STC12236-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12236-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-04113-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Eneida Barbosa D\u00edaz, representante legal del Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla, Calixto Dar\u00edo Marulanda P\u00e9rez, representante legal del Consejo Comunitario Ancestral de Oreganal, Roberto Ram\u00edrez D\u00edaz, miembro de la Comunidad Afrodescendientes de Roche y representante legal de la Asociaci\u00f3n Asorocheros, y Diocelina Mar\u00eda Sarmiento Medina, representante legal del Consejo Comunitario Afrodescendientes Cimarrones de Patilla, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, los Ministerios del Interior y de Desarrollo y Medio Ambiente Sostenible, la empresa de Carbones del Cerrej\u00f3n Limited y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, tr\u00e1mite al que fueron citados el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Riohacha y Alcald\u00eda Municipal de Barrancas, y citadas las partes e intervinientes en acci\u00f3n de tutela (incidente de cumplimiento) de radicados 44001110200020150021400 y 44001221400020210012300. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes en las calidades indicadas, invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abmedio ambiente sano, integridad social, integridad cultural, integridad espiritual integridad territorial colectiva de las Comunidades \u00c9tnicas de Chancleta y Patilla Viejo, Comunidad Cimarrones de Patilla, Comunidad \u00c9tnica de Oreganal y la Comunidad \u00c9tnica de Roche\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Afirmaron que, mediante auto de 21 de junio de 2019, proferido en el incidente de cumplimiento del mencionado fallo de tutela, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira orden\u00f3 consultar a las comunidades \u00e9tnicas ind\u00edgenas Wayuu y afrodescendientes ubicadas en las \u00e1reas de influencia de Puerto Bol\u00edvar, V\u00edas F\u00e9rreas y La Mina, excluy\u00e9ndolas de esa convocatoria. <\/p>\n
Explicaron que en providencia de 20 de mayo de 2020 la misma Corporaci\u00f3n hizo referencia a esas comunidades \u00e9tnicas, \u00abpero fueron excluidas por parte del Ministerio del Interior Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Empresa de Carbones del Cerrej\u00f3n Limited\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, resaltaron que, en decisi\u00f3n de 25 de agosto de 2023, la Sala Civil Familia Laboral el Tribunal Superior de Riohacha orden\u00f3 realizar estudios de levantamiento de l\u00edneas base y la realizaci\u00f3n de reuniones entre la empresa Carbones del Cerrej\u00f3n Limited y las comunidades afrodescendientes ubicadas en el \u00e1rea de influencia de V\u00eda F\u00e9rrea y La Mina del Cerrej\u00f3n, sin que se haya efectuado el proceso de consulta previa con las comunidades \u00e9tnicas. <\/p>\n
Consideran que la decisi\u00f3n del Tribunal Superior desconoce sus garant\u00edas constitucionales, \u00abporque las comunidades ind\u00edgenas ya fueron consultadas y compensadas, lo cual de la misma manera deben ser consultadas y compensadas las comunidades afrodescendientes como son la Comunidad de Patilla y Chancleta, Comunidad Cimarrones de Patilla, Comunidad de Oreganal y la Comunidad de Roche, [a quienes] se les est\u00e1 ocasionando perjuicios irremediables porque (\u2026) el auto no ordena plasmar un plan para que se solucione esas afectaciones directas, sino que est\u00e1 dilatando el proceso mucho m\u00e1s [pese a que] esas comunidades est\u00e1n ubicadas desde \u00e9pocas ancestrales en las tierras colectivas y \u00e1reas de influencias donde se est\u00e1 explotando carb\u00f3n y cerca de la V\u00eda F\u00e9rrea, tal como lo contempla la Resoluci\u00f3n No. 2097 de 2005 que es el Plan de Manejo Ambiental Integral de la Empresa Carbones del Cerrej\u00f3n Limites\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, pretenden, <\/p>\n
\u00abOrdenar al Ministerio del Interior, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Empresa Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, elaborar el cronograma de mesa de trabajos y ruta metodol\u00f3gica con las Comunidades de Patilla y Chancleta, Comunidad de Oreganal Comunidad Cimarrones de Patilla y la Comunidad de Roche, municipio de Barrancas La Guajira, conforme lo establece la sentencia T-704 del a\u00f1o 2016 de la Corte Constitucional, donde cada compensaci\u00f3n por los da\u00f1os morales, sociales, culturales, espirituales y ambientales son de (\u2026) $1.400\u00b4000.000 para cada familia de cada una de estas comunidades afectadas directamente\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Riohacha, indic\u00f3 que conoce del tr\u00e1mite del incidente de desacato a la sentencia T-704 de 2016, por cuanto el Consejo Seccional de la Judicatura se declar\u00f3 incompetente para continuar conociendo del mismo por auto de 7 de octubre de 2021. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que por auto de 25 de abril de 2023 requiri\u00f3 a los funcionarios responsables de cumplir el fallo y orden\u00f3 a Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, rendir un informe sobre puntos relacionados con las comunidades \u00e9tnicas relacionadas en aquella acci\u00f3n de tutela, requerimiento que reiter\u00f3 el 17 de julio de 2023. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 11 de agosto de 2023 dio apertura formal de incidente de desacato contra Janneth Daza Acosta, gerente de dialogo social, y Luis Eduardo Marulanda, vicepresidente de asuntos p\u00fablicos y comunicaciones, ambos de Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, a quienes concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de tres d\u00edas para que ejercieran su derecho de defensa. El 18 de agosto siguiente orden\u00f3 tener como pruebas los documentos aportados por las partes e incorpor\u00f3 los informes de cumplimiento allegados por Carbones del Cerrej\u00f3n Limited. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en decisi\u00f3n de 25 de agosto de 2023, declar\u00f3 que Carbones del Cerrej\u00f3n Limited ha dado cumplimiento parcial a la sentencia T-704 de 2016, en relaci\u00f3n con las \u00f3rdenes tercera y quinta frente a algunas comunidades, y la exhort\u00f3 para que en el pr\u00f3ximo informe trimestral documente lo relacionado con los avances adelantados con las comunidades \u00e9tnicas afrodescendientes, por lo que, en consecuencia, se abstuvo de sancionar a los incidentados, determinaci\u00f3n que no puede tildarse de arbitraria o caprichosa, puesto que se encamina a obtener el efectivo cumplimiento de la sentencia mencionada. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, como quiera que, de conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo 002 de 2015, la entidad que debe ser vinculada es la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina de la Guajira, la cual ya no hace parte de los Consejos Seccionales de la Judicatura. <\/p>\n
3. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, manifest\u00f3 que los hechos y pretensiones de la acci\u00f3n de tutela se dirigen en contra del Tribunal Superior, el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la empresa Carbones el Cerrej\u00f3n Limited, por lo que carece de legitimaci\u00f3n para comparecer a este asunto. <\/p>\n
4. El Ministerio del Interior, puso de presente que conforme la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que le suministr\u00f3 la Direcci\u00f3n de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, no ha incurrido en conductas que afecten los derechos de los accionantes, y, tanto as\u00ed que los hechos narrados en el escrito de tutela no se vinculan con acciones u omisiones de esa entidad. <\/p>\n
En cuanto al cumplimiento de la sentencia T-704 de 2016, puso de presente que las \u00f3rdenes cuarta y quinta \u00abno suponen que la Direcci\u00f3n de la Autoridad Nacional de Consulta Previa tenga que efectuar un an\u00e1lisis de determinaci\u00f3n, sino que, a la luz de lo se\u00f1alado, se realiza el proceso de consulta previa cuando la Empresa Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, determine las comunidades que han sido afectadas directamente y proceda con la solicitud de inicio del proceso consultivo\u00bb y se\u00f1al\u00f3 que, \u00abel proceso realizado por el Cerrej\u00f3n y la ANLA para determinar las comunidades \u00e9tnicas posiblemente afectadas [no ha concluido], por tanto, no significa la exclusi\u00f3n o desatenci\u00f3n de las comunidades \u00e9tnicas que no han sido convocadas a la fecha al proceso consultivo (\u2026) [que] se separ\u00f3 por actividades (Mina, L\u00ednea F\u00e9rrea y Puerto)\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que no se demostr\u00f3 la presencia de los requisitos de procedencia de la tutela contra decisi\u00f3n judiciales, y, en todo caso, ha desarrollado actividades para acatar lo resuelto en la sentencia T-704 de 2016, respecto al proceso de consulta previa, protocolizando acuerdos con una serie de comunidades que se encuentran en el \u00e1rea de influencia del proyecto. <\/p>\n
6. La empresa de Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, sostuvo que ha venido cumpliendo con la orden impuesta por la Corte Constitucional en la sentencia T-704 de 2016, de acuerdo a los informes de ejecuci\u00f3n y desarrollo de los planes de trabajo presentados al Tribunal Superior accionado, resalt\u00f3 que se trata de \u00f3rdenes complejas, pues existe un gran n\u00famero de comunidades que hacen parte del proceso, respecto de las cuales ha dise\u00f1ado un cronograma de trabajo, en el que se han identificado 427 comunidades wayuu sujetos de consulta previa, logrando llevar a cabo acuerdos con 336. <\/p>\n
Dijo que las comunidades afrodescendientes accionantes no est\u00e1n siendo afectadas por contaminaci\u00f3n ambiental, debido a que fueron objeto de procesos de reasentamientos concertados. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que las Comunidades de Patilla y Chancleta y Roche han sido objeto de consultas previas individuales, conforme a las sentencias T-256 de 2015 de la Corte Constitucional y de 8 de diciembre de 2016 del Consejo de Estado (radicado no. 2016-00058). <\/p>\n
