STC12233-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12233-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04105-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad y la Asociaci\u00f3n de Sordos de Risaralda \u2013 Asorisa, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 660013103 001-2022-00192-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
Manifest\u00f3 que, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira de oficio neg\u00f3 la acci\u00f3n popular que propuso, \u00abamparada en factor econ\u00f3mico, sin desarrollar lo que dice test de ponderaci\u00f3n o razonabilidad, pues simplemente lo consigna, pero no le desarrolla en derecho y olvida que el cumplimiento de acciones afirmativas como en este caso no est\u00e1n sujetas a nada diferente que su estricto cumplimiento, mas nada\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el Tribunal Superior accionado en la sentencia desconoci\u00f3 lo que ordena el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 982 de 2005, \u00abACCIONES AFIRMATIVAS DE INMEDIATO CUMPLIMINTO (sic) Y DESIDE (sic) CONFIRMAR EL FALLO, DESCONOCIENDO APARENTEMENTE EL MANDATO LEGAL Y OLVIDANDO QUE NO SE AMPARA DERECHOS COLECTIVOS PERTENECIENTES A CIUDADANOS CON PROTECCI\u00d3N REFORZADA\u00bb. (sic) (May\u00fascula fija en texto) <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos solicit\u00f3, ordenar <\/p>\n
\u00abAMPARAR MI ACCION POPULAR AMPARADO LEY 982 DE 2005 ART 8 ACCIONES AFIRMATIVAS. <\/p>\n
APLICAR LEY 1752 DE 2015 ANTE LA DISCRIMINACION EXISTENTE ACTUALMENTE CONTRA CIUDADANOS CON LIMITACION VISUAL Y AUDITIVA. <\/p>\n
a ASORISA que consigne que cuesta contratar con ellos el servicio de interprete y guia interprete que manda la ley 982 de 2005 art 8. asociacion de sordos de Risaralda. <\/p>\n
al juez y tribunal que consignen que cuesta contratar con entidad id\u00f3nea el cumplimiento legal de lo ordenado en ley 982 de 2005 art 8, a fin de que no solo consignen en el papel SIN PRUEBA ALGUNA QUE TAL CARGA ES EXAGERADA ECON\u00d3MICAMENTE, SIN PROBAR NI DEMOSTRAR NADA EN DERECHO…. AFIN QUE GARANTICEN ART 29 CN. <\/p>\n
SE DECRETE NULIDAD DEL FALLO, AMPAARDO ART 121 CGP, FACTOR TIEMPO PUES EL MAGISTRADO NUNCA CUMPLIO ART 37 LEY 472 DE 1998\u00bb (sic) (May\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
3. Una vez asumido su conocimiento, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y dispuso el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular para que ejercieran su derecho a la defensa.\u202f <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Pereira, respondi\u00f3 que en la sentencia proferida en esa instancia, se encuentran consignadas las razones jur\u00eddicas que motivaron a adoptar el fallo confirmatorio, y descartan la arbitrariedad en lo resuelto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otras respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. Revisado el enlace que contiene la acci\u00f3n popular No. 001-2022-00192-01, promovida por Mario Restrepo Zapata contra German Antonio Calle Ram\u00edrez en calidad de propietario de la Inmobiliaria German A Calle GAC, se observan relevantes las siguientes actuaciones, <\/p>\n
2.1 El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, profiri\u00f3 sentencia el 10 de abril de 2023, por la que resolvi\u00f3 no acoger las pretensiones de la demanda, en consideraci\u00f3n a que el establecimiento de comercio de propiedad del demandado se encontraba clasificado como una microempresa, y no ten\u00eda la capacidad econ\u00f3mica para cubrir las necesidades de las personas sordociegas. <\/p>\n
El accionante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, que fue concedido el 19 de mayo de 2023. <\/p>\n
2.2 El Tribunal Superior de Pereira el 16 de agosto de 2023 admiti\u00f3 el recurso, y orden\u00f3 correr el traslado previsto en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, posteriormente el 13 de octubre de 2023 confirm\u00f3 la sentencia del a quo. <\/p>\n
En la decisi\u00f3n, tras efectuar un recuento de las actuaciones adelantadas en primera instancia, y definir en qu\u00e9 consisten las acciones populares seg\u00fan la Ley 472 de 1998, agreg\u00f3 que en la acci\u00f3n afirmativa que contiene el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 982 de 2005, el legislador impuso a las entidades p\u00fablicas y a los particulares que prestan servicios p\u00fablicos, la incorporaci\u00f3n en sus programas de atenci\u00f3n al cliente del servicio de interprete y gu\u00eda interprete, para facilitar la inclusi\u00f3n social de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n
