STC12215-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12215-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04102-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por John Mario Pinilla Ramos contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, Despacho del Magistrado Diego Eugenio Corredor Beltr\u00e1n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Expone que, el 19 de septiembre de la presente anualidad, elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal relacionado con la acci\u00f3n de tutela radicado 2023-00206-01 cuya ponencia, en sede de impugnaci\u00f3n, correspondi\u00f3 al Magistrado Corredor Beltr\u00e1n. <\/p>\n
Indica que, el referido pedimento lo dirigi\u00f3 al correo notitutelapenal@cortesuprema.gov.co , empero, y pese a que el pasado 2 de octubre reiter\u00f3 la solicitud al e-mail notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co recibiendo acuse de recibido, para el momento de la interposici\u00f3n de la actual demanda tutelar, \u00abluego de treinta (30) d\u00edas de haber sido presentado el derecho fundamental de petici\u00f3n a la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Penal \u2013 Decisi\u00f3n Tutelas n\u00ba 3 \u2013 la cual preside el Se\u00f1or Magistrado Diego Eugenio Corredor Beltr\u00e1n, no existe documentaci\u00f3n, informaci\u00f3n o pronunciamiento [\u2026] as\u00ed como tampoco, notificaci\u00f3n razonable a la mora injustificada\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sala de Tutelas n\u00ba 3, \u00ab(\u2026) la contestaci\u00f3n, total, clara, coherente y de fondo al recurso en derecho interpuesto por m\u00ed, el pasado 19 de septiembre de 2023 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez D\u00e9cimo Penal del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, en su despacho se tramit\u00f3, en sede de impugnaci\u00f3n, una acci\u00f3n de tutela promovida por Pinilla Ramos contra el Consorcio Express S.A.S., por la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, m\u00ednimo vital, salud y estabilidad laboral, en la que, el 11 de enero de 2022 dict\u00f3 fallo mediante el cual revoc\u00f3 parcialmente el impugnado, disponiendo tutelar de manera transitoria las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el aqu\u00ed accionante, elev\u00f3 a ese juzgado una petici\u00f3n el 10 de marzo de 2022 poniendo de presente un aparente incumplimiento al fallo de tutela. Posteriormente, precis\u00f3 que, resolvi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta del incidente de desacato que el gestor activ\u00f3 y, el 4 de abril de 2022, \u00abluego de agotar las etapas correspondientes, esta judicatura emiti\u00f3 decisi\u00f3n el 26 de abril siguiente, mediante la cual revoc\u00f3 por cumplimiento la sanci\u00f3n impuesta\u00bb. Cont\u00f3 que el 31 de mayo de 2022, nuevamente, alleg\u00f3 una nueva solicitud reiterando la misma queja, en la que se le contest\u00f3 que el incidente de desacato le compet\u00eda al Juzgado 12 Penal Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, conoci\u00f3 en impugnaci\u00f3n otra acci\u00f3n de tutela que el aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 (2021-00007) resuelta el 12 de febrero de 2021 y que tambi\u00e9n conoci\u00f3 la consulta de la sanci\u00f3n por desacato dentro del mismo tr\u00e1mite. En cuanto a la tutela que refiere el actor (rad. 2023-206), manifest\u00f3 desconocerla pues aquella cursa en la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
3. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 explic\u00f3 que, la acci\u00f3n de tutela a la que hace alusi\u00f3n Pinilla Ramos (2023-000206), la conoci\u00f3 ese tribunal en primer grado, declar\u00e1ndola improcedente el 26 de junio de 2023, remiti\u00e9ndose la impugnaci\u00f3n a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pidi\u00f3 que se desvincule a esa colegiatura pues el reproche actual del actor est\u00e1 concretamente dirigido contra la mencionada Sala Especializada. <\/p>\n
4. El Juzgado Doce Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que, efectivamente conoci\u00f3 de una tutela del aqu\u00ed actor contra el Consorcio Express S.A.S., la cual resolvi\u00f3 en primera instancia el 11 de noviembre de 2021 cuya impugnaci\u00f3n correspondi\u00f3 al D\u00e9cimo Penal del Circuito de esta ciudad que revoc\u00f3 su decisi\u00f3n, para en su lugar, amparar de manera transitoria los derechos del actor, al ordenar su reintegro laboral a la empresa accionada. Se\u00f1al\u00f3 que, fue iniciado luego un incidente de desacato en el que finalmente se dispuso no sancionar al representante legal del Consorcio Express. Contra las determinaciones que se adoptaron en esa tutela, Pinilla Ramos promovi\u00f3 una nueva salvaguarda, la cual conoci\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que el 21 de junio de 2022 declar\u00f3 su improcedencia. <\/p>\n
