STC12281-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12281-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04156-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carmen de la Hoz Rochel contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes reconocidas en el juicio de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica n\u00ba 2017-00224. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, obrando por conducto de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que estima vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. E.S.P.(en adelante Isa S.A.) formul\u00f3 demanda de imposici\u00f3n de servidumbre contra los propietarios del predio La Aguada, ubicado la vereda Loma de Sierra del municipio de Galapa, distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 040-121068, aportando un dictamen a trav\u00e9s del cual La Longa de Propiedad Ra\u00edz de Barranquilla tas\u00f3 la indemnizaci\u00f3n por el gravamen en la suma de $206\u2019845.073. <\/p>\n
Al momento de contestar la demanda, los titulares del dominio se opusieron al aval\u00fao por lo que, en el desarrollo de la fase probatoria, se practic\u00f3 un peritaje en el que dos expertos, uno de ellos designado de la lista del IGAC, estimaron que los perjuicios ascend\u00edan a $1.082\u2019586.982. <\/p>\n
Agotadas las etapas procesales de rigor, el 16 de marzo del a\u00f1o que transcurre el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla dict\u00f3 fallo estimatorio imponiendo la servidumbre deprecada, al tiempo que acogi\u00f3 el monto resarcitorio indicado en la experticia practicada en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Dicha determinaci\u00f3n fue apelada por Isa S.A., exclusivamente frente a la condena econ\u00f3mica fijada por la c\u00e9lula judicial cognoscente. <\/p>\n
El pasado 25 de septiembre, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla desat\u00f3 la alzada revocando lo concerniente a la indemnizaci\u00f3n y estableciendo el monto se\u00f1alado en el dictamen pericial inicialmente presentado. <\/p>\n
3. Para la gestora, la sentencia de segundo grado adolece de defectos \u00abprocedimental\u2026 f\u00e1ctico\u2026 material o sustantivo y desconocimiento del precedente\u00bb por cuanto la colegiatura \u00abse dedic\u00f3 a soslayar el dictamen pericial obrante en el plenario presentado por los peritos Cavalli y Figueroa, pues concluyo que le era evidente que, si bien el m\u00e9todo utilizado por los peritos William Figueroa Iglesias y Francesco Cavalli Papa obedece a la aplicaci\u00f3n de la actual normativa reglamentaria para su campo de desempe\u00f1o en relaci\u00f3n con el c\u00e1lculo indemnizaciones por imposici\u00f3n de servidumbres, tal m\u00e9todo no fue aplicado de forma adecuada; puesto el bien inmueble todav\u00eda pod\u00eda ser usado para fines agr\u00edcolas\u00bb. <\/p>\n
Dijo que la \u00abtan singular manera de valorar las pruebas periciales priv\u00f3 a las partes de toda oportunidad para controvertir la cuantificaci\u00f3n de la valoraci\u00f3n o aval\u00fao realizado por el se\u00f1or Leon [sic] Fernandez [sic] Rivera, prueba presentada por la parte demandante, de la cual se prescindi\u00f3 en audiencia de realizar la contradiccion [sic], por muerte del avaluador por la empresa ISA S.A., e hizo imposible determinar de manera real las consecuencias que una imposici\u00f3n de servidumbre conllevar\u00eda al predio sirviente\u00bb. <\/p>\n
4. Por tal motivo solicit\u00f3 remover los efectos del prove\u00eddo cuestionado y ordenarle al tribunal que, en su lugar, \u00abprofiera una nueva decisi\u00f3n debidamente motivada, soportada en la o las pruebas plenas periciales practicadas en el proceso\u2026as\u00ed como, con la totalidad de las pruebas obrantes en el expediente y que la misma se ajuste a derecho [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente del fallo cuestionado manifest\u00f3 que si bien la gestora \u00abrecrimina la sentencia\u2026 no identifica con precisi\u00f3n de que [sic] forma la actuaci\u00f3n criticada encaja dentro de alguno de los defectos o requisitos espec\u00edficos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela\u2026 solo plante\u00f3 una serie de consideraciones de raigambre ordinario para reabrir un t\u00f3pico ya zanjado\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que la aludida decisi\u00f3n se soport\u00f3 en todas las pruebas acopiadas, incluyendo los peritajes decretados de oficio y practicados en el tr\u00e1mite, los que, contrario a lo afirmado por la gestora, no fueron desatendidos, sino que, al ponderarlos junto con el resto de piezas procesales, le asign\u00f3 mayor m\u00e9rito demostrativo al inicialmente presentado con la demanda, dado que en aquel \u00ablabor\u00edo pericial\u2026 si bien se hizo alusi\u00f3n a la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo establecido en la resoluci\u00f3n n\u00b0. 