STC12239-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12239-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04132-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Inversiones del Carare SAS, contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, los Juzgados Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja y el Promiscuo Municipal de Cimitarra, la Procuradur\u00eda 1\u00b0 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras ambos de Cimitarra, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y dem\u00e1s intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras de radicado 2021-00029-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad solicitante a trav\u00e9s de su representante legal, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 en extenso escrito, en s\u00edntesis, que el director territorial del Magdalena Medio de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, mediante resoluci\u00f3n RG No. 00504 de 31 de marzo de 2021, orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de los se\u00f1ores Francelina Cu\u00e9llar Sasa y Guillermo Pe\u00f1a Torres, as\u00ed como de su n\u00facleo familiar en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente como reclamantes del derecho de propiedad sobre el predio denominados \u00abLas Camelias\u00bb identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 324-34712 de \u00e1rea georreferenciada de 93 hect\u00e1reas con 8100 m2, al interior del predio de mayor extensi\u00f3n denominado La Pradera identificado bajo el folio 324-67111. <\/p>\n
Indic\u00f3 que una vez agotado el procedimiento administrativo, el 29 de abril de 2021 se present\u00f3 solicitud individual de restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de tierras en el marco de la ley 1448 de 2011 en favor de los reclamantes, la que admiti\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja y dispuso entre otras \u00f3rdenes, vincularla como propietaria inscrita del predio de mayor extensi\u00f3n del que hace parte el reclamado en restituci\u00f3n, para que ejerciera el derecho de defensa. <\/p>\n
Expuso que el 30 de junio de 2021, present\u00f3 escrito de oposici\u00f3n a la solicitud de restituci\u00f3n pedida y se\u00f1al\u00f3 entre otros argumentos, i) las contradicciones presentadas por los reclamantes en sede administrativa, ii) la inexistencia de antecedentes de violencia en la vereda La Terraza de Cimitarra (Santander), iii) el no registro de los reclamantes en el RTDAF en dos ocasiones por virtud de las divergencias y \u00absinsentidos\u00bb encontrados en las declaraciones, iv) la vocaci\u00f3n de permanencia de los reclamantes en las inmediaciones del predio y, v) la venta suced\u00e1nea y sin violencia, del predio cercano al lote objeto de restituci\u00f3n, entre otros, escrito con el que alleg\u00f3 las pruebas y solicit\u00f3 declaraciones de parte, de terceros, oficios a entidades p\u00fablicas y privadas, pruebas periciales y de inspecci\u00f3n. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, adelantado el tr\u00e1mite correspondiente por el Juzgado de conocimiento, orden\u00f3 remitir el expediente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 79 de la ley 1448 de 2011, Corporaci\u00f3n que profiri\u00f3 sentencia el 25 de agosto de 2023 en la que orden\u00f3 i) amparar el derecho a la restituci\u00f3n de los reclamantes, ii) declarar no probada la oposici\u00f3n que present\u00f3 y, en consecuencia, le neg\u00f3 la calidad de adquirente de buena fe exenta de culpa y el derecho a mejoras, providencia en la que, en su sentir, incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
