STC12232-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12232-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00289-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial el 21 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00abA\u00bb contra el Juzgado Promiscuo de Familia y la Comisar\u00eda de Familia; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Ministerio P\u00fablico y la Defensor\u00eda de Familia, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa rad. n.\u00b0 01 (rad. n.\u00b0 021). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor de edad involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de esta, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes2. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. A trav\u00e9s de apoderada, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, falta de competencia, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, doble instancia y ni\u00f1ez, presuntamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
El promotor empez\u00f3 por indicar que entre \u00e9l y \u00abB\u00bb (q.e.p.d.) \u00abexisti\u00f3 una relaci\u00f3n amorosa (\u2026) dentro de la cual procrearon a A.V.M.L. (\u2026) quien en la actualidad cuenta con 6 a\u00f1os de edad\u00bb, destacando que junto con la menor pertenecen al Cabildo Ind\u00edgena \u00abC\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, tras mencionar algunos cambios en el r\u00e9gimen de visitas de la ni\u00f1a, dice que \u00abel d\u00eda 17 de marzo de 2022 mediante acta de conciliaci\u00f3n realizada en la comisaria de Familia (\u2026) acuerdan que la Custodia y Cuidado Personal de su hija (\u2026) sea ejercida por la se\u00f1ora \u00abB\u00bb (q.e.p.d.) y con regulaci\u00f3n de visitas por parte del padre y fij\u00e1ndole una cuota alimentaria\u00bb, arreglo que se estaba cumpliendo; sin embargo, el 19 de noviembre de 2022 la progenitora de la menor falleci\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, aduce que cuando acudi\u00f3 al municipio donde reside su hija, en aras de brindarle compa\u00f1\u00eda, \u00ablo aborda la Comisaria de Familia de \u00abD\u00bb y hace la solicitud de devolver a la ni\u00f1a, desconociendo (\u2026) el hecho de que es el padre de la menor y que en ese momento ten\u00eda la regulaci\u00f3n de visitas acordado mediante un acta de conciliaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Puntualiza que fue obligado a dejar a su hija, se impidi\u00f3 su regulaci\u00f3n de visitas y se \u00abinicia proceso con la menor\u00bb ante la Comisar\u00eda de Familia de \u00abD\u00bb, quien imposibilita que \u00abpueda disfrutar de su hija (\u2026) y otorga la custodia provisional de manera verbal a la abuela \u00abE\u00bb, igualmente de manera caprichosa y arbitraria\u00bb. <\/p>\n
En orden a las situaciones que anteceden, refiere que acudi\u00f3 al Cabildo Ind\u00edgena \u00abC\u00bb y al ICBF, solicitando el restablecimiento de derechos a favor de su menor hija, siendo finalmente asignado el asunto a la Comisar\u00eda de Familia de \u00abF\u00bb, quien dio apertura de este (rad. 02). <\/p>\n
Dentro del tr\u00e1mite, indica que inform\u00f3 que la menor pertenece al mencionado Cabildo, pero la comisar\u00eda encargada \u00abda una negativa\u00bb, por lo que present\u00f3 incidente de nulidad por \u00abviolaci\u00f3n directa del Art\u00edculo Art. 3 Par\u00e1grafo 2 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia: \u201cEn el caso de los pueblos ind\u00edgenas, la capacidad para el ejercicio de derechos, se regir\u00e1 por sus propios sistemas normativos, los cuales deben guardar plana armon\u00eda con la Constituci\u00f3n Nacional\u201d\u00bb; no obstante, mediante auto del 21 de abril de 2023 se decide desfavorablemente \u00abargumentando que los presupuestos de los conflictos de jurisdicciones, (\u2026) \u201cla disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa de naturaleza judicial, no pol\u00edtica o administrativa\u201d sin tener en cuenta que las Comisarias de familia fueron creadas por el Decreto 2737 de 1981, y forman parte de la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico del respectivo municipio o distrito, tienen funciones y competencias de Autoridad Administrativa con funciones judiciales, de autoridad administrativa de orden policivo y autoridad