STC12244-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12244-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04166-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jorge Daniel Ruiz Convers contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite en el que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado interno N\u00ba 56600. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante a trav\u00e9s de apoderado judicial, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y \u00ablegalidad\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que su representado fue acusado por el delito de concusi\u00f3n, en su condici\u00f3n de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales Municipales de Fusagasug\u00e1, con sustento en que se aprovech\u00f3 de su cargo para inducir a \u00c1lvaro Moreno Vargas \u2013respecto de quien se adelantaba una causa por violencia intrafamiliar- para que \u00abinstalara el baldos\u00edn\u00bb en una casa de su propiedad, a cambio de \u00abno privarlo de la libertad y archivar\u00bb en el proceso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en ese tr\u00e1mite fue absuelto por la Sala Penal del Tribunal de Cundinamarca el 16 de octubre de 2019, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la Fiscal\u00eda y el representante de las v\u00edctimas, y revoc\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sentencia SP3353-2020 para, en su lugar, condenarlo a 106 meses de prisi\u00f3n, providencia frente a la que tanto el accionante como su defensor formularon \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb, por tratarse de la primera condena, conforme a lo establecido en el Acto Legislativo N\u00ba 01 de 2018, recurso definido adversamente por la Sala de Casaci\u00f3n mayoritaria en fallo SP208-2023 de 7 de junio de 2023. <\/p>\n
Sostuvo que acog\u00eda los argumentos expresados en el salvamento de voto que present\u00f3 uno de los Magistrados en esa \u00faltima decisi\u00f3n, porque resultaba evidente la v\u00eda de hecho en la que se incurri\u00f3 por defecto f\u00e1ctico, puesto que, a la declaraci\u00f3n del denunciante, \u00c1lvaro Moreno Vargas, no debi\u00f3 conferirse ning\u00fan valor probatorio, toda vez que incurri\u00f3 en contradicciones trascendentales y sus afirmaciones no fueron probadas. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, i) no se demostr\u00f3 la existencia de las supuestas grabaciones que \u00e9ste realiz\u00f3 de las conversaciones en las que, seg\u00fan sostuvo, era presionado para cumplir lo acordado, ii) se desvirtu\u00f3 la cantidad de llamadas telef\u00f3nicas que se cruzaron entre ellos, pues nunca se demostr\u00f3 que fueron 50 como aqu\u00e9l lo declar\u00f3, iii) se acredit\u00f3 que en la obra estuvieron otros trabajadores con condiciones similares a las del denunciante, iv) se prob\u00f3 el estado en que se hallaban los documentos que le firm\u00f3 al sentenciado y, v) se presentaron divergencias de su versi\u00f3n con la de su esposa Yuli Catherine Arag\u00f3n Quevedo en distintos temas. <\/p>\n
Indic\u00f3 que las contradicciones del denunciante \u00abno son menores e impiden sostener, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, que la \u201cpropuesta\u201d o la \u201cnegociaci\u00f3n\u201d efectuada presuntamente por (\u2026) se produjo paralelamente al proceso de violencia intrafamiliar\u00bb que se segu\u00eda a \u00c1lvaro Moreno Vargas y, que, igualmente no se apreciaron correctamente las declaraciones de los dem\u00e1s trabajadores de la casa en construcci\u00f3n y de su compa\u00f1era permanente, as\u00ed como tampoco los documentos aportados, de todo lo cual se extra\u00eda su inocencia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la Sala accionada incurri\u00f3 en \u00abincongruencia entre los hechos jur\u00eddicamente relevantes de la acusaci\u00f3n realizada y sostenida en juicio, con los asumidos finalmente en el fallo condenatorio\u00bb, porque sobre la fecha en la que se cometi\u00f3 presuntamente el delito no hubo claridad, debido a las inconsistencias en la declaraci\u00f3n del denunciante. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar a la autoridad accionada \u00abque resuelva nuevamente la impugnaci\u00f3n especial interpuesta por la Defensa material y t\u00e9cnica, corrigiendo los defectos f\u00e1cticos expuestos en la presente acci\u00f3n de tutela y en consecuencia se absuelva al se\u00f1or JORGE DANIEL RUIZ CONVERS por las consideraciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas expuestas en la presente acci\u00f3n de Tutela\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogot\u00e1, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, puesto que \u00abde los hechos precisados por el accionante, (\u2026) [ese] Despacho no ha incidido en la posible afectaci\u00f3n de derechos en la actuaci\u00f3n penal que se sigui\u00f3 en su contra\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal se opuso a la prosperidad del amparo, dado que el accionante alega cuestiones que ya fueron definidas en el caso penal censurado, asunto resuelto conforme a derecho y respecto del cual el actor \u00abno acredita con suficiencia ninguna circunstancia concreta de la que se pueda inferir alguna vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales como consecuencia de las decisiones condenatorias emitidas en su contra\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 anot\u00f3 que a su despacho le correspondi\u00f3 ejecutar la pena de ciento seis (106) meses de prisi\u00f3n que, por el delito de concusi\u00f3n, impuso al accionante la Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante sentencia de 15 de julio de 2020, confirmada al definirse la Impugnaci\u00f3n Especial el 7 de junio de 2023. Expres\u00f3 que la tutela no se dirige en su contra y advirti\u00f3 que en la etapa a su cargo no ha incurrido en lesi\u00f3n de garant\u00edas sustanciales, por lo cual pidi\u00f3 denegar el amparo exigido. <\/p>\n
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4. El Fiscal Quince Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca advirti\u00f3 que el amparo no deb\u00eda salir avante, toda vez que, en concreto, no existi\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos alegados, pues no se incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria y aqu\u00e9l cont\u00f3 con el buen ejercicio de su defensor, como lo adujo en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
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5. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
3. Fijado lo anterior, y revisada la providencia censurada, no se establece arbitrariedad que imponga la intervenci\u00f3n del juez constitucional, porque la Sala de Casaci\u00f3n accionada adopt\u00f3 su decisi\u00f3n en observancia de las normas y jurisprudencia aplicable, sin desconocer las alegaciones de los involucrados y bajo una interpretaci\u00f3n razonable del caudal probatorio allegado al asunto. <\/p>\n
Ciertamente, se encuentra que la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la providencia SP208-2023 de 7 de junio de 2023, tras relatar los antecedentes del asunto y los argumentos de la sentencia condenatoria proferida contra el accionante, rese\u00f1\u00f3 los argumentos de la impugnaci\u00f3n especial que propuso, similares a los expresados en la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Enseguida, indic\u00f3 que para definir el asunto, deb\u00eda pronunciarse sobre la naturaleza jur\u00eddica del delito materia de acusaci\u00f3n, esto es, el de concusi\u00f3n que de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 404 del C\u00f3digo Penal, se define en los siguientes t\u00e9rminos, \u00abEl servidor p\u00fablico que abusando de su cargo o de sus funciones constri\u00f1a o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 los elementos que, de acuerdo con la jurisprudencia de esa Sala especializada deb\u00edan concurrir para la configuraci\u00f3n del delito, atendiendo a sus verbos rectores, de \u00abconstre\u00f1imiento, inducci\u00f3n o solicitud, de una previsi\u00f3n indebida\u00bb (CSJ. AP, 12 Feb. 2002, Rad. 18798, SP, 18 Jul. 2007, Rad. 24329 y SP, 3 Jun. 2009, Rad. 29769) y luego, se ocup\u00f3 del comportamiento por el cual se proces\u00f3 al accionante, el que, en los t\u00e9rminos de la Fiscal\u00eda, respondi\u00f3 a que \u00ababusando de su cargo y de sus funciones, indujo a una persona que ten\u00eda el estatus de acusado a que le suministrara una utilidad indebida, a cambio de un principio de oportunidad, que lo relevara de toda responsabilidad penal, a pesar de que el tr\u00e1mite del proceso se encontraba ya superada la audiencia preparatoria\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la \u00abinducci\u00f3n\u00bb consisti\u00f3 en que el accionante \u00abpor cuenta del trabajo que \u00c1lvaro Moreno Vargas desarrollaba como maestro de construcci\u00f3n