STC12237-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12237-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04117-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito verbal radicado bajo el n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores involucrados en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre y en representaci\u00f3n legal de su menor hijo, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, buena fe y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u201cG\u201d -fallecido el 31 de diciembre de 2022-, quien era su compa\u00f1ero permanente y padre de su menor hijo \u201cO\u201d (6 a\u00f1os de edad), \u00abhab\u00eda reconocido de buena fe, como su hija, a la menor \u201cL\u201d, nacida el 25 de octubre de 2014\u00bb, pero en raz\u00f3n al resultado de una prueba gen\u00e9tica emitido \u00abel 27 de agosto de 2020\u00bb, se estableci\u00f3 que \u00e9l \u00abno es el padre biol\u00f3gico\u00bb de la ni\u00f1a. <\/p>\n
Que \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas calendario siguientes al conocimiento [de dicha prueba cient\u00edfica]\u00bb, el se\u00f1or \u201cG\u201d \u00abconfiri\u00f3 poder [al abogado \u201cJ\u201d]\u00bb, quien \u00abel 15 de febrero del a\u00f1o 2021 (\u2026), presenta la demanda de impugnaci\u00f3n de paternidad [la cual fue asignada] al Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d\u00bb, donde se ratific\u00f3 mediante prueba gen\u00e9tica realizada en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que \u00ab\u201cG\u201d queda excluido como padre biol\u00f3gico de la menor \u201cL\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que el 24 de noviembre de 2021, el juzgado \u00abprofiri\u00f3 sentencia anticipada [declarando que] hab\u00eda operado el fen\u00f3meno de la caducidad, [aduciendo] que desde la fecha de emisi\u00f3n de la prueba de paternidad practicada de manera particular (\u2026), el 27 de agosto del 2020 hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda ocurrida el 15 de febrero del 2021, hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de los 140 d\u00edas establecidos en el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil\u00bb, lo que, en su sentir, desconoce el ordenamiento jur\u00eddico sobre c\u00f3mputo de t\u00e9rminos. <\/p>\n
Que tras la muerte del se\u00f1or \u201cG\u201d, el \u00abgrave error\u00bb en que incurri\u00f3 el juzgado \u00abtermin\u00f3 afectando los derechos leg\u00edtimos (\u2026) de mi menor hijo \u201cO\u201d\u00bb, porque como \u00abconductor de servicio p\u00fablico cotizaba al sistema pensional por esa raz\u00f3n sus familiares somos beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, la cual s\u00f3lo eran beneficiarios ella y su descendiente, empero, \u00aben el mes de agosto de 2023, la mesada pensional fue disminuida porque la madre de la menor \u201cL\u201d, solicit\u00f3 a sabiendas de que no le corresponde derecho alguno, la pensi\u00f3n de sobrevivencia [en] la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir\u00bb. <\/p>\n
Que pese a que contra la anterior decisi\u00f3n se interpuso recurso de apelaci\u00f3n y este \u00abfue admitido [por el tribunal] el 7 de julio de 2022 (\u2026), el abogado \u201cJ\u201d, no sustento el recurso, y por ello fue declarado desierto\u00bb, de lo cual su ex compa\u00f1ero permanente \u00abno fue enterado [por el apoderado], al contrario, era informado de que el proceso estaba siguiendo su tr\u00e1mite norma e iba bien\u00bb, versi\u00f3n que mantuvo hasta \u00aben los \u00faltimos d\u00edas del a\u00f1o 2022 [pues] en la Terminal de Transporte de \u201cX\u201d, [estando el se\u00f1or \u201cG\u201d] en compa\u00f1\u00eda de su se\u00f1ora madre \u201cR\u201d, [dicho profesional] les indic\u00f3 que todo iba perfectamente\u00bb, por lo que estima que \u00abhoy debemos soportar las consecuencias de actuaciones de un juez y un abogado que no realizaron su trabajo\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene continuar con el tr\u00e1mite del proceso de impugnaci\u00f3n de reconocimiento de paternidad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, remiti\u00f3 el link para acceder al expediente digital. <\/p>\n
2. El Procurador (\u2026) Judicial II de Familia de \u201cX\u201d, consider\u00f3 \u00abprocedente\u00bb que se acoja lo pretendido, \u00absiempre y cuando se establezca por los medios legales de prueba, que efectivamente se les est\u00e1 vulnerando [los] derechos invocados\u00bb. <\/p>\n
