STC12200-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12200-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04115-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Luis Alfonso L\u00f3pez Ospina contra Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda Segunda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abordenar a la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Penal casar de oficio la sentencia proferida el 1 de febrero (sic) y tomar las medidas necesarias para proteger [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. En contra de Luis Alfonso L\u00f3pez Ospina se adelant\u00f3 un proceso penal por el delito de \u00abusurpaci\u00f3n fraudulenta de inmuebles\u00bb, siendo condenado a 48 meses de prisi\u00f3n el 10 de abril de 2019 por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Bello (Antioquia); determinaci\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 17 abril de 2020 por el Tribunal. <\/p>\n
2.2. Contra esta decisi\u00f3n el condenado formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante prove\u00eddo del 1\u00b0 de febrero de 2023; luego, con oficio de 10 de abril siguiente, la Procuradur\u00eda Delegada Segunda para la Casaci\u00f3n Penal le inform\u00f3 al promotor que no existe m\u00e9rito para acudir al mecanismo de insistencia ante Corte, pues \u00abla decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n esbozada por la alta Corporaci\u00f3n, a trav\u00e9s del auto interlocutorio del 1 de febrero de 2023, fue la adecuada y, ante ello, no es procedente hacer uso de este especial mecanismo ante la Sala Penal de la Corte, como lo quiere la peticionaria, de conformidad con las reglas definidas en los art\u00edculos 181 y 184 de la Ley 906 de 2004 \u00bb. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, \u00absi bien no est[\u00e1] en desacuerdo con la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, tambi\u00e9n es veraz y cierto que la norma procedimental penal, permite superar los errores formales de la demanda, y fallar de fondo el asunto, atendiendo a los fines de la casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.5. Refiri\u00f3 que ante los principios constitucionales y en pro al debido proceso, si bien cometi\u00f3 yerros de t\u00e9cnica en la formulaci\u00f3n de la demanda, la Corte debe resolver de fondo \u00abcuando se advierta, en todo caso, qu\u00e9 es lo solicitado y cuales los motivos, a pesar de no ajustarse la redacci\u00f3n a unas directrices decantadas en la ley y la jurisprudencia\u00bb, lo que, para el caso, de bulto se avizora el quebranto de garant\u00edas fundamentales; relievando que, a su parecer, a dicha Corporaci\u00f3n \u00able ha dado por confundir, ya casi inveteradamente, unas exigencias jur\u00eddicas con unas maneras propias de exponer motivos\u00bb, conllevando a \u00abinadmit[ir] demandas a diestra y siniestra, como el manido argumento de que los cargos no est\u00e1n debidamente sustentados o que no se expres\u00f3 la finalidad\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que la salvaguarda es procedente, ante el exceso ritual manifiesto del fallador encausado, sumado a la \u00abinobservancia may\u00fascula del tercer inciso, art\u00edculo 184, de la ley 906\u00bb, relievando que, cumple del presupuesto de inmediatez, en la medida en que se comunica \u00abel auto de insistencia\u00bb, esto es, el 10 de abril, no se ha superado los 6 meses que refiere la jurisprudencia. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues el promotor no asumi\u00f3 la carga motivacional que le corresponde para demostrar la existencia de un yerro en la decisi\u00f3n de segundo grado, al tiempo que, tal colegiatura no encontr\u00f3 necesarias las facultades oficiosas previstas en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004, y como tribunal de cierre descart\u00f3 alguna lesi\u00f3n de garant\u00edas dentro del proceso; que el accionante no muestra defectos espec\u00edficos de procedencia de la tutela, que habilite la intervenci\u00f3n excepcional del juez supralegal. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Luz Estella Osorio y Mar\u00eda Manuela Montoya Mu\u00f1etones, quienes adujeron ser apoderadas del promotor en el juicio criticado, indicaron que coadyuban la petici\u00f3n de amparo, sin traer poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los dem\u00e1s convocados no hab\u00edan efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Acorde con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha en que la Sala Hom\u00f3loga en lo Penal dict\u00f3 el prove\u00eddo que inadmiti\u00f3 la demanda y casaci\u00f3n (1\u00b0 de febrero de 2023), incluso, desde el momento en el que la Procuradur\u00eda emiti\u00f3 concepto desfavorable para acudir en insistencia (10 de abril de 2023) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (13 de octubre de 2023), transcurri\u00f3 m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Al respecto, en un caso con similitud al ac\u00e1 auscultado, esta Sala dijo que: <\/p>\n
La Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo constitucional, por ausencia del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
2. En efecto, el recurso de insistencia contra el auto que inadmiti\u00f3 la casaci\u00f3n fue desestimado por la Procuradur\u00eda vinculada el 1 de febrero de 2023, mientras que la presente salvaguarda fue promovida el 8 de agosto siguiente, cuando se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino de 6 meses que jurisprudencialmente se ha considerado razonable para promover la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales (CSJ STC2283-2022). <\/p>\n
Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones excepcionales que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb1. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado para conjurar la desidia en la interposici\u00f3n tempestiva de esta especial v\u00eda. (STC8541-2023) <\/p>\n
Y, es que, en la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
3. Lo dicho en precedencia resulta suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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