STC12274-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12274-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01858-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 20 de septiembre de 2023, que neg\u00f3 la tutela de Elkin Favi\u00e1n Romero Soto frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Noveno Penal Municipal y la Fiscal\u00eda 388 Local, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2020-50348. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad, igualdad, libertad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, Romero Soto fue procesado \u2013 mediante procedimiento penal abreviado \u2013 por el delito de \u00abviolencia intrafamiliar agravado\u00bb, siendo condenado a la pena de 72 meses de prisi\u00f3n por el Juzgado Noveno Penal Municipal de Bogot\u00e1 mediante sentencia del 10 de octubre de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la defensa del enjuiciado. <\/p>\n
El 2 de noviembre de 2022, el juzgado de conocimiento concedi\u00f3 el recurso de alzada ante el tribunal, y el 4 de ese mismo mes fue sometido a reparto entre los magistrados de dicha colegiatura. El 26 de junio de 2023, Romero Soto fue capturado para el cumplimiento de la pena. <\/p>\n
Acudi\u00f3 el actor a la presente salvaguarda cuestionando principalmente la sentencia condenatoria de primera instancia, la que acusa de constituir v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria. Sostuvo que, la condena se fund\u00f3 en \u00abprueba de referencia\u00bb lo cual est\u00e1 proscrito por la normativa procesal penal. Adujo que, adem\u00e1s, se le dio plena credibilidad al testimonio de la presunta v\u00edctima y no se apreci\u00f3 el dictamen pericial de cl\u00ednica forense de las lesiones, lo que \u00abobstaculiz\u00f3 su derecho de defensa\u00bb al no poder controvertir de mejor manera los dichos de la afectada. <\/p>\n
Reproch\u00f3 tambi\u00e9n que, el juez lo \u00absataniz\u00f3 por su g\u00e9nero de hombre [y] ech\u00f3 mano del enfoque diferencial con perspectiva de g\u00e9nero de protecci\u00f3n a la mujer, donde de tal abuso machista, dentro del expediente, no existe la m\u00e1s m\u00ednima prueba seria (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, el 23 de julio de esta anualidad la afectada, en declaraci\u00f3n extrajuicio ante notar\u00eda, se retract\u00f3 de haberlo denunciado e hizo manifestaciones en su favor. <\/p>\n
Finalmente, critic\u00f3 que, se encuentra privado de su libertad y el tribunal accionado se ha \u00abtardado hasta dos a\u00f1os (sic)\u00bb para resolver la apelaci\u00f3n, lo que constituye igualmente una vulneraci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que, se decrete su libertad o por lo menos la prisi\u00f3n domiciliaria y se le \u00abordene al H. Tribunal de Bogot\u00e1 que, frente a dicha condena, completamente ilegal y arbitraria, de manera prioritaria [\u2026] lo m\u00e1s diligente posible, se resuelva la apelaci\u00f3n impetrada, con el prop\u00f3sito de que no se me sigan vulnerando mis derechos fundamentales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Noveno Penal Municipal de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso penal que se adelant\u00f3 en contra del actor, en sede de primera instancia. Adujo que no vulner\u00f3 sus derechos fundamentales, comoquiera que, en todo momento salvaguard\u00f3 sus garant\u00edas al debido proceso y de defensa. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que, en la audiencia de juicio oral, interrog\u00f3 a la v\u00edctima sobre la relaci\u00f3n o grado de parentesco con el procesado, as\u00ed como, si ten\u00edan hijos en com\u00fan. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que le advirti\u00f3 de las consecuencias de un falso testimonio. En tal sentido, pidi\u00f3 ordenar su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. El magistrado Juan Carlos Garrido Barrientos, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que el 4 de noviembre de 2022, recibi\u00f3 el expediente penal para el conocimiento de la apelaci\u00f3n contra el fallo proferido por el Juzgado Noveno Penal Municipal. Destac\u00f3 que, el procesado no ha allegado ninguna solicitud relacionada con su libertad o prisi\u00f3n domiciliaria o de que se le d\u00e9 prioridad a su recurso. <\/p>\n