y que en su despacho cursaba un proceso en su contra por el delito de violencia intrafamiliar, estar\u00eda dispuesto a orientar favorablemente su caso a cambio de que le instalara el baldos\u00edn en una casa que para ese momento constru\u00eda en la ciudad de Fusagasug\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, refiri\u00f3 en detalle \u00ablas pruebas que soportan la declaratoria de responsabilidad penal\u00bb, esto es, las declaraciones de \u00c1lvaro Moreno Vargas y Yuly Cateline Arag\u00f3n Quevedo, el registro de las llamadas entrantes y salientes del celular perteneciente al primero, entre el 6 de septiembre de 2013 y el 4 de junio de 2016 y lo ocurrido en el proceso seguido a Moreno Vargas por el delito de violencia intrafamiliar, conforme a las copias allegadas. <\/p>\n
Frente a los cuestionamientos de la defensa respecto de la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala de Casaci\u00f3n Penal indic\u00f3 que el art\u00edculo 404 de la Ley 906 de 2004 establece que el juez al apreciar las pruebas testimoniales \u00abtendr\u00e1 en cuenta no solo los principios t\u00e9cnico-cient\u00edficos sobre la percepci\u00f3n y la memoria, sino tambi\u00e9n la naturaleza de lo percibido, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se percibi\u00f3, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad\u00bb, y con sustento en lo anterior, consider\u00f3, sobre las declaraciones del denunciante, que \u00abaunque mostr\u00f3 cierto nerviosismo en su exposici\u00f3n, pues, seg\u00fan explic\u00f3, a pesar de haber tenido procesos en la fiscal\u00eda \u00abnunca me ha tocado hablar as\u00ed\u00bb, ello no fue \u00f3bice para que expusiera en un lenguaje b\u00e1sico y elemental, pero claro, lo sucedido, de manera coherente y espont\u00e1nea, factores determinantes para conferirle m\u00e9rito persuasivo a su declaraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, se ocup\u00f3 en dar soluci\u00f3n a los distintos cuestionamientos de los recurrentes frente a las manifestaciones del denunciante, y sobre la \u00abfecha de la conducta concusionaria\u00bb, anot\u00f3 que \u00abla indeterminaci\u00f3n temporal que los impugnantes le censuran al testigo no es un aspecto que inquiete su credibilidad, puesto que del conjunto de datos que suministra y su confrontaci\u00f3n con la secuencia cronol\u00f3gica de la actuaci\u00f3n penal seguida en su contra por el delito de violencia intrafamiliar, se logra establecer el marco temporal de este acontecer\u00bb. <\/p>\n
Al punto, destac\u00f3 que, en todo caso, del material probatorio se extra\u00eda sin duda, \u00abi) que el caso de \u00c1lvaro Moreno Vargas por violencia intrafamiliar estaba a cargo de JORGE DANIEL RUIZ CONVERS, ii) que como fiscal cit\u00f3 a \u00c1lvaro Moreno Vargas a su oficina en m\u00faltiples oportunidades y se reuni\u00f3 con \u00e9l y, (iii) que a ra\u00edz de estos contactos \u00c1lvaro Moreno Vargas termin\u00f3 trabajando en la casa del fiscal\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3, que las imprecisiones de \u00c1lvaro Moreno Vargas no se presentaron en relaci\u00f3n con la fecha de su captura, sino en cuanto al momento en el que conoci\u00f3 al procesado Jorge Daniel Ruiz Convers, pues, <\/p>\n
(\u2026) en una de sus entrevistas manifest\u00f3 que fue el d\u00eda siguiente de su captura, mientras que en el juicio asegur\u00f3 que 8 o 15 d\u00edas despu\u00e9s de haber sido \u00abcogido\u00bb por la polic\u00eda, imprecisiones que, como ya se indic\u00f3, pueden explicarse por el paso del tiempo. <\/p>\n
Posteriormente, en cuanto al reparo sobre \u00abla grabaci\u00f3n de las conversaciones telef\u00f3nicas y n\u00famero de llamadas recibidas\u00bb, indic\u00f3 que el ataque no resultaba sustancial porque \u00abla circunstancia de que las grabaciones no fuesen halladas, no significa que est\u00e9 mintiendo. Son muchas las causas que pueden haber determinado una situaci\u00f3n de esta \u00edndole, verbigracia, que no se hubiera activado debidamente el mecanismo de grabaci\u00f3n, o que involuntariamente se borraran, para citar solo unos ejemplos\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el denunciante no ten\u00eda razones para mentir, porque de acuerdo con las pruebas, las llamadas extraoficiales entre las partes se presentaron, y, que, la falta de denuncia por parte de Moreno Vargas en relaci\u00f3n con las llamadas que, adujo, lo presionaron, respond\u00eda a una actitud