administrativa de restablecimiento de derechos, por una parte, y por la otra desconoce el hecho de que el padre junto con la menor pertenecen al Cabildo Ind\u00edgena \u00abC\u00bb (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pide que \u00abse deje sin efecto la decisi\u00f3n plasmada dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos en favor de la menor A.V.M.L., proferida el d\u00eda 3 de Mayo de 2023 y del d\u00eda 16 de Mayo de 2023 donde se resolvi\u00f3 confirmarla\u00bb, as\u00ed mismo, que \u00abse envi\u00e9 el expediente al Cabildo Ind\u00edgena \u00abC\u00bb para lo pertinente\u00bb y que \u00abse compulsen copias a los entes de investigaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia manifest\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n del despacho en el tr\u00e1mite que se fustiga no constituye una v\u00eda de hecho ni ha vulnerado los derechos de los accionantes\u00bb y remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda de Familia de esa misma localidad hizo un recuento de las actuaciones administrativas a su cargo -remitiendo copia de las mismas- y destac\u00f3 que \u00abse encuentra pendiente el cierre del proceso, sin embargo se evidencia en el \u00faltimo seguimiento psicosocial realizado (\u2026) que se recomienda mantener custodia de la ni\u00f1a en familia extensa con la abuela materna (\u2026) [y] pese a que la ni\u00f1a tiene a su progenitor quien por cierto no viene cumpliendo con el pago oportuno de cuotas alimentarias (\u2026) tampoco ha llegado la historia cl\u00ednica de atenci\u00f3n psicol\u00f3gica [y que] prima para el caso el principio de inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a quien desde su nacimiento su n\u00facleo m\u00e1s cercano de apoyo fue el de la abuela\u00bb. <\/p>\n
3. A trav\u00e9s de apoderado, \u00abE\u00bb se refiri\u00f3 a cada uno de los hechos expuestos en el escrito inicial y se opuso a las pretensiones, toda vez que \u00aben el restablecimiento de derechos la se\u00f1ora comisaria vel\u00f3 por el bienestar y la salud mental de la ni\u00f1a, no hay afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales ni del accionante y menos de su menor hija como quiera que de acuerdo a las pruebas psicol\u00f3gicas y visitas al hogar, realizadas por los profesionales adscrito a la entidad oficial, y al deseo de ella misma de vivir con su familia materna, presenta un estado de bienestar (\u2026), [pues] la ni\u00f1a desde que naci\u00f3 ha estado al cuidado de su difunta madre y su abuela por las razones ya expuestas, nunca fue separada de su padre porque simplemente nunca han convivido juntos m\u00e1s all\u00e1 del r\u00e9gimen de visitas\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo implorado, al advertir la ausencia del requisito de subsidiariedad, como quiera que \u00abest\u00e1 a la vista que el accionante cont\u00f3 con medios suficientes para discutir lo que ahora es su reparo principal, esto es, que el debate en comento debi\u00f3 conocerlo la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena y no la Comisar\u00eda de familia accionada. A pesar de esto, ante el aparente desacierto que de las decisiones tomadas que enrostra a la autoridad administrativa no propuso los medios de impugnaci\u00f3n que tuvo a su alcance. Sumado a todo lo expuesto, tampoco interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el auto dictado el 28 de junio de este a\u00f1o por el juzgado de familia accionado\u00bb y, bajo ese entendido, \u00abno s\u00f3lo mostr\u00f3 conformidad con las decisiones de la Comisar\u00eda de familia en torno a su eventual falta de jurisdicci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n estuvo de acuerdo con que no proced\u00eda la homologaci\u00f3n de una de ellas. Ese abandono, desde luego, impide que el juez constitucional analice la problem\u00e1tica planteada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
