STC12234-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12234-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04109-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Carlos Arturo Montoya Palacio contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito Itinerante de dicha especialidad y distrito judicial y los intervinientes en los juicios de restituci\u00f3n de tierras acumulados n\u00b0. 2019-00024 y 2019-00070. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que la Direcci\u00f3n Territorial de Antioquia de la UAEGRTD formul\u00f3, favor de Yolmi Cecilia Cardona Bernal y Ra\u00fal Arnulfo Moncada Ortiz, demanda especial buscando la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de tres predios ubicados en el municipio de Salgar (Antioquia). <\/p>\n
A dicha actuaci\u00f3n concurri\u00f3 como opositor Carlos Arturo Montoya Palacio aduciendo su condici\u00f3n de adquirente de buena fe exenta de culpa del inmueble distinguido con matr\u00edcula 005-30986. <\/p>\n
Agotadas las etapas procesales de rigor, mediante providencia del pasado 5 de septiembre, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia ampar\u00f3 el derecho fundamental reclamado, desestim\u00f3 la oposici\u00f3n formulada, no accedi\u00f3 a compensaciones de ninguna \u00edndole y orden\u00f3 la restituci\u00f3n material de las heredades; asimismo, otorg\u00f3 a los solicitantes las dem\u00e1s medidas de atenci\u00f3n consagradas en la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
3. El gestor aduce que la anterior providencia adolece de defectos (i) f\u00e1ctico, (ii) por decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n y (iii) sustantivo por desconocimiento del precedente horizontal. <\/p>\n
En torno a los dos primeros adujo que el tribunal, \u00abal analizar la configuraci\u00f3n o no de la buena fe exenta de culpa\u2026 se limit\u00f3 a realizar no conclusiones probatorias si no [sic] suposiciones e inferencias a partir de criterios generales y abstractos, y no analiz\u00f3 en concreto la situaci\u00f3n puesta a su consideraci\u00f3n\u00bb, en tanto que no especific\u00f3 cu\u00e1les eran las acciones que debi\u00f3 haber desplegado para conocer la situaci\u00f3n de los anteriores propietarios o del predio mismo, m\u00e1xime cuando fueron los mismos reclamantes quienes advirtieron que \u00abno [pusieron] en conocimiento de nadie sobre su desplazamiento, ni familiares, ni conocidos y mucho menos autoridades p\u00fablicas [sic]\u00bb y que era de conocimiento p\u00fablico en la poblaci\u00f3n que su salida de Salgar obedeci\u00f3 a \u00ablas m\u00faltiples deudas que ten\u00edan con diferentes personas\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se quej\u00f3 que el colegiado \u00abtampoco\u2026 analiz\u00f3 lo relativo a la irretroactividad de la exigencia de la buena fe exenta de culpa, pues\u2026 [no precis\u00f3] cuales [sic] son los vicios en que incurri\u00f3\u2026 al momento de adquirir el predio, m\u00e1s cuando el mismo hab\u00eda pasado por un remate judicial que se entiende sanea las situaciones anteriores al mismo, y que como qued\u00f3 visto en todo caso, no solo estaba valido de esa confianza leg\u00edtima sino de la configuraci\u00f3n de un error com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
Respecto del defecto material, resalt\u00f3 que se configur\u00f3 cuando la sala brind\u00f3 \u00abun tratamiento diferente\u2026 respecto del que se dio a los opositores de los procesos \u202620190001801, \u202620170004401 y \u202620170005301, quienes estaban en condiciones equiparables\u00bb. <\/p>\n
4. En suma, luego de criticar la hermen\u00e9utica y sind\u00e9resis de la autoridad accionada y de exponer la forma como, bajo su particular intelecci\u00f3n, debieron valorarse las pruebas e interpretarse las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, as\u00ed como la jurisprudencia aplicable, solicit\u00f3 remover los efectos de la sentencia cuestionada y ordenarle al cognoscente \u00abque emita nueva decisi\u00f3n en la cual se reconozca\u2026 un actuar bajo los postulados de la buena fe exenta de culpa, y consecuentemente la compensaci\u00f3n a que hace referencia la Ley 1448 de 2001\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Los magistrados integrantes de la sala de decisi\u00f3n sobre la que recay\u00f3 el resguardo expresaron que los cuestionamientos tra\u00eddos en esta oportunidad \u00abfuer[on] debidamente analizado[s] en la sentencia\u00bb, por lo que a su texto se remitieron. <\/p>\n