humana, que se explicaba \u00abpor el natural temor de la v\u00edctima a ser sometida a retaliaciones por parte del servidor p\u00fablico (metus publicae potestatis), lo cual, para el caso, se traduc\u00eda en el miedo de Moreno Vargas de no ser beneficiado con el principio de oportunidad en el proceso que el fiscal le segu\u00eda por violencia intrafamiliar, que se hallaba en curso\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que los hechos materia de la investigaci\u00f3n se conocieron por las actuaciones de la polic\u00eda judicial y no por el denunciante, lo que permit\u00eda tener el relato de aqu\u00e9l como espont\u00e1neo y reiter\u00f3 que el hecho de no probarse el n\u00famero exacto de las llamadas entre el actor y el denunciante, tampoco le abr\u00eda paso al recurso, porque, <\/p>\n
\u00abse detectaron seis [llamadas] provenientes de Martha Mart\u00ednez Caicedo y dos del abonado celular de RUIZ CONVERS (\u2026). <\/p>\n
Sumado a esto, se acredit\u00f3 que \u00c1lvaro Moreno Vargas recibi\u00f3 llamadas de la fiscal\u00eda en las que era citado para que compareciera ante el funcionario acusado, accionar del que informan las constancias obrantes en la carpeta de la actuaci\u00f3n No. 252906000657201300263. Entonces, es v\u00e1lido colegir que el an\u00e1lisis link de llamadas pudo no abarcar la totalidad de las comunicaciones que sostuvieron, abri\u00e9ndose la posibilidad de que varias se originaren desde n\u00fameros distintos a los que all\u00ed aparecen\u00bb. <\/p>\n
Sobre la \u00absituaci\u00f3n de otros trabajadores\u00bb, la Sala de Casaci\u00f3n accionada expres\u00f3 que los cuestionamientos del actor en relaci\u00f3n a que las declaraciones del denunciante eran falsas, respecto a que los dem\u00e1s trabajadores de la casa que estaba en construcci\u00f3n estuvieran vinculados a procesos penales y no recibieron remuneraci\u00f3n, resultaba impreciso, pues el declarante no dio cuenta de la gratuidad del trabajo y seg\u00fan algunos testimonios, otro trabajador estaba vinculado a otro asunto por violencia intrafamiliar. <\/p>\n
En cuanto a las \u00abcondiciones en que \u00c1lvaro Moreno Vargas suscribi\u00f3 varios documentos\u00bb, afirm\u00f3 que los reproches del recurrente no permit\u00edan la revocatoria de la sentencia impugnada, porque pon\u00eda en duda que el denunciante hubiera firmado un contrato con \u00e9l bajo presi\u00f3n, cuando este mismo declar\u00f3 que el d\u00eda de la firma estuvo cerca de agredirlo f\u00edsicamente con una de sus herramientas -maseta-, sin embargo, tal alegato constitu\u00eda, <\/p>\n
(\u2026) una apreciaci\u00f3n subjetiva, lejana a una regla general de conducta aplicable para el caso concreto, que omite tener en cuenta que el testigo no solo reconoci\u00f3 que no sab\u00eda leer muy bien, circunstancia por la que no pod\u00eda exig\u00edrsele que revisara con rigurosidad lo que se le ped\u00eda rubricar, sino que adem\u00e1s expres\u00f3 que para ese instante lo embargaba \u00abel af\u00e1n y la furia [\u2026] \u00e9l los ten\u00eda ah\u00ed, yo no les puse ni atenci\u00f3n, si hab\u00eda uno ah\u00ed como con letras, porque \u00e9l los sac\u00f3 de un cuaderno\u00bb <\/p>\n
En este escenario de confrontaci\u00f3n es intrascendente establecer si para evitar su salida de la casa, como mecanismo de presi\u00f3n, se le puso pasador o no a las puertas, o si estas exist\u00edan, por tratarse de detalles menores que se procuraba evocar m\u00e1s de tres a\u00f1os despu\u00e9s de percibidos. Los aspectos esenciales de su testimonio, en cuanto a la coacci\u00f3n a la que fue sometido, exhiben una secuencia l\u00f3gica de inconvenientes y desavenencias con el fiscal que tuvo su c\u00e9nit en ese momento, lo que hace razonable que Moreno Vargas concibiera la firma de los documentos como la alternativa m\u00e1s viable para salir del conflicto, en el contexto esbozado en su declaraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, y en cuanto a los cuestionamientos sobre el \u00abtestimonio de Yuli Cateline Arag\u00f3n Quevedo\u00bb, el que el impugnante tild\u00f3 de contradictorio, la Sala accionada expuso que, en su criterio, el relato de aqu\u00e9lla \u00abconfluye en lo esencial con los se\u00f1alamientos incriminatorios que obran en contra del procesado, siendo por tanto insuficientes las cr\u00edticas que los impugnantes presentan con el fin de restarle credibilidad. Por ejemplo, con relaci\u00f3n al sitio donde se hizo la propuesta