirle sus propiedades a Alicia Narv\u00e1ez Su\u00e1rez, pero debido a los \u00abenga\u00f1os\u00bb de Farid y Herminzul Narv\u00e1ez Su\u00e1rez -hermanos de aqu\u00e9lla-, terminaron transfiri\u00e9ndole algunos bienes al segundo y otros a la esposa de \u00e9ste, Nancy Lopera de La Cruz. <\/p>\n
– El Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Tesalia, en providencia de 13 de diciembre de 2018, admiti\u00f3 \u00abla demanda de nulidad absoluta por vicios del consentimiento\u00bb y dispuso impartirle a la misma el tr\u00e1mite del procedimiento establecido en el art\u00edculo 408 y siguientes del entonces vigente C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
– Adelantadas las etapas correspondientes y enviadas las diligencias por p\u00e9rdida de competencia \u2013art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso- al Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Paicol, en auto de 10 de agosto de 2022 desestim\u00f3 la solicitud de los demandados de proferir sentencia anticipada, sustentada, en i) el \u00abindebido tr\u00e1mite\u00bb impartido a la demanda, puesto que, en su sentir, se demand\u00f3 una nulidad absoluta por vicios en el consentimiento y esto respond\u00eda a una relativa y, ii) la falta de legitimaci\u00f3n por activa de la demandante Alicia Narv\u00e1ez Su\u00e1rez, toda vez que no hizo parte de los contratos, y por pasiva de Farid Narv\u00e1ez Su\u00e1rez, porque a \u00e9l no se le transfirieron los bienes materia de los contratos reprochados. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n la adopt\u00f3 con apoyo en que, frente a lo primero, \u00abla denominaci\u00f3n que la parte actora le d\u00e9 al asunto en su demanda, incluso la pretensi\u00f3n misma, no debe tomarse como anomal\u00eda para solicitar el rechazo de la demanda, porque (\u2026) no es un requisito de \u00e9sta, adem\u00e1s, porque existe la facultad para el juez de adecuar la demanda al tr\u00e1mite que legalmente corresponda (Art. 90 del CGP) y en el presente caso cualquiera que sea la nulidad que se pretende sea declarada de los contratos objeto de la demanda, se debe tramitar como se dijo, bajo el proceso verbal contemplado en el Art. 368 y ss, del CGP, tal como fue dispuesto en el auto admisorio de la presente demanda\u00bb; adem\u00e1s, advirti\u00f3 que, \u00aben el momento de decidir de fondo la pretensi\u00f3n formulada en la demanda, se deber\u00e1 analizar cada figura en particular en lo que respecta a la clase de nulidad, aspecto que (\u2026) no corresponde a lo que busca la excepci\u00f3n previa contenida en el numeral 7 del Art. 100 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto a lo segundo, advirti\u00f3, \u00abEl presente asunto de forma general gira en torno y comprende un mandato que supuestamente confiri\u00f3 la demandante ALICIA NARV\u00c1EZ SU\u00c1REZ a sus hermanos FARID y HERMINZUL NARV\u00c1EZ SU\u00c1REZ para la compra de unos terrenos (\u2026) igualmente los parceleros vendedores manifiestan haber sido enga\u00f1ados en su consentimiento pues la venta no ten\u00eda como comprador al demandado HERMINZUL NARV\u00c1EZ SU\u00c1REZ. Por el otro lado, los demandados participaron en la negociaci\u00f3n de los predios y en lo que tiene que ver con las pretensiones de la demanda, se les puede extender los efectos de la misma. Cada una de estas relaciones y situaciones de los extremos de la litis, fue confirmada en los interrogatorios de parte\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que la nulidad absoluta se \u00abextiende a todo el que tenga inter\u00e9s v\u00e1lido y serio en ello, aspecto que ha quedado comprobado en cuanto a los extremos de la litis en este asunto\u00bb; adem\u00e1s, anot\u00f3 que en \u00abel extremo por pasiva y a\u00fan por activa, las partes en este proceso se convierten en litisconsortes necesarios, pues hacen parte de la relaci\u00f3n jur\u00eddica que produjeron la celebraci\u00f3n de los contratos de compraventa e intervinieron en dichos actos, como lo indica el Art. 61 del CGP\u00bb. <\/p>\n
– Agotadas las etapas correspondientes, el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Paicol profiri\u00f3 sentencia el 22 de septiembre de 2022, en la que accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, declar\u00f3 la nulidad relativa de los contratos cuestionados y dispuso \u00abque las cosas y las personas vuelvan al estado en el que se encontraban antes de celebrar\u00bb los negocios. <\/p>\n