En cuanto a la falta de capacidad econ\u00f3mica y la aplicaci\u00f3n del test de ponderaci\u00f3n, explic\u00f3 que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, \u00abEl \u201ctest de razonabilidad\u201d es una gu\u00eda metodol\u00f3gica para dar respuesta a la tercera pregunta que debe hacerse en todo problema relacionado con el principio de igualdad: \u00bfcu\u00e1l es el criterio relevante para establecer un trato desigual? o, en otras palabras, \u00bfes razonable la justificaci\u00f3n ofrecida para el establecimiento de un trato desigual? (C-022\/96)\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con el principio de proporcionalidad indic\u00f3 que \u00abEl concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo de la ponderaci\u00f3n entre principios constitucionales: cuando dos principios entran en colisi\u00f3n, porque la aplicaci\u00f3n de uno implica la reducci\u00f3n del campo de aplicaci\u00f3n de otro, corresponde al juez constitucional determinar si esa reducci\u00f3n es proporcionada, a la luz de la importancia del principio afectado\u00bb, es decir que se trataba de unos mecanismos encaminados a definir la aplicaci\u00f3n judicial de la norma a casos concretos, bajo par\u00e1metros sentados y en aplicaci\u00f3n de otros principios propios de un estado social de derecho. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que las medidas afirmativas como las que se reclaman, estaban sustentadas en pronunciamientos de la Corte Constitucional cuando manifest\u00f3 \u00ablas acciones afirmativas contenidas en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 982 de 2005 en favor de las personas con hipoacusia, sordas o sordociegas, no solo son exigibles del Estado o de los particulares que prestan servicios p\u00fablicos13\u201d sino que igualmente recae en cabeza \u201cde aquellas personas privadas que ofrecen servicios al p\u00fablico14\u201d, en trat\u00e1ndose de los particulares esta Colegiatura se ha detenido en el estudio de su capacidad econ\u00f3mica en especial el tama\u00f1o de la empresa como un criterio objetivo determinante para esclarecer la empresa como un criterio objetivo determinante para esclarecer la posibilidad de este tipo de personas para realizar los comportamientos exigidos en la citada normativa\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la obligaci\u00f3n de garantizar los derechos colectivos recae sobre los particulares con capacidad econ\u00f3mica suficiente para asumir la carga, y el criterio de valoraci\u00f3n de medici\u00f3n objetiva hace referencia al \u00abtama\u00f1o de la empresa\u00bb, y de acuerdo con el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 590 de 2000 modificado por el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 905 de 2004 y el art\u00edculo 43 de la ley 1450 de 2011, las clasific\u00f3 como micro, peque\u00f1as y medianas empresas. <\/p>\n
Expuso que deb\u00eda tenerse en cuenta que el Decreto 957 de 2019 estableci\u00f3 unos criterios para la clasificaci\u00f3n del tama\u00f1o de la empresa, por los ingresos por actividades ordinarias anuales, que pueden variar seg\u00fan el sector econ\u00f3mico, <\/p>\n
(\u2026) Para el sector de comercio: Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve Unidades de Valor Tributario (44.769 UVT). <\/p>\n
Peque\u00f1a Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve Unidades de Valor Tributario (44.769 UVT) e inferiores o iguales a cuatrocientos treinta y un mil ciento noventa y seis Unidades de Valor Tributario (431.196 UVT). <\/p>\n
Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a cuatrocientos treinta y un mil ciento noventa y seis Unidades de Valor Tributario (431.196 UVT) e inferiores o iguales a dos millones ciento sesenta mil seiscientos noventa y dos Unidades de Valor Tributario (2’160.692 UVT)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente indic\u00f3 que seg\u00fan el certificado mercantil del establecimiento de comercio del demandado se trataba de una microempresa, motivo por el cual se reforzaba la tesis de la instancia, en el sentido que resultaba desproporcionado seg\u00fan su solvencia econ\u00f3mica, exigirle asumir las cargas previstas en el art\u00edculo 8 de la Ley 908 de 2015, y agreg\u00f3, \u00absi bien es cierto no obra prueba en el expediente del valor que implicar\u00eda sufragar los servicios de int\u00e9rprete o gu\u00eda int\u00e9rprete, o de capacitar un empleado de planta, lo cierto es que la consideraci\u00f3n al respecto estriba en que se tratar\u00eda de un gasto permanente, como lo debe ser la vigencia de la medida, situaci\u00f3n que es la que pone en riesgo la estabilidad econ\u00f3mica de la dependencia\u00bb. <\/p>\n