<\/p>\n
Aclar\u00f3 que para el cumplimiento de la sentencia T-704 de 2016, se estructuraron dos fases, i) plan inmediato de mitigaci\u00f3n y, ii) plan de compensaci\u00f3n compuesta por las etapas de planeaci\u00f3n, consulta a comunidades e implementaci\u00f3n de acuerdos, \u00aba trav\u00e9s del cual se han venido desarrollando los procesos de consulta previa inicialmente con las comunidades de puerto y de manera secuencial con las de l\u00ednea f\u00e9rrea, y actualmente estamos con las comunidades del sector de la mina\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, record\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela para discutir sobre pretensiones econ\u00f3micas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas, cuandoquiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad, o de un particular -en casos excepcionales-, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y que concurran los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
2. Esta Sala ha sostenido que este medio extraordinario, en principio, resulta improcedente cuando se dirige contra decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite de incidentes de desacato originados en la concesi\u00f3n de un amparo constitucional, pues el legislador s\u00f3lo contempl\u00f3 el grado de consulta como medio para revisar las disposiciones de esa \u00edndole, siempre que el juez constitucional encuentre procedente la aplicaci\u00f3n de una sanci\u00f3n por la desatenci\u00f3n de su fallo (CSJ. STC feb. 21 de 2003, Exp. 00382). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se se\u00f1alado que frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ. STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02, reiterada en STC3554-2021 y STC10906-2023). <\/p>\n
De tal manera que, en principio, las determinaciones que adopta el juez constitucional en un incidente de desacato, instituido en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, no pueden ser objeto de reproches o censuras a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Sin embargo, ante una evidente violaci\u00f3n del debido proceso, excepcionalmente podr\u00eda prosperar el amparo para proteger los derechos amenazados, particularmente por, i) \u00abausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (Sent. de 1\u00b0 de marzo de 2004, exp. 03501-01), ii) cuando la autoridad judicial act\u00faa en forma arbitraria o caprichosa, es decir, \u00abla motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb, iii) o cuando el fallador omite \u00abhacer examen cr\u00edtico de las pruebas y de exponer razonadamente el m\u00e9rito que le asignada a cada una\u00bb (CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00, en ese mismo sentido consultar STC20922-2017, STC10608-2023 y STC10906-2023). <\/p>\n
Excepciones que no son exclusivas, pues se han extendido a otros asuntos, como cuando, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12)\u00bb (se destaca) (CSJ. STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02, reiterada en STC10608-2023). <\/p>\n
3. Con esas precisiones, al volver al caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se tiene que de las diligencias remitidas por las autoridades accionadas y vinculadas se evidencia lo siguiente, <\/p>\n
3.1 La Corte Constitucional en sentencia T-704 de 13 de diciembre de 2016, conoci\u00f3 en revisi\u00f3n el fallo proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Riohacha, en primera instancia, y la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, en segunda, que resolvi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la Comunidad Ind\u00edgena Media Luna Dos en contra de la Naci\u00f3n, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio del Interior y la empresa el Cerrej\u00f3n, en la que se debati\u00f3 acerca del \u00abderecho fundamental a la consulta previa, por considerar que la ampliaci\u00f3n del proyecto denominado \u201campliaci\u00f3n del Puerto Bol\u00edvar\u201d incluido en la explotaci\u00f3n del Cerrej\u00f3n, afecta directamente sus derechos como comunidad \u00e9tnica, con lo cual, surge la obligaci\u00f3n de realizar el proceso de consulta previa en aras de garantizar el mantenimiento de sus culturas y tradiciones\u00bb. <\/p>\n
En aquella decisi\u00f3n, luego de referirse al marco constitucional sobre la protecci\u00f3n de los derechos \u00e9tnicos en Colombia, las caracter\u00edsticas del derecho a la consulta previa, los precedentes constitucionales relacionados con consultas previa por afectaci\u00f3n al ambiente sano, explotaci\u00f3n de recursos naturales, proyectos mineros y comunidades \u00e9tnicas, sostuvo que la explotaci\u00f3n de carb\u00f3n en la Guajira representa una de las minas m\u00e1s grandes en Colombia, zonas en las que el escenario social muestra una poblaci\u00f3n mayoritariamente rural, ind\u00edgena, afrodescendiente y colona. <\/p>\n