Se destaca que, en cuanto a la acci\u00f3n propuesta, el Juzgado mencionado en el fallo, advirti\u00f3 que correspond\u00eda efectuar una \u00abadecuaci\u00f3n y concreci\u00f3n, (\u2026) esto por cuanto la nulidad absoluta no se origina por la ocurrencia o existencia de un consentimiento viciado\u00bb y, en consecuencia, determin\u00f3 que, \u00abconforme a una interpretaci\u00f3n contextualizada de la demanda, lo indicado en las pretensiones, igualmente lo determinado por los hechos que motivan las mismas y de conformidad a lo indicado por la Corte Suprema de Justicia, en el presente asunto debe entenderse que lo pretendido es la nulidad relativa de los contratos de compraventa objeto de la Litis y en ese sentido se entrar\u00e1 a analizar las pruebas y decidir esta controversia\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, sostuvo que se absten\u00eda de pronunciarse en punto a la legitimaci\u00f3n en la causa tanto por activa como por pasiva, porque tal cuesti\u00f3n hab\u00eda quedado resuelta al desatarse \u00abel recurso de reposici\u00f3n frente al auto admisorio de la demanda, as\u00ed mismo [en] la providencia que decidi\u00f3 las excepciones previas\u00bb el 10 de agosto de 2022. <\/p>\n
4. La providencia censurada. <\/p>\n
4.1 Como antes se advirti\u00f3, la queja del accionante se dirige contra las sentencias proferidas en el proceso promovido en su contra, por lo que corresponde entonces examinar el fallo proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata en audiencia de 2 de agosto de 2023, mediante el cual confirm\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, el de primera instancia, toda vez que, con esa providencia se dirimi\u00f3 de manera definitiva, el debate aqu\u00ed planteado. <\/p>\n
4.2 Escuchada la citada audiencia, se advierte que el Juzgado del Circuito mencionado, tras atender las alegaciones de las partes, efectu\u00f3 un recuento de lo ocurrido en el proceso y refiri\u00f3 los argumentos de la apelaci\u00f3n propuesta por los demandados, -fundamentados en alegaciones similares a las expresadas en este amparo-. <\/p>\n
Particularmente, se resalta que frente a los asuntos que aqu\u00ed controvierte el accionante, esto es, que en su criterio se vulneraron sus derechos porque no se tuvieron por demostradas las tres excepciones atr\u00e1s mencionadas para, en consecuencia, negar las pretensiones de la demanda, el Juzgador de segunda instancia advirti\u00f3 que compart\u00eda el an\u00e1lisis probatorio efectuado por el juez a quo, en cuanto concluy\u00f3 que, conforme a las pruebas, se encontraba demostrado que los demandantes vendedores de los predios suscribieron las escrituras de compraventa porque los se\u00f1ores Herminzul y Farid Narv\u00e1ez Su\u00e1rez los mantuvieron en error, esto es, no les informaron el prop\u00f3sito por el que figurar\u00edan Herminzul y su esposa -Nancy Lopera de La Cruz- como compradores de los predios en las escrituras p\u00fablicas que son objeto de solicitud de nulidad, incluso, \u00ablo hicieron pensando en que al final las escrituras iban a quedar a favor de Alicia, animados por la confianza y el hecho de tratarse de hermanos de la persona que les pag\u00f3 los predios\u00bb, lo que no fue materia de la apelaci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00e9sta se fundament\u00f3, concretamente, en la valoraci\u00f3n de las pruebas realizada para determinar lo relativo a la \u00abprescripci\u00f3n y caducidad\u00bb de la \u00abacci\u00f3n de rescisi\u00f3n\u00bb, en donde aleg\u00f3 el recurrente, que no era cre\u00edble la versi\u00f3n en cuanto a que la demandante Alicia Narv\u00e1ez solo tuvo conocimiento de los negocios jur\u00eddicos en el a\u00f1o 2017 porque, ella estuvo en comunicaci\u00f3n constante con los vendedores desde la fecha en la que se hicieron las negociaciones de los predios los a\u00f1os 2008 y 2009, para algunos de los negocios, pero que, en todo caso, el t\u00e9rmino de 4 a\u00f1os establecido en el art\u00edculo 1750 del C\u00f3digo Civil se encontraba vencido para la \u00e9poca de la interposici\u00f3n de la demanda, si se ten\u00eda en cuenta la fecha de suscripci\u00f3n de las escrituras y el momento en el que se registraron en el folio de matr\u00edcula de los inmuebles. <\/p>\n