1092 de 2022, no se hizo de manera adecuada, toda vez que la afectaci\u00f3n por uso \u2013puede oscilar entre el 41% y el 70% cuando se cataloga como muy alta\u2013 fue fijada justamente en el 70%, pese a que, la norma prev\u00e9 de forma clara, que tal cosa \u00ab\u2026se presenta cuando no se permite el desarrollo de ninguna actividad en la franja de terreno y el uso actual coincide con el reglamentado en el POT\u00bb circunstancia que no se configur\u00f3 en el caso estudiado seg\u00fan lo acreditado, pues \u00abla servidumbre no afecta[ba] los cultivos ni la actividad de pastoreo que\u2026 se ejerce\u00bb en el predio sirviente. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00ablas conclusiones de ese dictamen pericial rendido\u2026 no pod\u00edan ser acogidas\u2026 lo que al lado de no haberse probado el error grave en el dictamen pericial presentado en cumplimiento de lo previsto en el art\u00edculo 376 del C\u00f3digo General del Proceso, deb\u00eda acogerse \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n
En suma, se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que \u00ablos razonamientos\u2026 se consideran ajustados a los lineamientos constitucionales y respetuosos de los derechos fundamentales del actor [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. Por conducto de apoderado, Isa S.A., pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda por desatender el presupuesto de la subsidiariedad dado que, por un lado, la parte interesada \u00abno interpuso ning\u00fan tipo de recurso en contra de las decisiones que hoy cuestiona\u00bb al tiempo que no \u00absolicit\u00f3 la contradicci\u00f3n del dictamen pericial presentado\u2026 con la demanda\u00bb, observ\u00e1ndose que lo pretendido es \u00abreabrir etapas procesales debidamente concluidas\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, resalt\u00f3 que la determinaci\u00f3n cuestionada es respetuosa del ordenamiento jur\u00eddico, se encuentra \u00abid\u00f3neamente motivada\u2026 subsana y regula aspectos ignorados por el Juez de primera instancia\u00bb y, en ella, el tribunal efectu\u00f3 un correcto an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n recopilados a lo largo de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si el Tribunal Superior de Barranquilla vulner\u00f3, al interior de proceso 2017-00224, las garant\u00edas fundamentales de Carmen de la Hoz Rochel al revocar el fallo proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de aquella ciudad, en lo referente al monto indemnizatorio reconocido, dado que, a su juicio, tal decisi\u00f3n adolece de defectos procedimental, f\u00e1ctico y sustantivo por (i) indebida intelecci\u00f3n de las normas llamadas gobernar la materia y (ii) por desatenci\u00f3n del precedente jurisprudencial. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultadas las razones en que se sustent\u00f3 la presente queja, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, se desestimar\u00e1 el resguardo deprecado al no evidenciarse la vulneraci\u00f3n alegada, pues la determinaci\u00f3n judicial objeto de censura se aprecia coherente, razonable, motivada y fundada tanto en las disposiciones legales aplicables como en las pruebas practicadas. <\/p>\n
En efecto, en el aludido prove\u00eddo, la colegiatura accionada luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas en la primera instancia, de la sentencia y de los motivos de disenso expresados por Isa S.A. como \u00fanica apelante, estableci\u00f3 que el problema jur\u00eddico que habr\u00eda que resolverse gravitaba en torno a: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) determinar si la indemnizaci\u00f3n que debe pagar Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica SA a los demandados por la imposici\u00f3n de la servidumbre que solicit\u00f3 asciende a $1082 586 982,40, c\u00f3mo lo estimaron los peritos Francesco Cavalli Papa y William Figueroa Iglesias, o, por el contrario, debe desestimarse dicha prueba y negar la objeci\u00f3n de los demandados al dictamen allegado con la demanda. <\/p>\n