Indic\u00f3 que esas circunstancias, han generado la mutaci\u00f3n del espacio f\u00edsico en donde se desarrollan las actividades de explotaci\u00f3n de carb\u00f3n, la transformaci\u00f3n de comunidades que soportan en mayor medida tales efectos y destac\u00f3 algunas poblaciones que ven afectadas, tales como \u00abTabaco, Albania, Los Remedios, Roche, Chancleta, Patilla, Papayal, Oreganal, Carretalito, San Pedro, Zaraita, Palmarito, El Descanso, Caracol\u00ed, Nuevo Espinal, Sojoi, Cabeza de Perro, Quebrachal, Punto Claro, Potrerito, Conejo, Las Casitas y Ca\u00f1averales\u00bb, advirti\u00e9ndose adem\u00e1s afectaciones a los ind\u00edgenas Wayuu, lo que revela la existencia de conflictos ambientales, econ\u00f3micos, culturales y territoriales, hallando la necesidad que, <\/p>\n
(\u2026) las autoridades que intervienen en el proceso, especialmente de la ANLA y de la Direcci\u00f3n Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, y de los particulares, verificar la procedencia de la consulta bas\u00e1ndose no exclusivamente en el espacio f\u00edsico en el que se desarrollar\u00e1 el proyecto, ampliaci\u00f3n, etc. que fue aportado por el particular interesado, sino, conforme a las normas vinculantes en la materia y la garant\u00eda de derechos \u00e9tnicos, para as\u00ed determinar la existencia o no de comunidades en el sector que deban ser consultadas (\u2026) [de ah\u00ed que] en el caso concreto y por la omisi\u00f3n relativa a la realizaci\u00f3n de la consulta previa de la comunidad Media Luna Dos, s\u00ed existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de esa poblaci\u00f3n. Lo anterior, pues de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente y los conceptos cient\u00edficos remitidos por Rodrigo Negrete, Julio Fierro, el Cinep, Ana Mar\u00eda Llorente, entre otros, es claro que las ampliaciones del Puerto Bol\u00edvar s\u00ed afectan directamente a la comunidad accionante. La empresa accionada no logr\u00f3 desvirtuar las lesiones al medio ambiente que tienen implicaciones directas sobre dicha poblaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, la Corte Constitucional consider\u00f3 \u00abindispensable que tanto las autoridades ambientales, la empresa del Cerrej\u00f3n, la poblaci\u00f3n en general y, en particular, las comunidades \u00e9tnicas, dise\u00f1en e implementen medidas que atiendan con prontitud a los problemas ambientales, sociales, culturales, econ\u00f3micos y otros, que actualmente se est\u00e1n presentando. Pero adicionalmente y como algunos da\u00f1os ambientales ya se provocaron, la empresa Cerrej\u00f3n deber\u00e1, consultando previamente con las comunidades afectadas, dise\u00f1ar e implementar un plan de compensaci\u00f3n de da\u00f1os para mitigar los efectos negativos que se causaron por la extracci\u00f3n de carb\u00f3n realizada por esa empresa\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Raz\u00f3n por la que, despu\u00e9s de revocar el fallo de segunda instancia proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, resolvi\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) TERCERO: TUTELAR el derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad Media Luna Dos. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la Resoluci\u00f3n N\u00ba 0428 del 7 de mayo de 2014 que modifica el Plan de Manejo Ambiental Integral establecido mediante Resoluci\u00f3n 2097 del 16 de diciembre de 2005, en el sentido de autorizar la ejecuci\u00f3n y puesta en marcha del proyecto \u201cExpansi\u00f3n de Puerto Bol\u00edvar\u201d, hasta que se realice el tr\u00e1mite consultivo. <\/p>\n
<\/p>\n
En cumplimiento de esta orden, en el marco de sus competencias, la empresa El Cerrej\u00f3n, el Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, deber\u00e1n proponer a las comunidades una reuni\u00f3n para la concertaci\u00f3n de las condiciones del proceso consultivo (preconsulta) en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo. Luego de ello, deber\u00e1 efectuar la consulta previa a las comunidades afectadas, de acuerdo con las reglas identificadas en esta sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
CUARTO: ORDENAR a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales REVISAR, de acuerdo con el procedimiento previsto en el art\u00edculo 3 del Decreto Ley 3573 de 2011 y el art\u00edculo 62 de la Ley 99 de 1993, la Resoluci\u00f3n 2097 de 2005 por medio del cual se establece y aprueba el Plan de Manejo Ambiental Integral de todo el proyecto minero \u201cEl Cerrej\u00f3n\u201d y sus consecuentes resoluciones, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. En esa revisi\u00f3n deber\u00e1 analizar si el Plan de Manejo Ambiental Vigente es suficiente para hacer frente a la contaminaci\u00f3n que se produce por la explotaci\u00f3n de carb\u00f3n y, de haber lugar, modificar, suspender o cancelar la licencia ambiental otorgada al proyecto. En este tr\u00e1mite deber\u00e1 GARANTIZAR los derechos de participaci\u00f3n de toda la poblaci\u00f3n que pueda verse comprometida por dicha revisi\u00f3n, y, en todo caso, cuando se afecten directamente derechos de comunidades ind\u00edgenas, el mecanismo de participaci\u00f3n que deber\u00e1 implementar ser\u00e1 la consulta previa. <\/p>\n
