STC12280-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12280-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-02187-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 3 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Liliana Marcela Amado Lozano, contra el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio y los intervinientes en el litigio n\u00b0 2020-251768 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante por intermedio de apoderado judicial, acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera quebrantados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, que la actora promovi\u00f3 acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor contra la constructora Geo Casamaestra SAS, por cuanto \u00abha violado en m\u00faltiples ocasiones el Estatuto de Protecci\u00f3n al Consumidor (Ley 1480 de 2011) en cuanto al deber de informar, por falta de veracidad de la informaci\u00f3n y de la garant\u00eda a mi poderdante y otros cientos de compradores\u00bb, y agotado el tr\u00e1mite de rigor, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en audiencia realizada el 18 de mayo de 2021 declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos al consumidor por parte de la demandada, orden\u00e1ndole que proceda a la entrega material a la demandante del apartamento \u00ab\u00ab12j torre 2 Conjunto Residencial y comercial Cibeles, ubicado en la carrera 40 No. 51-41 en la ciudad de Armenia Quind\u00edo\u00bb. <\/p>\n
Apelado lo determinado por ambos extremos procesales, por auto del 21 de febrero de 2022 el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 desiertos los mecanismos por falta de sustentaci\u00f3n1, decisi\u00f3n que fue recurrida por la demandante, aqu\u00ed interesada, pero mantenida el 25 de octubre del mismo a\u00f1o, lo que llev\u00f3 a \u00e9sta a presentar acci\u00f3n de tutela (2023-00010), siendo concedido el amparo por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de este Distrito Judicial en fallo del 24 de enero de 2023, ordenando al ad quem invalidar lo resuelto y dar tr\u00e1mite a las alzadas, dado que las partes sustentaron los recursos en primera instancia. <\/p>\n
Cumplido lo ordenado, en sentencia del 23 de marzo hoga\u00f1o se revoc\u00f3 la sentencia emitida por la autoridad cognoscente, para denegar las pretensiones incoadas por Liliana Marcela Amado Lozano, quien inconforme con lo resuelto acude al presente mecanismo especial de protecci\u00f3n, por considerar que el fallador del circuito incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, pues \u00aben virtud de la orden del juez de tutela, el juzgado accionado s\u00f3lo pod\u00eda conceder el recurso de apelaci\u00f3n que [ella] sustent\u00f3 (\u2026), pues en el auto no se observa que el juzgado accionado haya hecho uso de una facultad oficiosa o similar, es decir, no pod\u00eda conceder el recurso que present\u00f3 Geo Casamaestra, aunque fuera un (sic) decisi\u00f3n contraria a derecho\u00bb. <\/p>\n
A lo que agreg\u00f3, que en el proceso \u00abfueron presentadas las diferentes promesas de compraventa suscritas entre [las partes], as\u00ed como diferentes comunicaciones de la constructora, en la que se evidencia la informaci\u00f3n falsa a la que fue sometida (\u2026) en el transcurso de su actividad negocial. Esa conducta se materializ\u00f3 con el cambio del proyecto inmobiliario y las 4 promesas de compraventa suscritas, siempre con la falsa promesa de una entrega oportuna\u00bb, por lo que el juzgador al \u00abexigir como tarifa legal un brochure o folleto al momento de ofertar el proyecto (\u2026) para acreditar la existencia de informaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa (\u2026), negar\u00eda la posibilidad de que exista informaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa despu\u00e9s de ese acto y durante toda la relaci\u00f3n negocial. Adem\u00e1s, desconoce que en estos casos la carga de la prueba ha sido encargada al productor o expendedor (\u2026) inaplicando la facultad extra petita que le otorga el Estatuto del Consumidor\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que se ordene \u00abdejar sin efecto la Sentencia proferida el 23 de marzo de 2023 por el juzgado accionado, mediante la cual resolvi\u00f3 los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos por mi defendida y Geo Casamaestra S.A.S., decisi\u00f3n que desconoce la realidad de los hechos puestos en su conocimiento, las pruebas aportadas, el procedimiento regulado en el C\u00f3digo General del Proceso y las normas constitucionales que regulan la materia\u00bb, y que en consecuencia, se \u00abOrdene al juzgado accionado proferir una nueva decisi\u00f3n en un t\u00e9rmino no superior a un mes, para evitar que el proceso judicial se tramite con dilaciones injustificadas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, realiz\u00f3 la trazabilidad del tr\u00e1mite surtido en primera instancia al interior de la tutela n\u00b0 2023-00010, y, remiti\u00f3 copia de la sentencia all\u00ed proferida donde se ampararon las garant\u00edas esenciales de la accionante. <\/p>\n