Sobre lo anterior, el ad quem indic\u00f3 que, si bien las compraventas se hicieron en agosto, septiembre y octubre de 2013 y la demanda se present\u00f3 hasta el 20 de septiembre de 2018, existieron circunstancias especiales que le impidieron a la se\u00f1ora Alicia Narv\u00e1ez Suarez ejercer la acci\u00f3n antes, y entre ellas destac\u00f3, el desconocimiento de la suscripci\u00f3n de las escrituras que ella pag\u00f3 pero que quedaron a nombre de sus hermanos y cu\u00f1ada. <\/p>\n
Lo preliminar, no solo porque ella afirm\u00f3 en su interrogatorio que tal conocimiento solo lo tuvo en el a\u00f1o 2017, sino porque de acuerdo con otros testimonios recibidos, entre \u00e9stos, el de Hernando Narv\u00e1ez Su\u00e1rez, -otro de los hermanos de los implicados-, quien indic\u00f3 que Alicia s\u00f3lo supo de lo ocurrido cuando en 2017 pidi\u00f3 que se le entregaran los bienes comprados, adem\u00e1s, el mayordomo de uno de los predios igualmente dio cuenta de lo mismo, esto es, de la falta de conocimiento de Alicia Narv\u00e1ez sobre lo sucedido antes de 2017, y ninguna otra prueba demostr\u00f3 que hubiera tenido conocimiento de lo sucedido antes, adem\u00e1s que estaba acreditado que resid\u00eda en otro pa\u00eds y que, los hermanos ahora demandados quienes la \u00abmantuvieron en el error\u00bb, eran las personas que manejaban sus negocios en Colombia \u00abpor lo que es factible entender que desconociera de la suscripci\u00f3n de esas escrituras\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que, a los vendedores de los predios pagados por Alicia, se les enter\u00f3 en todo momento, que Herminzul y Farid Narv\u00e1ez Su\u00e1rez actuaban por encargo de Alicia, lo que les facilit\u00f3 a los demandados mantener en error a los vendedores y firmar las escrituras a su favor, porque les indicaron que los predios pasar\u00edan Alicia y estaban facultados para firmar en nombre de ella. <\/p>\n
Explic\u00f3 que si bien la parte demandada afirm\u00f3 que el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 1750 del C\u00f3digo Civil para formular la \u00abacci\u00f3n de rescisi\u00f3n por nulidad relativa\u00bb, esto es, los 4 a\u00f1os en caso de error o dolo, debe contarse desde la celebraci\u00f3n del acto o contrato, por lo que debi\u00f3 declararse la \u00abprescripci\u00f3n y caducidad\u00bb de la acci\u00f3n de acuerdo con la postura de esta Sala, contenida en la sentencia SC279 de 15 de febrero de 2021, esa interpretaci\u00f3n debe operar teniendo en cuenta las circunstancias de quien se encuentra bajo enga\u00f1o, incluso con posterioridad a la inscripci\u00f3n del acto y, para el caso, estaba suficientemente demostrado que ese conocimiento tuvo lugar en el 2017 para Alicia Narv\u00e1ez Su\u00e1rez, \u00abno existiendo prueba con anterioridad al a\u00f1o 2017 respecto a la suscripci\u00f3n de las escrituras a favor de los demandados o demostrado que \u00e9stos lo hubieran comunicado sobre la suscripci\u00f3n de las escrituras a los demandantes, en su verdadero sentido y consecuencias, debemos entender que el 2017 es la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo para que pudiera alegarse por los demandantes la nulidad y desde ese a\u00f1o y hasta la presentaci\u00f3n de la demanda, no transcurrieron 4 a\u00f1os, pues la misma fue radicada el 20 de setiembre de 2018\u00bb, y de todo lo anterior concluy\u00f3, que no estaba probado el \u00abvencimiento del t\u00e9rmino para interponer la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n\u00bb, alegado como excepci\u00f3n. <\/p>\n
