STC12273-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12273-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01885-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 26 de septiembre de 2023, que neg\u00f3 la tutela de Ana Mar\u00eda Fuentes P\u00e9rez frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Mompox, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2016-80510. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, el 23 de noviembre de 2021 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Mompox la conden\u00f3 a la pena de 12 a\u00f1os, 8 meses y 25 d\u00edas de prisi\u00f3n, \u00aby a una multa desproporcionada\u00bb, por los delitos de \u00abestafa agravada en modalidad de delito masa y falsedad en documento p\u00fablico agravada por el uso\u00bb, decisi\u00f3n que apel\u00f3. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena el 5 de septiembre de 2023 confirm\u00f3 la condena \u2013 en cuanto a la responsabilidad penal se refiere \u2013, pero modific\u00f3 la sanci\u00f3n punitiva, disminuy\u00e9ndola a 70 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Dirigi\u00f3 sus cuestionamientos contra los fallos de instancia, los que acusa de constituir v\u00edas de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria. Al respecto, sostuvo que, los juzgadores desconocieron los dichos de los testigos, quienes declararon que ella \u00abera la secretaria de la asociaci\u00f3n educativa fraudulenta ASOFAMI, pero que el v\u00ednculo con los responsables (quienes admitieron su responsabilidad aceptando los cargos) era exclusivamente laboral, es decir, la de una simple secretaria contratada, relaci\u00f3n parecida a la de los docentes que no sab\u00edan que prestaban servicios a las \u00f3rdenes de unos estafadores pero que dictaban clases en la instituci\u00f3n que los hab\u00eda contratado\u00bb. <\/p>\n
Recrimin\u00f3 finalmente que, el tribunal no adoptara ninguna determinaci\u00f3n sobre su libertad \u00fanicamente por el hecho de no haber sido solicitada, lo que se\u00f1ala como una postura \u00abcivilista que no debe tener cabida en el derecho penal, hasta la Corte Suprema de Justicia casa oficiosamente una sentencia cuando el defensor carece de t\u00e9cnica en el recurso de casaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que, se suspenda el procedimiento de su captura y que se dejen sin efecto \u00ablas respectivas decisiones de primera y segunda instancia [y] ordenar a quien corresponda, que profiera una nueva providencia teniendo en cuenta los argumentos (\u2026) en caso de que se acepten parcialmente mis peticiones, que se tenga en cuenta los m\u00e1s de dos a\u00f1os (27 meses) que estuvo en detenci\u00f3n domiciliaria y que no fueron tenidos en cuenta en la dosificaci\u00f3n punitiva y se le otorgue el respectivo subrogado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la sentencia atacada, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena inform\u00f3 que, en efecto, el 5 de septiembre pasado dict\u00f3 el fallo de segunda instancia en el proceso penal que involucra a la aqu\u00ed accionante modificando el monto de la sanci\u00f3n, en este caso, rebaj\u00e1ndola a 70 meses de prisi\u00f3n. Solicit\u00f3 desestimar la tutela por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, pues la actora omiti\u00f3 recurrir en casaci\u00f3n la sentencia que emiti\u00f3 esa colegiatura. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Mompox indic\u00f3 que el 23 de noviembre de 2021 dicho despacho conden\u00f3 a la hoy demandante por los delitos de estafa agravada en la modalidad de delito masa y falsedad material en documento p\u00fablico agravada por el uso; decisi\u00f3n modificada el 5 de septiembre de 2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena. Agreg\u00f3 que, Fuentes P\u00e9rez, acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela sin hacer uso de los mecanismos de defensa judicial, con los que cuenta al interior del proceso penal. <\/p>\n
3. El Fiscal Delegado ante los jueces penales del Circuito de Mompox pidi\u00f3 desestimar el amparo por incumplimiento de la subsidiariedad, comoquiera que la procesada no agot\u00f3 el recurso de extraordinario de casaci\u00f3n frente a la sentencia penal de segunda instancia. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda al verificar que la accionante no recurri\u00f3 la sentencia de segunda instancia a trav\u00e9s de casaci\u00f3n \u00ab(\u2026) como \u00faltima posibilidad instituida por la Constituci\u00f3n y la ley procedimental penal para realizar un control constitucional y legal tanto del fallo de segundo grado como del proceso penal en su integridad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el apoderado de la querellante, quien manifest\u00f3 que, no hubo pronunciamiento sobre el perjuicio irremediable y que, \u00abel recurso de casaci\u00f3n es un derecho formal, no es para todos. Mi cliente no tiene los recursos necesarios para ello\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por la quejosa al condenarla a la pena de 70 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abestafa agravada en modalidad de delito masa y falsedad en documento p\u00fablico agravado por el uso\u00bb, (fallos de 23 de noviembre de 2021 y 5 de septiembre de 2023, de primera y segunda instancia, respectivamente), incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria y por desconocer \u2013 al momento de tasar la pena \u2013 el tiempo que estuvo en detenci\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La inobservancia de este requisito se presenta, no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n de los derechos cuya tutela reclama, o incluso porque el interesado haya acudido a esta senda constitucional en planteamiento de un debate que no propuso con antelaci\u00f3n frente al funcionario competente. <\/p>\n
