STC12263-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12263-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-000-2023-00155-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 9 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jenny Rubiela Cuadrado Calvo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2022-00201. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por los convocados. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el 27 de julio de 2015, \u00abC\u00e1ndida Isabel Solano M\u00e1rquez constituy\u00f3 hipoteca abierta en cuant\u00eda indeterminada a favor de mi esposo Anan\u00edas Pe\u00f1uela Galvis (\u2026) sobre el bien inmueble con matr\u00edcula 190-25566\u00bb, y \u00abpara garantizar una obligaci\u00f3n de $1.200.000.000, acept\u00f3 letra de cambio a favor de mi esposo por igual valor\u00bb. <\/p>\n
Que tras el deceso del se\u00f1or Pe\u00f1uela Galvis -ocurrido el 19 de diciembre de 2015-, se tramit\u00f3 \u00abla sucesi\u00f3n ante el Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, cuyo radicado es 554 de 2016, asignando los derechos sobre hipoteca y la letra de cambio a la suscrita y a mis hijos, como consta en los trabajos de partici\u00f3n [inicial y adicional] y autos que las aprueban\u00bb. <\/p>\n
Que, ante el incumplimiento de la deudora, se adelant\u00f3 \u00abproceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario\u00bb que correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, quien \u00ablibra mandamiento ejecutivo mediante auto del 15 de noviembre de 2022 y decreta el embargo y posterior secuestro del bien [antes se\u00f1alado]\u00bb. <\/p>\n
Que la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar se abstuvo de sentar el registro de la medida comunicada el \u00ab01 de diciembre de 2022\u00bb, requiriendo del juzgado que la \u00abratifique\u00bb, ya que, en el folio inmobiliaria, \u201cla hipoteca est\u00e1 inscrita (\u2026) a favor del se\u00f1or Anan\u00edas Pe\u00f1uela Galvis y en el oficio constan como demandantes unas personas distintas, es decir, la suscrita y mis hijos\u00bb. <\/p>\n
Que el juzgado, \u00aben vez de informar a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos que hab\u00eda operado el fen\u00f3meno de la subrogaci\u00f3n ya que los derechos de la hipoteca y sobre la letra de cambio bases del proceso hab\u00eda sido transferida a los demandantes por v\u00eda de herencia, (\u2026) no ratifica la medida hasta que la suscrita no (sic) inscriba la sentencia que transfiere a m\u00ed y a mis hijos los derechos sobre la hipoteca\u00bb. <\/p>\n
Que contra la anterior decisi\u00f3n no interpuso recursos porque seg\u00fan su apoderado judicial, \u00abeso ser\u00eda muy demorado y [en su lugar sugiri\u00f3] inscribir la sentencia [aprobatoria de la partici\u00f3n] y no apelar\u00bb, empero, al dirigirse a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos, \u00abme manifiestan que esa sentencia no es objeto de inscripci\u00f3n y que solo inscribir\u00e1n el embargo si el Juzgado se ratifica en la medida por las razones que se le expusieron\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse le ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito y a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar, (\u2026) disponer de lo necesario para que se inscriba de manera inmediata el oficio de embargo expedido dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario [rad. 2022-00201]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Que por lo anterior, \u00absolicit\u00f3 con oficio de fecha 08\/03\/2023 y de acuerdo con el art\u00edculo 18 de la Ley 1579\/2012, [que] el juzgado ratificara tal decisi\u00f3n, ya que si se trata de un embargo hipotecario, entonces las consecuencias jur\u00eddicas en materia de registro son diferentes a que si se tratara de un embargo con acci\u00f3n personal, m\u00e1s a\u00fan, ante la existencia del embargo personal que se encuentra registrado\u00bb, habida cuenta que \u00abla subrogaci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario no es objeto de registro [por lo que] supone esta Oficina que hubo una subrogaci\u00f3n de derechos, [pues] lo que la sentencia de sucesi\u00f3n hace es otorgar el t\u00edtulo y a quien se le adjudica solo debe demostrar su derecho con la presentaci\u00f3n del fallo judicial, [y que] las sentencias de sucesi\u00f3n se registrar cuando en las mismas se adjudican bienes inmuebles, no cuando sean cr\u00e9ditos personales o hipotecarios\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Civil del Circuito de Valledupar, inform\u00f3 que \u00abel 15 de noviembre de 2022, resolvi\u00f3 librar mandamiento de pago por la v\u00eda ejecutiva a favor de Jenny Rubiela Cuadrado Calvo y Fabi\u00e1n David Pe\u00f1uela Cuadrado contra C\u00e1ndida Isabel Solano M\u00e1rquez, por la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000) por concepto de capital contenido en el t\u00edtulo valor [letra de cambio cuyo importe total es de $1.200\u00b4000.000], m\u00e1s $60.000.000 [por] concepto de intereses moratorios al 2% causados desde el 12 de marzo de 2022 hasta el 12 de septiembre de 2022, m\u00e1s los generados (\u2026) hasta que se efect\u00fae el pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, y que \u00abmediante auto de 31 de enero de 2023 se resolvi\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n tal como est\u00e1 ordenado en el mandamiento de pago, se conden\u00f3 en costas y se orden\u00f3 el remate previo aval\u00faos de los bienes embargados si los hubiere\u00bb. <\/p>\n