Posteriormente, en cuanto a la prescripci\u00f3n adquisitiva que los recurrentes alegaron en relaci\u00f3n con los inmuebles objeto de las compraventas demandadas, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata, anot\u00f3 que \u00e9stos alegaban la posesi\u00f3n de los predios desde cuando se suscribieron las escrituras p\u00fablicas atacadas y su posterior registro y, adem\u00e1s pretendieron que se adicionara la posesi\u00f3n que antes exhib\u00edan los vendedores. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, luego de se\u00f1alar que el art\u00edculo 2512 del C\u00f3digo Civil determina que la prescripci\u00f3n es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos por haberse pose\u00eddo las cosas y no haber ejercido las acciones y el canon 2527 \u00eddem indica que la prescripci\u00f3n puede ser ordinaria o extraordinaria, explic\u00f3 que los demandados pretend\u00edan la ordinaria sustentada en justo t\u00edtulo, sin embargo, advirti\u00f3 que no pod\u00eda aceptarse tal alegaci\u00f3n porque se hab\u00eda demostrado el \u00aberror en cuanto a las personas y el dolo acaecido\u00bb en los negocios materia del proceso. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, entonces, que la posesi\u00f3n se erig\u00eda como un requisito para la aplicaci\u00f3n de la figura pretendida, conforme al art\u00edculo 762 ib\u00eddem, no obstante, \u00abacudiendo a la situaci\u00f3n en concreto, se encuentra que se ha admitido por parte de Herminzul el hecho de que los predios objeto de prescripci\u00f3n que adujo fueron adquiridos con dineros de y para Alicia, que con ella estableci\u00f3 un mandato donde Herminzul se encargaba de negociar los predios (\u2026), recibir el dinero enviado por ella y pagar a los vendedores y administrar los predios que estuvo administrando desde el 2008 aproximadamente hasta el 2017\u00bb. <\/p>\n
De lo que concluy\u00f3, que lo anterior imped\u00eda tener al demandado y aqu\u00ed accionante como poseedor, porque el mismo se reconoci\u00f3 como un mero tenedor al advertir su calidad de administrador e, incluso, si pudiera pensarse en una rebeld\u00eda, esta s\u00f3lo se hab\u00eda dado hasta el a\u00f1o 2017, de donde se infer\u00eda que no se cumpl\u00edan los presupuestos para aplicar la rese\u00f1ada figura. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que varios de los testigos declararon que Herminzul Narv\u00e1ez era apenas un trabajador o administrador de los bienes comprados por Alicia y, en cuanto a la actividad de Nancy Lopera de Cruz advirti\u00f3, <\/p>\n
\u00abes todav\u00eda m\u00e1s rara la situaci\u00f3n [pues] (\u2026) la misma nunca ejerci\u00f3 posesi\u00f3n en principio, sobre la misma se ha se\u00f1alado que la compraventa que la misma suscribi\u00f3 para poder servirse mutuamente con su esposo como fiadores y lograr obtener cr\u00e9ditos ante las entidades bancarias, es decir, era una mera ficci\u00f3n, igualmente, se tiene probado que la se\u00f1ora nunca realiz\u00f3 actos de posesi\u00f3n, as\u00ed se dej\u00f3 en claro con el testigo \u00c1lvaro Andrade Vargas \u2013mayordomo- cuando dijo nunca haber visto a Nancy disponer de los lotes. Por esas razones se establece que la parte demandada no prob\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva del derecho de dominio y en esos t\u00e9rminos, no prospera\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sobre lo alegado por el recurrente, en cuanto al \u00abindebido tr\u00e1mite\u00bb impartido a la demanda y por tanto, la vulneraci\u00f3n al \u00abprincipio de congruencia\u00bb, al no demandarse la nulidad relativa sino absoluta, y la imposibilidad de decretar la primera si no se reclama expresamente, el Juzgador ad quem accionado manifest\u00f3 que si bien el art\u00edculo 1743 del C\u00f3digo Civil, indica que la nulidad relativa no puede ser declarada por el juez, sino a petici\u00f3n de parte, como lo anot\u00f3 el a quo, al contextualizar todas las pretensiones de los demandantes, pod\u00eda llegarse a la conclusi\u00f3n \u00abconforme a la lectura de los hechos, que lo que motiva la solicitud de nulidad de los contratos de compraventa es un vicio del consentimiento por lo que el despacho debe interpretar que se trata de nulidad relativa y no de la nulidad absoluta, pues la nulidad relativa es la \u00fanica que posibilita la circunstancia del vicio referido, es decir, lo referente al error y al dolo\u00bb. <\/p>\n