2. El director territorial de Antioquia de la UAEGRTD se opuso a la prosperidad de la salvaguarda en tanto que la sentencia \u00abfue proferida con base a derecho, por lo tanto, no se le est\u00e1 vulnerando los derechos invocados por el accionante [SIC]\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 20 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Medell\u00edn coadyuv\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n habida consideraci\u00f3n que el tribunal accionado desatendi\u00f3 su propio precedente horizontal, frente a casos sustancialmente similares al presente, \u00aben torno a las reglas para reconocer o no la Buena Fe exenta de Culpa en el Opositor que as\u00ed la alega\u00bb. <\/p>\n
4. El registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Ciudad Bol\u00edvar (Ant.) resalt\u00f3 que su funci\u00f3n se circunscribe a \u00aba acatar y de hecho darle estricto cumplimiento a la orden que en su momento nos dio el ente accionado\u2026 de suerte que nuestra posici\u00f3n en el fondo de este asunto es el de esperar las resultas de la litis en estudio para proceder a mantener, revocar o modificar lo inicialmente ordenado por la parte accionada\u00bb. <\/p>\n
5. Un abogado que dijo ser \u00abapoderado judicial de\u2026 Luis An\u00edbal V\u00e9lez V\u00e9lez\u2026 Mar\u00eda Consuelo Toro\u2026 Juan Javier Pineda Zapata\u2026 William de Jes\u00fas Ur\u00e1n Montoya\u2026 John Jaime V\u00e9lez V\u00e9lez\u2026. [y de] Gustavo Adolfo y John Fernando Zapata Franco\u00bb1, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela es procedente y de buen recibo\u2026 partiendo del principio de buena fe exenta de culpa\u00bb habida consideraci\u00f3n que Carlos Arturo Montoya Palacio adquiri\u00f3 el bien \u00abpor medios legales y leg\u00edtimos, de buena fe exenta de culpa, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 768 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
6. Por su parte, las jefes de las oficinas asesoras jur\u00eddicas de la ANH y de la UARIV, los apoderados especiales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de la ANT, el apoderado general del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, la directora jur\u00eddica de Restituci\u00f3n de la UAEGRTD y un abogado que dijo ser funcionario de Ecopetrol S.A.2, impetraron la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de las respectivas entidades por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Antioquia vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el gestor al interior del proceso de restituci\u00f3n de tierras en que fue opositor, al no reconocerlo como adquirente de buena fe exenta de culpa y acoger las pretensiones de la reclamaci\u00f3n, ordenando la entrega jur\u00eddica y material del predio a Yolmi Cecilia Cardona Bernal y Ra\u00fal Arnulfo Moncada Ortiz, incurriendo, supuestamente, en defectos f\u00e1ctico, sustantivo por desatenci\u00f3n del precedente horizontal y de decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Al revisar los argumentos en que se sustent\u00f3 la presente queja, de cara a lo resuelto por la colegiatura demandada, considera la Corte que no es posible derivar irregularidad alguna en el fallo cuestionado, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable de las pruebas y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto. <\/p>\n
En efecto, en la mentada providencia, el tribunal querellado, consign\u00f3 la oposici\u00f3n del ac\u00e1 gestor en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Oportunamente, y en calidad de titular inscrito del predio ubicado en la Calle 31 n.\u00b0 27 \u2013 27, reconoci\u00f3 el contexto de violencia relacionado en la solicitud, \u00abpues el mismo se soporta en un an\u00e1lisis acertado de la situaci\u00f3n sufrida por le poblaci\u00f3n Salgare\u00f1a (sic) con ocasi\u00f3n del actuar de grupos armados al margen de la Ley (sic) en la zona\u00bb, aun as\u00ed que no presenci\u00f3 ni conoci\u00f3 sobre el recrudecimiento de la violencia en dicha zona, debido a que entre los a\u00f1os 2001 a 2006 ten\u00eda su residencia y domicilio permanente en Espa\u00f1a. <\/p>\n
