STC12207-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12177-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00ba 2022-00198. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el accionante invoc\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El 17 de enero de 2022, el gestor present\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Almac\u00e9n Credihogar SRC, debido a que, supuestamente, el inmueble donde opera el establecimiento comercial \u00abno cuenta con una rampa apta para ciudadanos que se desplacen en silla de ruedas (\u2026) desconociendo derechos colectivos\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, quien mediante prove\u00eddo del d\u00eda 27 del mismo mes y a\u00f1o admiti\u00f3 la demanda y, luego de agotar el tr\u00e1mite de rigor, mediante sentencia del 6 de julio de esa misma anualidad ampar\u00f3 el derecho colectivo previsto en literal m, art\u00edculo 2 de la Ley 472 de 1998, decisi\u00f3n que apelada por el actor popular, fue confirmada parcialmente por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira el 30 de marzo de 2023. <\/p>\n
Inconforme con lo determinado el actor popular acude al presente mecanismo excepcional, pues \u00abLA JUEZ SE NIEGA A aplicar acuerdo csj PSAA16- 10554 DEL 5 AGOSTO DE 2016 ART 5,4 Y 5,1\u00bb; y el Tribunal Superior de Pereira \u00abno concede apelaci\u00f3n frente al auto que fija y liquida costas violando ley 472 de 1998, art 38 y cgp, art 366 y adem\u00e1s (sic) DESCONOCE ABIERTAMENTE SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL C-089 DEL 13 FEBRERO DE 2002\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que (i) se ordene a las autoridades judiciales querelladas \u00abAPLICAR ACUERDO DEL CSJ SALA ADMINISTRATIVA REFERIDO\u00bb, as\u00ed como (ii) \u00abAPORTAR COPIAS DE TODAS, TODAS MIS TUTELAS DONDE HE DESISTIDO DE LAS ACCIONES POPULARES INFRUCTUOSAMENTE POR MORA\u00bb, y, \u00abDONDE PIDO AUXILIO A LA H CC, PROCURADORA GRAL NACION, MARGARITA CABELLO Y DEFENSOR DEL PUEBLO NACIONAL COLOMBIA EN BOGOTA DC A FIN DE PROBAR MI ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA E INDEFENSION COMO CIUDADANO, PUES NADA DE LO PEDIDO POR MI TIENE CO EN DERECHO Y SOLO PIERDO MI TIEMPO\u00bb; Adem\u00e1s, (iii) que se ordene a las Salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, \u00abINFORMEN EN DERECHO SI EL ACUERDO PSAA16- 10554 DEL 5 AGOSTO DE 2016 ART 2, 4 Y 5,1 APLICAN PARA FIJAR AGENCIAS EN DERECHO EN A POPULARES Y EST\u00c1N VIGENTES\u00bb; (iv) se \u00abSE CONCEDA AMPARO DE POBRE A FIN QUE UN ABOGADO ME REPRESENTE\u00bb; finalmente, (v) \u00ab PIDO QUE ESTA TUTELA Y EL FALLO SE HAGA PUBLICO A FIN QUE ABOGADOS DEL PAIS CONOZCAN MI SITUACI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Pereira puso de presente, que \u00abel proceso inicialmente le correspondi\u00f3 por reparto al Magistrado Edder Jimmy S\u00e1nchez Calamb\u00e1s el 8 de junio de 2023, pas\u00f3 a despacho el 13 siguiente, el 17 de julio se declar\u00f3 impedido y pas\u00f3 a despacho del suscrito Magistrado el 27 de julio y por auto del 14 de agosto se acept\u00f3 el impedimento y se admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte accionada, dejando claro que el actor popular no present\u00f3 inconformidad alguna. Actualmente pas\u00f3 a despacho para decidir de fondo el asunto constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, adem\u00e1s de remitir el link del expediente contentivo del asunto criticado, relacion\u00f3 cada una de las actuaciones all\u00ed adelantadas. <\/p>\n
3. El presidente de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, luego de se\u00f1alar las quejas presentadas por Mario Alberto Restrepo Zapata ante esa entidad, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias, comoquiera que \u00abrespecto del escrito presentado por el actor y que tiene que ver con la acci\u00f3n popular 2022-00198-00, el aqu\u00ed accionante no ha presentado acciones disciplinarias, (\u2026). Dado que, si bien en el auto admisorio refieren el anterior radicado como una queja, en el escrito del se\u00f1or MARIO ZAPATA se vislumbra que es el radicado de una acci\u00f3n popular, la cual al parecer fue tramitada en el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL. Ahora bien, frente a la petici\u00f3n del actor en lo referente a que se ordene a la \u201cSALA DISCIPLINARIA\u201d (sic), a informar en derecho si la aplicaci\u00f3n para fijar las agencias en derecho en las acciones populares en virtud de lo dispuesto en el acuerdo PSAA16-10554 