Respecto de las medidas cautelares, inicialmente \u00abneg\u00f3 el embargo y secuestro del bien inmueble hipotecado que se persigue de propiedad de [la deudora], debido a que no se anex\u00f3 el certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble donde pueda constatarse la validez jur\u00eddica del gravamen hipotecario\u00bb, pero luego se decretaron \u00abcon prove\u00eddo de 30 de noviembre de 2023 [frente a lo cual] la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar [dio] aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 18 de la ley 1579 de 2012 de \u201csuspensi\u00f3n del tr\u00e1mite de registro a prevenci\u00f3n\u201d con el fin de que el despacho informara si acepta lo expresado por la oficina o se ratifica en su decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, de cara a la solicitud del apoderado de la demandante, \u00aba trav\u00e9s de auto de 15 de junio de 2023 se abstuvo de ratificar la medida cautelar [aduciendo] que no se ha acreditado (\u2026) la inscripci\u00f3n de la sentencia de aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n (\u2026), mediante el cual fue adjudicado a los aqu\u00ed demandantes, el derecho hipotecario que pesa sobre el bien inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N \u00b0 190-25566\u00bb, prove\u00eddo que \u00abfue notificado por estado sin que la parte demandante se pronunciara a trav\u00e9s de recurso\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio por advertir \u00abinsatisfecho\u00bb el requisito de subsidiariedad, pues frente a \u00abla providencia [del] 15 de junio de 2023, notificada [el] 16 de junio siguiente (\u2026), mediante el cual el juzgado se abstuvo de ratificar las medidas cautelares impuestas, no fue recurrida en reposici\u00f3n ni en apelaci\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, porque esta \u00abtampoco ser\u00eda la v\u00eda adecuada para debatir la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de las normas sustantivas utilizadas por el Juzgado y la Oficina accionada para la motivaci\u00f3n de su proceder, que, entre otras cosas, se advierte fundamentado dentro de sus competencias legales\u00bb, y que no es dable \u00abutilizar la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, [pues] se denota del escrito tutelar, una clara intenci\u00f3n de suplir el cause ordinario del proceso, por considerar que los medios convencionales eran \u201cmuy demorados\u201d\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la actora para insistir en los argumentos y en la pretensi\u00f3n de su querella. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas, vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, en tanto: (i) la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar, dispuso la \u00absuspensi\u00f3n temporal del tr\u00e1mite de registro\u00bb de una medida cautelar, y (ii) el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, se abstuvo de \u00abratificar el embargo\u00bb, decretado dentro del ejecutivo n\u00b0 2022-00201. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). Subrayado y resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la presente acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, en especial, que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales; tambi\u00e9n se destacan como esenciales, la inmediatez y la subsidiariedad, lo que implica actuar oportuna, adecuada y diligentemente, si no es as\u00ed, el auxilio no puede prosperar. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, examinados los argumentos de la querella y su cotejo con la informaci\u00f3n que proporcionan los intervinientes y las piezas procesales allegadas, la Sala ratificar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del resguardo, pero precisando que lo ser\u00e1 porque: (i) frente al reproche contra la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, no se consolida afectaci\u00f3n de derecho fundamenta alguno, y, (ii) en lo referente a la autoridad judicial, la salvaguarda desatiende el elemental principio de la subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Este impedimento general de procedibilidad emerge en el presente asunto respecto de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar, porque de su actuar frente al embargo decretado por autoridad judicial sobre el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00b0 190-25566, no se vislumbra afectaci\u00f3n a las prerrogativas fundamentales de la ejecutante. <\/p>\n