Sobre el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n reclamada, precis\u00f3 que la presunta dilaci\u00f3n no ha obedecido a negligencia o descuido del despacho del ponente, \u00absino a la carga laboral con la que cuenta\u00bb pero que, pese a ello, la decisi\u00f3n est\u00e1 siendo proyectada y en el menor tiempo posible ser\u00e1 puesta a consideraci\u00f3n de la Sala que conforma. <\/p>\n
Se detuvo con detalle a explicar lo atinente a la carga laboral que padece aportando un informe estad\u00edstico de los ingresos y egresos por cada a\u00f1o y relacionando las medidas de descongesti\u00f3n aprobadas por el Consejo Superior de la Judicatura para su despacho y que, en todo caso, la tardanza en algunos procesos no se ha debido a la falta de producci\u00f3n, pues \u00ab(\u2026) no he desatendido las tareas, de que los atrasos se han debido a la voluminosa carga laboral, a la complejidad de los asuntos tratados, nunca a mi negligencia o intenci\u00f3n, que se pueden descartar con la simple comparaci\u00f3n con la producci\u00f3n de mis colegas explicada en los t\u00e9rminos m\u00e1s claros posibles y que se puede verificar en la informaci\u00f3n estad\u00edstica que administra la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda por prematura, en cuanto a la queja dirigida contra la sentencia condenatoria proferida por el juzgado accionado, comoquiera que \u00ab(\u2026) en la actualidad se encuentra en curso el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia emitida el 10 de octubre de 2022\u00bb. Id\u00e9ntico criterio arguy\u00f3 frente a solicitud de valoraci\u00f3n de la declaraci\u00f3n extrajuicio de la presunta afectada, en la que se retract\u00f3 de la denuncia instaurada. <\/p>\n
Finalmente, de la mora judicial endilgada al tribunal tutelado indic\u00f3 que, si bien han transcurrido m\u00e1s de 9 meses sin que se haya emitido el fallo de instancia, \u00ab(\u2026) tambi\u00e9n resulta cierto que, en la actualidad el proyecto se encuentra en estudio para ser discutido por la Sala de Decisi\u00f3n. De igual modo, la accionada aport\u00f3 informaci\u00f3n relativa a demostrar el estado actual de carga laboral del despacho y se presentaron razones suficientes que descartan una dilaci\u00f3n injustificada. Razones que impiden declarar la mora judicial en el caso concreto\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante reiterando los argumentos del escrito inicial en el sentido de demandar una resoluci\u00f3n pronta al recurso de apelaci\u00f3n que impetr\u00f3 contra la sentencia de primera instancia. Discuti\u00f3 la validez del argumento de la carga laboral para no proferir el fallo, pues, de haber sido al contrario, es decir, \u00absi el recurso de apelaci\u00f3n que deb\u00eda presentar mi defensor, no lo hubiere sustentado dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la sentencia de manera escrita e inmediatamente le\u00edda la sentencia [\u2026] se me hubiera declarado desierto el recurso [\u2026] no importando el c\u00famulo de trabajo que tuviera mi defensor. Por principio de igualdad, mi abogado defensor cuenta con muchos procesos y a todos tiene que dar respuesta a las audiencias, estar a tiempo en las mismas, no solo tiene mi proceso, \u00bfentonces por qu\u00e9 a la defensa s\u00ed se le exige el cumplimiento de los t\u00e9rminos y a la Rama Judicial no?\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el actor al, (i) condenarlo a 72 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abviolencia intrafamiliar agravada\u00bb \u2013 radicado n\u00ba 2020-50348 \u2013 con el fallo de primera instancia dictado el 10 de octubre de 2022 por el Juzgado Noveno Penal Municipal de Bogot\u00e1; incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria; y, (ii) respecto del tribunal accionado, por mora judicial, al no haber resuelto el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia condenatoria referida. <\/p>\n
2. La subsidiariedad y el car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orienta la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es el de subsidiariedad. <\/p>\n
En virtud de ese presupuesto, se ha dicho en precedencia que la acci\u00f3n de tutela no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