est\u00e1n vigentes, dicha funci\u00f3n no corresponde a esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. La presidenta de la Corte Constitucional refiri\u00f3, que dicha corporaci\u00f3n \u00abno est\u00e1 llamada a responder por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, en tanto no es la autoridad competente para tramitar o resolver las pretensiones formuladas por el accionante, de acuerdo con las funciones constitucionales que establece el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. De hecho, en el presente caso es posible concluir que esta Corporaci\u00f3n no est\u00e1 legitimada por pasiva, toda vez que ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
5. La Directora de la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, \u00abpor no ser este el mecanismo id\u00f3neo para pretender que se eval\u00fae la decisi\u00f3n relacionada con las agencias en derecho dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular identificada con el radicado No. 2022-0019800\u00bb. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 que \u00abse conmine al accionante a no utilizar de manera temeraria el mecanismo constitucional en aras de buscar la protecci\u00f3n de su derecho fundamental invocado, comoquiera que lo que est\u00e1 haciendo es congestionar el aparato judicial. En el mismo sentido a que se aplique el par\u00e1grafo segundo, del art\u00edculo 25, del Decreto 2591 de 1991, el cual dispone el pago de las costas cuando se estimare fundadamente que el accionante incurri\u00f3 en temeridad\u00bb. <\/p>\n
6. El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, precis\u00f3 respecto a la aplicaci\u00f3n del acuerdo tal PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 expedido por el Consejo superior de la Judicatura, que \u00abdentro de las funciones establecidas en la ley 270 de 1996 \u201cESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA\u201d, no est\u00e1 la de que el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales de la Judicatura, seamos cuerpos consultivos, m\u00e1xime cuando se trata de aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de una norma cuya competencia le corresponde al Juez Director del despacho, en virtud del principio de la sana cr\u00edtica y la autonom\u00eda judicial, raz\u00f3n por la cual es este (sic) quien determina si aplica la norma al caso concreto\u00bb. <\/p>\n
7. La presidencia de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial adujo que, esa corporaci\u00f3n \u00abcarece de competencia para emitir respuesta sobre la pretensi\u00f3n del accionante, aunado a que no ha tenido intervenci\u00f3n en el tr\u00e1mite del proceso judicial que lleva el se\u00f1or Mario Alberto Restrepo Zapata al interior de la acci\u00f3n popular No. 66682-31-03-0001-2022-00198-01, no es posible hacer un pronunciamiento acerca de los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos expuestos por el accionante, configur\u00e1ndose la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva1 para la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron la garant\u00eda esencial invocada, con las agencias en derecho fijadas a favor del gestor, dentro de la acci\u00f3n popular promovida por \u00e9ste contra el Almac\u00e9n Credihogar SRC (n\u00b0 2022-00198). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala negar\u00e1 el amparo por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
3.1. Inexistencia de vulneraci\u00f3n frente al Tribunal <\/p>\n
La controversia planteada por el actor frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira resulta infundada, en la medida en que, aunque \u00e9ste alega que \u00abno concede apelaci\u00f3n frente al auto que fija y liquida costas\u00bb, en el expediente no obra que el gestor haya interpuesto recurso alguno o manifestado inconformidad, frente a la sentencia proferida por esa Corporaci\u00f3n el 30 de marzo de 2023 sin condena en costas, al interior de la acci\u00f3n popular revisada, lo que conlleva la inexistencia de yerro procesal, sustantivo o de otra \u00edndole que pueda habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En las condiciones que acaban de describirse, la improcedencia del resguardo se funda en la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos iusfundamentales del querellante, comoquiera que la decantada jurisprudencia ha venido sosteniendo que para la prosperidad de este tipo de acciones, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC6835-2022, 2 jun., rad. 00297-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea ha dicho y reiterado, que para la viabilidad del amparo \u00abse requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., rad. 00023-01, citada en STC609-2023, 1\u00b0 feb., rad. 01317-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. Razonabilidad de la providencia que liquid\u00f3 las costas causadas en primera y segunda instancia <\/p>\n
La Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal para no reponer la decisi\u00f3n adoptada en auto del 25 de septiembre de 2023, por medio de la cual se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, esto es, las agencias en derecho en primera instancia por $100.000,oo, a favor del actor popular, aqu\u00ed interesado, se\u00f1al\u00f3 por auto del pasado 10 de octubre lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEs de anotar que en esta clase de actuaciones el Despacho ven\u00eda aplicando el acuerdo PSAA16-10554 para efectos de fijar las agencias en derecho en favor de la parte vencedora, este rubro constituye una de las partidas que el Secretario debe incluir en la liquidaci\u00f3n de costas y conforme a la suma que fije el magistrado ponente o el juez, aunque se litigue sin apoderado. <\/p>\n
Como es sabido las agencias en derecho constituyen una especie de indemnizaci\u00f3n debida a la parte que se vio obligada a litigar no obstante que la raz\u00f3n estaba de su parte y por ello ha salido airosa en el proceso. <\/p>\n
No obstante lo anterior, el Despacho el 25 de septiembre del a\u00f1o anterior, cambi\u00f3 de postura teniendo en cuenta un referente judicial, esto es, una decisi\u00f3n que adopt\u00f3 nuestro Tribunal Superior de Pereira, en sentencia SP-0104 del 7 de octubre del a\u00f1o 2022 cuyo Magistrado Ponente es el DR. CARLOS MAURICIO GARC\u00cdA en el que ampliamente expone porque no hay lugar a aplicar las tarifas establecidas en el acuerdo PSAA16-10554 para el caso de las acciones populares, pues dicho acuerdo no regula este tipo de acciones; postura con la que esta judicial comulga y por ello decidi\u00f3 rectificar el criterio hasta la fecha sostenida, justificando las razones para ello. Es importante anotar que el precedente horizontal no es invariable, como lo pretende el recurrente, por el contrario, \u00e9ste puede rectificarse, siempre y cuando se exponga la motivaci\u00f3n. Sobre el punto la Corte Constitucional ha explicado: <\/p>\n
\u201cLa Corte ha distinguido entre precedente horizontal, que es aquel que debe observarse por el mismo juez o corporaci\u00f3n que lo gener\u00f3 o por otro(a) de igual jerarqu\u00eda funcional, y precedente vertical, que es el que proviene de un funcionario o corporaci\u00f3n de superior jerarqu\u00eda, particularmente de aquellas que en cada uno de los distintos \u00e1mbitos de la jurisdicci\u00f3n se desempe\u00f1an como \u00f3rganos l\u00edmite. De manera que, para garantizar un m\u00ednimo de seguridad jur\u00eddica a los ciudadanos, los funcionarios judiciales deben tener en cuenta que al momento de fallar, se encuentran vinculados en sus decisiones por la regla jurisprudencial que para el caso concreto ha dictado el \u00f3rgano unificador \u2013 en la jurisdicci\u00f3n ordinaria o en la constitucional. Si pretenden apartarse del precedente, en ejercicio de la autonom\u00eda judicial, pesa sobre ellos una carga de argumentaci\u00f3n m\u00e1s estricta, pues deben demostrar de manera adecuada y suficiente las razones por las cuales se apartan. (T 148 de 2011)\u00bb. <\/p>\n
De este modo, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00bbAs\u00ed las cosas, el cambio de criterio de este Despacho se encuentra respaldado en postura reciente de nuestro superior en donde se adujo que \u201cpor la especial naturaleza de esta clase de actuaciones, no debe asimilarse a ninguna de las hip\u00f3tesis contenidas en el Acuerdo No. PSAA16-10554 \u2013vigente para la fecha de esta providencia-, por lo que para se\u00f1ala las agencias en derecho deben seguirse los par\u00e1metros establecidos en el estatuto procesal civil, sin que resulte imperioso ajustar a las tarifas m\u00ednimas o m\u00e1ximas establecidas en el acto administrativo en menci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Con buen acierto, expres\u00f3 que \u201cla tan mencionada erogaci\u00f3n no tiene como fin enriquecer al beneficiario de la condena, ni remunerar actividad profesional alguna, m\u00e1xime cuando se act\u00faa en nombre propio sin la asesor\u00eda de apoderado judicial, se har\u00e1 en cada caso en particular tomando en consideraci\u00f3n la actividad del extremo que triunfa, esto es, la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de su gesti\u00f3n, trat\u00e1ndose del actor popular, bajo el norte de que ella sea apta para lograr la materializaci\u00f3n de la defensa de los derechos colectivos cuya protecci\u00f3n invoc\u00f3. (…)\u201d, porque agrega el Despacho, lo que busca el Actor Popular en cada caso en particular, es proteger el derecho colectivo que se ha sido vulnerado por la parte accionada\u00bb. <\/p>\n
