STC12211-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12211-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2023-00436-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la accionante frente al fallo proferido el 30 de agosto de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por Nery Sof\u00eda Serrano Castellar contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, presuntamente conculcado por la sede judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al estrado acusado \u00abse pronuncie con relaci\u00f3n al escrito del 26 de julio de 2022 presentado por la abogada de Equidad Seguros Generales O.C. y la prueba documental adjunta a ese memorial, donde consta el pago de $354.980.078.oo, el que se hizo en dos pagos a la cuenta del abogado demandante Dr. Juan Carlos Ramos Santamar\u00eda, un pago de $152.254.500.oo el 14 de julio de 2021 y otro pago de $202.725.578.oo el 21 de julio de 2021, mediante transferencias hechas a la cuenta del mencionado abogado\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Eugenia Roenes Anaya, Tatiana Paola y Yohiber Antonio Requena Roenes, promovieron demanda de responsabilidad civil extracontractual en contra de la Cooperativa Integral de Transportes de Cartagena – Coointracar, Nery Sof\u00eda Serrano Castellar y la Equidad Seguros Generales, con la finalidad que les fueran indemnizados los perjuicios a ellos generados, con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 21 de noviembre de 2013 en el que falleci\u00f3 Emil Antonio Requena Moreno; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, bajo radicaci\u00f3n n\u00b0 2014-00168. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia de 5 de octubre de 2018 el despacho, declar\u00f3 no probadas las excepciones, accedi\u00f3 a las pretensiones y orden\u00f3 pagar a favor de Mar\u00eda Eugenia $183.003.424 por lucro cesante, $60.000.000 por da\u00f1os de la vida de relaci\u00f3n, suma igual para todos y cada uno de los demandantes, condenando a la Compa\u00f1\u00eda de Seguros a pagar tales valores hasta por la suma de 100 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, conforme la p\u00f3liza de responsabilidad civil extracontractual (p\u00f3liza n\u00b0 AA011610); determinaci\u00f3n que, en sede de alzada, el 1\u00b0 de octubre de 2020 confirm\u00f3 el Tribunal; en consecuencia, La Equidad Seguros pag\u00f3 a los demandantes $58.955.388 por la condena dispuesta en el fallo y $22.145.444 por costas de primera y segunda instancia. <\/p>\n
2.3. Por otra parte, los demandantes formularon juicio ejecutivo en contra de La Equidad Seguros con base en la referida sentencia, cuyo conocimiento tambi\u00e9n le correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena con radicaci\u00f3n n\u00b0 2018-00206; asunto que, tras surtir el tr\u00e1mite de rigor, el 20 de abril de 2021 el Tribunal orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n atendiendo lo abonado y limitando lo pactado en la p\u00f3liza de seguros de veh\u00edculos pesados n\u00b0 AA024406; ante tal situaci\u00f3n, el 23 de junio de 2021 la compa\u00f1\u00eda de seguros y los ejecutantes acordaron un pago por $354.980.078; en consecuencia, el 7 de abril de 2022 el despacho termin\u00f3 el proceso por transacci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Luego, el 24 de mayo de 2022 los demandantes promovieron juicio ejecutivo a continuaci\u00f3n del proceso declarativo, solicitud frente a la cual la promotora se opuso tras advertir la referida transacci\u00f3n; el 11 de julio siguiente, el estrado no libr\u00f3 orden de apremio, determinaci\u00f3n que, el 11 de octubre de 2022 revoc\u00f3 para, en su lugar, librar mandamiento de pago en contra de la Cooperativa Integral de Transportes de Cartagena y Nery Sof\u00eda Serrano Castellar, en la medida en que, si bien la aseguradora pag\u00f3 la condena que le fue impuesta en la sentencia los mencionados demandados a\u00fan adeudaban lo all\u00ed condenado; determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