(\u2026) Para zanjar la controversia debe dejarse claro que la discusi\u00f3n entonces orbita en torno a la escogencia de un espec\u00edfico dictamen pericial para tasar la indemnizaci\u00f3n correspondiente; pues justamente frente a esa cuesti\u00f3n es que se dirigen todos los ataques del recurso. As\u00ed, es preciso definir entonces cu\u00e1l de las dos experticias amerita la acogida por parte del estrado (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Para la resoluci\u00f3n del anterior cuestionamiento, advirti\u00f3 la colegiatura que el an\u00e1lisis comprender\u00eda todos los medios demostrativos acopiados para determinar el monto de la indemnizaci\u00f3n, siendo ellos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) (i) la inspecci\u00f3n judicial practicada el 23 de mayo de 2017; (ii) el acta de inventario de cultivos y maderables anexado a la reforma de la demanda; (iii) el dictamen pericial anexado a ese mismo acto procesal; (iv) el informe pericial elaborado por los peritos designados Francesco Cavalli Papa y William Figueroa Iglesias, el cual se complementa con el otro rendido por la Sociedad Colombiana de Avaluadores con la intervenci\u00f3n \u00fanica de Francesco Cavalli Papa (\u2026)\u00bb <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El experto hizo una descripci\u00f3n sobre las caracter\u00edsticas del municipio, del inmueble y adjunt\u00f3 el certificado SPM-CUS-Q0Q4-2017 sobre el uso del suelo emitido por la correspondiente autoridad administrativa. <\/p>\n
El perito, luego de la descripci\u00f3n del inmueble con sus medidas y linderos; calcul\u00f3 el \u00e1rea total; y clasific\u00f3 el suelo como rural con tratamiento de conservaci\u00f3n. Indic\u00f3 m\u00e1s adelante la utilizaci\u00f3n del m\u00e9todo comparativo de mercado y el m\u00e9todo del costo seg\u00fan lo regulado en el decreto 1420 de 1998 y la resoluci\u00f3n n\u00b0. 620 de 2008 expedida por el IGAC y descifr\u00f3 el valor comercial de la finca tras haber elaborado un an\u00e1lisis de mercado en el que tom\u00f3 como muestras cuatro inmuebles, tres de ellos ubicados en Malambo (Atl.) y uno en Soledad (Atl.). <\/p>\n
Primero calcul\u00f3 el precio del metro cuadrado, para lo cual, ejecut\u00f3 an\u00e1lisis estad\u00edstico aplicando el m\u00e9todo comparativo de mercado y ubic\u00f3 el precio del metro cuadrado de cada una de las muestras y lo ubic\u00f3 entre los $30 000,00 y los $35 000,00, seguidamente realiz\u00f3 ajustes a los mismos y los situ\u00f3 entre los $17 100,00 y los 17 944,45. As\u00ed estableci\u00f3 el valor por metro cuadrado era de $17 400,34, indicando que el nivel de dispersi\u00f3n es del 3,43%. <\/p>\n
Seguidamente procedi\u00f3 a determinar el monto de la indemnizaci\u00f3n empleando una \u00abMetodolog\u00eda de c\u00e1lculo para valoraci\u00f3n de servidumbre ISA\u00bb, en cual estim\u00f3 que la intervenci\u00f3n del suelo es de tan solo el 5% \u2013baja\u2013 debido a que solo se instalar\u00e1 una torre; que como se pueden cultivar especies de bajo corte en el factor de productividad el impacto es del 20% \u2013media\u2013; y que como el cableado de las dos l\u00edneas cruzar\u00e1 las zonas central y norte del predio, el impacto por el factor de trazado de l\u00ednea es del 20% \u2013catalogado como alto\u2013. Fue as\u00ed como fij\u00f3 el factor total de compensaci\u00f3n en el 45% y al aplicar la formula8 descrita en la experticia obtuvo como valor indemnizatorio, el de $206 875 073,00 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Rememor\u00f3 que, ante la oposici\u00f3n presentada por la parte pasiva al anterior aval\u00fao, el juzgado de primer grado \u00abadopt[\u00f3] los procedimientos necesarios en el auto de pruebas calendado 26 de septiembre de 2022 para que al plenario arribara el labor\u00edo t\u00e9cnico, designado peritos e indicado que el primero de ellos lo arribara\u00bb, lo que ocurri\u00f3 el 22 de noviembre de aquel a\u00f1o cuando los expertos Francesco Bruno Cavallo Papa y William Figueroa Iglesias, presentaron la experticia requerida, en la que se indic\u00f3 que \u00abpara el c\u00e1lculo de la indemnizaci\u00f3n por motivo de servidumbre\u2026 hab\u00edan aplicado las directrices contenidas en la reciente resoluci\u00f3n 1092 expedida por el IGAC el 20 de septiembre de 2022\u00bb, procediendo el colegiado a efectuar un an\u00e1lisis pormenorizado tanto del contenido del documento, como de la declaraci\u00f3n del experto Figueroa Iglesias en audiencia concentrada, para luego indicar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Al ponderar todos esos elementos en armon\u00eda con los agravios que formul\u00f3 la parte apelante, que b\u00e1sicamente se resumen en que el sentenciador de primera sede no argument\u00f3 de manera suficiente las razones por las cuales prefiri\u00f3 el dictamen pericial presentado por Francesco Cavalli Papa y William Figueroa Iglesias; as\u00ed como que, tal experticia adolece de diversas inconsistencias, como que no es cierto lo afirmado por los peritos en cuanto a que se limitaron a las directrices de la resoluci\u00f3n n\u00b0. 