Para concluir, entonces, que <\/p>\n
\u00abAplicando a este caso las pautas dadas por nuestro superior y adem\u00e1s el hecho de la virtualidad que ha facilitado todos los tr\u00e1mites y ha disminuido los costos que amerita adelantar el proceso, facilita la gesti\u00f3n del litigante pues evita los desplazamientos y el uso de papel, lo que justifica una diferenciaci\u00f3n en el monto de las agencias en derecho entre los procesos presenciales f\u00edsicos y los procesos que han cursado en virtualidad, es por lo que el Despacho le fij\u00f3 la suma menor, acorde con la realidad procesal surtida dentro de la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la decisi\u00f3n atacada no adolece de defecto sustantivo, procedimental, f\u00e1ctico o de cualquier otra \u00edndole, en la medida en que la misma se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
En ese orden, el solo hecho que el gestor disienta de lo resuelto, no abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional deprecada, pues es necesario que la providencia se muestre arbitraria por contener errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha dicho que: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC619-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00709-01). <\/p>\n
Y continu\u00f3 precisando que: \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC646-2023, 1\u00b0. feb. 2023, rad. 01267-01). <\/p>\n
4. Consideraciones adicionales <\/p>\n
4.1. En relaci\u00f3n con las peticiones elevadas por el tutelante, para que se ordene a las autoridades convocadas expedir copia de \u00abTODAS MIS TUTELAS DONDE HE DESISTIDO DE LAS ACCIONES POPULARES INFRUCTUOSAMENTE POR MORA [y de aquella en donde] PIDO AUXILIO A LA H CC, PROCURADORA GRAL NACION, MARGARITA CABELLO Y DEFENSOR DEL PUEBLO NACIONAL COLOMBIA EN BOGOTA DC A FIN DE PROBAR MI ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA E INDEFENSION COMO CIUDADANO\u00bb; y que se ordene a las Salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, \u00abINFORMEN EN DERECHO SI EL ACUERDO PSAA16- 10554 DEL 5 AGOSTO DE 2016 ART 2, 4 Y 5,1 APLICAN PARA FIJAR AGENCIAS EN DERECHO EN A POPULARES Y EST\u00c1N VIGENTES\u00bb, se advierte que el interesado podr\u00e1 solicitar directamente ante las respectivas autoridades lo que por esta v\u00eda reclama, y al no haber acreditado que realiz\u00f3 tal gesti\u00f3n, la tutela se torna improcedente por su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
4.3. Finalmente, aunque el actor reclama que \u00abESTA TUTELA Y EL FALLO SE HAGA PUBLICO A FIN QUE ABOGADOS DEL PAIS CONOZCAN MI SITUACI\u00d3N\u00bb, basta con se\u00f1alar que, no solo los efectos de las sentencias proferidas dentro de estos asuntos generan efectos inter partes, seg\u00fan el art\u00edculo 48 numeral 2\u00b0 de la Ley 270 de 1996, sino que, la Rama Judicial tiene plataformas de acceso p\u00fablico para la consulta de los procesos judiciales. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se denegar\u00e1 la protecci\u00f3n deprecada, comoquiera que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n iusfundamental endilgada a la colegiatura convocada, y, porque la decisi\u00f3n adoptada por la juez del conocimiento no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 10 Decreto 2591 de 1991 <\/p>\n
2\u0002 Ib\u00eddem: \u00abTambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales\u00bb. <\/p>\n
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STC12207-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12177-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77341","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77341","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77341"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77341\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77341"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77341"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77341"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}