2.5. El 26 de octubre de 2022 la promotora formul\u00f3 la excepci\u00f3n denominada \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n que ahora esta siendo cobrada ejecutivamente\u00bb, tras argumentar que la obligaci\u00f3n ya hab\u00eda sido cancelada por La Equidad Seguros, conforme la transacci\u00f3n de junio de 2021, lo que est\u00e1 generado un enriquecimiento sin causa, relievando que, si bien no intervino en dicho acuerdo, lo cierto es que el pago deriv\u00f3 por cuenta de la sentencia del juicio declarativo y de la p\u00f3liza de seguros pesados n\u00b0 AA024406 que cubre consecuencias civiles y patrimoniales, donde la Cooperativa es la beneficiaria y ella la tomadora. <\/p>\n
2.6. Tras varias actuaciones, el 17 de agosto de 2023 el Juzgado neg\u00f3 por innecesaria una prueba, y orden\u00f3 que, una vez ejecutoriada esa decisi\u00f3n, ingresaran las diligencias al despacho para dictar sentencia anticipada. <\/p>\n
2.7. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, que contra el auto de 11 de julio de 2022 por medio del cual el Juzgado inicialmente no libr\u00f3 orden de apremio, respecto del recurso que formul\u00f3 la parte ejecutante, el 26 de julio siguiente, Equidad Seguros descorri\u00f3 traslado \u00abdel cual no t[uvo] conocimiento porque no fue oportunamente aportado al expediente digital\u00bb, escrito en el que puso de presente al despacho el pago de la totalidad de la obligaci\u00f3n, por cuenta de los girado inicialmente por la p\u00f3liza de responsabilidad civil extracontractual y el resto por cuenta de la transacci\u00f3n derivada del juicio ejecutivo n\u00b0 2018-00206 afectando la p\u00f3liza de veh\u00edculos pesados. <\/p>\n
2.8. Anot\u00f3 que respecto de ese memorial, el Juzgado no hizo ning\u00fan pronunciamiento y \u00abtampoco lo tuvo en cuenta\u2026 al momento de dictar el auto de fecha 11 de octubre de 2022, en la medida en que dicho funcionario afirma en tal providencia, que existe una obligaci\u00f3n insoluta a cargo de [ella] y de Coointracar Ltda., lo cual desconoce lo afirmado por la abogada de Equidad Seguros Generales O.C. en su memorial del 26 de julio de 2022 y la prueba documental adjunta\u2026, donde consta el pago de $354.980.078.oo, el que se hizo en dos pagos a la cuenta del abogado\u2026 un pago de $152.254.500.oo el 14 de julio de 2021 y otro pago por $202.725.578 el 21 de julio 2021\u00bb. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que est\u00e1 \u00abperjudicada en [su] salud, al no tener sustento para [su] subsistencia, porque cuenta con las cuentas\u2026 embargadas y [su] inmueble. Esto ha acarreado al deterioro de [su] salud y se [le] ha desarrollado una enfermedad generada por el estr\u00e9s y la depresi\u00f3n de perder todo [su] patrimonio\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Equidad Seguros Generales O.C. se refiri\u00f3 a los hechos de la salvaguarda y la coadyuv\u00f3, al considerar que el pago de la condena impuesta en el proceso declarativo est\u00e1 satisfecho, pues inicialmente pag\u00f3 $58.955.338 por capital y $ 22.145.444 por costas del proceso, luego, bajo el contrato de transacci\u00f3n realiz\u00f3 un pago de $354.980.078, dejando a paz y salvo a todas las partes. <\/p>\n
2. Mar\u00eda Eugenia Roenes Anaya, Tatiana Paola y Yohiber Antonio Requena Roenes, a trav\u00e9s de apoderado judicial, manifestaron que la Cooperativa y la accionante no han cancelado el valor por el cual fueron condenados en el proceso declarativo; que la acci\u00f3n de tutela incumple el presupuesto de subsidiariedad, pues la actora puede presentar solicitudes, memoriales, recursos o peticiones, entre ellos, el desembargo de sus bienes o cuentas, conforme al art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que no ha vulnerado los derechos alegados; anot\u00f3 que el proceso est\u00e1 para dictar sentencia anticipada, conforme a lo dispuesto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso; que lo expuesto en la salvaguarda es un alegato propio del proceso ejecutivo que est\u00e1 en tr\u00e1mite, por lo que no se puede desplazar al fallador natural, incumpliendo el presupuesto de subsidiariedad; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