<\/p>\n
QUINTO: ORDENAR a la empresa El Cerrej\u00f3n implementar un plan inmediato de mitigaci\u00f3n de da\u00f1os ambientales, sociales, culturales, en la zona, para lo cual, deber\u00e1 compensar los da\u00f1os causados por la explotaci\u00f3n de carb\u00f3n al ambiente y a los derechos de las comunidades afectadas. En caso de proceder la consulta para estas compensaciones, deber\u00e1 realizarse con las comunidades afectadas. <\/p>\n
<\/p>\n
La empresa El Cerrej\u00f3n deber\u00e1 enviar informes peri\u00f3dicos, en plazos no mayores a tres meses cada uno, con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Riohacha. Esto con el fin que se efect\u00fae el monitoreo sobre el cumplimiento del presente fallo, conforme lo previsto por el art\u00edculo 27 del Decreto Ley 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
3.2 Inicialmente, del incidente de desacato conoci\u00f3 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, hasta el 7 de octubre de 2021 cuando se declar\u00f3 incompetente para continuar conociendo del tr\u00e1mite, diligencias que fueron remitidas al Tribunal Superior de Riohacha, Corporaci\u00f3n que inform\u00f3 que mediante providencias de 25 de octubre de 2021, 25 de febrero y 11 de julio de 2022 requiri\u00f3 a las entidades y accionantes para que rindieran informes en relaci\u00f3n con el cumplimiento de la sentencia citada, documentaci\u00f3n que se ha puesto en conocimiento de los accionantes y dem\u00e1s interesados. <\/p>\n
El 25 de abril de 2023 el Tribunal Superior solicit\u00f3 a Carbones del Cerrej\u00f3n Limited que informara si respecto de algunas comunidades reconocidas en el tr\u00e1mite incidental1, <\/p>\n
(\u2026) a. Si llev\u00f3 a cabo el espacio de concertaci\u00f3n y de consulta con la correspondiente comunidad para realizar, gestionar e implementar el plan de mitigaci\u00f3n de da\u00f1os ambientales, sociales y culturales, en la zona, as\u00ed como lo relativo a la compensaci\u00f3n por los da\u00f1os causados por la explotaci\u00f3n de carb\u00f3n al ambiente y a los derechos de las comunidades afectadas. <\/p>\n
b. Qui\u00e9n es la persona encargada de direccionar el proyecto, obtener los recursos, gestionar las reuniones y los comit\u00e9s, as\u00ed como la periodicidad de las mismas, as\u00ed como si debe presentar informes mensuales, trimestrales o anuales de los avances, seg\u00fan el plan formulado. <\/p>\n
c. Conforme el plan gestionado e implementado para cada comunidad, cu\u00e1l es su porcentaje de ejecuci\u00f3n en los \u00faltimos dos a\u00f1os, conforme cada uno de los objetivos propuestos, atendiendo a los factores de tiempo, cantidad, calidad y precio. <\/p>\n
d. Cu\u00e1les son las obras de mitigaci\u00f3n que se han implementado, en lo correspondiente a plantas de control a material particular, proyectos encaminados a la calidad del agua, aspectos culturales, sanidad alimentaria, saneamiento ambiental y compensaci\u00f3n. <\/p>\n
e. Si las intervenciones que se han realizado, as\u00ed como los planes trazados y proyectos en ejecuci\u00f3n, cuentan con indicadores de eficiencia y s\u00ed, con ellos se puede medir el nivel de avance en el acatamiento de la orden de tutela. <\/p>\n
f. Cu\u00e1l es el presupuesto que se tiene destinado para cumplir con los proyectos emprendidos a la fecha, cu\u00e1nto est\u00e1 destinado para cada uno de ellos, por cu\u00e1nto periodo de tiempo est\u00e1 proyectado y cu\u00e1nto se ha ejecutado en los \u00faltimos dos a\u00f1os. <\/p>\n
g. Si existen planes trazados para cumplimiento inmediato o est\u00e1n trazados a mediano y largo plazo, entendiendo por tal 3 a\u00f1os, 5 a\u00f1os u otra periodicidad\u00bb. <\/p>\n
Requerimiento que reiter\u00f3 en providencia de 17 de julio de 2023 y ante la falta de respuesta de la empresa incidentada, en auto de 11 de agosto de 2023 dio apertura al incidente de desacato contra Janneth Daza Acosta, gerente de dialogo social, y Luis Eduardo Marulanda, vicepresidente de asuntos p\u00fablicos y comunicaciones, ambos de Carbones del Cerrej\u00f3n Limited. <\/p>\n
El 18 de agosto siguiente dio apertura a la etapa probatoria y se incorpor\u00f3 al expediente los documentos aportados por las partes, as\u00ed como los informes de cumplimiento allegados por Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, de los que dio traslado a los interesados. <\/p>\n
