STC12231-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12231-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04104-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas nacionales \u2013 DIAN y la Asociaci\u00f3n de Sordos de Risaralda \u2013 Asorisa, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 660013103 005-2022-00118-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la acci\u00f3n popular que propuso, la neg\u00f3 el Juzgado Quinto Civil del Circuito, \u00abPESE A QUE LA ACCIONADA NO RESPONDIO MI ACCION, NUNCA SE TUBO COMO ALLANADA A MIS PRETENSIONES SEG\u00daN LO ORDENA CGP\u00bb, tr\u00e1mite en el que no respet\u00f3, ni dio cumplimento a los t\u00e9rminos que impone la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Tribunal Superior accionado en la sentencia no desarroll\u00f3 el test de razonabilidad, simplemente lo anot\u00f3, y \u00abdesconoce lo que ordena la ley 982 de 2005 art 8, ACCIONES AFIRMATIVAS DE INMEDIATO CUMPLIMINTO Y DESIDE CONFIRMAR EL FALLO, DESCONOCIENDO APARENTEMENTE EL MANDATO LEGAL Y OLVIDANDO QUE NO SE AMPARA DERECHOS COLECTIVOS PERTENECIENTES A CIUDADANOS CON PROTECCI\u00d3N REFORZADA\u00bb. <\/p>\n
Igualmente aleg\u00f3 que tampoco aceptaron \u00abmi desistimiento de la acci\u00f3n popular renuente ante la mora y la renuencia y se me obliga a actuar CONTRARIO A MI VOLUNTAD, afectando mi salud mental al ver la mora y la renuencia y no poder hacer nada en derecho, para (sic) que se cumpliera art 84 LEY 472 DE 1998 cuyo art\u00edculo solo es con efecto simb\u00f3lico\u00bb. (sic) (May\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos, solicit\u00f3 ordenar, <\/p>\n
(\u2026) AL DIRECTOR DIAN PARA QUE CERTIFIQUE Y HAGA CONSTAR EN LOS \u00daLTIMOS 5 A\u00d1OS, CU\u00c1NTO dinero PAGA POR IMPUESTOS LA ENTIDAD ACCIONADA, a fin de probar que nada tiene que ver lo registrado en el establecimiento de comercio, con la capacidad econ\u00f3mica de la misma. <\/p>\n
AMPARAR MI ACCION POPULAR AMPARADO LEY 982 DE 2005 ART 8 ACCIONES AFIRMATIVAS. <\/p>\n
APLICAR LEY 1752 DE 2015 ANTE LA DISCRIMINACION EXISTENTE ACTUALMENTE CONTRA CIUDADANOS CON LIMITACION VISUAL Y AUDITIVA. <\/p>\n
Al juez y al tribunal aceptar mi desistimiento de la acci\u00f3n popular tal como ha saciedad lo pedi infructuosamente o se me consigne la ley que me impone a obrar contrario a mi voluntad en derecho en esta acci\u00f3n popular. <\/p>\n
A ASORISA que consigne que cuesta contratar con ellos el servicio de interprete y gu\u00eda interprete que manda la ley 982 de 2005 art 8. asociaci\u00f3n de sordos de Risaralda. <\/p>\n
Al juez y tribunal que consignen que cuesta contratar con entidad id\u00f3nea el cumplimiento legal de lo ordenado en ley 982 de 2005 art 8, a fin que no solo consignen en el papel SIN PRUEBA ALGUNA QUE TAL CARGA ES EXAGERADA ECON\u00d3MICAMENTE, SIN PROBAR NI DEMOSTRAR NADA EN DERECHO…. AFIN QUE GARANTICEN ART 29 CN\u00bb. (sic) (May\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
3. Una vez asumido su conocimiento, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y dispuso el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular para que ejercieran su derecho a la defensa.\u202f <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Pereira, respondi\u00f3 que, en la sentencia proferida en esa instancia, se encuentran consignadas las razones jur\u00eddicas que motivaron a adoptar el fallo confirmatorio, y descartan la arbitrariedad en lo resuelto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, luego de hacer un recuento de las actuaciones de la acci\u00f3n popular No. 2022-00118, indic\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, y ha actuado de conformidad con los mandatos que le han sido impuestos por la Constituci\u00f3n y la Ley, propendiendo por la efectiva implementaci\u00f3n de mecanismos procesales acordes al inter\u00e9s general. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, contest\u00f3 que no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental del demandante, debido a que la entidad no puede acceder a la petici\u00f3n presentada en el escrito de tutela, por la reserva legal establecida en el art\u00edculo 583 del Estatuto Tributario, y que se encuentra respaldada por la Corte Constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, examinado el enlace que contiene la acci\u00f3n popular No. 005-2022-00118-01, promovida por Mario Restrepo Zapata contra Huang Guiquing propietario del establecimiento de comercio Chop Suey Tam\u2019s, se observan las siguientes actuaciones relevantes para abordar el estudio del presente asunto. <\/p>\n