4. La Cooperativa Integral de Transporte de Cartagena \u2013 Coointracar Ltda., refiri\u00f3 que coadyuva la petici\u00f3n de amparo \u00abal ser tomador y beneficiario afectado, ya que la aseguradora pag\u00f3 la obligaci\u00f3n, y por un error judicial que afecta el debido proceso, t[iene] en estos momentos todos [los] bienes y cuentas embargadas\u00bb; se pronunci\u00f3 sobre los hechos de la tutela; que respecto del memorial del 26 de julio de 2022 y sus anexos el Juzgado no ha emitido pronunciamiento. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional declar\u00f3 improcedente el resguardo, al considerar que el proceso ejecutivo est\u00e1 en curso, donde se han atendido las solicitudes presentadas por las partes, relievando que, las decisiones tomadas con posterioridad al memorial de 26 de julio de 2022 no se evidencian arbitrarias o lesivas de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la salvaguarda es prematura, porque a\u00fan no se ha dictado sentencia, por lo que se desconoce el alcance del fallo y las pruebas o elementos utilizados por el juez para lograr su convencimiento. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora de la salvaguarda insistiendo en sus planteamientos iniciales, a los que adicion\u00f3 que \u00ab[su] aseguradora en nombre y representaci\u00f3n, tal como reza en el contrato de seguro, mediante contrato transaccional CANCEL\u00d3 LA TOTALIDAD DE LA SENTENCIA, sin embargo, el juez en primera instancia tiene reparos en declararla, bajo ning\u00fan argumento, simplemente siendo omisivo en resolver el memorial del 26 de julio de 2023\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, jurisprudencialmente ha sido establecido que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto la actora acus\u00f3 el prove\u00eddo dictado por el juzgado accionado el 11 de octubre de 2022 por medio del cual revoc\u00f3 el auto de 11 de julio anterior, y, en consecuencia, libr\u00f3 mandamiento de pago, pues, en su sentir, el estrado omiti\u00f3 pronunciarse sobre el memorial de 26 de julio de esas calendas, con el que La Equidad Seguros descorri\u00f3 el traslado del recurso de reposici\u00f3n, escrito con el que alegaba que las condenas impuestas en el juicio declarativo fueron canceladas en su totalidad por cuenta de esa compa\u00f1\u00eda de seguros, por lo que no hab\u00eda lugar a librar orden de apremio. <\/p>\n
3. Bajo tales premisas, advierte la Corte que la salvaguarda no se abre paso, comoquiera que, la queja, en s\u00edntesis, se hace consistir en que el fallador ordinario no debe continuar con el juicio ejecutivo promovido a continuaci\u00f3n del proceso declarativo, comoquiera que, La Equidad Seguros por cuenta de las p\u00f3lizas que amparaban el automotor (responsabilidad civil extracontractual y de veh\u00edculos pesados), procedi\u00f3 a pagar a los ejecutantes la totalidad de las condenas impuestas en la sentencia declarativa, pagos que realiz\u00f3 al mandatario de los convocantes, inicialmente por $58.955.338 por la condena impuesta, $22.145.444 por las costas de primera y segunda instancia y, posteriormente, por cuenta de la transacci\u00f3n realizada $152.254.500 y $202.725.578. <\/p>\n
Al respecto, pronto se advierte que la decisi\u00f3n del a-quo constitucional debe confirmarse porque, verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, la Corte observa que la solicitud de resguardo es prematura, comoquiera que el proceso ejecutivo fustigado se halla en curso, estando pendiente de emitir sentencia anticipada donde se resolver\u00e1 sobre la excepci\u00f3n de m\u00e9rito all\u00ed propuesta por la accionante denominada \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n que ahora est\u00e1 siendo cobrada ejecutivamente\u00bb; a trav\u00e9s de la cual plante\u00f3 s\u00edmil situaci\u00f3n a la aducida en el memorial de 26 de julio de 2022 y en la presente petici\u00f3n de protecci\u00f3n, en punto a poner de presente que las condenas impuestas en el proceso declarativo ya fueron canceladas por la compa\u00f1\u00eda aseguradora, raz\u00f3n por lo que debe aguardar a lo que el fallador natural resuelva al respecto. <\/p>\n
N\u00f3tese que insistentemente se ha se\u00f1alado que este medio excepcional de resguardo no puede ser utilizado para soslayar la competencia establecida por el legislador en el funcionario judicial de conocimiento, quien es el llamado a pronunciarse sobre la suficiencia de los t\u00edtulos ejecutivos de cara a su cobro judicial, fin \u00faltimo que se persigue con la petici\u00f3n tuitiva. <\/p>\n