Adujo que esa interpretaci\u00f3n estaba acorde con la postura de la Corte Suprema de Justicia, en distintas sentencias, en especial la SC775-2021, que indica que la demanda debe ser id\u00f3nea desde el punto de vista formal, expresar con precisi\u00f3n y claridad aquello que se pretenda, por lo que es deber de los jueces desentra\u00f1ar lo que verdaderamente se quiere y all\u00ed se activa el deber interpretativo del fallador a efectos de proferir sentencia de m\u00e9rito, seg\u00fan las pretensiones inferidas del escrito, y agreg\u00f3, \u00abUna demanda debe interpretarse siempre en conjunto porque la intenci\u00f3n del actor est\u00e1 muchas veces contenida no solo en la parte petitoria, sino en los fundamentos de hecho y de derecho, no existe en nuestra legislaci\u00f3n procedimental un sistema r\u00edgido o sacramental que obligue al demandante a se\u00f1alar, en determinada parte de la demanda, con f\u00f3rmulas especiales su intenci\u00f3n, sino que basta que ella aparezca de una manera directa o expresa ya por una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica en todo el conjunto de la demanda\u00bb, por lo anterior, insisti\u00f3 en que no se configuraba ninguna irregularidad al haberse interpretado la demanda y proferirse la sentencia conforme a lo realmente pretendido por la parte demandante, pues el a quo no sustituy\u00f3 ni alter\u00f3 el escrito inicial, sino que comprendi\u00f3 el alcance real de las peticiones. <\/p>\n
5. De la vulneraci\u00f3n evidenciada. <\/p>\n
Analizadas las anteriores consideraciones, advierte la Corte que, si bien no se observa desafuero en los razonamientos del ad quem reprochado, en cuanto confirm\u00f3 la negativa frente a las excepciones que el aqu\u00ed actor denomin\u00f3 \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb sobre los inmuebles materia del litigio e \u00abindebido tr\u00e1mite\u00bb, porque, en realidad, no pod\u00edan acogerse, se advierte una irregularidad sustantiva y trascendente en su argumentaci\u00f3n, por cuanto i) omiti\u00f3 pronunciarse sobre la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y activa en el proceso, pese de tratarse de un presupuesto indispensable de cara a la acci\u00f3n propuesta y, ii) porque no son de recibo los motivos que ese fallador adujo para despachar negativamente la defensa de \u00abvencimiento del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n y caducidad de la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n\u00bb que aleg\u00f3 el actor con sustento en lo establecido en el art\u00edculo 1750 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
5.1 Sobre la legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
Corresponde tener presente, que la prosperidad de la pretensi\u00f3n depende, entre otros requisitos, seg\u00fan la jurisprudencia de esta Sala, que \u00abse haga valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda, y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser reclamado (\u2026). Si el demandante no es titular del derecho que reclama o el demandado no es persona obligada, el fallo ha de ser adverso a la pretensi\u00f3n de aqu\u00e9l, como acontece cuando reivindica quien no es el due\u00f1o o cuando \u00e9ste demanda a quien no es poseedor\u00bb (CSJ. SC de 14 Ago. 1995, Rad. 4628, reiterado en SC de 26 Jul. 2013, Rad. 2004-00263-01 y en STC9111-2019). (Subraya fuera de texto) <\/p>\n
Asimismo, la Sala, sobre la legitimaci\u00f3n en la causa ha sostenido que \u00e9sta corresponde a \u00abla identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n pasiva)\u00bb (G.J. CCXXXVII, v1, n.\u00b0 2476, p\u00e1g. 486 y G.J. LXXXI, n.\u00b0 2157-2158, p\u00e1g. 48), frente a lo que tambi\u00e9n se ha se\u00f1alado que \u00abel acceso a la administraci\u00f3n de justicia como garant\u00eda de orden superior (art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), para su plena realizaci\u00f3n, requiere que quien reclama la protecci\u00f3n de un derecho sea su titular, ya sea que se pida a t\u00edtulo personal o por sus representantes, pues, no se trata de una facultad ilimitada. Ese condicionamiento, precisamente, es el que legitima para accionar y, de faltar, el resultado solo puede ser adverso, sin siquiera analizar a profundidad los puntos en discusi\u00f3n\u00bb (CSJ, SC de 1\u00ba Jul. 2008, Rad. 2001-06291-01 y SC14658, 23 Oct. 2015, entre otras). <\/p>\n
De igual modo, se reiter\u00f3 que \u00abla legitimaci\u00f3n en la causa es cuesti\u00f3n propia del derecho sustancial y no del procesal, en cuanto concierne con una de las condiciones de prosperidad de la pretensi\u00f3n debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integraci\u00f3n y desarrollo v\u00e1lido de \u00e9ste, motivo por el cual su ausencia desemboca irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo\u00bb (CSJ. SC de 14 Mar. 2002, Rad. 6139). <\/p>\n