Tampoco discuti\u00f3 la calidad de v\u00edctimas de la reclamante y su c\u00f3nyuge, en tanto fue verificada dentro del tr\u00e1mite administrativo y estaba en imposibilidad de debatir los dichos de la solicitante. <\/p>\n
En todo caso, que los hechos victimizantes aducidos por los se\u00f1ores CARDONA BERNAL y MONCADA ORTIZ no fueron conocidos, \u201cpor lo contrario, la informaci\u00f3n que circul\u00f3 en su momento y hasta la fecha entre los habitantes de ese municipio es que, (sic) estos salieron de esa localidad por las m\u00faltiples deudas que adquirieron y cuyo pago no pudieron asumir, tanto con entidades financieras, particulares, e incluso con campesinos de la zona, a quienes garantizaron el pago del caf\u00e9 que les compraban en su negocio, con letras de cambio, cuyo importe nunca fue cancelado. Coralario de ello fue los diversos procesos ejecutivos singulares, e hipotecarios que se promovieron en su contra\u201d. <\/p>\n
Que dentro del tr\u00e1mite ejecutivo el proceso fue rematado a favor del se\u00f1or WILSON DE JES\u00daS AGUILAR MOLINA, lo cual \u201cgeneraba una confianza leg\u00edtima en los terceros y en el mismo adquirente, pues se trat\u00f3 de una adjudicaci\u00f3n mediante p\u00fablica subasta dentro de un proceso judicial, con la respectiva intervenci\u00f3n de una autoridad judicial\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, el se\u00f1or AGUILAR MOLINA le transfiri\u00f3 la titularidad en el a\u00f1o 2010 mediante contrato de compraventa, evidenci\u00e1ndose con ello la existencia de un justo t\u00edtulo. <\/p>\n
De manera adicional, se\u00f1al\u00f3 que obr\u00f3 bajo los postulados de la buena fe exenta de culpa, pues realiz\u00f3 la revisi\u00f3n de los t\u00edtulos del bien y la documentaci\u00f3n p\u00fablica a la cual ten\u00eda acceso, allende que \u201chizo averiguaciones sobre la procedencia del bien en la zona de ubicaci\u00f3n del mismo sin que pudiera advertirse la calidad de v\u00edctima de los solicitantes pues la misma no era conocida por los pobladores de Salgar, como tampoco los motivos que llevaron a los mismos a incurrir en la mora en sus obligaciones crediticias y que a la postre origin\u00f3 el respectivo proceso ejecutivo hipotecario dentro del cual se remat\u00f3 el bien objeto de reclamaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Finalmente, solicit\u00f3 que sea inaplicada la Ley 1448 de 2011, pues el negocio de adquisici\u00f3n del predio reclamado se dio con anterioridad a su expedici\u00f3n. <\/p>\n
Como excepciones de m\u00e9rito plante\u00f3: 1. \u201cLa confianza leg\u00edtima\u201d. 2. \u201cLa buena fe exenta de culpa\u201d y 3. \u201cDel principio de legalidad y la irretroactividad de las normas\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, a partir del reconocimiento del contexto de violencia contra poblaci\u00f3n civil en la regi\u00f3n donde se encuentran los predios reclamados (entre ellos el que es de inter\u00e9s del ac\u00e1 accionante) ejercida por grupos guerrilleros y paramilitares, de los cuales dio cuenta la colegiatura en decisiones precedentes con base en medios demostrativos como un documento denominado \u00abAn\u00e1lisis de Contexto sobre la microzona NO RA 00638\u00bb, aportado por la UAEGRTD y, luego de establecer la relaci\u00f3n jur\u00eddica entre los demandantes y los bienes despojados, se ocup\u00f3 de analizar la condici\u00f3n de v\u00edctima de estos de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Para la Sala es indiscutible que en Salgar operaron diversos grupos armados, primero los guerrilleros y posteriormente los paramilitares, quienes a finales de la d\u00e9cada de 1990 ingresaron a apropiarse del control territorial. <\/p>\n
Se trat\u00f3 de un hecho notorio seg\u00fan el contexto de violencia descrito p\u00e1rrafos arriba, corroborado por todos y cada uno de los deponentes que vivieron o son oriundos de la regi\u00f3n, quienes refirieron hechos victimizantes como extorsiones, desplazamientos forzados individuales y colectivos, retenes ilegales, quema de viviendas y asesinatos. <\/p>\n