2. El titular del Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de la misma localidad solicit\u00f3 denegar el amparo, toda vez que con las actuaciones desplegadas al interior de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor revisada \u00abno se ha incurrido en vulneraci\u00f3n a garant\u00edas de raigambre fundamental como predica el accionante quien se duele b\u00e1sicamente del hecho que se haya admitido tambi\u00e9n el recurso presentado por la sociedad, pero olvid\u00f3 que el Superior Colegiado, en sede constitucional, en ning\u00fan momento dispuso que el medio de impugnaci\u00f3n fuera desatado completamente en favor de la demandante, sino solo que se emitiera una decisi\u00f3n conforme a derecho, como en efecto sucedi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3. La Coordinadora del Grupo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio pidi\u00f3 desvincular a esa entidad de las presentes diligencias, comoquiera que \u00abno podr\u00eda ser la llamada a responder por las presuntas violaciones demandadas por la accionante\u00bb, dado que \u00ablas actuaciones o etapas adelantadas por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta [entidad] fueron agotadas en plena observancia del procedimiento legal establecido para tal fin, esto es, las normas correspondientes al proceso verbal contenidas en el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La colegiatura a-quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada por no evidenciar actuaci\u00f3n arbitraria de la autoridad convocada que constituya v\u00eda de hecho, pues \u00ab las decisiones adoptadas tanto en el auto que da cumplimiento al fallo, ordenando tener por presentadas las sustentaciones de los recursos en tiempo y la sentencia de segunda instancia no vulneran los derechos de la accionante, pues en cuanto a la decisi\u00f3n adoptada \u00e9sta alega que \u201cse estableci\u00f3 una tarifa legal para acreditar la existencia de informaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa, al requerir un brochure o folleto, desconociendo el resto de elementos probatorios. Es m\u00e1s, ni siquiera hizo alusi\u00f3n a la efectividad de la garant\u00eda que sustent\u00f3 la decisi\u00f3n del despacho de primera\u201d, argumento contra el cual se le pone de presente que pedir un brouchure o cat\u00e1logo para acreditar la informaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa no constituye, como lo sugiere la gestora, tarifa legal pues, en todo caso, el juzgado accionado analiz\u00f3 en conjunto el material probatorio, sin desconocer los principios que rigen esa especial tem\u00e1tica\u00bb. <\/p>\n
De este modo, no advirti\u00f3 el tribunal dentro de los l\u00edmites constitucionales, \u00abninguno de los defectos que evidencien una v\u00eda de hecho ni tampoco una decisi\u00f3n caprichosa y arbitraria que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional, precisando, adem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela no puede ser utilizada como una tercera instancia dentro de los procesos, pues se desnaturaliza su designio, contrario sensu, congestiona, a\u00fan m\u00e1s, el aparato judicial\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora disinti\u00f3 de lo determinado, reiterando que el fallador constitucional de instancia desconoci\u00f3 los efectos inter partes de las decisiones de tutela\u00bb, as\u00ed como \u00abla realidad del proceso, pues ignor\u00f3 que, mediante el requerimiento del juzgado accionado de aportar un brochure o folleto para acreditar la existencia de publicidad e informaci\u00f3n enga\u00f1osa, ese estableci\u00f3 una tarifa legal inexistente en materia de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb, y, \u00abno analiz\u00f3 i) el desconocimiento de las facultades extra petita del juez del consumidor y ii) la vulneraci\u00f3n [de su] derecho de acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad querellada lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales invocadas dentro de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n del consumidor seguida por Liliana Marcela Amado Lozano, aqu\u00ed interesada, contra Geo Casamaestra SAS (n\u00b0 2020-251768), al tramitar la apelaci\u00f3n de la sociedad demandada en virtud del fallo proferido dentro de la acci\u00f3n de tutela por ella instaurada; y, revocar la sentencia proferida a su favor por el juez cognoscente, para entonces, denegar sus pretensiones. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n tuitiva no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio deprecado, porque no alcanza a superar los requisitos generales de procedibilidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra tambi\u00e9n supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdicio[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01). <\/p>\n