Sostuvo que el defecto que hace procedente la protecci\u00f3n constitucional se sustenta en la indebida valoraci\u00f3n de a) \u00abLas resoluciones que negaron previamente la inclusi\u00f3n de los reclamantes en RTDAF\u00bb, b) \u00abInexistencias de registro como v\u00edctimas\u00bb, c) \u00abDeclaraciones de terceros respecto de la inexistencia de violencia, coacci\u00f3n, fuerza, miedo insuperable, amenazas, aprovechamiento, as\u00ed como verdaderos m\u00f3viles de negociaci\u00f3n del predio objeto de restituci\u00f3n\u00bb, d) \u00abRespuestas de autoridades respecto de la inexistencia de registro de denuncias, o registro de los actos de violencia supuestamente padecidos por los Reclamantes\u00bb, e) \u00abRespuestas de autoridades y declaraciones de testigos respecto de inexistencia de registro de denuncias de actos de violencia contra vecinos en los predios colindantes y aleda\u00f1os ubicados en la vereda la terraza, donde est\u00e1 ubicado el predio objeto de restituci\u00f3n\u00bb, f) \u00abFolios, escrituras, registro y declaraciones que dan cuenta de la negociaci\u00f3n con terceros de franjas de terreno contiguas al predio reclamado durante la misma fracci\u00f3n de periodo, por m\u00f3viles negociales ajenos al conflicto, as\u00ed como la continuaci\u00f3n de su vida normal y la no interrupci\u00f3n de su relaci\u00f3n y arraigo con el predio, la vereda y el municipio\u00bb, g) \u00abPermanencia y arraigo de los reclamantes en la zona del predio supuestamente despose\u00eddo, todo esto en condiciones de normalidad\u00bb, h) \u00abAplicaci\u00f3n y suposici\u00f3n de presunciones no legales de \u201cverdad\u201d sin contraste real y objetivo con dem\u00e1s evidencias dentro del plenario\u00bb, i) \u00abInexistencia de condenas y antecedentes penales de las personas con las que los reclamantes hicieron el negocio controvertido, inclusive de quienes supuestamente eran quienes ten\u00edan inter\u00e9s en el predio\u00bb, j) de los testimonios y k) \u00abfalta de apreciaci\u00f3n de los presupuestos objetivos que configuraban una adquisici\u00f3n con buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 revocar la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta el 25 de agosto de 2023 en el proceso de restituci\u00f3n de tierras adelantado bajo el radicado No. 68081-31-21-001-2021-00029-01, y ordenarle emitir una nueva \u00abprevia valoraci\u00f3n sistem\u00e1tica de las pruebas que sustentan las excepciones formuladas por el opositor, respecto de la inverosimilitud de la versi\u00f3n de los Reclamantes, la no demostraci\u00f3n de su calidad de v\u00edctimas, la inexistencia de violencia, fuerza o miedo insuperable como m\u00f3vil del negocio, y la falta de demostraci\u00f3n suficiente de los supuestos de hecho en los que descansan las presunciones de despojo del art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, se limit\u00f3 a remitir la ruta para la visualizaci\u00f3n del expediente objeto de controversia en el Portal de Restituci\u00f3n de Tierras. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal Cimitarra, inform\u00f3 que, en virtud de la comisi\u00f3n conferida por la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, program\u00f3 para el 26 de octubre de 2023 la diligencia de entrega del predio Las Camelias, que hoy hace parte del de mayor extensi\u00f3n La Pradera, ubicado en la vereda la terraza del municipio de cimitarra (Santander), el cual se distingue con la matr\u00edcula inmobiliaria no. 324-34712. <\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol SA, solicitaron la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por ausencia de legitimaci\u00f3n por pasiva, porque los hechos invocados como presuntamente violatorios de los derechos fundamentales por la sociedad accionante, no son de competencia de esas entidades. <\/p>\n
4. Interconexi\u00f3n el\u00e9ctrica SA ESP -ISA- inform\u00f3 que en cumplimiento del art\u00edculo 18 de la Ley 126 de 1938, la ley 56 de 1981 y su decreto reglamentario 2580 de 1985, constituy\u00f3, \u00abDE BUENA FE EXENTA DE CULPA\u00bb, las servidumbres de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, en el predio Las Camelias, que actualmente hace parte del predio de mayor extensi\u00f3n identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0324-67111, denominado La Pradera, siempre acatando las normas y disposiciones relativas a la prestaci\u00f3n de este servicio p\u00fablico esencial. <\/p>\n
5. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -adscrita al Ministerio de Agricultura-inform\u00f3 la configuraci\u00f3n de la excepci\u00f3n denominada falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que las actuaciones u omisiones que originan la presente acci\u00f3n de amparo constitucional no son de competencia de esa Unidad, al ser la autoridad judicial accionada quien determin\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la Sociedad accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Procuradora 1\u00aa Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras, solicit\u00f3 conceder el amparo constitucional invocado por la Sociedad Inversiones del Carare S.A.S. \u00abcon el prop\u00f3sito de que se proteja su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que dentro de la sentencia de restituci\u00f3n de tierras que se profiri\u00f3 dentro del caso de marras, se malinterpret\u00f3 uno de los hechos claramente establecidos dentro del proceso, como lo fue haber permanecido por parte de los solicitantes dentro del mismo predio objeto de restituci\u00f3n, sin realizar la m\u00e1s m\u00ednima acci\u00f3n para salvaguardar sus vidas luego del alegado despojo; contrariando el esp\u00edritu de supervivencia, que sale a flote inexorablemente cuando en realidad se sufre miedo insuperable, de la magnitud requerida para alcanzar a invalidar el consentimiento, ya que no se acepta por parte de la jurisprudencia (anteriormente referida) que sea cualquier temor\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
7. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. El asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, se centra en establecer si la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta con la sentencia proferida el 25 de agosto de 2023, por la cual neg\u00f3 a la sociedad accionante la calidad de adquirente de buena fe exenta de culpa y el derecho de mejoras sobre el predio Las Camelias objeto de proceso de restituci\u00f3n, vulner\u00f3 el debido proceso que reclama. <\/p>\n
3. Para resolver, debe tenerse presente, que la Ley 1448 de 2011 consagra una serie de medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno, dentro de las cuales se estableci\u00f3 un procedimiento \u00e1gil y expedito para la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de las tierras a los despojados y desplazados y, en forma subsidiaria reconocimiento de la compensaci\u00f3n correspondiente, ante la imposibilidad del restablecimiento. <\/p>\n
La restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras como herramienta de restauraci\u00f3n, est\u00e1 disciplinada por un conjunto de principios y normas que orientan la labor del juzgador, a fin de proteger las garant\u00edas constitucionales de las partes y lograr la materializaci\u00f3n del derecho sustancial, los cuales no pueden ser desatendidos ni siquiera bajo el pretexto de brindar protecci\u00f3n al presunto despojado, pues de lo contrario, el mecanismo que el legislador contempl\u00f3 para la restauraci\u00f3n de la justicia y la consecuci\u00f3n de la paz, podr\u00eda prestarse para generar nuevas iniquidades y trasladar el conflicto a nuevos actores. <\/p>\n
La citada norma igualmente prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n de figuras procedimentales encaminadas a favorecer la posici\u00f3n de las v\u00edctimas, en raz\u00f3n a su estado de indefensi\u00f3n por ser la parte m\u00e1s d\u00e9bil, tales como la presunci\u00f3n de buena fe de sus actos y la posibilidad de acreditar el da\u00f1o sufrido por medio de prueba sumaria (art\u00edculo 5\u00ba), las presunciones (de derecho y legales) de despojo en contra de negocios jur\u00eddicos, actos administrativos y providencias judiciales respecto de los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas (art\u00edculo 77), y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba (art\u00edculo 78). <\/p>\n
La existencia de presunciones en favor de las v\u00edctimas y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba en contra del titular de derechos reales debe entenderse, entonces, en el marco de garant\u00edas constitucionales y legales para todas las partes, de manera que se respete siempre el debido proceso, se aprecien las pruebas individualmente y en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica y se exponga razonadamente el m\u00e9rito que el sentenciador asigna a cada prueba. <\/p>\n
