STC12279-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12279-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-21-000-2023-00016-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el pasado 9 de octubre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marleny Quintero Cardona contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Pereira y el abogado Daniel G\u00f3mez, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el asunto radicado n\u00b0 2021-00089. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, al interior del tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras que se adelanta respecto del predio distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria 106-8268 que, seg\u00fan dice, adquiri\u00f3 de buena fe exenta de culpa, se ha incurrido en yerros que afectan sus garant\u00edas supralegales pues, no ha sido notificada formalmente de ning\u00fan acto, viene siendo representada por un abogado a quien no le extendi\u00f3 mandato, la c\u00e9lula judicial no le permite designar apoderado de su confianza y, finalmente, no ha tenido acceso al respectivo expediente pese a haberlo solicitado en tres oportunidades. <\/p>\n
Sostuvo que en una diligencia llevada a cabo en la finca el pasado 30 de agosto1, de la cual no fue informada, se le hizo \u00abdiligenciar un documento con datos personales\u2026 sin saber que estaba firmando, pues no [le] leyeron\u2026 situaci\u00f3n que consider[a] vulnera [su] derecho, pues en ese momento no contaba con un apoderado que [la] asesorara ni [le] indicara en ese momento que es lo que firm[\u00f3] en raz\u00f3n a que la juez no permiti\u00f3 que el abogado de confianza me asistiera virtualmente [sic]\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita que se ordene al juzgado cognoscente \u00abse [le] env\u00ede copia del expediente del proceso\u00bb y que \u00abde ser necesario\u2026 [si se] vislumbra alguna causal de nulidad, se ordene lo pertinente [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del estrado accionado se opuso a la prosperidad del resguardo ante la inexistencia de la lesi\u00f3n atribuida comoquiera que \u00abdurante el tr\u00e1mite procesal se le han brindado las garant\u00edas procesales a la se\u00f1ora Marleny Quintero Cardona, tanto as\u00ed, que se le ha insistido en la designaci\u00f3n de un defensor p\u00fablico, entendiendo las condiciones socioecon\u00f3micas y buscando una asesor\u00eda pertinente y adecuada; sin embargo, pese a su insistencia de nombrar un apoderado de confianza, en aras de garantizar su debido proceso, se le solicit\u00f3 remitiera el poder, para que a dicho profesional se le brinde el acceso al Portal de Tierras, toda vez que como se pueden evidenciar de lo relatado por la accionante, se le ha dificultado comprender el tr\u00e1mite adelantado, del cual se itera, se la han brindado las claridades pertinentes, que en su momento ha manifestado comprender [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Daniel G\u00f3mez Loaiza dijo que act\u00faa como apoderado de la ac\u00e1 gestora en el tr\u00e1mite confutado pues \u00e9sta dio \u00absu aprobaci\u00f3n para la representaci\u00f3n en el proceso\u00bb, sin que hasta la fecha se le hubiera revocado tal mandato y que, con fundamento en esa autorizaci\u00f3n, procedi\u00f3 a brindarle la asesor\u00eda jur\u00eddica que consider\u00f3 pertinente y a contestar la demanda sin exigirle retribuci\u00f3n econ\u00f3mica alguna, por lo que, agreg\u00f3, de su parte no existe trasgresi\u00f3n a los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
3. La directora jur\u00eddica de Restituci\u00f3n de la UAEGRTD pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa entidad, dada la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que \u00ablas actuaciones y omisiones que originan la presente acci\u00f3n de amparo constitucional, no son de [su[ \u00f3rbita de competencia\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
No accedi\u00f3 al resguardo solicitado tras encontrar que al interior del juicio especial se han respetado las garant\u00edas fundamentales de la gestora pues, de un lado, el profesional del derecho que act\u00faa en su nombre cont\u00f3 con su aval para representarla y, de otro, porque el juzgado cognoscente la ha requerido, en diversas oportunidades, para que, si es su deseo, designe otro abogado que asuma su defensa, lo que a la fecha no ha hecho, raz\u00f3n por la cual no se le ha autorizado el acceso al portal electr\u00f3nico donde eventualmente podr\u00e1 consultar el expediente virtual. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, resalt\u00f3 que, en caso de persistir en sus alegaciones en torno a las presuntas irregularidades procesales, la gestora \u00abcuenta con la facultad\u2026 de promover solicitud de nulidad con base en la causal 4 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, o la del numeral 8 de la misma disposici\u00f3n, ante la juez de conocimiento o, eventualmente, ante el tribunal a quien de ser el caso corresponda por competencia, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 79 de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por la quejosa, al interior del proceso de restituci\u00f3n de tierras 2021-00089, porque, supuestamente, (i) reconoci\u00f3 como su defensor a un abogado a quien no otorg\u00f3 poder, (ii) no le permite designar a un profesional del derecho de su confianza y (iii) no le ha autorizado el acceso al expediente virtual, por lo que desconoce el tr\u00e1mite hasta ahora adelantado. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporada al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, de ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir a este remedio procesal, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC4972-2019, 24 abr.). <\/p>\n
Entonces, este mecanismo constitucional se caracteriza por la prevalencia del requisito que se viene analizando y su inobservancia se presenta no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo que constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas procedentes para solucionar la presunta afectaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
En el asunto que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional resulta improcedente dada la desatenci\u00f3n del requisito de procedibilidad que viene de rese\u00f1arse, por cuanto se evidencia que la aqu\u00ed demandante tiene a su alcance otros medios de defensa aptos para el pleno ejercicio de las garant\u00edas que estiman conculcadas, como es la solicitud de nulidad amparada en las causales 4\u00aa y 8\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, Quintero Cardona fund\u00f3 su reclamo en que se encuentra indebidamente representada en el juicio de restituci\u00f3n de tierras por cuanto no confiri\u00f3 poder al abogado que ha venido actuando en su nombre, situaci\u00f3n que deriv\u00f3 en el desconocimiento de las actuaciones hasta ahora adelantadas lo cual le ha impedido ejercer a cabalidad su derecho de contradicci\u00f3n, como componente del debido proceso. <\/p>\n
Sin embargo, de conformidad con lo informado por la c\u00e9lula judicial accionada, la gestora no ha designado defensor de confianza -a trav\u00e9s de quien podr\u00e1 conocer el expediente virtual-, pese a haber sido requerida por el estrado de conocimiento para tal fin y mucho menos ha formulado postulaci\u00f3n invalidatoria con miras a que el funcionario competente, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento, adopte las determinaciones que en derecho estime pertinentes. <\/p>\n
En tal virtud, el resguardo resulta improcedente habida cuenta que la gestora, pese a tener instrumentos id\u00f3neos de protecci\u00f3n, prefiri\u00f3 acudir directamente a esta particular senda, con el fin de obtener un pronunciamiento expedito por fuera de los cauces propios del tr\u00e1mite especial, obviando que es al interior del mismo donde se deben realizar ese tipo de pedimentos para ser resueltos por quien se encuentra revestido de tal facultad, m\u00e1xime cuando el proceso no ha concluido, lo cual desnaturaliza la verdadera esencia de esta acci\u00f3n supralegal que fue erigida para proteger derechos fundamentales y no para zanjar situaciones que son del resorte de otras autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Significa lo anterior que el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad conlleva la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, comoquiera que, es deber de la parte interesada, agotar todas las herramientas de defensa antes de ejercer la acci\u00f3n tuitiva, siendo este el criterio que se imponga para ratificar el fallo de primer grado. <\/p>\n
Sobre el agotamiento de los medios ordinarios como requisito para acudir a esta v\u00eda, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la sentencia impugnada, pero porque la solicitud de amparo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad en la medida que la gestora cuenta con herramientas procesales al interior de la actuaci\u00f3n, que se encuentra en curso, para obtener la satisfacci\u00f3n de sus pretensiones. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones precedentemente indicadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan se desprende de los elementos de prueba allegados se trat\u00f3 de una inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
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