En el caso que se revisa, advierte la Corte que la solicitud de amparo no atiende el mentado requisito, pues de conformidad con el material de convicci\u00f3n allegado por la c\u00e9lula judicial querellada, la actora guard\u00f3 silencio y no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto del 2 de febrero de 2023, a trav\u00e9s del cual en cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en sede constitucional, el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de la misma urbe resolvi\u00f3 \u00abtener por presentado en tiempo la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n presentado por ambas partes en el juicio del ep\u00edgrafe\u00bb (resalte fuera de texto), pese a que la inconformidad aqu\u00ed tra\u00edda recae precisamente en que, no habiendo tutelado la sociedad demandada, no han debido extenderse a su favor los efectos del fallo que le result\u00f3 a ella favorable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al haber tenido la gestora a su alcance la herramienta judicial id\u00f3nea para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, y haberla injustificadamente desaprovechado, le qued\u00f3 vedada toda posibilidad de obtener lo que reclama a trav\u00e9s de este mecanismo especial, pues ninguna manifestaci\u00f3n realiz\u00f3 en ese sentido frente a la autoridad cognoscente, con lo que mostr\u00f3 su aquiescencia con lo resuelto, lo que torna improcedente la salvaguarda, pues la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC1431-2023, 22 feb. 2023, rad. 00382-01). <\/p>\n
3.2. Razonabilidad de la sentencia de segunda instancia <\/p>\n
Analizado el contenido del fallo calendado 23 de marzo de 2023, por medio del cual el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 decidi\u00f3 \u00abRevocar la sentencia emitida el 18 de mayo de 2021 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio\u00bb, para en su lugar, \u00abdene[gar] las pretensiones incoadas por Liliana Marcela Amado Lozano\u00bb, la Sala establece que la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad convocada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, al revisar los argumentos esbozados por el fallador, \u00e9ste comenz\u00f3 por precisar que, aunque la parte actora, aqu\u00ed tutelante, cuestion\u00f3 el fallo que result\u00f3 favorable a sus intereses en cuanto a que \u00ab s\u00f3lo se detuvo en el contrato final y desestim\u00f3 los negocios preparatorios que demuestran la relaci\u00f3n de consumo desde el a\u00f1o 2016 y que dejan ver el enga\u00f1o en la publicidad suministrada en lo referente al desarrollo del proyecto, las unidades ofertadas y las fechas de entrega (promesas). En adici\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que existe un indicio grave en contra de la demandante por no pronunciarse sobre la reclamaci\u00f3n previa de que trata el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 58 del Estatuto de Consumidor. Tambi\u00e9n manifest\u00f3 que no desea recibir el apartamento al ser objeto de publicidad e informaci\u00f3n enga\u00f1osa. Por \u00faltimo, censur\u00f3 que no se ordenara la indemnizaci\u00f3n que se traduce en el cobro interese por tratarse de sumas de dinero seg\u00fan la jurisprudencia\u00bb, precis\u00f3 el juzgador que le corresponde estudiar preliminarmente los citados reparos de la parte actora, \u00abteniendo en cuenta que en caso de que prosperen sus pretensiones se debe entrar a estudiar las defensas planteadas por la demandada en su recurso. Por el contrario, si no se re\u00fanen los presupuestos de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor prevista en la Ley 1480 de 2011 habr\u00e1 lugar a revocar \u00edntegramente el fallo censurada\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello indic\u00f3, que para resolver la situaci\u00f3n jur\u00eddica planteada es necesario memorar, que \u00aben las pretensiones se exige que se declare que la constructora demandada quebrant\u00f3 el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n del consumidor y en virtud de lo anterior, que se ordene devolver el precio debidamente indexado, los intereses causados, los perjuicios irrogados y la correspondiente condena en costa, adem\u00e1s, que en caso de no ser restituido lo cancelado se imponga las sanciones de que trata el numeral 10 del art\u00edculo 58 del referido estatuto\u00bb. <\/p>\n