De manera que, ese car\u00e1cter residual que detenta se incumple cuando se procura con esta la protecci\u00f3n constitucional frente a asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al margen del problema jur\u00eddico planteado por el quejoso en torno a los yerros en la valoraci\u00f3n probatoria por parte del sentenciador de primera instancia que lo conden\u00f3, la improcedencia de la protecci\u00f3n frente a ese espec\u00edfico punto, deriva del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, mientras el proceso penal en cuesti\u00f3n est\u00e9 activo, o se encuentre pendiente de definici\u00f3n un recurso impetrado al interior del mismo, el amparo no puede prosperar al evidenciarse claramente anticipado. <\/p>\n
En este evento, como el mismo actor lo resalt\u00f3 en el libelo introductor, contra el fallo de primer grado emitido por el Juzgado Noveno Penal Municipal de Bogot\u00e1 el 10 de octubre de 2022, formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el que actualmente se encuentra en tr\u00e1mite en la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, cuya ponencia fue asignada al despacho del magistrado Juan Carlos Garrido Barrientos. <\/p>\n
De manera que, esa circunstancia por s\u00ed sola emerge como impedimento para que el juez de tutela intervenga en la causa cuestionada, lo que impone ineludiblemente declarar la inviabilidad del resguardo. <\/p>\n
En ese sentido, se ha indicado con suficiencia que no puede admitirse que por medio de este juicio constitucional se provea la soluci\u00f3n de problem\u00e1ticas que a\u00fan le concierne dirimir al competente en la instancia respectiva, de ah\u00ed que, se reitera, si se present\u00f3 el remedio vertical, le incumbe al tribunal accionado resolverlo sin que sea viable interferir, como se dijo, prematuramente en esa controversia o adelantarse al pronunciamiento que pueda adoptar respecto de lo pretendido. <\/p>\n
En lo atinente, la Sala ha sostenido que no resulta de recibo que los interesados \u00ab(\u2026) en apresurado actuar, haya[n] instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador natural, desatendi\u00e9ndola de antemano, (\u2026) dado que el juzgador enjuiciado es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 1\u00b0 feb. 2011, rad. 2010-00958-01, reiterado el 10 feb. 2012 y 22 nov. 2012, rads. 2011-0526 y 00537 y, 6 mar. y 10 abr. 2013, rads. 00011 y 00251, respectivamente). <\/p>\n
Es decir, bajo la \u00f3ptica trazada, el que est\u00e9 en curso la alzada, no solo convierte en prematura la s\u00faplica, sino que, resulta inviable que opere incluso como mecanismo transitorio, ya que, en estos casos, el peticionario debe esperar la conclusi\u00f3n del asunto puesto a consideraci\u00f3n del ad quem; criterio que igualmente aplica en lo tiene que ver con la declaraci\u00f3n extrajuicio de la v\u00edctima, que el tutelante pretende hacer valer para deprecar su libertad, es decir, ser\u00e1 el cognoscente el que se pronuncie sobre su pertinencia procesal. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad \u2013 otras v\u00edas. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la salvaguarda \u00absolo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb, disposici\u00f3n reafirmada por el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, acorde con el cual \u00ab\u2026no proceder\u00e1: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb; de manera que, si las personas tienen a su alcance mecanismos regulares de protecci\u00f3n o los mismos hayan sido instaurados y est\u00e9n siguiendo su curso normal, a ellos se debe atener previo a acudir ante el juez de amparo. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
A partir de lo rese\u00f1ado, en cuanto a la mora judicial que el actor denuncia de la colegiatura acusada, si bien es cierto, la normativa adjetiva prev\u00e9 un t\u00e9rmino para que el ad quem tramite y resuelva la apelaci\u00f3n, independientemente del an\u00e1lisis que podr\u00eda derivarse de la desatenci\u00f3n de dichos plazos, para la Corte reclamos de esta especie tienen en principio otra v\u00eda a trav\u00e9s de la cual es posible denunciar el proceder irregular y\/u omisivo que se reprocha, en cuyo caso ser\u00eda la recusaci\u00f3n. <\/p>\n