3.3 Ahora bien, la inconformidad de las comunidades accionantes, se concreta a que no se ha dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia T-704 de 2016 referida, \u00abporque hasta la presente ninguna Comunidad Afrodescendiente ubicada en el \u00e1rea de influencia de la mina ha sido consultada (\u2026) por la contaminaci\u00f3n ambiental que est\u00e1 originando a diario las explotaciones de Carb\u00f3n (\u2026) por parte de la empresa Carbones del Cerrej\u00f3n Limited (\u2026) generando mayores afectaciones directas contra estas comunidades \u00e9tnicas (\u2026) sus fuentes h\u00eddricas, poblaci\u00f3n, flora, fauna, seguridad alimentaria, generando diversas enfermedades cancer\u00edgenas en los ni\u00f1os y adultos mayores\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, consideran que en la providencia de 25 de agosto de 2023, el Tribunal Superior de Riohacha orden\u00f3 la realizaci\u00f3n de estudios de levantamiento de l\u00edneas base y reuniones entre la empresa explotadora y las comunidades afrodescendientes ubicadas en el \u00e1rea de influencia de V\u00eda F\u00e9rrea y La Mina del Cerrej\u00f3n, sin que se haya efectuado el proceso de consulta previa con las comunidades \u00e9tnicas, ni se ordene \u00ab(\u2026) plasmar un plan para que se solucione esas afectaciones directas, sino que est\u00e1 dilatando el proceso mucho m\u00e1s [pese a que] esas comunidades est\u00e1n ubicadas desde \u00e9pocas ancestrales en las tierras colectivas y \u00e1reas de influencias donde se est\u00e1 explotando carb\u00f3n y cerca de la V\u00eda F\u00e9rrea, tal como lo contempla la Resoluci\u00f3n No. 2097 de 2005 que es el Plan de Manejo Ambiental Integral de la Empresa Carbones del Cerrej\u00f3n Limites\u00bb. <\/p>\n
3.4 Al revisar la determinaci\u00f3n impugnada, la Sala no evidencia que se trate de una decisi\u00f3n caprichosa o arbitraria, por el contrario, se encuentra ampliamente fundamentada y motivada, en la que analiza en detalle los documentos e informes aportados por los accionantes, incidentados y dem\u00e1s interesados. <\/p>\n
En efecto, concretamente, el Tribunal Superior accionado sostuvo que la sentencia T-704 de 2016 beneficia a terceros que no habiendo intervenido en el proceso de tutela y comportan circunstancias comunes con los peticionarios de la acci\u00f3n, \u00aba la fecha y de acuerdo a respuesta allegada por Carbones del Cerrej\u00f3n Limited en atenci\u00f3n al auto de fecha 11 de agosto de 2023 alcanzan 418 comunidades \u00e9tnicas en proceso de consulta de acuerdo a la orden quinta, informando que se acompasa con los datos presentados en el informe de cumplimiento No. 27 obrante en el expediente (pdf 126)\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que se realizaron actividades de verificaci\u00f3n de cumplimiento respecto a las comunidades Choretchon (protocolizaci\u00f3n de acuerdos en noviembre de 2023), Piulat (protocolizaci\u00f3n de acuerdos y compensaciones realizada el 25 de julio de 2023), Sarrutsira y Yokotkutshi (protocolizaci\u00f3n de acuerdos en noviembre de 2023), Jasariu (protocolizaci\u00f3n de acuerdos y compensaciones realizada el 25 de julio de 2023) y Asociaci\u00f3n Shipia Wayuu conformada por 191 comunidades, se surti\u00f3 proceso de consulta previa con 202 y los restantes est\u00e1n en fases preliminares. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las comunidades Olochon (Jalaipa), indic\u00f3 que no fue identificada dentro del \u00e1rea de afectaci\u00f3n directa del proyecto, y la Parroujamana y Paraujamana, no hay lugar a revisi\u00f3n de cumplimiento porque se encuentran en proceso de solucionar el conflicto interno de representatividad. <\/p>\n
En cuanto a las 11 comunidades afrodescendientes denominadas \u00abCONCEJO COMUNITARIO DE LOS REMEDIOS, CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE DE BARRANC\u00d3N, COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DE NEGROS CIMARRONES DE PALMARITO, CONSEJO COMUNITARIO ANCESTRAL DE LA VEREDA ALMAPOQUE, CONSEJO COMUNITARIO ANCESTRAL AFRODESCENDIENTE DE CARRETALITO, CONSEJO COMUNITARIO ANCESTRAL DE SANTA CRUZ DE PAPAYAL, CONSEJO COMUNITARIO NEGROS ANCESTRALES DE CHANCLETA Y PATILLA, CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTES NEGROS DE SARAHITA, CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE NEGRO Y MORENO DE HATOJOMEDIO, ASOCIACI\u00d3N DE NEGROS CIMARRONES DEL DESCANSO (ASONECIDES) Y CONCEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTES DE MANANTIAL (ASODEMA)\u00bb, adujo que no ha sido posible efectuar el proceso consultivo, por cuanto la empresa ha estado adelantando procesos de consulta con otras comunidades \u00e9tnicas pertenecientes al \u00e1rea de influencia del proyecto, por lo que el programa de los planes de ejecuci\u00f3n y coordinaci\u00f3n se ir\u00e1 implementando con las comunidades restantes. <\/p>\n
Tambi\u00e9n puso de presente que la empresa Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, implement\u00f3 un sistema de sectorizaci\u00f3n dentro del proceso de planeaci\u00f3n, en conjunto con la Direcci\u00f3n de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP- del Ministerio del Interior, de la siguiente manera, Sector de Puerto Bol\u00edvar PBV y sus comunidades (consulta previa con 16 comunidades), Sector de la L\u00ednea F\u00e9rrea \u2013 LIFE y sus comunidades (inicio proceso de identificaci\u00f3n de las comunidades y levantamiento de l\u00edneas base), y Sector de Mina y sus comunidades (identificaci\u00f3n de 6 cabildos Wayuu, proceso de levantar informaci\u00f3n y aplicar criterios socio-culturales, con los consejos afrodescendientes). <\/p>\n