Durante una d\u00e9cada, por lo menos, fueron perceptibles las extorsiones en Salgar, tanto en la zona rural a los propietarios de fincas como en el \u00e1rea urbana a los comerciantes de caf\u00e9, quienes ten\u00edan que pagar \u201cvacunas\u201d peri\u00f3dicas a guerrilleros y paramilitares con el fin de que los dejaran trabajar tranquilos. <\/p>\n
A esto se vio sometido RA\u00daL MONCADA, a quien en un principio los integrantes de la guerrilla le exigieron aportes econ\u00f3micos, a los que tuvo que acceder pues quer\u00eda sostenerse en el negocio de caf\u00e9. Acudiendo a sus propias palabras, este fen\u00f3meno empez\u00f3 \u201cdespacio\u201d, pero despu\u00e9s se torn\u00f3 insoportable, concretamente cuando ingresaron los paramilitares. <\/p>\n
(\u2026) El hecho detonante que deriv\u00f3 en el abandono forzado de todos sus inmuebles fue corroborado por JOHN JAIME V\u00c9LEZ, quien era el administrador para esa fecha de la FINCA LA PAZ, y quien de manera v\u00edvida narr\u00f3 c\u00f3mo la guerrilla se apareci\u00f3 exigiendo grandes sumas de dinero, pero, como RA\u00daL ARNULFO se neg\u00f3, lo vilipendiaron y amenazaron, retornando al poco tiempo en mayor cantidad y armados, oportunidad en la que se llevaron el ganado y algunas herramientas del negocio del caf\u00e9. <\/p>\n
RA\u00daL ARNULFO fue expreso en que no quiso seguir pagando las extorsiones porque no quer\u00eda seguir \u201cmanteniendo vagos\u201d, lo que refleja el alto grado de desespero y frustraci\u00f3n en el que se encontraba. Y si a esto se suma que por tal rebeld\u00eda fue v\u00edctima del hurto de m\u00e1s de 30.000 kilos de caf\u00e9 y amenazado de muerte, junto a su familia, es apenas comprensible que optara por irse de la regi\u00f3n, para salvaguardar su vida y la de sus cong\u00e9neres. <\/p>\n
Sin embargo, la conculcaci\u00f3n de sus derechos no termin\u00f3 all\u00ed pues, estando en Medell\u00edn, fueron interceptados por un jefe paramilitar, el cual, por azares del destino, le respet\u00f3 la vida al cabeza de familia, pero fueron impelidos a abandonar el territorio nacional. <\/p>\n
(\u2026) La reclamante y su familia, entonces, primero fueron v\u00edctimas de desplazamiento forzado, y luego tuvieron la calidad de refugiados en Costa Rica y Chile, perdiendo as\u00ed todo v\u00ednculo y arraigo con sus lugares de residencia. <\/p>\n
Adicionalmente, por temor a la persecuci\u00f3n, al conflicto armado y a la violencia generalizada que se viv\u00eda en Salgar, no pudieron regresar ni seguir ejerciendo sus actividades econ\u00f3micas, lo que se tradujo en que no pudiesen atender sus deudas y perdieran la calidad de propietarios de los inmuebles a trav\u00e9s de los procesos ejecutivos que se adelantaron por el incumplimiento a tales acreencias. <\/p>\n
Los procesos fueron adelantados cuando YOLMY CECILIA y su familia atravesaban una innegable situaci\u00f3n de vulnerabilidad e indefensi\u00f3n. A ra\u00edz del conflicto armado ellos no solo sobrellevaron problemas econ\u00f3micos, tambi\u00e9n sus estados de \u00e1nimo y sus relaciones personales se deterioraron, al punto que varios miembros de la familia tuvieron que acudir a terapia sicol\u00f3gica. <\/p>\n
(\u2026) es indudable que el conflicto dio al traste por completo con el proyecto de vida de esta pareja. De no haberse visto obligados a salir desplazados hubieren podido seguir trabajando y cumpliendo con sus compromisos econ\u00f3micos, evitando los juicios ejecutivos. Pero tuvieron que irse incluso del pa\u00eds, de modo que \u00fanicamente se enteraron de este cuando poco hab\u00eda qu\u00e9 hacer, pues ya se hab\u00eda dictado sentencia siguiendo adelante con la ejecuci\u00f3n en su contra. (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Seguidamente, abord\u00f3 el an\u00e1lisis de la modalidad del despojo y de la p\u00e9rdida del v\u00ednculo jur\u00eddico de los reclamantes con la tierra, bajo la \u00e9gida de las \u00abpresunciones de despojo\u00bb consagradas en el art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011, en torno a lo cual dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Cuando las v\u00edctimas del conflicto armado no pueden ejercer sus derechos como corresponde en casos como estos, el legislador estableci\u00f3 una presunci\u00f3n a su favor en el art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011, seg\u00fan la cual, probada la propiedad y el posterior despojo de un bien inmueble, no podr\u00e1 negarse su restituci\u00f3n con fundamento en que dicho bien fue objeto de diligencia de remate, \u201csi el respectivo proceso judicial fue iniciado entre la \u00e9poca de las amenazas o hechos de violencia que originaron el desplazamiento y la de la sentencia que da por terminado el proceso de que trata esta ley\u201d (numeral 4). <\/p>\n