3. Efectuado ese recuento, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, como quiera que el Tribunal Superior de Pereira, con fundamento en las normas que regulan la acci\u00f3n popular, as\u00ed como las pruebas practicadas en el proceso, observ\u00f3 que se acredit\u00f3 que el demandado ten\u00eda un establecimiento de comercio catalogado como microempresa, y seg\u00fan la regulaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 590 de 2000 modificado con el art\u00edculo 43 de la ley 1450 de 2011, Decreto 957 de 2019 y, con apoyo en la jurisprudencia, consider\u00f3 que resultaba desproporcionado seg\u00fan su capacidad econ\u00f3mica, adjudicarle las cargas previstas en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 982 de 2005 <\/p>\n
Adem\u00e1s en la decisi\u00f3n no se observa ninguna discriminaci\u00f3n de las personas en condici\u00f3n de discapacidad, como lo pretende hacer ver el accionante, porque el Tribunal Superior realiz\u00f3 los test de razonabilidad y proporcionalidad, para establecer cu\u00e1l era la norma que aplicaba al caso, y seg\u00fan la jurisprudencia de la Corte Constitucional la afirmaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 982 de 2005, recae en principio sobre los particulares que prestan servicios p\u00fablicos, pero analizando su solvencia econ\u00f3mica y el tama\u00f1o de la empresa, siempre y cuando su implementaci\u00f3n no suponga un gravamen excesivo o desproporcionado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la existencia de defecto alguno que constituya una v\u00eda de hecho como lo invoca Mario Restrepo, y lo que se observa es una discrepancia de criterio con la providencia que result\u00f3 adversa a su inter\u00e9s, no siendo este un motivo suficiente que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, puesto que la acci\u00f3n de tutela no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367- 00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, STC11814- 2022 y STC14032-2022, y STC3540-2023 entre muchas). <\/p>\n
4. Ahora en cuanto a la solicitud para que la Asociaci\u00f3n de Sordos de Risaralda -Asorisa, informe cu\u00e1nto cuesta contratar con ellos el servicio de interprete y gu\u00eda interprete, es claro que resulta improcedente, porque se trata de una petici\u00f3n que debi\u00f3 invocar como prueba en el proceso, para determinar si era procedente o no aplicar el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 982 de 2005, y no a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, que no fue instituido para intentar revivir una etapa procesal que ha precluido. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo en lo que ata\u00f1e a la declaratoria de nulidad del fallo porque no se cumplieron los t\u00e9rminos del art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, ni los del 121 del C\u00f3digo General del Proceso, tampoco es procedente, porque si en su sentir existe alguna causal para invalidar la sentencia, le correspond\u00eda efectuar la solicitud ante el Tribunal Superior accionado, para que sea el juez natural y no el constitucional el que la resolviera, aunado al hecho que examinado el expediente digital no se encontr\u00f3 ninguna solicitud en ese sentido. <\/p>\n
Como lo ha reiterado en m\u00faltiples ocasiones esta Corte, \u00absi no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC483 de 2023 y STC2513 de 2023). <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo implorado no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12233-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12233-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04105-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo Zapata […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77356","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77356","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77356"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77356\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77356"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77356"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77356"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}