Y, en otro asunto, la Sala expuso que la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva o por activa, es uno de los requisitos necesarios \u00abe imprescindibles para que se pueda dictar providencia de m\u00e9rito, ora favorable al actor o bien desechando sus pedimentos, porque entendida \u00e9sta \u2018como la designaci\u00f3n legal de los sujetos del proceso para disputar el derecho debatido ante la jurisdicci\u00f3n, constituye uno de los presupuestos requeridos para dictar sentencia de fondo, sea estimatoria o desestimatoria. Y en caso de no advertirla el juez en la parte activa, en la pasiva o en ambas, deviene ineluctablemente, sin necesidad de mediar ning\u00fan otro an\u00e1lisis, la expedici\u00f3n de un fallo absolutorio; de all\u00ed que se imponga examinar de entrada la legitimaci\u00f3n que le asiste a la parte demandante para formular la pretensi\u00f3n\u00bb (subraya fuera de texto) (CSJ SC de 23 de abril de 2007, exp. 1999-00125, reiterada en STC10698-2020). <\/p>\n
A la luz de lo expresado, surge evidente la irregularidad en la cual incurri\u00f3 el ad quem censurado al omitir pronunciarse sobre la legitimaci\u00f3n de las partes en la contienda a su cargo, concretamente, se abstuvo de estudiar lo concerniente a la habilitaci\u00f3n, por activa, de Alicia Narv\u00e1ez Su\u00e1rez y, por pasiva, de Farid Narv\u00e1ez Su\u00e1rez, toda vez que si bien esa circunstancia no fue materia de la apelaci\u00f3n, le correspond\u00eda entrar a decidir sobre \u00e9sta al tratarse, como antes se indic\u00f3, de un presupuesto forzoso para invocar y resistir la acci\u00f3n interpuesta. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que lo relativo a la legitimaci\u00f3n no pod\u00eda quedar reducido a lo resuelto en el auto de 10 de agosto de 2022, en el que se neg\u00f3 la sentencia anticipada porque se consider\u00f3 que los involucrados estaban legitimados para participar en el litigio como partes al estar en presencia de la formulaci\u00f3n de una nulidad absoluta, puesto que, se insiste, tal cuesti\u00f3n fue variada en la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Por tanto, como el ad quem omiti\u00f3 proveer sobre el presupuesto rese\u00f1ado, es claro el yerro cometido en su sentencia por falta de motivaci\u00f3n, materia sobre la cual la Sala, en sede constitucional, ha indicado que tal error implica el incumplimiento del deber de los funcionarios judiciales de explicar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones, exigencia ineludible porque, precisamente, en la misma reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional, tal como lo ha considerado la jurisprudencia constitucional (Corte Constitucional, SU-020 de 2020 y CSJ. STC10178-2020 y STC16122-2021, entre otras). <\/p>\n
Se advierte que el deber de motivar una providencia reclama que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n judicial, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso (CSJ. STC10178-2020 y STC16122-2021, entre otras). <\/p>\n
5.2 Sobre el t\u00e9rmino para formular la acci\u00f3n de recisi\u00f3n. <\/p>\n
Debe indicarse que, como esta Sala lo expres\u00f3 en sede de casaci\u00f3n, si bien cierta parte de la doctrina \u00abpropugna porque la locuci\u00f3n rescisi\u00f3n se circunscriba a la lesi\u00f3n enorme, mientras que la anulaci\u00f3n sirva a la nulidad relativa, precisi\u00f3n jur\u00eddica que ser\u00eda deseable en los textos legales; (\u2026) por la fecha en que se profiri\u00f3 el C\u00f3digo Civil no se hizo esta claridad, sino que, por el contrario, se previ\u00f3 un orden com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
Sobre lo citado, se explic\u00f3, <\/p>\n