De ah\u00ed que, \u201cpara efectos probatorios dentro del proceso de restituci\u00f3n, se presume que los hechos de violencia le impidieron al despojado ejercer su derecho fundamental de defensa dentro del proceso a trav\u00e9s del cual se legaliz\u00f3 una situaci\u00f3n contraria a su derecho. Como consecuencia de lo anterior, el juez o Magistrado podr\u00e1 revocar las decisiones judiciales a trav\u00e9s de las cuales se vulneraron los derechos de la v\u00edctima y a ordenar los ajustes tendientes a implementar y hacer eficaz la decisi\u00f3n favorable a la v\u00edctima del despojo\u201d. <\/p>\n
Esa presunci\u00f3n es aplicable a favor de la reclamante, pues la misma qued\u00f3 inc\u00f3lume. <\/p>\n
(\u2026) resulta absoluto que la p\u00e9rdida del v\u00ednculo jur\u00eddico sobre los tres inmuebles qued\u00f3 claramente permeada por el conflicto, pues los grupos armados lograron afectar el curso ordinario de la vida de la reclamante y su familia, oblig\u00e1ndolos a abandonar el municipio y despu\u00e9s el pa\u00eds, de suerte que no pudieron ejercer sus derechos en los procesos ejecutivos. <\/p>\n
En ese orden, el tribunal comprueba que YOLMY CECILIA CARDONA BERNAL y su c\u00f3nyuge RA\u00daL ARNULFO MONCADA ORTIZ son v\u00edctimas de la violencia, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1448 de 2011, pues en el marco del conflicto armado se gener\u00f3 un temor capaz de ocasionar su desplazamiento. Posterior a ello se vieron impelidos a perder jur\u00eddicamente sus inmuebles, lo cual se produjo en un marco trasgresi\u00f3n a sus derechos, por lo que esa situaci\u00f3n hoy debe revertirse. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Establecido lo anterior, abord\u00f3 el estudio de la oposici\u00f3n formulada por el ac\u00e1 gestor, iniciando por recordar que la buena fe exenta de culpa es una situaci\u00f3n que incumbe acreditarla a qui\u00e9n la alegue \u00absin que sea permitido aligerarla o aliviarla, salvo que quien se oponga acredite tener la calidad de v\u00edctima o se trate de segundos ocupantes, categor\u00eda que no se predica \u00fanica y exclusivamente de v\u00edctimas, si no, en general, de sujetos en condici\u00f3n de vulnerabilidad, que cumplan los requisitos establecidos en la Sentencia C-330 de 2016 proferida por la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
Frente al dicho del opositor relativo a que la adquisici\u00f3n del predio restituido estuvo precedida de un remate judicial \u00ablo que ayudaba a consolidar una buena fe exenta de culpa a su favor\u00bb, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en estos escenarios de justicia transicional un remate no purga de manera axiom\u00e1tica la tradici\u00f3n de los inmuebles ni da pie a configurar buena fe cualificada por ese solo hecho. <\/p>\n
(\u2026) cuando un predio pasa por un remate judicial genera una fuerte creencia de que no existen irregularidades en la tradici\u00f3n de los bienes, pues se debe presumir que la actuaci\u00f3n judicial ha sido ajustada a derecho, sin embargo, \u201ccon esto no se quiere dar a entender o generar el precedente de que en todos los casos que exista un proceso judicial donde haya remate se configura la buena fe cualificada, pues precisamente a trav\u00e9s de estas figuras judiciales se han dado muchos despojos jur\u00eddicos a v\u00edctimas del conflicto armado, no en vano por eso el legislador estableci\u00f3 la posibilidad de revocar tales decisiones en sede de restituci\u00f3n de tierras (numeral 4, art. 77, L.1448\/11)\u201d. De ah\u00ed que cada caso debe examinarse a la luz de sus particularidades. <\/p>\n
(\u2026) salvo LUIS AN\u00cdBAL V\u00c9LEZ V\u00c9LEZ, los dem\u00e1s opositores\u2026 CARLOS ARTURO MONTOYA PALACIO no conocieron a la reclamante y su familia, as\u00ed lo hicieron saber ante el juez instructor, lo cual es cre\u00edble y fue ratificado por YOLMY CECILIA y su c\u00f3nyuge RA\u00daL ARNULFO ante el mismo funcionario. <\/p>\n