3. \u201cM\u201d, en su calidad de representante legal de la menor \u201cL\u201d, dijo que la acci\u00f3n \u00abdebe ser improcedente, [porque] no se le vulnera derecho fundamental alguno, adem\u00e1s de que, no procede al no ser el \u00daNICO recurso legal con el que contaba el demandante, teniendo el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, el cual fue declarado desierto por el Tribunal (\u2026), al no ser sustentado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto cumple los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, y de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas superiores invocadas por la actora, al haber definido desfavorablemente el proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Del mismo modo se ha sostenido que para la viabilidad de la salvaguarda respecto de esta clase de providencias, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales de la acci\u00f3n, siendo esenciales la inmediatez y la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable, y que previo al amparo se hayan agotado los medios de defensa judicial. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotej\u00e1ndolos con la informaci\u00f3n contenida en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala declarar\u00e1 la improcedencia del auxilio, comoquiera que no alcanza a superar los presupuestos gen\u00e9ricos que acaban de referirse. <\/p>\n
3.1. De la incuria. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad surge porque la parte actora en el pleito criticado, tras mostrar su inconformidad con el fallo proferido por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 24 de noviembre de 2021, impetrando recurso de apelaci\u00f3n, omiti\u00f3 la sustentaci\u00f3n del mismo, o en su defecto, haber refutado -mediante el recurso de reposici\u00f3n-, el auto del 7 de julio de 2023 que as\u00ed lo dispuso, en el cual el tribunal advirti\u00f3 sobre las consecuencias que acarreaba para la parte recurrente, no presentar las argumentaciones en el t\u00e9rmino legalmente previsto (inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022). <\/p>\n
El mismo comportamiento desidioso se mantuvo de cara al auto del 29 de julio de 2023, mediante el cual el ad quem, efectivamente declar\u00f3 la deserci\u00f3n del recurso vertical, pese a que este, como la anterior providencia, fueron debidamente notificadas por estado electr\u00f3nico, y el all\u00ed demandante contaba dentro del juicio con representante judicial, desaprovechando as\u00ed el medio de defensa judicial id\u00f3neo para controvertir la situaci\u00f3n tra\u00edda en sede excepcional. <\/p>\n
Ciertamente, sobre la aptitud del recurso horizontal, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada, entre otras, en STC1896-2023, 1\u00b0 mar., rad. 00699-00). <\/p>\n
En las condiciones descritas, la tutela deviene inviable, por cuanto su uso racional, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores. As\u00ed, cuando se invoca sin haber acudido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que hubiese dejado de utilizar, o se hace de manera defectuosa o incompleta, en raz\u00f3n a tal desidia, la parte accionante queda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa a sus aspiraciones procesales. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data la jurisprudencia constitucional precis\u00f3 que esta acci\u00f3n: \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
A tono con ello, seguidamente se\u00f1al\u00f3: \u00ab[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya transgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os causados por su propio descuido procesal\u00bb (CC T-520\/92). <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para debatir asuntos propios del litigio ordinario, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC7666-2023, 3 ago., rad. 00184-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. De la inmediatez. <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la garant\u00eda que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb en tanto que, \u00abresulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada en STC4310-2021, 23 abr., 2021, rad. 00884-01, entre otras). Se resalta. <\/p>\n
Seg\u00fan el anterior entendimiento, el auxilio debe ser promovido dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados desde la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. Empero, en el caso bajo estudio, la demandante tambi\u00e9n mostr\u00f3 apat\u00eda frente al anterior postulado, pues mientras la actuaci\u00f3n procesal censurada, en particular el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n, data del 29 de julio de 2022, la querella se present\u00f3 -inicialmente ante el Juzgado (\u2026) Promiscuo Municipal de \u201cY\u201d- el 18 de octubre de 2023, es decir, cuando ya hab\u00eda transcurrido en exceso el semestre establecido como prudente para proponer tempestivamente el resguardo. <\/p>\n
En ese sentido, se desatendi\u00f3 el constante y reiterado criterio de esta Corporaci\u00f3n, el cual demanda de la persona afectada, una reclamaci\u00f3n oportuna ante los jueces constitucionales, pues su prolongado silencio se ha entendido como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n reprochada, y en trat\u00e1ndose de providencias judiciales, la decantada jurisprudencia ha enfatizado que el an\u00e1lisis de la exigencia del presupuesto temporal debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada, entre otras muchas, en STC4984-2023, 24 may., rad. 00104-01). Subraya la Sala. <\/p>\n
Entonces, aunque dicho presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el t\u00e9rmino fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, tal condici\u00f3n le impone al juez constitucional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia para acudir al auxilio, y, finalmente, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente al requisito tempestivo. <\/p>\n