4. Ahora bien, revisado el expediente allegado a este tr\u00e1mite, advierte la Sala que la censura formulada por Inversiones del Carare SAS, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque no se encuentra arbitrariedad en la sentencia proferida por el Tribunal Superior de C\u00facuta el 25 de agosto de 2023, que habilite la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Se afirma lo precedente, porque la providencia atacada se fundament\u00f3 en lo reglamentado en la Ley 1448 de 2011 y la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas allegadas, sin desconocer las manifestaciones de los intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
As\u00ed, para el caso objeto de estudio la Corporaci\u00f3n accionada inici\u00f3 refiriendo que las se\u00f1oras Francelina Cu\u00e9llar Sasa, Gil Maria, Silserio, Clelia, Ep\u00edmaco, Lely Pricila, Milton Ernesto, Leonel y Mar\u00eda Deyanira Pe\u00f1a Cu\u00e9llar, actuando por conducto de apoderada judicial designada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -Direcci\u00f3n Territorial Magdalena Medio, solicitaron que fueran reconocidos como v\u00edctimas del conflicto armado, para que se dispusiera la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del predio rural denominado Las Camelias distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 324-34712 ubicado en la vereda La Terraza del municipio de Cimitarra (Santander), el cual hace parte del de mayor extensi\u00f3n llamado La Pradera que cuenta con el certificado de tradici\u00f3n N\u00b0 324-67111. <\/p>\n
Tras indicar la legitimaci\u00f3n de los solicitantes en restituci\u00f3n, el Tribunal Superior indic\u00f3 que en las pruebas que reposan en el expediente, no existe margen de duda que en el sector en donde se encuentra ubicado el inmueble a restituir, tanto en \u00e9pocas pasadas como en el tiempo en que se aducen los hechos \u00abmediaron sucesos de orden p\u00fablico que por su gravedad y por los actores involucrados, sin duda caben considerarse inmersos en el \u201cconflicto armado interno\u00bb, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 con el documento de an\u00e1lisis de contexto elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojada \u00abmismo que da cuenta que en el municipio de Cimitarra se suscitaron diversos actos de virulencia en contra de la poblaci\u00f3n civil en la definida temporalidad rese\u00f1ada por los solicitantes, generados con la llegada de grupos guerrilleros y paramilitares a la zona\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, con ocasi\u00f3n a pret\u00e9ritos casos que han sido analizados por esa Corporaci\u00f3n se tiene clara noticia de que ocurrieron varios acontecimientos tocantes con la violencia justo en ese sector, adem\u00e1s de la presencia de los grupos armados, pues por aquellos tiempos Cimitarra fue notoriamente afectada por violencia de diversos actores, sin que lo desdiga el hecho que varios de los moradores del sector, para el caso Diego Enrique Valbuena Tovar, Ra\u00fal Alfonso Ruiz Ayala y Manuel Fernando Torres Mantilla, tuvieren una percepci\u00f3n de seguridad, siendo estos testimonios tra\u00eddos por el opositor. <\/p>\n
Luego de dejar sentada la afectaci\u00f3n de orden p\u00fablico para la \u00e9poca del despojo aducido por los solicitantes, refiri\u00f3 la declaraci\u00f3n rendida por Francelina Cuellar Sasa en el formulario de solicitud de la inscripci\u00f3n en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente y las manifestaciones vertidas por sus hijos Gil Mar\u00eda, Milton Ernesto, Silsero, Ep\u00edmaco, Clelia, Lely Pricila, Mar\u00eda Deyanira y Leonel Pe\u00f1a Cuellar, declaraciones que fueron siempre coherentes y consistentes en el tiempo, esto es, aunque se trat\u00f3 de relatos realizados en diversas \u00e9pocas y escenarios, en todos ellos convergieron unas mismas explicaciones y hubo plena identidad sobre sus aspectos esenciales, e indic\u00f3 que no hay margen de duda respecto a la condici\u00f3n de v\u00edctimas de los reclamantes. <\/p>\n