Aun as\u00ed, ellos no fueron quienes adquirieron directamente en el remate, lo hicieron despu\u00e9s, de suerte que nada les imped\u00eda para la concreci\u00f3n de tales negocios desplegar actos adicionales para cerciorarse que los inmuebles que adquir\u00edan no cargasen con un pasado de violencia, pero nada de ello hicieron, so pretexto de que hubo remate de por medio. <\/p>\n
Sobre esos actos adicionales, en este particular los opositores no se pueden resguardar bajo la \u00e9gida de tal argumentaci\u00f3n para consolidar buena fe cualificada, por cuanto si hubiesen examinado el expediente del predio rural pudieron haberse dado cuenta f\u00e1cilmente que cuando se inco\u00f3 la demanda ejecutiva se solicit\u00f3 el emplazamiento de los demandados porque se encontraban fuera del pa\u00eds, y que estos comparecieron tiempo despu\u00e9s solicitando amparo de pobreza y dando a saber que eran desplazados de la violencia, informaci\u00f3n que qued\u00f3 documentada en el plenario y era f\u00e1cil de acceder. Mientras que, si hubiesen examinado el otro proceso promovido por BANCAF\u00c9, expeditamente se habr\u00edan enterado de que los inmuebles estuvieron abandonados y que en las cuentas que rindi\u00f3 el secuestre se dej\u00f3 constancia que uno de los fundos fue ocupado il\u00edcitamente y destinado a centro de operaciones por las autodefensas. <\/p>\n
(\u2026) los compradores se desinteresaron por completo en averiguar por los antecedentes del inmueble, cuando bastaba una sola pregunta para que se hubiesen enterado de la atmosfera extra\u00f1a en que se fue RA\u00daL de la regi\u00f3n, y eso de seguro les hubiere llamado la atenci\u00f3n. <\/p>\n
Lo mismo debe decirse de\u2026 y CARLOS ARTURO MONTOYA PALACIO, quienes expresamente indicaron que no realizaron mayores esfuerzos por saber del origen de esas propiedades, b\u00e1sicamente se limitaron a examinar el FMI para ver la procedencia. <\/p>\n
(\u2026) la configuraci\u00f3n de un despojo de tierras no se da solo bajo tales premisas, basta que el conflicto armado haya influido decididamente en la ruptura de la relaci\u00f3n jur\u00eddica, como ocurri\u00f3 y tuvo oportunidad de analizarse. Y si bien el comprador no tuvo algo que ver con los hechos que padecieron la reclamante y su esposo, la buena fe que alega exig\u00eda unos par\u00e1metros adicionales, los cuales no se observa que all\u00e1 efectuado. <\/p>\n
(\u2026) como ninguno de los opositores despleg\u00f3 actos que estaban a su alcance para descartar que el inmueble estuviese afectado por la violencia, aun pasando por remate judicial, no pueden ser acreedores de la compensaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en torno a la excepci\u00f3n relativa a la irretroactividad de la aplicaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa en tanto que, seg\u00fan Montoya Palacio, \u00aba los opositores se les exige la demostraci\u00f3n de buena fe al momento de celebrar el respectivo negocio, pero, con anterioridad a la Ley 1448 de 2011, ninguna norma impon\u00eda la obligaci\u00f3n de observar buena fe objetiva, situaci\u00f3n que contrariaba el principio de irretroactividad de la ley y daba al traste con el de confianza leg\u00edtima\u00bb, dijo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Frente a esto, es suficiente con traer a colaci\u00f3n lo que la Sala tiene decantado al respecto, a efectos de desestimar la excepci\u00f3n: <\/p>\n
(\u2026) si bien el art. 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica garantiza los derechos adquiridos conforme a las leyes civiles, ello debe armonizarse con las normas constitucionales que consagran el respeto a la dignidad humana, la solidaridad de las personas (art. 1) y la protecci\u00f3n a las personas que se encuentren en debilidad manifiesta (art. 13) y con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia (art. 93) que desde la perspectiva de los derechos humanos protegen el derecho a la restituci\u00f3n de las viviendas y el patrimonio como los Principios Pinheiro, que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Con base en el art. 