\u00abla especializaci\u00f3n del t\u00e9rmino de rescisi\u00f3n del de la anulaci\u00f3n, parece traer su origen de su aplicaci\u00f3n a los casos de la lesi\u00f3n en venta\u2026 Supuestos en los que ya no podr\u00eda hablarse de nulidad y en los que cab\u00eda que se deshiciera del todo lo hecho en virtud del contrato, sino que se limitase a lo que bastase para evitar el da\u00f1o. De ah\u00ed que se vaya dejando de usar el t\u00e9rmino de rescisi\u00f3n para los casos en que se pod\u00eda emplear el m\u00e1s t\u00e9cnico de nulidad y se reserve el nombre de rescisi\u00f3n para los dem\u00e1s, para los no basados en causa de nulidad. El C\u00f3digo civil franc\u00e9s no distingue entre nulidad y rescisi\u00f3n. A pesar de ello, por influjo de la repetida menci\u00f3n de la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n en el texto de las Costumbres o por la conveniencia de designarle de manera diferente, lo cierto es que los autores franceses modernos mantienen el h\u00e1bito de nombrar como acci\u00f3n de rescisi\u00f3n s\u00f3lo a la fundada en la lesi\u00f3n\u00bb2 (CSJ. SC3346-2020). <\/p>\n
Fijado lo anterior, se advierte que la \u00abacci\u00f3n de recisi\u00f3n\u00bb o nulidad relativa materia del proceso censurado, conforme al art\u00edculo 1750 del C\u00f3digo Civil, prev\u00e9 un plazo para su formulaci\u00f3n objetivo, sin que, contrario a lo considerado por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata, de la sentencia de esta Sala -SC279-2021 de 15 de febrero- que refiri\u00f3 para reforzar la decisi\u00f3n que adopt\u00f3, pudiera extraerse un criterio subjetivo como el que se aplic\u00f3 para contabilizar el cuatrenio establecido en la citada norma. <\/p>\n
En efecto, es necesario destacar que, en ese pronunciamiento, la Corte, en lo atinente a la \u00abnulidad relativa\u00bb, -que fue la acci\u00f3n que los falladores accionados tuvieron por formulada, puesto que la parte demandante adujo vicios en el consentimiento al momento de celebrarse los contratos rebatidos-, se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 1750 del C\u00f3digo Civil regulaba expresamente su prescripci\u00f3n, canon que se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00abEl plazo para pedir la rescisi\u00f3n durara cuatro a\u00f1os. <\/p>\n
Este cuatrienio se contar\u00e1, en el caso de violencia, desde el d\u00eda en que \u00e9sta hubiere cesado; en el caso de error o de dolo, desde el d\u00eda de la celebraci\u00f3n del acto o contrato. <\/p>\n
Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contar\u00e1 el cuatrienio desde el d\u00eda en que haya cesado esta incapacidad\u00bb. <\/p>\n
En esa sentencia -SC279-2021-, adem\u00e1s, se memor\u00f3 que el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, establece que \u00abla prescripci\u00f3n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u00bb y, en cuanto a las nulidades, se destac\u00f3 que el citado art\u00edculo 1750 \u00eddem expresamente fijaba la oportunidad para demandar la nulidad relativa, lo que no ocurr\u00eda con la absoluta, porque frente a \u00e9sta deb\u00eda acudirse a la jurisprudencia, y en esa direcci\u00f3n, determinar el momento en el que el legitimado para invocarla tuvo o debi\u00f3 tener conocimiento de la existencia del acto presuntamente viciado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es clara la equivocaci\u00f3n del ad quem al acudir a lo expresado en el se\u00f1alado fallo en relaci\u00f3n con el t\u00e9rmino para formular la nulidad absoluta, porque, se insiste, el proceso hab\u00eda sido \u00abadecuado\u00bb al interpretarse la demanda y determinarse que lo realmente pretendido por la parte demandante era la nulidad relativa de los contratos censurados, acci\u00f3n que, dicho sea de paso, solo pod\u00edan invocar los contratantes -art\u00edculos 1743 C\u00f3digo Civil y 900 C\u00f3digo de Comercio-. <\/p>\n
En los t\u00e9rminos expuestos, se evidencia que el Juzgador de segundo grado le confiri\u00f3 a la norma aplicable -art\u00edculo 1750 C\u00f3digo Civil- y a la sentencia citada -SC279-2021-, un alcance y contenido distinto del que puede extraerse de su mera lectura, pues nada permite inferir que sea posible variar momento establecido para contabilizar los cuatro a\u00f1os consignados legalmente para invocar la nulidad relativa del acto, es decir, si se reglament\u00f3 que dicho t\u00e9rmino se cuenta, para los casos del error y el dolo -como en el proceso materia de queja-, \u00abdesde el d\u00eda de la celebraci\u00f3n del acto o contrato\u00bb, no se comprende c\u00f3mo se evalu\u00f3 que los demandantes \u2013vendedores- hab\u00edan acudido de forma oportuna a la jurisdicci\u00f3n, pues la demanda se formul\u00f3 el 20 de septiembre de 2018, cuando los vendedores de los predios participaron en las promesas -celebradas en el 2007, 2008 y 2009- y suscribieron las respectivas escrituras p\u00fablicas de compraventa en los a\u00f1os 2009 y 2013, de donde se conclu\u00eda el transcurso de m\u00e1s de cinco a\u00f1os. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata, no debi\u00f3 soportar su decisi\u00f3n en las pruebas que daban cr\u00e9dito a lo afirmado por Alicia Narv\u00e1ez, en cuanto a que s\u00f3lo supo de las compraventas hasta cuando regres\u00f3 al pa\u00eds en el 2017, porque respecto de ella debi\u00f3 estudiarse lo concerniente a su legitimaci\u00f3n, antes de otorg\u00e1rsele la calidad de contratante que la habilitara para aplicar a su situaci\u00f3n lo establecido en el rese\u00f1ado art\u00edculo 1750 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
El amparo solicitado por Herminzul Narv\u00e1ez Su\u00e1rez resultaba procedente para proteger el derecho al debido proceso, raz\u00f3n por la cual se revocar\u00e1 la sentencia impugnada para acceder a la protecci\u00f3n reclamada, pues los Juzgados accionados incurrieron en falta de motivaci\u00f3n, al omitir proveer sobre la legitimaci\u00f3n de los extremos del proceso, y en un defecto sustantivo al apartarse abiertamente de la norma aplicable y conferirle un alcance y sentido ajeno a su literalidad, as\u00ed como a la sentencia SC279-2021 que fue base de la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
Corresponde advertir que se vulnera el debido proceso al incurrirse en defectos sustantivos, los cuales se configuran, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, \u00abcuando en desarrollo de la actividad judicial el juez se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situaci\u00f3n termina produciendo una determinaci\u00f3n que vulnera derechos fundamentales\u00bb (CSJ. STC de 31 de octubre de 2012, exp. 1800122140002012-02455-00, reiterada en STC11060-2022 y STC4216-2023, entre otras), <\/p>\n
7. En consecuencia, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada para, en su lugar, conceder la protecci\u00f3n propuesta, y se le ordenar\u00e1 al Juzgados Segundo Promiscuo del Circuito de la Plata dejar sin efecto la sentencia proferida en la audiencia de 2 de agosto de 2023 en el proceso de nulidad de contrato con radicado N\u00ba 2022-00033, antes 2018-00161 y, proceder a proferirla nuevamente, teniendo en cuenta lo aqu\u00ed decidido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, CONCEDER el amparo solicitado por Herminzul Narv\u00e1ez Su\u00e1rez. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se le ordena al titular del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de la Plata que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, previa recepci\u00f3n del expediente objeto de censura, deje sin efecto la sentencia emitida en la audiencia de 2 de agosto de 2023 y defina, nuevamente, la apelaci\u00f3n a su cargo, teniendo en cuenta los argumentos expresados en este fallo. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta sentencia. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Paicol, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, remita el expediente objeto de censura al Juzgado. Segundo Promiscuo del Circuito de la Plata. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta sentencia. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 Sobre el punto, pueden consultarse las Sentencias de la Corte Constitucional SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Mar\u00eda Linacero de la Fuente, Derecho Civil I, Tirant Lo Blanch, Valencia 2013, p. 648. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12189-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC12189-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2023-00184-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77333","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77333","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77333"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77333\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77333"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77333"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77333"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}