Frente a contradicciones que expuso el opositor, sostuvo que, <\/p>\n
A lo que adicion\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Justo por eso mismo tampoco se logra desquiciar la val\u00eda probatoria de esas manifestaciones de los reclamantes, con apenas se\u00f1alar que dizque \u201c(…) no reposa en la demanda y sus anexos, informaci\u00f3n oficial reportada [ll\u00e1mese Fiscal\u00eda, Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, etc.] que diera cuenta que en inmediaciones al predio La Floresta hoy objeto de restituci\u00f3n se hayan encontrado restos humanos (…)\u201d o esa otra de que \u201c(…) si tal acontecimiento en realidad tuvo ocurrencia fue de conocimiento de la autoridad competente y por ende debe existir prueba documental sobre la realizaci\u00f3n de las diligencias pertinentes, as\u00ed mismo debi\u00f3 ser de p\u00fablico conocimiento de los vecinos del predio dicho hecho 45 Radicado: 680813121001202100029 01 victimizante pues no es f\u00e1cil esconder una diligencia de tal magnitud (…)\u201d si es que, de un lado, del mero hecho de que no medie constancia en los archivos \u201coficiales\u201d sobre lo de aquellos muertos, no puede conllevar como necesaria consecuencia que entonces cosas tales nunca pasaron y, de otro, contiene la grave equivocaci\u00f3n de propugnar acaso por una inadmisible regresi\u00f3n al r\u00e9gimen tarifario de pruebas al exigir que asuntos como ese s\u00f3lo quepa demostrarlos del modo por aquel sugerido siendo que se trataba en cualquier caso de un hecho que, como el de aqu\u00ed, bien pod\u00eda comprobarse con otros medios -como la declaraci\u00f3n de las v\u00edctimas-; mayormente todav\u00eda parando mientes en esa especial aptitud probatoria que tanto se ha resaltado a lo largo de esta providencia, entre otras cosas, porque como se explicare desde un principio, los actores violentos en muchas ocasiones tratan de ocultar sus fechor\u00edas y no dejarlas precisamente a la vista para que las autoridades se dieren plena cuenta de ellas\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, adujo que, no quedaba desvirtuada la condici\u00f3n de v\u00edctimas con lo expuesto por los se\u00f1ores Diego Enrique Valbuena Tovar, Ra\u00fal Alfonso Ruiz Ayala y Manuel Fernando Torres Mantilla, quienes de alguna forma pusieron en duda esa calidad, al afirmar que por esa zona y en esos tiempos, no hubo desplazamientos ni despojos y que jam\u00e1s se enteraron que a los ac\u00e1 solicitantes les hubieren sucedido cosas como las que sostuvieron, pues tales deponentes no ten\u00edan un \u00abun claro o certero o real\u00bb conocimiento sobre esos hechos como en efecto lo manifestaron. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, hizo alusi\u00f3n a la criticada falta de inscripci\u00f3n de los solicitantes en el registro de v\u00edctimas, para sostener que, la Corte Constitucional ha indicado que el reconocimiento de v\u00edctima no se obtiene propiamente de figurar en alg\u00fan registro, pues solo basta con la configuraci\u00f3n del supuesto de hecho de que trata el art\u00edculo 3 de la ley 1448 de 2011, pues \u00abLa condici\u00f3n de v\u00edctima es una situaci\u00f3n f\u00e1ctica que no est\u00e1 supeditada al reconocimiento oficial a trav\u00e9s de la inscripci\u00f3n en el Registro. Por lo tanto, el registro no confiere la calidad de v\u00edctima, pues cumple \u00fanicamente el prop\u00f3sito de servir de herramienta t\u00e9cnica para la identificaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n que ha sufrido un da\u00f1o en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades (…)\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo cuestionado por la sociedad opositora, referente a que no se aport\u00f3 prueba alguna de la supuesta participaci\u00f3n del pretenso comprador (ni de Hugo Obando Ochoa como tampoco de Henry Restrepo Matix) en actividades il\u00edcitas o que \u00e9stos estuvieran relacionados con grupos armados ilegales, explic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Sin