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1. De una parte, la formul\u00f3 el actor reiterando lo alegado desde el libelo inicial y critic\u00f3 que el a-quo constitucional \u00abno hace referencia a que este caso cumple la condici\u00f3n [de que] se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario (subsidiaridad);\u2026\u201d, [pues] en el particular el accionante y la menor AVML gozan de circunstancias particulares; la primera, que el padre accionante es ind\u00edgena que pertenece a una etnia especifica reconocida -hecho cierto-, que \u00e9sta particularidad le deja en condiciones diferentes en la acci\u00f3n interpuesta, peleando no solo su derecho a ejercer su rol de padre, pelea su decisi\u00f3n de ser custodio y perpetuador de la cultura de su etnia; segunda, que la menor AVML alej\u00e1ndola del padre se le niega el reconocimiento a su identidad cultural a pertenecer a un grupo \u00e9tnico con especial protecci\u00f3n cultural con reconocimiento de los tratados internacionales\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, resalt\u00f3 que \u00aben noviembre de 2022 asisti\u00f3 a las diligencias sin asesor\u00eda de un abogado, sin respaldo jur\u00eddico que oriente su caso a la vertiente correcta para su definici\u00f3n por la v\u00eda de la Jurisdicci\u00f3n Ind\u00edgena\u00bb y que no se garantizaron las \u00abposibilidades de recurrir\u00bb, por lo que pidi\u00f3 se \u00abrevise la decisi\u00f3n del juzgado y de la comisaria que dan la preponderancia a lo sustancial, a lo procesal y no a lo Constitucional, mirando los derechos de la menor AVML, de los derechos jurisdiccionales del Cabildo Ind\u00edgena\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, inform\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora \u00abE\u00bb el d\u00eda 12 de septiembre de 2023, al Cabildo Ind\u00edgena \u00abC\u00bb, solicita el retiro de la menor AVML, con el fin de incorporarla a otra comunidad, en esta situaci\u00f3n la misma abuela de la menor y contraparte en el proceso reconoce que la menor est\u00e1 vinculada y hace parte de una etnia ind\u00edgena\u00bb, precisando por esa senda que \u00abla vulneraci\u00f3n de los derechos de la menor a su vez, tambi\u00e9n est\u00e1 afectando de manera directa a un miembro de la comunidad ind\u00edgena\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por su parte, el Cabildo Ind\u00edgena \u00abC\u00bb, a trav\u00e9s de su Gobernador Tradicional3, cuestion\u00f3 igualmente la decisi\u00f3n de primera instancia alegando que \u00abla menor se encuentra inscrita en la base censal de la comunidad (\u2026) y que dentro del proceso se ha realizado violaci\u00f3n a sus derechos, (\u2026) sin embargo, y a pesar de haber informado esta situaci\u00f3n a la Comisaria de Familia (\u2026) pasa por alto dicha circunstancia y procede de manera arbitraria a otorgar custodia provisional a la abuela materna de la menor\u00bb; subraya tambi\u00e9n que los accionados \u00abvulneraron a toda costa la calidad de pertenecer a la Comunidad del Cabildo Ind\u00edgena\u00bb, aun cuando \u00abcomo Autoridad Tradicional del Cabildo siempre [hizo] reclamaci\u00f3n directa a la Comisar\u00eda (\u2026), mediante todo tipo de escritos y acto de presencia mediante acompa\u00f1amiento de la ONIC (Organizaci\u00f3n Nacional Ind\u00edgena de Colombia), como garante de los derechos de la ni\u00f1ez ind\u00edgena, sin embargo, la Comisaria hizo caso omiso a este tipo de argumentaci\u00f3n de manera irrespetuosa [al] pueblo ind\u00edgena no permitiendo [su] intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Al igual que el accionante, puso en conocimiento la solicitud elevada por \u00abE\u00bb, para retirar a la menor de la comunidad, con el fin de incorporarla a otra, estim\u00e1ndola irrespetuosa y desconocedora de su fuero como jurisdicci\u00f3n, poniendo adem\u00e1s en riesgo sus conocimientos ancestrales y valores culturales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si se agotaron los mecanismos ordinarios por parte del interesado y, de superarse lo anterior, corroborar si la Comisar\u00eda de Familia y el Juzgado Promiscuo de Familia, vulneraron los derechos fundamentales invocados por el querellante, en el curso del asunto de Restablecimiento de Derechos a favor de la menor A.V.M.L. rad. n.\u00b0 01 (n.\u00b0 02). <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general, este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a las prerrogativas esenciales, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, son la inmediatez y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Del caso concreto. <\/p>\n