Todo lo anterior le permiti\u00f3 concluir que, <\/p>\n
(\u2026) tal y como puede verse en el cuadro 1, anexado en las l\u00edneas precedentes, [Carbones del Cerrej\u00f3n Limited], en cumplimiento del mandato constitucional, ha protocolizado y dado seguimiento a la implementaci\u00f3n de proyectos correspondientes a las compensaciones que se han ido acordando respecto de 309 comunidades, de un total de 418 comunidades \u00e9tnicas, de las que restan 109 comunidades surtiendo etapas desde aprestamiento. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En atenci\u00f3n a ello, si bien no puede atender esta Corporaci\u00f3n que exista imposibilidad de cumplimiento por parte del Cerrej\u00f3n, lo cierto es que dado el efecto inter comunis de la orden constitucional, ello ha representado actuaciones masivas en pro de garantizar los derechos de todas las comunidades \u00e9tnicas afectadas, sin que ello implique que el cumplimiento deba darse respecto de todas en el mismo tiempo y con los mismos acuerdos, pues tal y como se se\u00f1al\u00f3 en p\u00e1rrafos anteriores, necesario se hace respecto de cada comunidad \u00e9tnica, respetar sus tradiciones sociales, econ\u00f3micas, culturales y espirituales, entre otras\u00bb. <\/p>\n
Argumentos en los que el Tribunal Superior accionado fundament\u00f3 su decisi\u00f3n de declarar que Carbones del Cerrej\u00f3n Limited ha cumplido parcialmente la sentencia T-704 de 2016, mediante la ejecuci\u00f3n de actos positivos, respecto a las \u00f3rdenes tercera y quinta frente a las \u00ab[Comunidades Choretchon, Piulat, Sarrutsira y Yokoyokutshi, Jasariu y Asociaci\u00f3nShipia Wayuu]\u00bb, pero exhort\u00e1ndola para que, en el pr\u00f3ximo informe trimestral correspondiente a julio a septiembre de 2023, \u00abinforme y documente lo correspondiente a los avances adelantados respecto a (\u2026) (i) procesos de contrataci\u00f3n del equipo interno del Cerrej\u00f3n para el relacionamiento y garant\u00eda del respeto de usos y costumbres de las comunidades \u00e9tnicas afrodescendientes; (ii) levantamiento de l\u00edneas base; (iii) verificaci\u00f3n de la comunidad respecto de los criterios de la Corte en relaci\u00f3n con el \u00e1rea de afectaci\u00f3n directa como son aquellos de tipo social, cultural, econ\u00f3mico, religioso, ambiental, espiritual para que sean consideradas sujeto del derecho a consulta previa ordenada por la Corte en la T-704 y (iv) avances en el proceso de consulta previa. Lo anterior sin perjuicio de los avances que ya se est\u00e1n surtiendo respecto de las dem\u00e1s comunidades \u00e9tnicas\u00bb (\u00e9nfasis de la Sala). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la citada decisi\u00f3n no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de las comunidades accionantes no hallan recibo en esta sede excepcional, menos cuando la empresa de Carbones del Cerrej\u00f3n Limited ha demostrado el desarrollo de actividades, programas, planes y consultas para dar cabal cumplimiento a las \u00f3rdenes de tutela impartidas en la sentencia T-704 de 2016 que, ciertamente, contienen una alta complejidad en campo, debido al significativo n\u00famero de grupos o comunidades \u00e9tnicas con quienes se debe adelantar el plan de mitigaci\u00f3n de da\u00f1os ambientales, sociales, culturales en la zona de afectaci\u00f3n, que implica individualizaci\u00f3n, sectorizaci\u00f3n, priorizaci\u00f3n e incluso compensaci\u00f3n por las afectaciones que pudieren causarse por la explotaci\u00f3n de carb\u00f3n. <\/p>\n
Y aunque los actores constitucionales cuestionen el actuar y las decisiones de las entidades y autoridades judiciales citadas a este asunto, lo cierto es que en el tr\u00e1mite del incidente de desacato no se advierte un actuar negligente o desinteresado de su parte, por lo que las inferencias del Tribunal Superior no pueden ser descalificadas desaprobadas o tachadas de arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ. STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050, reiterada en STC10608-2023). <\/p>\n
5. Tambi\u00e9n resulta oportuno recordar, que bien pueden las comunidades \u00e9tnicas accionantes acudir ante el Tribunal Superior de Riohacha para plantear sus inconformidades, en relaci\u00f3n con sus intereses para que se realice la consulta previa en las zonas que habitan, siempre y cuando se encuentren el \u00e1rea de afectaci\u00f3n del proyecto, se estudie el tema de las compensaciones y se priorice su situaci\u00f3n en el evento en que, por sus condiciones especiales, est\u00e9 latente la amenaza u ocurrencia de un perjuicio irremediable, por lo que deba atenderse sus solicitudes de forma prioritaria. <\/p>\n