2.1 El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, profiri\u00f3 sentencia el 20 de junio de 2023, en la que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, porque al tratarse de una microempresa de acuerdo con el Decreto 1074 de 2015 y la Resoluci\u00f3n No. 2225 de 2019 del DANE, no se pod\u00eda imponer a peque\u00f1os comerciantes cargas adicionales a las que comercial y tributariamente le corresponden, porque puede impedir el desarrollo del comercio en la ciudad e incluso, el objeto social de la empresa. <\/p>\n
El accionante inconforme con lo resuelto formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n con fundamento en que, i) no se hab\u00edan cumplido los t\u00e9rminos de la Ley 472 de 1998, ii) no se probaron en derecho las fallas t\u00e9cnicas de la p\u00e1gina web que impidi\u00f3 publicar los estados, iii) debe garantizarse de manera permanente la presencia f\u00edsica de int\u00e9rprete o gu\u00eda int\u00e9rprete como se orden\u00f3 en la acci\u00f3n No. 2014-00111 y, iv) no pod\u00eda perderse de vista que la demandada no contest\u00f3 la demanda, \u00abdebiendo tener como allanada a mis pretensiones\u00bb. <\/p>\n
2.2 En auto de 2 de agosto de 2023 se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n en el efecto suspensivo. <\/p>\n
2.3 El Tribunal Superior de Pereira, una vez vencido los t\u00e9rminos de sustentaci\u00f3n, profiri\u00f3 sentencia el 13 de octubre de 2023 en la que confirm\u00f3 la del a quo, tras considerar que el actor popular se limit\u00f3 a criticar la decisi\u00f3n de primer grado por inaplicar la Ley 982 de 2005, con fundamento en la capacidad econ\u00f3mica de la accionada. <\/p>\n
Expuso que, \u00absi bien el demandado no contest\u00f3 la demanda, no significaba que se hubiera allanado a sus pretensiones, pues no es hip\u00f3tesis prevista en el art\u00edculo 98 del C\u00f3digo General del proceso, por el contrario, exige que el acto sea expreso, no inferido; y La consecuencia de no contestar la demanda est\u00e1 prevista en el canon 97 ibidem., norma que aplic\u00f3 la jueza de primera instancia, cuando presumi\u00f3 como ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la demanda\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al segundo reparo, se\u00f1al\u00f3 que si bien esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que, \u00ablas acciones afirmativas contenidas en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 982 de 2005 en favor de las personas con hipoacusia, sordas o sordociegas, no solo son exigibles del Estado o de los particulares que prestan servicios p\u00fablicos, sino que igualmente recae en cabeza \u201cde aquellas personas privadas que ofrecen servicios al p\u00fablico\u201d\u00bb, al tratarse de particulares, ha hecho \u00e9nfasis en que se debe estudiar su capacidad econ\u00f3mica en especial el tama\u00f1o de la empresa como un criterio objetivo determinante para esclarecer la posibilidad para realizar los comportamientos exigidos en la citada normativa. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, la obligaci\u00f3n de garantizar el derecho colectivo a la accesibilidad, tambi\u00e9n recae sobre los particulares con solvencia econ\u00f3mica suficiente para asumir la carga, y, que, en reciente sentencia, se\u00f1al\u00f3 como un criterio de valoraci\u00f3n de medici\u00f3n objetiva el tama\u00f1o de la empresa, \u00abPostura que ha sido reiterativa en las decisiones que se han emitido sobre la misma tem\u00e1tica y que se pueden consultar en las sentencias SP033 y SP-036 de 2023, entre otras\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que para entender la \u00abcapacidad econ\u00f3mica\u00bb del establecimiento de comercio demandado, se ha acudido al concepto de tama\u00f1o de la empresa, que comprende las definiciones de las micro, peque\u00f1as y medianas empresas previstas en el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 590 de 2000 modificado por el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 905 de 2004 y por el art\u00edculo 43 de la Ley 1450 de 2011, e igualmente el Decreto 957 de 2019 estableci\u00f3 como criterios para la clasificaci\u00f3n del tama\u00f1o empresarial (art\u00edculo 2.2.1.13.2.1), los ingresos por actividades ordinarias anuales de la respectiva empresa, que variar\u00e1n dependiendo del sector econ\u00f3mico en el cual la empresa desarrolle su actividad. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el citado Decreto en el canon 2.2.1.13.2.2. regul\u00f3 las condiciones para la definici\u00f3n del tama\u00f1o empresarial, as\u00ed, <\/p>\n
(\u2026) 3. Para el sector de comercio: Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve Unidades de Valor Tributario (44.769 UVT). <\/p>\n