embargo, mal podr\u00eda reproch\u00e1rsele en algo a los ac\u00e1 reclamantes por acaso no saber con exactitud y menos comprobar -cual efectivamente manifestaron- que el pretenso comprador HUGO OBANDO OCHOA ejecut\u00f3 esas acciones vali\u00e9ndose de que era un narcotraficante o en tanto hac\u00eda parte de esos grupos paramilitares o ten\u00eda relaci\u00f3n con estos \u00faltimos. Sencillamente porque hacer exigencia semejante equivaldr\u00eda desnaturalizar por completo el concepto de carga probatoria en temas tales e incluso, ir\u00eda en contrav\u00eda hasta del sentido com\u00fan; ni m\u00e1s faltaba que ahora fueren las v\u00edctimas del delito las que tuvieren que probar qui\u00e9n lo cometi\u00f3. Baste con remembrar que ese singular deber, y como no deber\u00eda ser de otro modo, recae en el propio Estado pues a este al que derechamente le incumbe investigar y asimismo determinar qui\u00e9nes fueron los responsables de lo que pas\u00f3 para as\u00ed imponer las sanciones correspondientes; que nunca a los que sufrieron el hecho. <\/p>\n
Cierto que en este caso y as\u00ed se debe admitir con franqueza, no cabr\u00eda lograr la clara e indudable convicci\u00f3n de que esos episodios comentados por FRANCELINA y sus hijos y alusivos con las distintas presiones e incluso amenazas infligidas por HUGO OBANDO OCHOA fueron efectivamente determinadas con la intermediaci\u00f3n, injerencia, participaci\u00f3n o anuencia de miembros de grupos armados ilegales, m\u00e1s precisamente, de paramilitares como se insinu\u00f3 en la solicitud. A lo menos no desde que no hay prueba directa y eficiente de ello que acaso pudiera serlo, a guisa de ejemplo, una sentencia judicial que as\u00ed lo reconozca o alguna otra probanza con eficacia semejante que derechamente hubiere servido para concluir, sin duda, que los integrantes de esas organizaciones resultaron siendo los responsables de esos singulares hechos\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, no era \u00abdescabellado\u00bb que el comprador del predio fuera una persona que ten\u00eda v\u00ednculos con esos grupos, lo que igual califica como serio indicio que lo que les ocurri\u00f3 a Guillermo y Francelina, esto es, esa venta que se dijo se hizo de manera forzada a favor del se\u00f1or Hugo Obando Ochoa -que se comentaba era narcotraficante- concern\u00eda con un hecho que razonadamente podr\u00eda considerarse cercano al conflicto armado interno. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en ocasiones anteriores ese Tribunal, tuvo la oportunidad de referir sobre la intervenci\u00f3n del se\u00f1or Gustavo Adolfo L\u00f3pez Zuluaga, otrora administrador de la misma hacienda Las Camelias, para lograr que algunos propietarios de predios cercanos terminaran vendi\u00e9ndoselos (despoj\u00e1ndolos) para as\u00ed ampliar la propiedad bajo la amenaza que, si no negociaban con \u00e9l, \u00abel diciente vendedor tendr\u00eda que hacerlo con la \u201cviuda\u201d\u00bb, persona que si bien, no particip\u00f3 en este proceso precisamente a su propio favor, \u00abcuanto que en provecho de su patrono, m\u00e1s exactamente, de un individuo del que se disertaba por la comunidad en pleno que era un narcotraficante perteneciente al \u201ccartel de Medell\u00edn\u201d: ni m\u00e1s ni menos que el mism\u00edsimo HUGO OBANDO OCHOA que fue aqu\u00ed el que directamente \u201cnegoci\u00f3\u201d con GUILLERMO y FRANCELINA\u00bb. <\/p>\n
En este orden determin\u00f3 que, el negoci\u00f3 que provoc\u00f3 que los solicitantes perdieran el derecho sobre el predio ahora reclamado en restituci\u00f3n, fue ocasionado por la situaci\u00f3n de evidente temor y zozobra que sobrevino en raz\u00f3n de las intimidaciones provocadas por el tantas veces mencionado Hugo Obando Ochoa al punto que, no les qued\u00f3 m\u00e1s alternativa, que transferirle 100 hect\u00e1reas de su propiedad que por disposici\u00f3n del adquirente, quedaron a nombre de Henry Restrepo Matix, contrato al que debieron asentir por \u00abesa casi que imposibilidad de resistir\u00bb e incluso, hacerlo hasta manteniendo cierto margen de cordialidad y amabilidad para acaso evitar dificultades en pro de lograr sobrevivir en semejantes contextos. <\/p>\n