En virtud de la \u00faltima modalidad mencionada, se ha dicho en precedencia que este resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su presentaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. La incuria. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la primera modalidad dado que, como lo previno la Hom\u00f3loga a quo, la promotora del amparo, seg\u00fan se verific\u00f3, no controvirti\u00f3 a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n la sentencia de segunda instancia proferida el 5 de septiembre pasado por el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Penal, en lo que es materia puntual de reproche en la presente salvaguarda. <\/p>\n
Por tanto, al prescindir la ac\u00e1 accionante de esa oportunidad jur\u00eddica, renunci\u00f3 al mecanismo id\u00f3neo con que contaba para alegar ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, las censuras que ahora plantea, por un lado, frente a la presunta indebida valoraci\u00f3n probatoria, y de otro, respecto de la tasaci\u00f3n punitiva. <\/p>\n
De manera que, no puede ahora por esta v\u00eda pretender enmendar esa falta de gesti\u00f3n, siendo entonces la propia interesada quien no respald\u00f3 su posici\u00f3n en el instante procesal oportuno. Frente a dicha omisi\u00f3n la Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
Y, sobre el necesario agotamiento de los remedios procesales de impugnaci\u00f3n ordinarios e incluso los extraordinarios como el de casaci\u00f3n, la Corte Constitucional dijo, <\/p>\n
\u00abEl recurso extraordinario de casaci\u00f3n constituye un requisito de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al mecanismo excepcional previsto en el art\u00edculo 86 Superior. De lo contrario la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una v\u00eda alterna para la resoluci\u00f3n de las controversias y se desvanecer\u00eda con ello su car\u00e1cter subsidiario y residual\u00bb (CC T-108\/03, citada en STP8459-2021). <\/p>\n
3.2. Posibilidad de acudir a la Defensor\u00eda del pueblo. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n del apoderado de la promotora del amparo al traer a colaci\u00f3n en la impugnaci\u00f3n la falta de medios econ\u00f3micos para sufragar los eventuales costos de un abogado especializado que interpusiera y sustentara el recurso extraordinario no puede servir de excusa, pues, tal circunstancia pudo exponerla la interesada ante la Defensor\u00eda del Pueblo, a fin de que le designara un profesional que asumiera su representaci\u00f3n en esa fase, sin que las autoridades acusadas sean responsables de dicha omisi\u00f3n. Frente a una manifestaci\u00f3n similar, la Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a la alegada carencia de recursos econ\u00f3micos para contratar un abogado que interpusiera el recurso de casaci\u00f3n, la Corte pone de presente que el ordenamiento procesal penal establece mecanismos id\u00f3neos para superar dichos inconvenientes, verbi gratia, el acceso a los servicios de la Defensor\u00eda del Pueblo, para que all\u00ed le sea asignado un profesional del derecho de oficio que promueva las acciones legales pertinentes, pues si carec\u00eda de recursos econ\u00f3micos pudo haber solicitado la designaci\u00f3n de un defensor de oficio\u00bb (STC 16 jun. 2008, rad. 2008-01241-01; reiterado en STC2672-2014, 5 mar. 2014, rad. 2014-00149-01). <\/p>\n
3.3. Otras v\u00edas de defensa judicial. <\/p>\n
Finalmente, y en consideraci\u00f3n del se\u00f1alado principio de subsidiariedad, cabe resaltar que nada le impide a la gestora del resguardo formular directamente ante el juez de ejecuci\u00f3n de penas a cargo de la vigilancia de su condena, la solicitud de tener en cuenta el tiempo que estuvo con medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en el lugar de residencia por cuenta del proceso penal que la involucr\u00f3, acreditando pertinentemente dicha situaci\u00f3n, a fin de que el tiempo cumplido en esa condici\u00f3n le sea descontado al momento del c\u00f3mputo definitivo y ante aqu\u00e9l mismo funcionario, elevar las peticiones de subrogados a los que hubiere lugar. <\/p>\n
Y es que, por disposici\u00f3n normativa \u2013 art\u00edculos 38 y 459 de la ley 906 de 2004 \u2013, los jueces de esa especialidad, una vez cobra plena ejecutoria la sentencia condenatoria, son los exclusivos competentes para resolver todo lo concerniente con los sustitutos punitivos, redenci\u00f3n, acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, permisos administrativos y la libertad <\/p>\n
En definitiva, la inobservancia del criterio de procedibilidad resaltado emerge suficiente para declarar la inviabilidad de la s\u00faplica, motivo por el cual se ratificar\u00e1 el veredicto impugnado. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. La tutelante actu\u00f3 con incuria al no recurrir por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia ratific\u00f3 su responsabilidad penal frente a los hechos y modific\u00f3 la pena (disminuy\u00e9ndola a 70 meses de prisi\u00f3n), desperdiciando la posibilidad de plantear ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal las alegaciones que por este sendero constitucional propone. <\/p>\n
4.2. El ruego constitucional no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, ya que su pertinencia pierde vigor mientras existan v\u00edas jur\u00eddicas a emplear, que en el presente caso la constituye la competencia del juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad, facultado para resolver sobre la procedencia de subrogados penales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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