De cara a lo anterior, en este caso no se demostr\u00f3 alguna de las circunstancias descritas que evidencien situaciones ajenas a la voluntad de quien en ese entonces fung\u00eda como demandante y tras ello de quienes obran como causahabientes, que les hubieran impedido acudir oportunamente a este mecanismo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, frente a providencias judiciales, la urgencia para evitar o controlar una amenaza o para corregir una vulneraci\u00f3n, debe atenderse con mayor estrictez, porque lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
4. De la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n
La concesi\u00f3n de la salvaguarda mediante esta modalidad tambi\u00e9n deviene improcedente, porque no se configuran los elementos indispensables para ello, pues no es suficiente la simple afirmaci\u00f3n de inminencia en la amenaza de las prerrogativas iusfundamentales, sino que incumbe aportar las pruebas que permitan acreditarlo. <\/p>\n
Ciertamente, seg\u00fan la decantada jurisprudencia: \u00abun perjuicio tendr\u00e1 car\u00e1cter irremediable cuando quiera que, en el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
Esto, porque para evaluar el remedio extraordinario como instrumento temporal, era menester que la querellante concretara las circunstancias que evidencien situaciones ajenas a su voluntad, que indiquen su imposibilidad para haber utilizado los instrumentos ordinarios de defensa judicial autorizados dentro del litigio, como tampoco demostr\u00f3 excusa v\u00e1lida que le impidiera recurrir tempranamente a este excepcional instrumento jur\u00eddico para alegar afectaci\u00f3n a los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En tales condiciones, no es dable esta senda jur\u00eddica para evitar un perjuicio irremediable, ya que la actora no prob\u00f3 que se hubieran configurado las exigencias que lo hagan viable, esto es, que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01), y porque tal modalidad \u00abse subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
5. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza para reiterar que, en situaciones como la revisada, no emerge razonable justificar el comportamiento pasivo de la accionante, pues al no acreditarse irregularidad alguna en la notificaci\u00f3n de las actuaciones censuradas, y al haber contado con apoderado judicial debidamente constituido y reconocido dentro del litigio, las supuestas falencias en que esta pudo incurrir en el ejercicio de sus deberes y obligaciones legal y convencionalmente establecidos, no pueden enrostrarse al estrado acusado. <\/p>\n
El anterior aserto ha venido siendo sostenido por el precedente jurisprudencial, al se\u00f1alar que: \u00abno es excusa aceptable la ignorancia de la ley de los ciudadanos o la falta de idoneidad de sus apoderados judiciales, \u201cporque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal\u201d, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 14 feb. 1997, exp. 3836, citada entre otras muchas en STC, 9 jun. 2004, exp. 00448-01, y STC6197-2023, 28 jun., rad. 00266-01). Se subraya. <\/p>\n
En ese mismo sentido tambi\u00e9n dijo que al otorgarse poder a un abogado para que atienda un juicio, \u00abno se puede \u201cdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u201d [STC, 29 ene. 2007, exp. 00282-01], ni tampoco puede perderse de vista que \u201cexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u201d\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 00365-01), y que \u00abla eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiaria como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ STC214-2016, 21 ene., rad. 2015-02887-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00ab[h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ STC12840-2017, 23 ago., rad. 00282-01, citada entre otras en STC912-2023, 8 feb., rad. 2022-00161-01). <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo precisado, al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n de los requisitos de la subsidiariedad y la inmediatez, los cuales no se satisfacen, sin ahondar en otras tem\u00e1ticas, se impone declarar la improcedencia del resguardo; tampoco procede como mecanismo transitorio, pues no se advirti\u00f3 raz\u00f3n que excusara la inercia en el empleo de recursos al interior del pleito, ni la demora en la invocaci\u00f3n de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado mediante esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC12237-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12237-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04117-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77360","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77360","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77360"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77360\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77360"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77360"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77360"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}