En efecto, dentro del litigio radicado bajo el n\u00b0 2022-00201 -enunciada por la actora y por el despacho judicial cognoscente como \u00abejecutivo hipotecario\u00bb-, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad en menci\u00f3n, mediante auto del 30 de noviembre de 2022, decret\u00f3 el \u00abembargo y secuestro\u00bb del predio antes identificado, para garantizar el pago del saldo pendiente ($500.000.000) de una obligaci\u00f3n dineraria contra\u00edda en una letra de cambio, y por los respectivos intereses corrientes y de mora, habida cuenta el mandamiento de pago librado 15 de noviembre de 2022. <\/p>\n
Tras una transacci\u00f3n celebrada el 5 de diciembre de 2022 entre Jenny Rubiela Cuadrado Calvo y Fabi\u00e1n Pe\u00f1uela Cuadrado -como acreedores, y C\u00e1ndida Isabel Solano M\u00e1rquez como deudora, en la que esta se oblig\u00f3 a pagar, previa reducci\u00f3n de intereses, la suma total de $540.000.000, el juzgado, teniendo en cuenta que la demandada se entend\u00eda notificada por conducta concluyente y que renunciaba a proponer excepciones, mediante auto del 31 de enero de 2023 orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n por las sumas indicadas en la orden de pago. <\/p>\n
Ahora, en respuesta al embargo comunicado por el juzgado con oficio n\u00b0 1117 del 1\u00b0 de diciembre de 2022, la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos, luego de realizar un an\u00e1lisis sobre el folio de matr\u00edcula, advirti\u00f3 que en la anotaci\u00f3n 6\u00aa del 30 de julio de 2015, aparec\u00eda inscrita \u00abhipoteca con cuant\u00eda indeterminada\u00bb, constituida mediante \u00abescritura p\u00fablica 1827 del 27\/7\/2015\u00bb a favor de Anan\u00edas Pe\u00f1uela Galvis (quien falleci\u00f3 el 19 de diciembre de 2015), y en la siguiente anotaci\u00f3n, con fecha \u00ab12\/8\/2019\u00bb, el \u00abembargo ejecutivo con acci\u00f3n personal\u00bb, comunicado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar con \u00aboficio 1075 del 25\/7\/2019\u00bb. <\/p>\n
Ante ello, la autoridad registral, con soporte en el art\u00edculo 18 de la ley 1579 de 2012, dispuso la \u00absuspensi\u00f3n del tr\u00e1mite de registro a prevenci\u00f3n\u00bb, por lo que, con oficio del 8 de marzo de 2023 le solicit\u00f3 al juzgado \u00abratificar\u00bb el embargo. <\/p>\n
Lo anterior, porque como lo ampli\u00f3 en esta sede, var\u00edan las consecuencias jur\u00eddicas entre un embargo con acci\u00f3n personal y uno para hacer efectiva garant\u00eda real, y que como la demandante adujo para accionar, que en juicio sucesorio de su esposo Anan\u00edas Pe\u00f1uela Galvis, el Juzgado Segundo de Familia de Valledupar le hab\u00eda transferido \u00ablos derechos de hipoteca que [aquel] ten\u00eda\u00bb, y estos \u00abno [son] objeto de registro\u00bb, era menester \u00abla devoluci\u00f3n de la orden de embargo\u00bb para que se aclarara lo pertinente, \u00abteniendo en cuenta que ya existe un embargo con acci\u00f3n personal registrado\u00bb. <\/p>\n
En suma, la determinaci\u00f3n adoptada por el registrador se dirigi\u00f3 a que el despacho judicial precisara si el embargo sobre el inmueble, correspond\u00eda al decretado en \u00abproceso hipotecario\u00bb o en uno con \u00abacci\u00f3n personal\u00bb, y de acuerdo a esa posici\u00f3n analizar la aplicaci\u00f3n de las figuras de \u00abprelaci\u00f3n de embargos\u00bb, o la atinente a la \u00abprelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la actuaci\u00f3n de la autoridad registral que la accionante refuta, se produjo con fundamento en el ordenamiento jur\u00eddico, en particular, con sujeci\u00f3n a las facultades y funciones previstas en el Estatuto de Registro de Instrumentos P\u00fablicos \u2013Ley 1579 de 2012-, concordante con las pertinentes disposiciones de la Ley 1437 de 2011 y el C\u00f3digo General del Proceso. Por consiguiente, la censura contra dicha oficina, no conlleva afectaci\u00f3n a derecho fundamental alguno. <\/p>\n
En esas condiciones, de acuerdo a la decantada jurisprudencia de esta Corte, el auxilio se torna improcedente, pues: \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger, han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 29 may. 2001, exp. 0294-01). <\/p>\n
Del mismo modo, se ha reiterado que para viabilidad del ruego tuitivo, \u00ab[se exige] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., rad. 00023-01, citada entre otras en STC3751-2023, 21 abr., 00359-01). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n a este requisito gen\u00e9rico de procedibilidad del amparo, surge respecto del reproche enfilado contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, en las modalidades de incuria y existencia de otros instrumentos de defensa judicial. <\/p>\n