il\u00edcita, es claro que Yuli Cateline Arag\u00f3n Quevedo asoci\u00f3 el momento en que iniciaron las labores como aquel en el cual se configur\u00f3 la exigencia, al presentarse junto con su c\u00f3nyuge por primera vez en el sitio donde esta se cumplir\u00eda, pues, en el redirecto sostuvo que la negociaci\u00f3n se hizo despu\u00e9s de que su esposo fue citado a la fiscal\u00eda, toda vez que \u00aball\u00e1 no pod\u00edan hablar bien, pero s\u00ed hablaron\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, relacion\u00f3 detalladamente las pruebas aportadas por la defensa, entre \u00e9stas, las declaraciones del procesado, de su compa\u00f1era permanente Martha Mart\u00ednez Caicedo, de Deicy Jimena Le\u00f3n Cobos administradora del conjunto residencial en el que se encontraba la casa en construcci\u00f3n en Fusagasug\u00e1, de Carlos Arturo Vargas Garc\u00eda, Robert David Reina, Julio C\u00e9sar Valbuena Palomar y Deyby Hair Torres, quienes trabajaron en la misma, y la de Leonardo Gil Vera, asistente de la fiscal\u00eda. <\/p>\n
Frente a tales elementos probatorios, expuso que el recurrente los invocaba para oponerlos a la decisi\u00f3n condenatoria, pero \u00e9stos \u00abcarecen de la connotaci\u00f3n requerida para menguar la credibilidad del testigo de cargo [denunciante] y poner en tela de juicio la prueba que sustenta las conclusiones de la decisi\u00f3n impugnada\u00bb. <\/p>\n
Sobre lo expresado, anot\u00f3 que, si bien el contrato de trabajo del denunciante fue suscrito con la compa\u00f1era permanente del procesado, el hecho de que \u00e9ste firmara los celebrados con los dem\u00e1s trabajadores, dejaba \u00aben evidencia que quien realmente estaba detr\u00e1s de la construcci\u00f3n de la vivienda era el procesado y que tambi\u00e9n era \u00e9l quien se encargaba de la parte econ\u00f3mica. De all\u00ed que no sea objeto de discusi\u00f3n que su compa\u00f1era, en el caso de \u00c1lvaro Moreno Vargas, actu\u00f3 como interpuesta persona, variante en la forma de proceder con la que solo se buscaba ocultar una situaci\u00f3n claramente ilegal que no es explicada satisfactoriamente por el acusado\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que nada pod\u00eda evaluarse acerca de las \u00abconvicciones \u00e9ticas\u00bb del accionante, pues era claro el \u00abconflicto de intereses que exist\u00eda por ser el fiscal del caso que se adelantaba en su contra y de que esta situaci\u00f3n no variaba porque su vinculaci\u00f3n se concretara a trav\u00e9s de un tercero\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el fiscal recurrente hab\u00eda manifestado que termin\u00f3 el contrato con \u00c1lvaro Moreno Vargas porque \u00e9ste agredi\u00f3 nuevamente a su esposa, pero revisado el proceso de violencia intrafamiliar, se encontraba que el funcionario, en dos oportunidades, busc\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad manifestando que el all\u00ed procesado hab\u00eda cumplido en su totalidad con los compromisos del art\u00edculo 326 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y no hab\u00eda incurrido de nuevo en los comportamientos materia de investigaci\u00f3n. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que los contratos con los dem\u00e1s trabajadores, as\u00ed como el suscrito entre \u00c1lvaro Moreno Vargas y Martha Mart\u00ednez Caicedo y los recibos que se aportaron para dar cuenta de los dineros pagados al denunciante, no ten\u00edan la capacidad de generar un fallo absolutorio, pues se constataban evidentes inconsistencias, tales como que, <\/p>\n
(\u2026) i) se elimin\u00f3 con corrector que el documento \u00abcontrato de obra\u00bb reca\u00eda en una \u00abcocina integral\u00bb, <\/p>\n
ii) no hay similitud entre los n\u00fameros consignados en su texto y los correspondientes a la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda de Moreno Vargas, y <\/p>\n
iii) se aprecia en el primer recibo que la letra \u201cl\u201d correspondiente al mes de julio de 2014, se modific\u00f3 por la letra \u201cn\u201d, para que apareciera como fecha el 23 de junio de esa anualidad y as\u00ed mantener la secuencia temporal con el segundo recibo, que es de 8 de julio siguiente. <\/p>\n
Sobre el particular, es bastante diciente que Martha Mart\u00ednez Caicedo reconociera en su testimonio que varios espacios del contrato los diligenci\u00f3 RUIZ CONVERS\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, concluy\u00f3 que era \u00abprecaria la fuerza demostrativa que puede ofrecer este documento\u00bb, estando probado que, en realidad, el accionante era quien dirig\u00eda la construcci\u00f3n de la vivienda. <\/p>\n
