STC12192-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12192-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04125-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara: <\/p>\n
i).- Al Tribunal censurado \u00ab(\u2026) DAR TRAMITE A LA AP\u00c9LACION AMPARADO art 366 numeral 5 CGP, art 38 ley 42 de 1998, sentencia HCCC089 13 FEBRERO DE 2002 MP. NUMERAL 5 EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT\u00bb. <\/p>\n
ii).- Al juzgado cuestionado \u00ab(\u2026) conceder la alzada amparado art 366 numeral 5 CGP, art 38 ley 42 de 1998, sentencia HCCC089 13 FEBRERO DE 2002 MP. NUMERAL 5 EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, solicit\u00f3 iii).- La intervenci\u00f3n de \u00abla sala plena de la H CORTE CONSTITUCIONAL, defensor del pueblo (\u2026) procuradora, gral nacion (sic), (\u2026) a fin de evitar abusos en derecho a mi contra (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que en la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2022- 00412 el juez cognoscente recriminado rechaz\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra el prove\u00eddo que fij\u00f3 \u00abagencias en derecho\u00bb, trasgrediendo lo consagrado en los art\u00edculos 366 numeral 5 del C\u00f3digo General del Proceso y 38 de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
Sostuvo que el superior \u00abTAMBIEN SE NIEGA A DAR TRAMITE A LA APELACION CUANDO ESTAS HAN LLEGADO A SUS DESPACHOS, aduciendo que la ley 472 de 1998 es aut\u00f3noma, pero OLVIDANDO LA REGULACION Y REMISION EXPRESA QUE HACE EL ART 38 LEY 472 DE 1998 AL ART 366 NUMERAL 5 CGP Y DESCONOCEN ABIERTAMENTE LA SENTENCIA DE LA H CORTE CONSTITUCIONAL C-089 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Procuradora General de la Naci\u00f3n y el Defensor del Pueblo no le garantizan el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Pereira se opuso al auxilio argumentando que el sumario reprochado no ha arribado a esa dependencia con el fin de desatar \u00abapelaci\u00f3n\u00bb relacionada con el auto aprobatorio de la liquidaci\u00f3n de costas, sino que, sus actuaciones se circunscribieron a solventar la alzada en lo que respecta a la sentencia emitida por el a quo. <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal narr\u00f3 las actuaciones surtidas en la lid debatida y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
La Corte Constitucional pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia que la salvaguarda no puede abrirse paso, toda vez que el interlocutorio del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (18 oct. 2023), mediante el cual no concedi\u00f3 el \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n\u00bb, frente al auto que fij\u00f3 la \u00abliquidaci\u00f3n de costas\u00bb (29 sep.), no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
Para ello, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abel Despacho el 22 de septiembre del a\u00f1o anterior, cambi\u00f3 de postura teniendo en cuenta un referente judicial, esto es, una decisi\u00f3n que adopt\u00f3 nuestro Tribunal Superior de Pereira, en sentencia SP-0104 del 7 de octubre de 2022 cuyo Magistrado Ponente es el DR. CARLOS MAURICIO GARC\u00cdA en el que ampliamente expone porque no hay lugar a aplicar las tarifas establecidas en el acuerdo PSAA16-10554 para el caso de las acciones populares, pues dicho acuerdo no regula este tipo de acciones; postura con la que esta judicial comulga y por ello decidi\u00f3 rectificar el criterio hasta la fecha sostenida, justificando las razones para ello\u00bb. <\/p>\n
Luego, explic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tan mencionada erogaci\u00f3n no tiene como fin enriquecer al beneficiario de la condena, ni remunerar actividad profesional alguna, m\u00e1xime cuando se act\u00faa en nombre propio sin la asesor\u00eda de apoderado judicial, se har\u00e1 en cada caso en particular tomando en consideraci\u00f3n la actividad del extremo que triunfa, esto es, la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de su gesti\u00f3n, trat\u00e1ndose del actor popular, bajo el norte de que ella sea apta para lograr la materializaci\u00f3n de la defensa de los derechos colectivos cuya protecci\u00f3n invoc\u00f3(\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por lo que, concluy\u00f3 que, \u00abel Juzgado no repondr\u00e1 la decisi\u00f3n atacada. Tampoco se conceder\u00e1 el recurso de apelaci\u00f3n ya que seg\u00fan lo estipula la ley 472 de 1998 solo es susceptible del mismo, la sentencia que se profiera en el tr\u00e1mite de esta clase de acciones y el auto que resuelve sobre medidas cautelares. Luego, al no ser la decisi\u00f3n objeto de alzada se negar\u00e1n las apelaciones deprecadas. <\/p>\n
2.- Frente al anhelo de Mario Alberto, tendiente a que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira \u00abDAR TRAMITE A LA AP\u00c9LACION (\u2026)\u00bb, lo acreditado en el plenario, es que esta no ha conocido del \u00abrecurso de apelaci\u00f3n contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb, de modo que, no le es atribuible lesi\u00f3n u omisi\u00f3n a las garant\u00edas esenciales reclamadas. <\/p>\n
Esta Sala ha sostenido que, para la prosperidad de la ayuda, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC3764-2021, citada hace poco en STC1035-2023). <\/p>\n
De igual manera, se necesita: <\/p>\n
(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda (STC8053-2019, reiterada recientemente en STC2038-2023). <\/p>\n
3.- Las s\u00faplicas del impulsor frente a la Sala Plena de la Corte Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Procuradora General de la Naci\u00f3n, escapan del \u00e1mbito supralegal, siendo a \u00e9l a quien incumbe elevar directamente ante dichos organismos, las inquietudes y rogativas que aqu\u00ed trae, para que, en el marco de sus funciones analicen y emprendan, de ser viables, las gestiones correspondientes (CSJ STC1423-2020, STC14451-2022 y STC3381-2023). <\/p>\n
4.- Ergo, el amparo resulta inviable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela interpuesta por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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