Luego de explicar el contenido de la citada norma, que la acci\u00f3n por efectividad de la garant\u00eda es \u00abuna acci\u00f3n tendiente a lograr la reparaci\u00f3n, el cambio o la devoluci\u00f3n del dinero o la prestaci\u00f3n de un servicio, por incumplimiento a los deberes que tiene todo productor o proveedor respecto de la calidad, idoneidad, seguridad de los bienes y servicios que ofrecen en el mercado\u00bb, y de se\u00f1alar que el consumidor final, bajo el amparo del num. 1.3 del art\u00edculo 3 del citado compendio, \u00abtiene derecho a recibir informaci\u00f3n, cierta, completa, comprensible, clara y veraz del producto que adquiri\u00f3, as\u00ed como de los riesgos propios de su utilizaci\u00f3n y las herramientas jur\u00eddicas para la protecci\u00f3n de sus derechos. En caso de que no se cumpla lo anterior emerge la posibilidad de adelantar la acci\u00f3n por publicidad enga\u00f1osa\u00bb, el fallador descendi\u00f3 al caso concreto y anot\u00f3 : <\/p>\n
\u00abla accionante aleg\u00f3 que efectu\u00f3 negociaciones con la compa\u00f1\u00eda CASAMAESTRA SAS desde el a\u00f1o 2016 orientadas a adquirir un inmueble en Armenia; sin embargo, en tres oportunidades le cambiaron el apartamento asignado, haci\u00e9ndole firmar nuevas promesas de compraventa hasta que finalmente el 24 de mayo de 2019 se suscribi\u00f3 la escritura de compraventa del apartamento 12J de la Torre 2 del Conjunto Residencial y Comercial Cibeles. No obstante, aleg\u00f3 que a pesar de que le informaron varias fechas para la entrega al final del bien \u00e9sta no se consum\u00f3. Adem\u00e1s, manifest\u00f3, en sus fundamentos de derecho, que se transgredi\u00f3 su derecho a la informaci\u00f3n en la etapa precontractual. <\/p>\n
La calidad de consumidora de la demandante no se discute en virtud a que Liliana Marcela Amado Lozano adquiri\u00f3 un bien (predio) fruto de la negociaci\u00f3n adelantada con la demandada. Es decir, puede entenderse como consumidora final en los t\u00e9rminos del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 1480 de 2011\u00bb. <\/p>\n
Respecto la decisi\u00f3n recurrida acot\u00f3: <\/p>\n
\u00abRevisada la sentencia emitida en primera instancia aflora que all\u00ed se fall\u00f3 extra petita bajo el entendido que el a quo enfoc\u00f3 su estudio en la efectividad de la garant\u00eda y no en la acci\u00f3n por publicidad enga\u00f1osa. <\/p>\n
El anterior proceder sin duda pas\u00f3 por alto la voluntad de la demandante quien desde la g\u00e9nesis del juicio dej\u00f3 claro que ante la demora de la que ha sido objeto en la entrega del inmueble adquirido, solicit\u00f3 que se le entregara el dinero que sufrag\u00f3 y que se procediera al resarcimiento de los perjuicios acaecidos en casos de informaci\u00f3n y publicidad enga\u00f1osa con estribo en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011. <\/p>\n
Para este Despacho, resulta errado el proceder del juzgador de primera instancia, al hacer uso de la facultad oficiosa que otorga el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, sin tener en cuenta que la voluntad de la accionante, al promover esta acci\u00f3n, era la de deshacer el negocio jur\u00eddico celebrado con la demandada. <\/p>\n
En consecuencia, habr\u00e1 de revocarse la sentencia para en su lugar decidir, sobre las pretensiones elevadas bajo el marco de informaci\u00f3n y publicidad enga\u00f1osa\u00bb. <\/p>\n
Y en desarrollo de su tesis, el juez se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abde cara a lo pretendido por la actora, considera el Despacho, con base en el fundamento jur\u00eddico antes expuesto, que le correspond\u00eda a la demandante acreditar la informaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa, pero en esto omiti\u00f3 su carga de la prueba. <\/p>\n