Sobre el alegato de la defensa, en relaci\u00f3n a que fue \u00c1lvaro Moreno Vargas quien ofreci\u00f3 sus servicios de alba\u00f1iler\u00eda al fiscal porque su abogado le hab\u00eda explicado la inexistencia de impedimento, sostuvo la imposibilidad de atender tal defensa, pues se trataba de una persona sin conocimientos jur\u00eddicos que no tuvo una comunicaci\u00f3n fluida con quien lo represent\u00f3 como su apoderado en el proceso que se le adelanta, y, con todo, expuso \u00abno logra explicarse satisfactoriamente de qu\u00e9 manera \u00c1lvaro Moreno Vargas tuvo conocimiento que el fiscal JORGE DANIEL RUIZ CONVERS, en una ciudad densamente poblada como Fusagasug\u00e1, estaba construyendo una casa y necesitaba un enchapador, situaci\u00f3n que hace que la versi\u00f3n incriminatoria resulte m\u00e1s consistente, puesto que el fiscal ten\u00eda a su disposici\u00f3n la carpeta del caso de Moreno Vargas, donde constaba que era maestro de obra\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la Sala de Casaci\u00f3n accionada advirti\u00f3 que la constancia de la administraci\u00f3n del conjunto en el que se encontraba la casa donde Moreno Vargas adelant\u00f3 trabajos de enchape, documento en el que se inform\u00f3 \u00abausencia de registro de entrada a la urbanizaci\u00f3n de Yuli Cateline Arag\u00f3n Quevedo\u00bb. no probaba \u00abque no haya ingresado (\u2026) ni que est\u00e9 mintiendo, entre otras razones, porque se desconocen en concreto las circunstancias en las cuales se llevaba este registro, pero, adem\u00e1s, porque con los testimonios de la pareja se estableci\u00f3 que en la etapa inicial de ejecuci\u00f3n de la obra el fiscal RUIZ CONVERS autoriz\u00f3 su ingreso sin necesidad de control, lo cual muestra la flexibilizaci\u00f3n del sistema, como lo reconoci\u00f3 en su decisi\u00f3n el tribunal\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en todo lo anterior, resolvi\u00f3 confirmar la sentencia materia del recurso de impugnaci\u00f3n especial, pues consider\u00f3 que las pruebas \u00abpermiten alcanzar el est\u00e1ndar de conocimiento requerido por el art\u00edculo 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal para dictar fallo de condena por el delito de concusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo expuesto, no se establece arbitrariedad en los razonamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, puesto que defini\u00f3 el asunto bajo su conocimiento apreciando de manera ponderada y suficiente las pruebas obrantes en el asunto, de las cuales extrajo que proced\u00eda la confirmaci\u00f3n de la sentencia condenatoria, porque con el amplio material probatorio estudiado, fueron acreditados los elementos establecidos legal y jurisprudencialmente para la comisi\u00f3n del delito de concusi\u00f3n. <\/p>\n
Se advierte que como lo ha indicado esta Sala en m\u00faltiples oportunidades, este amparo no se abre paso por las divergencias de criterios que pudieran tener los accionantes con las decisiones judiciales (CSJ. STC825-2020, reiterada entre muchas en STC2260-2022, STC9235-2023 y, STC11236-2023). <\/p>\n
Adem\u00e1s, como lo ha reiterado esta Sala, la valoraci\u00f3n probatoria es donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, cuesti\u00f3n que refuerza el fracaso de la protecci\u00f3n aqu\u00ed reclamada (CSJ. STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC2622-2022 y, STC9386-2023 entre otras). <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Daniel Ruiz Convers contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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STC12244-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12244-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04166-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jorge Daniel Ruiz […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77366","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77366","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77366"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77366\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77366"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77366"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77366"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}