4.1. El gestor acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera soslayado por parte de las autoridades convocadas al negar la nulidad que deprec\u00f3 por falta de competencia de la comisar\u00eda accionada, en tanto \u00abla menor (\u2026) junto con su padre, pertenecen al cabildo Ind\u00edgena \u00abC\u00bb (\u2026) [quien] reclam[\u00f3] el presente proceso\u00bb; e igualmente, al transgredir el principio constitucional de doble instancia, toda vez que el estrado encartado se abstuvo de revisar, en sede de homologaci\u00f3n, la decisi\u00f3n emitida por la citada autoridad administrativa. <\/p>\n
Ahora, como se advirti\u00f3, el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre, no solo cuando a\u00fan existen otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos o las mismas est\u00e1n siguiendo su curso, sino tambi\u00e9n porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la segunda modalidad anotada, puesto que, aun cuando el accionante tuvo a su alcance medios de defensa judiciales id\u00f3neos para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, injustificadamente los desaprovech\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior, habida consideraci\u00f3n que al ser enterado en debida forma, de una parte, del auto del 21 de abril de 2023 emitido por la Comisar\u00eda de Familia cuestionada, que \u00abdeneg[\u00f3] la nulidad promovida por quien act\u00faa en calidad de apoderada del se\u00f1or \u00abA\u00bb\u00bb y, de otro lado, de la decisi\u00f3n del 28 de junio de 2023 proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia, que resolvi\u00f3 \u00abABSTENERSE de dar tramitar la homologaci\u00f3n propuesta por la comisar\u00eda de familia dentro del presente asunto\u00bb, pudo haber hecho uso del recurso de reposici\u00f3n, procedente por regla general contra todo acto administrativo y prove\u00eddo del juez; no obstante, ninguna inconformidad expuso, con lo que mostr\u00f3 su aquiescencia con lo resuelto. <\/p>\n
Y es que tampoco pasa por alto la Corte que la decisi\u00f3n emitida por el despacho judicial cuestionado deriv\u00f3, precisamente, de otro comportamiento desidioso del promotor al no solicitar oportunamente -esto es, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 4 de la Ley 1878 de 2018- la remisi\u00f3n del expediente al juez de familia en aras de homologar la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, no puede abrirse paso el resguardo, toda vez que la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado es el fruto de su propia incuria y sin que, tal como pretende hacer valer ahora, el desconocimiento de la ley sirva de excusa (art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo Civil) pues, como se sabe, \u00ab[e]l desconocer los mandatos legales no exime a las personas de observarlos, as\u00ed como tampoco los habilita para acudir a este mecanismo excepcional cuando por dicha ignorancia no han hecho uso de las herramientas que el ordenamiento nacional les otorga\u00bb (CSJ STC, 9 nov. 2011, rad. 00297-01, reiterado en STC1624-2014). <\/p>\n
4.2. Por lo dem\u00e1s, el amparo tampoco procede como mecanismo transitorio, porque no se prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable, evento para el cual se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01), que no lo es en este caso. <\/p>\n
4.3. Con todo, n\u00f3tese que lo reprochado por el querellante es una decisi\u00f3n provisional de custodia y cuidado adoptada al interior de un tr\u00e1mite administrativo de Restablecimiento de Derechos en atenci\u00f3n a las garant\u00edas superiores de la menor involucrada pero que, por su car\u00e1cter temporal, el gestor cuenta con la posibilidad de proponer su debate ante la jurisdicci\u00f3n que estime pertinente para que, a trav\u00e9s del proceso correspondiente, se emita una decisi\u00f3n definitiva al respecto. <\/p>\n
Acorde con ello, recu\u00e9rdese igualmente que aun encontr\u00e1ndose ante una sentencia judicial que lo defina, las decisiones sobre custodia, visitas y alimentos, solo hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada formal y bajo esa perspectiva jur\u00eddica, pueden revisarse a futuro por el juez cognoscente en el evento de variar las circunstancias que para tal determinaci\u00f3n fueron objeto de estudio. <\/p>\n