En cuanto a otro de los cuestionamientos del opositor, fundamentado en que pese al acusado temor que solicitantes dijeron sentir siguieron en la misma zona, e incluso se asentaron justo al frente de la finca que fuera cedida \u00abcomo si nada\u00bb, se refiri\u00f3 a este argumento citando lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional, <\/p>\n
(\u2026) la H. Corte Constitucional ha se\u00f1alado una y otra vez, en torno de lo que indica el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 60 la Ley 1448 de 2011, que en aras de identificar si una persona ha sido v\u00edctima de desplazamiento o de abandono o despojo no es absolutamente imprescindible que tenga que abandonar de una vez por todas y para siempre, s\u00ed o s\u00ed, la zona o el municipio o la precisa regi\u00f3n o vereda (incluso barrio o sector) en el que ocurrieron sus victimizaciones dado que tal ser\u00eda peregrina exigencia que desconocer\u00eda la naturaleza misma en que pueden ocurrir las cosas si median bastantes escenarios que podr\u00edan explicarlo con suficiencia, por ejemplo aqu\u00ed, que al final de todo la atenci\u00f3n del despojador no es que se centrare en la propia persona de su vendedor por alguna singular situaci\u00f3n suya (por supuestamente ser auxiliador del grupo ilegal -o legal- contrario o ser l\u00edder sindical u oponer resistencia al proyecto pol\u00edtico y\/o militar de la organizaci\u00f3n irregular, etc.) cuanto que apunt\u00f3 derechamente y m\u00e1s bien hacia el terreno mismo; por supuesto que todos a uno convienen que el \u00fanico inter\u00e9s de HUGO OBANDO OCHOA era quedarse justamente con esas 100 hect\u00e1reas para lograr as\u00ed desde su hacienda la salida hacia la carretera de su finca; que nada m\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
Por todo lo anterior, concluy\u00f3 que los reproches en que se fundament\u00f3 el escrito de oposici\u00f3n y las excepciones all\u00ed formuladas, acabaron siendo \u00abfrustr\u00e1neos\u00bb y que, reclamantes eran v\u00edctimas de despojo por hechos propios del conflicto armado interno con derecho a la restituci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, sobre a la solicitud de reconocimiento del opositor como adquirente de buena fe exenta de culpa, que edific\u00f3 en el desconocimiento de la situaci\u00f3n de violencia y los inconvenientes que envolvieron el negocio jur\u00eddico celebrado entre los reclamantes y Hugo Obando Ochoa, sumado a que no tuvo ninguna relaci\u00f3n o v\u00ednculos con grupos armados al margen de la ley, que el contrato estuvo precedido de la asesor\u00eda de la revisora fiscal y el abogado de la compa\u00f1\u00eda, sin que a partir de all\u00ed se advirtiera la existencia de circunstancias que afectaren la idoneidad del mismo adem\u00e1s de revisar el respectivo folio de matr\u00edcula, sin que de all\u00ed se advirtiera contexto irregular o incumpliendo de los requisitos establecidos en el art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil, el Tribunal Superior accionado resalt\u00f3 que revisado el expediente no aparecen elementos de juicio que demuestren que para hacerse con el predio, hubieran sido realmente acuciosos en esa misi\u00f3n de averiguaci\u00f3n \u00abde la que se ha hecho destacada evocaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior lo consider\u00f3 con respaldo en las declaraciones de Gilma S\u00e1nchez Cala -quien actu\u00f3 como revisora fiscal de la sociedad opositora- y Jairo Alberto Ortega Dur\u00e1n -en calidad de asesor jur\u00eddico-, personas que admitieron que \u00abse limitaron a revisar los documentos de propiedad que a decir verdad, se corresponder\u00edan, a duras penas, con esas m\u00ednimas diligencias que ser\u00edan esperables de todo aquel que pretendiere adquirir un inmueble, lo que por a\u00f1adidura permite de entrada descartarlas como actos eficientes para derivar de all\u00ed la exigida buena fe \u201cexenta de culpa\u201d cuanto que acaso la simple (que no es suficiente para estos