Peque\u00f1a Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve Unidades de Valor Tributario (44.769 UVT) e inferiores o iguales a cuatrocientos treinta y un mil ciento noventa y seis Unidades de Valor Tributario (431.196 UVT). <\/p>\n
Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a cuatrocientos treinta y un mil ciento noventa y seis Unidades de Valor Tributario (431.196 UVT) e inferiores o iguales a dos millones ciento sesenta mil seiscientos noventa y dos Unidades de Valor Tributario (2’160.692 UVT)\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, al consultar el certificado de matr\u00edcula mercantil del establecimiento de comercio demandado, se verific\u00f3 que se trataba de una microempresa, motivo por el cual resultaba desproporcionado, \u00abde cara a su capacidad econ\u00f3mica, obligarla a asumir las cargas previstas en el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005\u00bb. <\/p>\n
3. En ese orden, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado, como quiera que el Tribunal Superior accionado con fundamento en las pruebas practicadas en la actuaci\u00f3n, as\u00ed como en la regulaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 590 de 2000 modificado con el art\u00edculo 43 de la ley 1450 de 2011 y el Decreto 957 de 2019, encontr\u00f3 en la acci\u00f3n popular que motiva la queja, que el establecimiento de comercio demandado, seg\u00fan certificado de matr\u00edcula mercantil, pertenece al grupo de las microempresas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que no resulta razonable la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005, por la capacidad econ\u00f3mica y tama\u00f1o de la empresa, y resultaba excesivo obligarla a asumir las cargas previstas en la citada normativa, esto es, contratar dentro del personal de atenci\u00f3n al cliente, un int\u00e9rprete o gu\u00eda int\u00e9rprete para personas con hipoacusia, sordas o sordo ciegas, m\u00e1xime cuando en el proceso el accionante no solicit\u00f3 prueba alguna para desvirtuar, o probar que la demandante ten\u00eda la suficiente solvencia para cumplirla. <\/p>\n
Ahora bien, si las peticiones para que la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u00abcertifique sobre la capacidad econ\u00f3mica de la demandada\u00bb, y a \u00abASORISA informe cu\u00e1nto cuesta contratar con ellos el servicio de interprete y gu\u00eda interprete\u00bb, estaban encaminadas a desvirtuar las consideraciones a las que arrib\u00f3 el juzgador para negar las pretensiones, se advierte que son improcedentes, porque debi\u00f3 solicitarlas en el proceso ante el Juez de conocimiento o en el curso de la segunda instancia, y no en sede de este mecanismo excepcional que no fue instituido para recuperar oportunidades procesales perdidas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la existencia de defecto alguno que constituya una v\u00eda de hecho como lo invoca el accionante, lo que se observa es una discrepancia de criterio porque la providencia le result\u00f3 adversa a sus intereses, no siendo este un motivo suficiente que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, puesto que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367- 00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, STC11814- 2022 y STC14032-2022, y STC3540-2023 entre muchas). <\/p>\n
4. Por otro parte, en cuanto a la negativa tanto del Juzgado o el Tribunal Superior accionado para aceptar el desistimiento de la acci\u00f3n popular, examinado el expediente digital no se encontr\u00f3 memorial o correo electr\u00f3nico donde expresara el supuesto desistimiento, por tanto, resulta improcedente, ordenar al funcionario judicial que acepte o decrete un \u00abdesistimiento\u00bb, que ni siquiera ha sido requerido por el interesado, y como lo ha reiterado en m\u00faltiples ocasiones esta Corte, \u00absi no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC483 de 2023 y STC2513 de 2023). <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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STC12231-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12231-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04104-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo Zapata […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77354","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77354","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77354"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77354\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77354"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77354"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77354"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}