5. El Magistrado Diego Eugenio Corredor Beltr\u00e1n, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal admiti\u00f3 que, en efecto, estuvo encargado de la ponencia de la tutela interpuesta por Pinilla Ramos contra Consorcio Express S.A., y otros, en sede de impugnaci\u00f3n, y precis\u00f3 que, con sentencia STP8029-2023 del 3 de agosto, resolvi\u00f3 dicha instancia confirmando en su integridad el fallo del tribunal a quo. En cuanto al derecho de petici\u00f3n del actor, allegado el 19 de septiembre de 2023, su resoluci\u00f3n \u00abse produjo mediante providencia ATP1206-2023, fechada el 28 de septiembre pasado, absteni\u00e9ndose de tramitar dicha solicitud, indic\u00e1ndose, a su vez, que no proced\u00edan recursos en su contra. Este prove\u00eddo se notific\u00f3 al accionante el pasado 19 de octubre\u00bb. <\/p>\n
6. La Nueva EPS, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde dilucidar si la Sala Especializada accionada, vulner\u00f3 la garant\u00eda fundamental denunciada por el quejoso, al no pronunciarse frente a la petici\u00f3n que elev\u00f3 el 19 de septiembre de 2023 en la que solicit\u00f3 se analicen nuevamente los argumentos de la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el fallo de primer grado en la acci\u00f3n de tutela radicado 2023-00206. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 00304-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si la solicitud cuya respuesta se reclama, concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. En el sub examine no puede predicarse vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda contenida en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, considerando que el requerimiento en cuesti\u00f3n \u2013 del 19 de septiembre de 2023 \u2013 tiene v\u00ednculo intr\u00ednseco con el tr\u00e1mite constitucional radicado n\u00ba 2023-00206 que el actor promovi\u00f3 contra el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de esta capital, que conoci\u00f3 en primer grado el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, y en impugnaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por lo que, conforme se expuso en los precedentes jurisprudenciales destacados, no resulta viable el mecanismo constitucional deprecado para tal efecto. <\/p>\n
En ese orden, no puede prosperar la demanda, toda vez que el actor no se encuentra habilitado para pretender, mediante el escrito petitorio, que la autoridad tutelada respondiera sobre un asunto propio del tr\u00e1mite de tutela en los t\u00e9rminos previstos en la normativa que reglamenta la prerrogativa supralegal aludida \u2013 art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015 \u2013. Dicho de otra manera, no emerge afectaci\u00f3n de aqu\u00e9lla conforme los presupuestos generales de esa regulaci\u00f3n. <\/p>\n
De manera que, cuestiones como las pretendidas por el gestor del amparo a trav\u00e9s del derecho de petici\u00f3n aludido, deben ser resueltas al interior del procedimiento respectivo, raz\u00f3n por la cual, la falta de aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n previamente mencionada, no abre camino al amparo solicitado. <\/p>\n
3.2. No obstante lo anterior, revisado el sistema web de consulta judicial de la Rama judicial encontr\u00f3 la Sala que, el pedimento cuya contestaci\u00f3n reclama el actor fue atendido mediante pronunciamiento fechado el pasado 28 de septiembre de 2023 \u2013 auto ATP1206-2023, notificado el 19 de octubre \u2013 con la ponencia del Magistrado Diego Eugenio Corredor Beltr\u00e1n de la Hom\u00f3loga Penal, en el que se le explic\u00f3 al peticionario que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) con independencia de que la parte accionante la denominara: \u201cDerecho de petici\u00f3n \u2013 Restablecimiento a la decisi\u00f3n\u201d, alusivo al fallo adoptado en sede de segunda instancia y, lo hubiese promovido dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de la referida providencia, lo cierto es que, se itera, no es dable emitir un pronunciamiento de fondo respecto de tal medio de inconformidad, en tanto la sentencia de segundo grado no es susceptible de recurso alguno, por ello, esta Sala se abstendr\u00e1 de darle tr\u00e1mite. <\/p>\n