6. Por otra parte, pese a que las comunidades \u00e9tnicas accionantes afirman que \u00abfueron excluidas por parte del Ministerio del Interior Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Empresa de Carbones del Cerrej\u00f3n Limited\u00bb, no existe prueba de ello, por el contrario, el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la empresa de Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, coincidieron en que a\u00fan faltan aproximadamente 109 grupos o comunidades \u00e9tnicas por identificar para llevar a cabo reuniones, acuerdos y consultas previas para tratar temas relacionados con la socializaci\u00f3n del proyecto de explotaci\u00f3n de carb\u00f3n, la mitigaci\u00f3n de las afectaciones ambientales, su impacto y el plan de manejo con las comunidades de las zonas afectadas. <\/p>\n
7. En lo concerniente a que se reconozca \u00abcompensaci\u00f3n por los da\u00f1os morales, sociales, culturales, espirituales y ambientales son de (\u2026) $1.400\u00b4000.000 para cada familia de cada una de estas comunidades afectadas directamente\u00bb, es bueno recordar que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo cuyo fin es la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales vulneradas o amenazadas, m\u00e1s no para dar soluci\u00f3n a aspectos netamente econ\u00f3micos, salvo que se alegue la ocurrencia de un perjuicio irremediable, se interponga para proteger derechos de mayor relevancia, o a favor de un menor de edad (CSJ. STC7584-2023), sin que alguno de estos eventos se encuentre plenamente demostrado en este caso, de ah\u00ed que no sea viable abordar el estudio de las condenas reclamadas. <\/p>\n
8. Finalmente, no sobra recordar al Tribunal Superior de Riohacha que en el p\u00e1rrafo segundo del ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia T-704 de 2016, se se\u00f1al\u00f3 que la empresa de Carbones del Cerrej\u00f3n Limited debe rendir informes peri\u00f3dicos \u00aben plazos no superiores a tres meses cada uno (\u2026) con el fin que se efect\u00fae el monitoreo sobre el cumplimiento del presente fallo, conforme lo previsto por el art\u00edculo 27 del Decreto Ley 2591 de 1991\u00bb, t\u00e9rminos que deben cumplirse con estrictez al tratarse del cumplimiento de un fallo de tutela, escenario en el que bien puede hacer uso de los poderes de ordenaci\u00f3n, instrucci\u00f3n y correccionales para hacer cumplir los plazos establecidos en la citada providencia. <\/p>\n
9. As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n solicitada ser\u00e1 negada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Eneida Barbosa D\u00edaz, representante legal del Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla, Calixto Dar\u00edo Marulanda P\u00e9rez, representante legal del Consejo Comunitario Ancestral de Oreganal, Roberto Ram\u00edrez D\u00edaz, miembro de la Comunidad Afrodescendientes de Roche y representante legal de la Asociaci\u00f3n Asorocheros, y Diocelina Mar\u00eda Sarmiento Medina, representante legal del Consejo Comunitario Afrodescendientes Cimarrones de Patilla, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, Ministerios del Interior y de Desarrollo y Medio Ambiente Sostenible, la empresa de Carbones del Cerrej\u00f3n Limited y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 \u00abCOMUNIDAD CHORETCHON, COMUNIDAD PIULAT, COMUNIDAD SARRUTSIRA Y YOKOYOKUTSHI, COMUNIDAD JASARIU, COMUNIDAD OLOCHON (JALAIPA), COMUNIDAD PARROUJAMANA, COMUNIDAD PARAUJAMANA, ASOCIACI\u00d3N SHIPIA WAYUU (integrada por 191 comunidades), CONCEJO COMUNITARIO DE LOS REMEDIOS, CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE DE BARRANC\u00d3N, COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DE NEGROS CIMARRONES DE PALMARITO, CONSEJO COMUNITARIO ANCESTRAL DE LA VEREDA ALMAPOQUE, CONSEJO COMUNITARIO ANCESTRAL AFRODESCENDIENTE DE CARRETALITO, CONSEJO COMUNITARIO ANCESTRAL DE SANTA CRUZ DE PAPAYAL, CONSEJO COMUNITARIO NEGROS ANCESTRALES DE CHANCLETA Y PATILLA, CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTES NEGROS DE SARAHITA, CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE NEGRO Y MORENO DE HATOJOMEDIO, ASOCIACI\u00d3N DE NEGROS CIMARRONES DEL DESCANSO (ASONECIDES) Y CONCEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTES DE MANANTIAL (ASODEMA)\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abATUNCAMANA, ISHAMANA, JEPENCHON, JICHINALU, KAPUI, KARRAISHIRRA, KASISCHON, KASUSHI, MAKULUNTIRRA, MANATSHI, MOUWASIRA, MUSHALERRAIN, PALENSO, PIULAT, WAITAKI, WUITICHON, YOLUWOUCHON, GUAAPANA, MARA\u00d1AMANA, MULAMANA\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12236-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12236-2023 Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-04113-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Eneida Barbosa D\u00edaz, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77359","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77359","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77359"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77359\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77359"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77359"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77359"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}