La primera, porque frente a la devoluci\u00f3n del oficio por parte de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos, indicando la necesidad de que se ratificara el embargo habida cuenta las circunstancias que dieron cabida a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 18 del estatuto registral, el juzgado se pronunci\u00f3 mediante prove\u00eddo del 15 de junio de 2023, absteni\u00e9ndose de acceder al pedimento, al estimar como paso previo para ello, \u00abla inscripci\u00f3n de la sentencia de aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n (\u2026), mediante la cual le fue adjudicado a los aqu\u00ed demandantes, el derecho hipotecario que pesa sobre el bien inmueble [objeto de la cautela]\u00bb, y contra tal decisi\u00f3n la interesada no interpuso recurso alguno. <\/p>\n
N\u00f3tese que, para debatir la determinaci\u00f3n en comento, adem\u00e1s del recurso de reposici\u00f3n, la ejecutante contaba con la posibilidad de plantear el de apelaci\u00f3n seg\u00fan se desprende de lo preceptuado en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 321 del estatuto adjetivo general, sin que la aptitud e idoneidad de ambos se encuentre en entredicho. <\/p>\n
As\u00ed, la salvaguarda deviene improcedente, ya que, para tal comportamiento desidioso, no se avizora una v\u00e1lida justificaci\u00f3n, pues no habiendo reparo sobre la notificaci\u00f3n de esa providencia, y contando la demandante con representaci\u00f3n judicial, a trav\u00e9s de este debi\u00f3 verificar si la exigencia previa para que el despacho judicial no accediera a ratificar la cautela, se ajustaba o no a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica que la autoridad registral puso de presente. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente esta Corte ha recordado que cuando el promotor del amparo ha dejado de utilizar las acciones o recursos que se encontraban a su alcance, o estos se emplean de manera defectuosa o incompleta, la acci\u00f3n se torna improcedente, y, por tanto, en raz\u00f3n a su propia incuria, queda sujeto a las consecuencias adversas de la decisi\u00f3n judicial atacada v\u00eda constitucional. <\/p>\n
En segundo lugar, obs\u00e9rvese que pese a la oportunidad que la interesada desaprovech\u00f3, a\u00fan cuenta con la posibilidad de plantear sus reparos al juez, teniendo en cuenta para ello las correspondientes disposiciones normativas, as\u00ed como las explicaciones expuestas por el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos en esta sede, que a su juicio denotan ambig\u00fcedad en la naturaleza jur\u00eddica del ejecutivo, la cual incide directamente en el tratamiento legal que debe darse a la orden de embargo all\u00ed decretada. <\/p>\n
Para ello, recu\u00e9rdese el uso racional de la tutela, pues conforme al canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros medios de protecci\u00f3n de sus derechos, por ende, no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En cuanto al medio de defensa adecuado para debatir asuntos propios de los litigios, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC6448-2023, 5 jul., rad. 00196-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, ante la ausencia de reparo sobre la idoneidad de los medios de defensa que sin excusa v\u00e1lida dejaron de emplearse y los que a\u00fan pueden ser formulados, no procede la tutela como mecanismo transitorio, pues para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada en STC1580-2023, 22 feb., rad. 00573-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme al anterior entendimiento, se avalar\u00e1 la improcedencia del auxilio, precisando que: (i) en relaci\u00f3n con la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar, no se configura transgresi\u00f3n a prerrogativa fundamental alguna de la actora, y (ii) frente a la censura dirigida contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, se advierte la existencia de medios de defensa desaprovechados y otros que a\u00fan no han sido agotados al interior del respectivo proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, por las causales y con las precisiones explicadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12263-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12263-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-000-2023-00155-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77368","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77368","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77368"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77368\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77368"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77368"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77368"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}