Sobre el ejercicio prematuro de este mecanismo, se ha plasmado que: <\/p>\n
\u2026es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (CSJ STC, 31 mar. 2016, rad. 00067-01). <\/p>\n
En ese orden de ideas, esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo, por lo que el amparo no pod\u00eda prosperar. <\/p>\n
4. Se destaca que, en casos como el de ahora, en los que la queja radica en que la ejecutada asume que el documento base de cobro no re\u00fane los requisitos de ley, pues las condenas ya fueron debidamente canceladas, el ruego tutelar se ha considerado prematuro cuando a\u00fan est\u00e1n pendientes de definici\u00f3n las defensas de m\u00e9rito planteadas ante el fallador natural aduciendo esa situaci\u00f3n, como aqu\u00ed ocurre. <\/p>\n
En efecto, esta Corte en fallo STC1121-2015 (12 feb., rad. 2015-00182-00), en lo que aqu\u00ed interesa, dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026el amparo deprecado no est\u00e1 llamado a prosperar comoquiera que resulta prematuro ya que, no ha sido a\u00fan expedida la sentencia que dirima tal pleito, providencia en la cual el alcance de la obligaci\u00f3n del accionante necesariamente debe ser analizado con independencia de que el mandamiento de pago haya sido recurrido en reposici\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Lo anotado torna improcedente la referida solicitud de resguardo porque no puede el fallador constitucional, en modo alguno, anticiparse a los pronunciamientos del juez natural\u2026 <\/p>\n
En efecto, aun cuando en un tr\u00e1mite judicial sea propuesta y decidida adversamente una excepci\u00f3n previa, tramitada por v\u00eda de reposici\u00f3n en trat\u00e1ndose de juicios ejecutivos, ello no exime al operador judicial de conocimiento de volver sobre los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo, que es lo que aduce el demandante constitucional. <\/p>\n
En igual sentido, respecto a la revisi\u00f3n oficiosa de los t\u00edtulos que debe agotar el juzgador natural al momento de ocuparse de resolver si existe m\u00e9rito para continuar el cobro, insistentemente se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026es dable a los juzgadores bajo la \u00e9gida del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y as\u00ed tambi\u00e9n de acuerdo con el C\u00f3digo General del Proceso, volver, ex officio, sobre la revisi\u00f3n del \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia. <\/p>\n
Reli\u00e9vase, adem\u00e1s, que el an\u00e1lisis del aludido sustrato jur\u00eddico-material que todo litigio de ejecuci\u00f3n precisa como requisito sine qua non, ha de darse de necesidad, as\u00ed no haya sido ello espec\u00edfico motivo de la alzada, si no se olvida que el pronunciamiento del ad quem, conforme al precepto 328 del C\u00f3digo General del Proceso, lo es \u00absin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio\u00bb, siendo tal una de ellas conforme as\u00ed lo ha decantado la jurisprudencia\u2026 <\/p>\n
Y es que sobre el particular de la revisi\u00f3n oficiosa del t\u00edtulo ejecutivo esta Sala precis\u00f3, en CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 2016-00440-01, lo siguiente: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2\u00ba y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido. <\/p>\n
Por ende, mal puede olvidarse que as\u00ed como el legislador estipul\u00f3 lo ut supra preceptuado, asimismo en la \u00faltima de las citadas regulaciones, puntualmente en su inciso primero, determin\u00f3 que \u00ab[p]resentada la demanda acompa\u00f1ada de documento que preste m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal\u00bb (se relieva). <\/p>\n
De ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, est\u00e1 habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin l\u00edmite en cuanto ata\u00f1e con ese preciso t\u00f3pico, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicci\u00f3n, ya sea a trav\u00e9s del juez a quo, ora por el ad quem. <\/p>\n