De la posibilidad o alternativa enunciada, es preciso indicar que se trata de un instrumento legal previsto en el art\u00edculo 60 de la ley 906 de 2004 que, en armon\u00eda con el numeral 7\u00ba del canon 56 de la misma normativa, que contempla como causal de impedimento \u00ab(\u2026) el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u00bb, se erige como un medio jur\u00eddico apto para reclamar la ausencia de pronunciamiento oportuno en las causas bajo el direccionamiento de los operadores judiciales. <\/p>\n
En tal sentido, frente a reclamos del mismo tenor en materia penal, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en relaci\u00f3n con la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso por la presunta mora (\u2026) concluye la Sala la improcedencia de la protecci\u00f3n solicitada porque \u00e9l [accionante] tiene a su alcance otro mecanismo de defensa\u2026Ciertamente el ordenamiento procesal penal prev\u00e9 dentro de las causales de impedimento, con base en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004 y en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 99 de la Ley 600 de 2000, la situaci\u00f3n en la cual \u2018(\u2026) el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u2019, as\u00ed como en los art\u00edculos 60 y 105 respectivamente. Las normas se\u00f1aladas disponen que si el funcionario en quien se d\u00e9 una causal de impedimento no la declara \u2018(\u2026) cualquiera de las partes podr\u00e1 recusarlo (\u2026)\u2019, y en ese sentido, dichos instrumentos de resguardo no pueden ser reemplazados o sustituidos a trav\u00e9s de la tutela, pues de lo contrario ser\u00edan invadidas injustificadamente las privativas funciones y la competencia de otras autoridades\u00bb (CSJ STC, 22 ag. 2014, rad. 00633-00, citado en STC5047-2016, 21 abr. 2016, rad. 2016-00481-01). <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n, se resalt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En una cuesti\u00f3n similar, dijo la Sala de Casaci\u00f3n Penal que \u2018tanto en la Ley 600 de 2000 como 906 de 2004 se ofrece a las partes dentro del proceso penal el instrumento al cual acudir cuando consideren que la no resoluci\u00f3n de los casos por parte de los funcionarios judiciales pone en grave riesgo sus derechos, as\u00ed el art\u00edculo 99 y 56 respectivamente, numeral 7, que establecen las causales de impedimentos y recusaciones: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De manera que puede proponer el actor su insatisfacci\u00f3n a trav\u00e9s del instituto de la recusaci\u00f3n, sin que le sea al juez de tutela suplir funciones ordinarias\u201d\u00bb (CSJ. STC 18 dic. 2014, rad. 02258-01, reiterada el 8 oct. 2015, rad. 02360-00). <\/p>\n
Entonces, si el ordenamiento jur\u00eddico contiene mecanismos judiciales donde el afectado puede ventilar su inconformidad para remediar la tardanza que reprocha en la resoluci\u00f3n de su caso, mal har\u00eda el juez de tutela entrometi\u00e9ndose en una cuesti\u00f3n que, en principio, cuenta con un tr\u00e1mite espec\u00edfico para su alegaci\u00f3n, lo cual, en definitiva, suma a la improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Es decir, mientras ello no suceda, no es est\u00e1 acci\u00f3n excepcional la llamada a proveer la soluci\u00f3n de una situaci\u00f3n que puede plantearse, seg\u00fan se precis\u00f3, a trav\u00e9s del instrumento que contempla la normativa procesal penal, ya que, se reitera, no est\u00e1 concebida como sustitutiva de los medios de defensa establecidos por la ley o para anticiparse a las decisiones que le compete dictar al juez ordinario. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, por lo discurrido, se impone confirmar la desestimaci\u00f3n del amparo, pero por las puntuales razones expuestas en esta sede de conocimiento. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. El ruego constitucional dirigido contra la sentencia condenatoria de primera instancia se aprecia anticipado, pues se encuentra pendiente de resoluci\u00f3n el recurso de apelaci\u00f3n que el actor formul\u00f3 contra dicha decisi\u00f3n. <\/p>\n
4.2. Respecto a la presunta mora judicial, la presente demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario que la gobierna, ya que, el tutelante, antes de acudir a la salvaguarda, debe agotar todos los instrumentos jur\u00eddicos que tenga a disposici\u00f3n, id\u00f3neos para formular ese tipo inconformidades. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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