En efecto, se advierte que con la demanda no se acompa\u00f1\u00f3 folleto, peri\u00f3dico, volante, valla o cualquier otra suerte de material escrito, audiovisual o digital dirigido al p\u00fablico donde se indiquen las caracter\u00edsticas de los apartamentos que se ofrec\u00edan, en el proyecto \u201cParque residencial Oviedo\u201d o en el que finalmente fue adquirido por la demandante en el \u201cConjunto Residencial y Comercial Cibiles\u201d. En ese orden de ideas, la acci\u00f3n incoada presenta una clara orfandad probatoria bajo el entendimiento de que no se allegaron elementos de juicio para determinar si en efecto el material publicitario viol\u00f3 o no las disposiciones sobre el derecho a la informaci\u00f3n. Adem\u00e1s, se destaca que tal deficiencia probatoria no se suple con el indicio de que trata el literal f del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 58 del Estatuto de Consumidor, por cuanto el mismo resulta insuficiente. Recu\u00e9rdese que, en materia probatoria, los indicios contingentes, incluso los graves, deben ser varios para configurar prueba, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 242 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
N\u00f3tese que en la demanda s\u00f3lo se hace menci\u00f3n a las promesas de compraventa (del 28 de mayo de 2016, del 6 de julio de 2028, del 10 de octubre y del 27 de diciembre de 2018) y la escritura p\u00fablica que se suscribi\u00f3 (1864 del 24 de mayo de 2019 protocolizada en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Armenia), actos precontractuales y contractual que, siendo estrictos, no representan publicidad comercial propiamente dicha, sino que constituyen los medios en que se manifest\u00f3 la voluntad de los contratantes. <\/p>\n
La mencionada prueba documental la trajo el procurador de la actora para acreditar que desde los albores de la negociaci\u00f3n se indujo en error a su representada, pero lo que tal material probatorio dar\u00eda cuenta ser\u00eda del incumplimiento contractual de la demandada, dado que no cumpl\u00eda con las fechas acordadas, pero la deficiente ejecuci\u00f3n de las promesas quedar\u00eda soslayada ante la celebraci\u00f3n del contrato prometido\u00bb. <\/p>\n
Y continu\u00f3 diciendo: <\/p>\n
\u00abAhora bien, celebrado el contrato de compraventa, ante el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de entrega, el ordenamiento jur\u00eddico plantea dos soluciones: seg\u00fan el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, el contratante cumplido o que se haya allanado a cumplir un contrato bilateral tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de resoluci\u00f3n de contrato a la que puede acumular la pretensi\u00f3n de indemnizaci\u00f3n de perjuicios. Adem\u00e1s, la misma norma se\u00f1ala la posibilidad d exigir el cumplimiento de la obligaci\u00f3n dejada en ciernes, para lo cual el art\u00edculo 378 del C\u00f3digo General del Proceso establece la acci\u00f3n de entrega del tradente al adquirente. <\/p>\n
Para concluir, entonces, que <\/p>\n
\u00abpara este juzgador adem\u00e1s de que no se demostr\u00f3 ninguno de los supuestos de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, existe en este caso un tema de incumplimiento contractual que debe ser discutido ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se configura una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la promotora no halla recibo en esta sede excepcional; por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aqu\u00e9lla frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos, situaci\u00f3n que per se, no abre camino a la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 lo resuelto por el tribunal, porque la acci\u00f3n de tutela no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el descuido de las partes; y, porque el fallo adoptado por el juzgado convocado no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia en lo que fue objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Aunque por auto del 21 de febrero de 2022 \u00fanicamente se declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n interpuesta por la parte demandante, mediante prove\u00eddo del 25 de octubre siguiente se aclar\u00f3 y corrigi\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, en cuanto a que se declaraban desiertos los recursos interpuestos en tiempo por ambos extremos procesales. <\/p>\n
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STC12280-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12280-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-02187-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77383","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77383","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77383"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77383\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77383"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77383"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77383"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}