1092 de 2022, que Francesco Cavalli confes\u00f3 no haber realizado directamente la inspecci\u00f3n al predio, que existen diferencias cuantitativas que debieron ser zanjadas con la designaci\u00f3n de un tercer perito seg\u00fan lo previsto en el numeral quinto del tercer art\u00edculo del decreto 2580 de 1985. <\/p>\n
(\u2026) el peritaje rendido por los peritos Francesco Cavalli Papa y William Figueroa Iglesias, observ\u00f3 sin pleno apego las pautas se\u00f1aladas en la resoluci\u00f3n n\u00b0. 1092 de 2022 expedida por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013 IGAC; normativa que a partir de su expedici\u00f3n el 20 de septiembre del a\u00f1o pasado, puso fin al vac\u00edo normativo que exist\u00eda y se\u00f1al\u00f3 pautas muy concretas para la determinaci\u00f3n de los montos indemnizables en esta clase de procesos. <\/p>\n
El dictamen describi\u00f3 con precisi\u00f3n las reglas que utiliz\u00f3, pero las conclusiones caen por su propio peso, pues al momento de aplicar el m\u00e9todo se evidencian falencias insuperables que impiden acoger las terminaciones. <\/p>\n
Basta notar que en su art\u00edculo 14 regulador del \u00abC\u00e1lculo del valor por unidad de \u00e1rea de la indemnizaci\u00f3n con grado de afectaci\u00f3n parcial para infraestructura a\u00e9rea (VSa).\u00bb; dispuso la graduaci\u00f3n de tres espec\u00edficos factores: (i) trazado, (ii) \u00e1rea y (iii) uso (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) si bien el m\u00e9todo utilizado por los peritos William Figueroa Iglesias y Francesco Cavalli Papa obedece a la aplicaci\u00f3n de la actual normativa reglamentaria para su campo de desempe\u00f1o en relaci\u00f3n con el c\u00e1lculo indemnizaciones por imposici\u00f3n de servidumbres, tal m\u00e9todo no fue aplicado de forma adecuada; puesto este sobre el cual orbita el \u00faltimo de los agravios formulados y que prospera, tal como se pasa a explicar. <\/p>\n
(\u2026) efectivamente est\u00e1 demostrado que la actividad ejercida en el predio es netamente rural, as\u00ed qued\u00f3 evidenciado tanto con la inspecci\u00f3n judicial realizada al predio, as\u00ed como con los dict\u00e1menes periciales acoplados al plenario. <\/p>\n
Sobre este espec\u00edfico punto fue interrogado el arquitecto Figueroa Iglesias, quien indic\u00f3 que la actividad agraria puede seguir siendo ejercida sin dificultades, pero que, seg\u00fan el criterio consignado en el peritaje, queda limitada la posibilidad del que el predio sea parcelado y vendido, as\u00ed como restringida la posibilidad del despliegue de otras actividades econ\u00f3micas permitidas en la zona, tales como el ecoturismo. <\/p>\n
Pues bien, fue as\u00ed como qued\u00f3 sustentado el hecho de haberse catalogado como muy alta la afectaci\u00f3n al predio por factor uso, con un porcentaje del 70%, esto es, el nivel m\u00e1ximo permitido por la resoluci\u00f3n n\u00b0. 1092 de 2022\u00bb. <\/p>\n
Pero, es claro el art\u00edculo 14 del citado acto administrativo \u2013norma citada en el ac\u00e1pite anterior\u2013 al definir las pautas de categorizaci\u00f3n del mencionado factor deja total claridad en cuanto a que, para cualquiera que sea el porcentaje que se determine, debe tomarse en consideraci\u00f3n el uso que se est\u00e9 dando o el uso actual de la franja intervenida. <\/p>\n
La afectaci\u00f3n baja parte del supuesto en el que la imposici\u00f3n de la servidumbre en nada afecte la actividad que all\u00ed se desarrolle; la afectaci\u00f3n media de la circunstancia en la que ese uso deba ser modificado; la afectaci\u00f3n alta del no ejercicio de ninguna actividad o la ausencia uso, pero con una restricci\u00f3n total para tal; y la afectaci\u00f3n muy alta presupone que el uso dado a la faja coincida con el del POT, y la imposici\u00f3n de la servidumbre imposibilite ese y cualquier otro que se le quiera dar. <\/p>\n
Entonces no es para nada plausible el hecho de que el desmedro por el factor uso se determinara como muy alto con un porcentaje del 70% y peor a\u00fan, se haya establecido en el porcentaje m\u00e1ximo de tal categor\u00eda; dado que de acuerdo con los hechos probados no se verifica ninguna de las condiciones se\u00f1aladas en la norma para tal cosa. <\/p>\n