5.1. En atenci\u00f3n a las manifestaciones desarrolladas por los impugnantes, es pertinente recordar que, a pesar de que esta Sala no pasa por alto el car\u00e1cter pluri\u00e9tnico, y multicultural del Estado colombiano y la gama de derechos de los pueblos ind\u00edgenas, entre ellos, su autonom\u00eda para ejercer funciones jurisdiccionales en determinados casos, conforme lo ha sostenido la Corte Constitucional4: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta claro que, respecto de los derechos de los ni\u00f1os, el ejercicio de la autonom\u00eda de las autoridades ind\u00edgenas no podr\u00e1 implicar la afectaci\u00f3n de su n\u00facleo esencial, a riesgo de desatender el l\u00edmite que representa la garant\u00eda de unos m\u00ednimos de convivencia social. Adem\u00e1s, hay que tener en cuenta que los ni\u00f1os, como se ha sostenido en la presente providencia, gozan de un estatus jur\u00eddico especial, por lo que han sido considerados sujetos de protecci\u00f3n constitucional reforzada (ver supra, numeral 59). Ese estatus jur\u00eddico especial implica, entre otras, que sus derechos prevalecen respecto de los derechos de los dem\u00e1s, incluyendo los de las comunidades ind\u00edgenas. Esto se explica por las caracter\u00edsticas del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, en especial por su autonom\u00eda (ver supra, numerales 66 y 67). Recu\u00e9rdese en este sentido que el inter\u00e9s superior del menor de edad se determina con base en la situaci\u00f3n especial del ni\u00f1o y no depende necesariamente de lo que los padres o la sociedad consideren lo mejor para ellos. <\/p>\n
113. La obligatoriedad del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o no encuentra excepciones de ninguna clase, ni siquiera trat\u00e1ndose de pueblos ind\u00edgenas\u00bb (Destaca la Sala). <\/p>\n
5.2. Y, en lo que respecta a las pretensiones dirigidas a que \u00abse compulsen copias a los entes de investigaci\u00f3n, por las acciones disciplinarias de los funcionarios p\u00fablicos por acci\u00f3n u omisi\u00f3n de sus funciones dentro de las actuaciones planteadas en la presente Acci\u00f3n de Tutela\u00bb, nada obsta para que el censor comparezca directamente ante las autoridades competentes para formular los requerimientos que estime pertinentes; ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que conciernen al interesado. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio impugnado, al no superarse el requisito de la subsidiariedad, en tanto que el actor no hizo uso oportuno y adecuado de los medios de defensa judicial legalmente previstos para rebatir la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Radicado asignado por la Comisar\u00eda de Familia. <\/p>\n
2\u0002 Acuerdo n.\u00ba 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
3\u0002 En cuanto a la legitimaci\u00f3n para actuar en este tr\u00e1mite, tal como se reiter\u00f3 recientemente en la sentencia STC5976-2023, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha precisado que los gobernadores de los cabildos de resguardos ind\u00edgenas y\/o autoridades tradicionales, se encuentran facultados para actuar en nombre de sus comuneros, pues dichos dirigentes tienen \u00ablegitimaci\u00f3n por activa para interponer la acci\u00f3n de tutela a favor de sus propios miembros, toda vez que un presunto desconocimiento del fuero y de la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena, atenta no solo contra los derechos y garant\u00edas establecidas en cabeza de los miembros de los pueblos ind\u00edgenas, sino tambi\u00e9n contra las garant\u00edas consagradas a favor de las comunidades ind\u00edgenas como colectividades reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb (T-866 de 2013). <\/p>\n
4\u0002 Sentencia T-080 de 2018. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12232-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12232-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00289-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77355","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77355","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77355"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77355\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77355"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77355"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77355"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}