Y es que, como la jurisprudencia de esta Sala lo pregon\u00f3 en plurales oportunidades relativamente al efecto demarcado por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo cual ahora tambi\u00e9n hace en punto de las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, para as\u00ed reiterar ello de cara al nuevo ordenamiento civil adjetivo, ese proceder es del todo garantista de los derechos sustanciales de las partes trabadas en contienda, por lo que no meramente se erige como una potestad de los jueces, sino m\u00e1s bien se convierte en un \u00abdeber\u00bb para que se logre \u00abla igualdad real de las partes\u00bb (art\u00edculos 4\u00ba y 42-2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso) y \u00abla efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb (art\u00edculo 11\u00ba ibidem). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la hermen\u00e9utica que ha de d\u00e1rsele al canon 430 del C\u00f3digo General del Proceso no excluye la \u00abpotestad-deber\u00bb que tienen los operadores judiciales de revisar \u00abde oficio\u00bb el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de \u00fanica, primera o segunda instancia (ello es predicable, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, respecto de todos los procesos ejecutivos y no meramente de los de alimentos de que aqu\u00ed se viene tratando en particular), dado que, como se precis\u00f3 en CSJ STC, 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, \u00aben los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los t\u00e9rminos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el t\u00edtulo ejecutivo (\u2026) Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala ha indicado que \u201cla orden de impulsar la ejecuci\u00f3n, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario an\u00e1lisis de las condiciones que le dan eficacia al t\u00edtulo ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal\u201d [\u2026]\u00bb\u2026 <\/p>\n
De modo que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y tambi\u00e9n en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa. <\/p>\n
Y es que, valga precisarlo, el legislador lo que contempl\u00f3 en el inciso segundo del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso fue que la parte ejecutada no pod\u00eda promover defensa respecto del t\u00edtulo ejecutivo sino por la v\u00eda de la reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, cerr\u00e1ndole a esta puertas a cualquier intento ulterior de que ello se ventile a trav\u00e9s de excepciones de fondo, en aras de propender por la econom\u00eda procesal, entendido tal que lejos est\u00e1 de erigirse en la prohibici\u00f3n que incorrectamente vislumbr\u00f3 el tribunal constitucional a quo, de que el juzgador natural no pod\u00eda, motu proprio y con base en las facultades de direcci\u00f3n del proceso de que est\u00e1 dotado, volver a revisar, seg\u00fan le ata\u00f1e, aquel a la hora de dictar el fallo de instancia; otro entendido de ese precepto ser\u00eda colegir inadmisiblemente que el creador de la ley lo que adopt\u00f3 fue la il\u00f3gica regla de que de haberse dado el caso de librarse orden de apremio con alguna incorrecci\u00f3n, ello no pod\u00eda ser enmendado en manera alguna, razonamiento que es atentatorio de la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las ritualidades que es postulado constitucional y que, por ende, no encuentra ubicaci\u00f3n en la estructura del ordenamiento jur\u00eddico al efecto constituido. (CSJ STC4808-2017) (reiterada en STC433-2018, 24 ene., rad. 2018-00045-00). <\/p>\n
5. Las razones aqu\u00ed consignadas imponen respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC12211-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12211-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2023-00436-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la accionante frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77344","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77344","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77344"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77344\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77344"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77344"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77344"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}