asuntos)\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que pese a tener la opositora la oportunidad de conocer sobre la dif\u00edcil situaci\u00f3n que orden p\u00fablico que afectaba el sector por entonces, no hay prueba eficaz que indique que con estrictez haya indagado en relaci\u00f3n con los antecedentes del bien que pudieran afectar su negociaci\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3 que tampoco aparece constancia que diga fehacientemente que por su cuenta y para comprarlo, mediaron efectivamente esas previas y arduas labores de indagaci\u00f3n que le eran exigidas, esto es, no se trajo elemento de convicci\u00f3n que diere cuenta que lo adquiri\u00f3 obrando con buena fe exenta de culpa \u00abY eso que por tratarse de una entidad solo por ello deber\u00eda contar con una capacidad de averiguaci\u00f3n mucho mayor\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, no hab\u00eda lugar al reconocimiento de las mejoras reclamadas, pues tal derecho est\u00e1 ligado con las compensaciones a que hubiere lugar, cuando se demostrara la buena fe exenta de culpa, situaci\u00f3n que no sucedi\u00f3. <\/p>\n
Finalmente dio a conocer que \u00ab(\u2026) la aqu\u00ed opositora, en casos anteriores que estuvieron bajo conocimiento de este mismo Tribunal, ha intentado vanamente defenderse con planteamientos muy semejantes a los de ahora; mismos que, en todo caso, han resultado igualmente nugatorios, incluso en otros escenarios (acciones de tutela)\u00bb. <\/p>\n
5. Del anterior recuento, la Corte no constata irregularidad en las apreciaciones del Tribunal Superior accionado, pues resolvi\u00f3 el caso bajo su conocimiento con apego a las normas y jurisprudencia aplicable y bajo una ponderaci\u00f3n razonable del material probatorio <\/p>\n
As\u00ed, en cuanto al an\u00e1lisis de la calidad de v\u00edctima de los reclamantes y la buena fe exenta de culpa invocada por la sociedad accionante, apreci\u00f3 en conjunto y valor\u00f3 cada una de las pruebas que reposan en el expediente, lo que permiti\u00f3 concluir conforme a la ley y los pronunciamientos del \u00f3rgano de cierre constitucional, la procedencia de las pretensiones y el incumplimiento de los requisitos para declarar la calidad invocada por la sociedad actora. <\/p>\n
M\u00e1xime si se tiene en cuenta, que los argumentos en que se fundament\u00f3 el escrito de tutela, son id\u00e9nticos a los expuestos en la oposici\u00f3n formulada por la sociedad accionante, los que fueron analizados y abordados de manera arm\u00f3nica con los documentos, declaraciones, testimonios y dem\u00e1s pruebas que obran en el proceso de restituci\u00f3n, resolviendo uno a uno los reparos y excepciones formuladas por la accionante en la sentencia cuestionada. <\/p>\n
Para la Corte, no se observa la v\u00eda de hecho alegada, por el contrario, la providencia acusada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, en especial, cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico analizado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores preeminentes y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el asunto en estudio. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ. STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015, STC4705-2016 y, STC9343- 2023). <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Inversiones del Carare SAS contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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STC12239-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12239-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04132-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Inversiones del Carare […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77361","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77361","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77361"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77361\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77361"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77361"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77361"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}