ii) No destaca alg\u00fan error puramente aritm\u00e9tico en el prove\u00eddo cuestionado; y, aunque refiere en el escrito de \u201crestablecimiento a la decisi\u00f3n\u201d que el objeto de su tutela era el amparo del derecho de petici\u00f3n, lo cual dar\u00eda a pensar que plantea la ocurrencia del tercer escenario, esto es, iii) que se hubiese omitido resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la Ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento, lo cierto es que, en su escrito de tutela lo que cuestiona es la decisi\u00f3n \u2013los fundamentos\u2013 que resolvi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta, tal como se indic\u00f3 en el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
(\u2026) De otra parte, en lo que ata\u00f1e a la menci\u00f3n del desalojo, respecto de la cual, el actor pretende se efect\u00fae una rectificaci\u00f3n, es del caso se\u00f1alar que dicha alusi\u00f3n no tiene incidencia para que proceda la aclaraci\u00f3n del fallo. Sin embargo, en gracia de discusi\u00f3n, resulta pertinente indicar que, sobre el particular, en el escrito de impugnaci\u00f3n, Pinilla Ramos expres\u00f3: \u201ca tal grado sumo de estar a portas de ser desalojados del lugar donde vivimos por la imposibilidad de sufragar los gastos b\u00e1sicos de mi hogar\u201d, y pidi\u00f3 valorar el anexo 2 denominado \u201cprobatorio demanda restituci\u00f3n inmueble\u201d. <\/p>\n
Con todo, la Sala observa que los argumentos expuestos en el documento denominado: \u201cDerecho de petici\u00f3n \u2013 Restablecimiento a la Decisi\u00f3n\u201d del fallo de segundo grado van dirigidos a cuestionar los fundamentos en que se ciment\u00f3, con el prop\u00f3sito de obtener un nuevo pronunciamiento acorde a sus intereses\u00bb. <\/p>\n
En todo caso, y sin perjuicio de su inviabilidad, como se precis\u00f3, cuando la mencionada garant\u00eda fundamental se refiere de manera concreta a un asunto judicial, su ejercicio no lleva impl\u00edcita la posibilidad de exigir que sea resuelta en un determinado sentido, pues, esta se satisface cuando se da respuesta oportuna, conforme con lo solicitado y se comunica en debida forma, lo que aqu\u00ed aconteci\u00f3. <\/p>\n
Por lo tanto, como raz\u00f3n adicional del fracaso del resguardo, y al margen de la impertinencia del pedimento, seg\u00fan lo constatado en el historial de la tramitaci\u00f3n, es la configuraci\u00f3n de la carencia actual de objeto al evidenciarse superada la circunstancia alegada como presuntamente transgresora del derecho invocado. Sobre la figura destacada, esta Sala ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la carencia de objeto impide que el fallador constitucional intervenga en relaci\u00f3n con situaciones que al momento de la sentencia ya no existen, o al menos no se suscitan con las caracter\u00edsticas de origen, ya que (\u2026) si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser (\u2026)\u00bb (CSJ. STC de 13 mar. 2009, rad. 00147-01, reiterada en STC1836-2017, 15 feb. 2017, rad. 00388-01, entre otras). <\/p>\n
En definitiva, por lo indicado en precedencia, se impone la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda habida cuenta que, como viene de puntualizarse, no se advierte vulneraci\u00f3n de derecho alguno. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. El derecho de petici\u00f3n como v\u00eda para reclamar pronunciamientos espec\u00edficos sobre un tr\u00e1mite judicial (constitucional) resulta improcedente, debi\u00e9ndose por ello desestimar el resguardo aqu\u00ed implorado ya que, no puede afirmarse que la Sala Especializada acusada vulnerara esa prerrogativa por no contestar la solicitud referida en los t\u00e9rminos previstos en la Ley 1755 de 2015. <\/p>\n
4.2. El hecho que origin\u00f3 la petici\u00f3n de amparo y en el cual se sustent\u00f3 la queja, se encuentra superado, dado que, durante el transcurso de esta primera instancia constitucional, la autoridad accionada atendi\u00f3 el pedimento elevado por el actor el 28 de septiembre de 2023 (notificado el 19 de octubre), lo que supone la carencia actual de objeto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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