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se ampara el derecho de propiedad cuando es adquirido con ajuste a la ley y sin causar da\u00f1o al Estado ni a los particulares, de lo contrario cuando existen vicios no se puede consolidar el derecho y eso habilita al Estado para desvirtuarlo con posterioridad. Precisamente con la Ley 1448 se busca restablecer el derecho de propiedad en el marco de la justicia transicional cuando se han realizado actos con vicios en detrimento de las v\u00edctimas. La incursi\u00f3n en el mercado de la propiedad es libre, pero tiene unos l\u00edmites materiales que est\u00e1n dados por los propios valores constitucionales, pues se tiene que salvaguardar la vida digna y actuar con solidaridad sin afectar la moral social, tanto as\u00ed que el art\u00edculo 34 de la Constituci\u00f3n consagra la extinci\u00f3n de dominio como herramienta para deslegitimar los bienes adquiridos mediante enriquecimiento il\u00edcito y con grave perjuicio al tesoro p\u00fablico y a la moral. Por eso la H. Corte Suprema de Justicia ha se\u00f1alado que cuando se ha adquirido el derecho de dominio en cualquiera de esas circunstancias constitucionales, la titularidad del derecho de dominio se torna aparente y de suyo el Estado adquiere la potestad de actuar en cualquier momento para recuperar esos bienes e impedir la continuaci\u00f3n de ese estado de cosas irregulares (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y sobre la condici\u00f3n de segundo ocupante del ac\u00e1 gestor, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) CARLOS ARTURO MONTOYA PALACIO tampoco habita el inmueble objeto de esta lid, tiene arrendado los apartamentos que all\u00ed hay construidos, devengando aproximadamente $1.200.000, los cuales, por dejarlos de recibir no se afectar\u00e1 su m\u00ednimo vital, pues manifest\u00f3 que tiene otros inmuebles urbanos y rurales, adem\u00e1s de distintos frentes de trabajo que le han permitido consolidar un buen patrimonio (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por el accionante y su apoderado son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretenden es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento procedimental. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando la parte convocante se\u00f1ala lo que, a su juicio, son yerros en el ejercicio intelectivo de las pruebas, as\u00ed como en la sind\u00e9resis del asunto y en la aplicaci\u00f3n de normas y precedentes jurisprudenciales, lo que en realidad hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior del proceso con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n final <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente a las postulaciones del abogado que dijo actuar en representaci\u00f3n de los restantes opositores en el proceso especial de restituci\u00f3n de tierras, debe advertir la Corte que, de un lado, dicho profesional del derecho no acompa\u00f1\u00f3 poder que lo habilitara para actuar en el presente tr\u00e1mite y, de otro, las aludidas personas no se encuentran en una condici\u00f3n an\u00e1loga a la del promotor del resguardo, pues la vinculaci\u00f3n a este asunto se produjo como terceros con inter\u00e9s, corri\u00e9ndoseles traslado de la demanda para intervenir en tal calidad. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n y las normas y jurisprudencia llamadas a gobernar el asunto, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 No acompa\u00f1\u00f3 con su escrito poder especial para actuar en este tr\u00e1mite constitucional, conferido por las aludidas personas que dice representar. <\/p>\n
2\u0002 No present\u00f3 documento alguno que acreditara la condici\u00f3n que aduce tener. <\/p>\n
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STC12234-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12234-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04109-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Carlos Arturo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77357","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77357","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77357"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77357\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77357"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77357"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77357"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}