STC12265-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12265-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2020-00056-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 14 de julio de 20201, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la ESE Hospital Francisco Luis Jim\u00e9nez Mart\u00ednez de Carepa contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Apartad\u00f3, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00ba 2015-00699-00 y el Juzgado Promiscuo Municipal de Carepa. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Obrando por conducto de apoderado judicial, la parte actora reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada, al dictar el prove\u00eddo de 17 de septiembre de 2019, en desarrollo del compulsivo n\u00b0 2015-00699-01 seguido en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Carepa, el Instituto Neurol\u00f3gico de Antioquia promovi\u00f3 el aludido juicio pretendiendo el recaudo de unas facturas por prestaci\u00f3n de servicios de salud. <\/p>\n
Relata, que \u00aben el a\u00f1o 2016 lleg\u00f3 una citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal y posteriormente una notificaci\u00f3n por aviso como si se tratara de una persona de derecho privado\u00bb, asegura que el enteramiento no se surti\u00f3 conforme a las reglas previstas en los art\u00edculos 291 y 612 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que pidi\u00f3 al juez de conocimiento que procediera de conformidad, no obstante tal pedimento fue despachado desfavorablemente, determinaci\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Apartad\u00f3, el 17 de septiembre de 2019. <\/p>\n
Advierte, que \u00abno acepta que haya sido notificada por aviso enviado por correo postal ni acepta que se le haya dado traslado alguno para contestar la demanda ejecutiva\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende, que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se invalide el prove\u00eddo de 17 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Apartad\u00f3 y en su lugar se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de Carepa que efectu\u00e9 la notificaci\u00f3n seg\u00fan lo preceptuado en las referidas normas. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
La titular del estrado acusado asegur\u00f3 que no ha vulnerado las prerrogativas que reclama la entidad querellante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el amparo precisando que incumple el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora, relievando que \u00ab(\u2026) esa decisi\u00f3n del 17 de septiembre de 2019 debi\u00f3 igualmente ser notificada por estado y a su vez, el inferior funcional debi\u00f3 dictar un auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. La acci\u00f3n de tutela se envi\u00f3 desde la regi\u00f3n de Urab\u00e1, Chigorod\u00f3, al Municipio de Medell\u00edn para que fuera radicada en la oficina de apoyo judicial en Medell\u00edn porque el Tribunal Superior de Antioquia no tiene una sede para recibir tutelas fuera de su sede en Medell\u00edn. As\u00ed se intent\u00f3 el 16 de marzo de 2020 por la persona encargada de ello, la se\u00f1ora Doris Elena R\u00edos Garc\u00eda, quien pese a su insistencia no fue atendida en la sede judicial de Medell\u00edn con el argumento de que esa tutela no ten\u00eda medida provisional, en la oficina donde fue atendida se negaron a darle una certificaci\u00f3n a tal negativa porque se iniciaba la cuarentena por el Covid 19 y estaba ordenado el cierre de los despachos judiciales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la inmediatez, y una vez superado lo anterior, determinar si el estrado convocado vulner\u00f3 las prerrogativas que reclama la promotora al proferir el auto de 17 de septiembre de 2019 en el recaudo n\u00ba 2015-00699 seguido en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos que soportan el presente auxilio ha de precisarse que se respaldar\u00e1 el fallo proferido por el tribunal a quo, que neg\u00f3 el resguardo invocado por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
La promotora enfila sus cuestionamientos respecto del prove\u00eddo de 17 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Apartad\u00f3 en el compulsivo n\u00ba 2015-00699-01, mediante el cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo que no accedi\u00f3 a efectuar la notificaci\u00f3n en los t\u00e9rminos solicitados por la aqu\u00ed gestora, al encontrar acreditado que el enteramiento se surti\u00f3 en debida forma, sin embargo, la formulaci\u00f3n de la presente solicitud de amparo data del 3 de julio de 2020 es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la eventual afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
De otra parte, aunque el gestor afirma que \u00ab(\u2026) esa decisi\u00f3n del 17 de septiembre de 2019 debi\u00f3 igualmente ser notificada por estado y a su vez, el inferior funcional debi\u00f3 dictar un auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. La acci\u00f3n de tutela se envi\u00f3 desde la regi\u00f3n de Urab\u00e1, Chigorod\u00f3, al Municipio de Medell\u00edn para que fuera radicada en la oficina de apoyo judicial en Medell\u00edn porque el Tribunal Superior de Antioquia no tiene una sede para recibir tutelas fuera de su sede en Medell\u00edn. As\u00ed se intent\u00f3 el 16 de marzo de 2020 (\u2026)\u00bb, lo cierto es que no se demostr\u00f3 justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues aunque el mentado requisito podr\u00eda flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque incumple el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El asunto fue remitido a esta Corporaci\u00f3n para el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n el 19 de octubre de 2023 seg\u00fan consta en el acta de reparto respectiva. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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