Para ello debe abrirse el an\u00e1lisis del hecho de que, los presupuestos de la afectaci\u00f3n muy alta son dos: (i) \u00ab\u2026cuando no se permite el desarrollo de ninguna actividad en la franja de terreno\u2026\u00bb y (ii) que \u00abel uso actual coincide con el reglamentado en el POT.\u00bb <\/p>\n
Al subsumir los hechos en la norma, se observa que lo probado es que el inmueble se usa para fines agr\u00edcolas, tanto as\u00ed que para la \u00e9poca de la inspecci\u00f3n judicial \u201c\u2026el predio se [encontraba] cercado y en \u00e9l se [observaron] siembras de ma\u00edz, yuca, patilla, mel\u00f3n y guandul. Al momento de la inspecci\u00f3n se encontraba el due\u00f1o del cultivo, a quien le han alquilado el terreno para el cultivo, en fumigaci\u00f3n del mismo\u201d. <\/p>\n
Lo mismo encontraron los peritos, quienes en su dictamen dejaron consignado que \u201cEn las ilustraciones internas del predio que se adjuntan a continuaci\u00f3n se puede apreciar la explotaci\u00f3n de unas 8 a 10 Ha, entre cultivos de ma\u00edz y yuca, con mayor densidad de \u00e1rea el cultivo transitorio de yuca. Y el trazado de red de la infraestructura a\u00e9rea seg\u00fan plano de levantamiento topogr\u00e1fico contratado por los propietarios y el entregado por ISA\u201d. <\/p>\n
Esa situaci\u00f3n adem\u00e1s dej\u00f3 bien clara al momento de sustentar su dictamen y ser interrogados, pues incluso, el arquitecto Figueroa Iglesias manifest\u00f3 que no existe ninguna clase de afectaci\u00f3n a la actividad agr\u00edcola, pues pueden continuar los cultivos que all\u00ed existen y que puede tambi\u00e9n desarrollarse actividad de ganader\u00eda; y son esas precisamente las actividades que se realizan en la heredad objeto de la servidumbre. <\/p>\n
Entonces se tiene cumplido el primer presupuesto, puesto que el uso dado a la franja de servidumbre y al predio en general es agr\u00edcola, espec\u00edficamente en la plantaci\u00f3n de \u201cde ma\u00edz, yuca, patilla, mel\u00f3n y guandul\u201d; pero no est\u00e1 dado el segundo presupuesto, ya que si se permite el desarrollo de esa y otras actividades como la ganader\u00eda en esa zona de la heredad. <\/p>\n
De otro lado, el presupuesto para establecer que la afectaci\u00f3n sea baja es solo uno: \u201c\u2026se presenta cuando no existan restricciones para continuar con el uso que se est\u00e9 dando en la franja intervenida\u201d. Y este es el que se presenta en este caso, pues la actividad agr\u00edcola que ah\u00ed se desarrolla, no se ve restringida de ninguna manera. <\/p>\n
En ese orden de ideas y adem\u00e1s de que este segundo dictamen pericial \u2013 el rendido por Francesco Cavalli y William Figueroa\u2013 lo consigui\u00f3 acreditar falencias o error grave en el dictamen pericial presentado por la parte activa; adolece de tan significativo defecto en la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo, que torna inviable la acogida de sus conclusiones. <\/p>\n
Esto porque, se reitera, se plante\u00f3 como muy alta la afectaci\u00f3n del predio por el factor uso, sin que estuvieran cumplidos los presupuestos para tal, lo que elev\u00f3 desmedidamente la cifra de indemnizaci\u00f3n e impide que pueda ser refugiado a la hora de tasar ese monto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo visto, para esta Sala la providencia emanada del Tribunal Superior de Barranquilla no adolece de los yerros atribuidos, descart\u00e1ndose el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, habida consideraci\u00f3n que encuentra sustento no solo en las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, sino tambi\u00e9n en un an\u00e1lisis juicioso de los elementos demostrativos acopiados. <\/p>\n
No se evidencia, pues, la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales dado que la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 la protecci\u00f3n solicitada porque la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y lo pretendido por la gestora es hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto y de las pruebas acopiadas, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC12281-2023 Magistrado ponente STC12281-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04156-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carmen de la Hoz Rochel contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77384","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77384"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77384\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}