STC12282-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12282-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04158-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Camilo Puerta Gonz\u00e1lez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Juan Camilo Puerta Gonz\u00e1lez present\u00f3 demanda contra Aleida, C\u00e9sar Augusto, Dar\u00edo, Elsa Doris, Gloria Lilia, Guillermo Le\u00f3n, Hern\u00e1n y Pedro Nel Puerta Ram\u00edrez, en procura de que se declarara que adquiri\u00f3, por prescripci\u00f3n extraordinaria, el dominio de un inmueble en Ibagu\u00e91, con fundamento en que entr\u00f3 en posesi\u00f3n en el 20052, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa localidad (rad. n.\u00ba 2019-00133), quien, tuvo por probada la excepci\u00f3n de \u00abno reunir las condiciones m\u00ednimas para la procedencia de la usucapi\u00f3n\u00bb y, en tal virtud, desestim\u00f3 el petitum. <\/p>\n
2.2. Inconforme, el gestor recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, pero la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la aludida urbe confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo3, tras colegir, grosso modo, que \u00ab[no] se encuentra demostrado en el expediente, que el demandante sea poseedor del inmueble, por lo menos hasta antes de la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda pues si bien los testigos (\u2026) manifestaron que el demandante ejercitaba su actividad comercial en el inmueble objeto de usucapi\u00f3n desde el a\u00f1o 2000, lo cierto es que las dem\u00e1s pruebas del proceso refutan tal afirmaci\u00f3n, empezando por el interrogatorio de parte del demandante, quien afirma haber llegado al inmueble desde el a\u00f1o 2005, fuera de que se est\u00e1 indagando por los actos posesorios realizados a partir del mes de noviembre de 2011\u00bb. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, a juicio del memorialista, las citadas decisiones son irregulares, en la medida en que (i) tienen deficiencias en la motivaci\u00f3n; (ii) no valoraron el acervo probatorio en su integridad, en especial, varios testimonios y el dictamen pericial; y (iii) desconocieron la jurisprudencia respecto de la \u00abcoposei\u00f3n\u00bb que, en su decir, habr\u00eda ejercido junto con su madre, entre otros aspectos. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un abogado, quien refiri\u00f3 representar los intereses de varios intervinientes en el proceso de pertenencia, adujo que \u00abning\u00fan derecho fundamental se le vulner\u00f3 al accionante, y por el contrario, siempre tuvo la oportunidad de conocer el material probatorio en su contra y hacer pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
2. La magistrada ponente del tribunal accionado inform\u00f3 que \u00abel conocimiento del recurso de apelaci\u00f3n formulado por el se\u00f1or Juan Camilo Puerta Gonz\u00e1lez, contra de la sentencia emitida el 27 de octubre de 2022 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 (T) en el interior del proceso de pertenencia con Rad. 73001-31-03-006-2019-00133-01, correspondi\u00f3 a la suscrita Magistrada, emiti\u00e9ndose la respectiva sentencia de segunda instancia en marzo 23 de 2023, con fundamento en el an\u00e1lisis probatorio correspondiente, los par\u00e1metros establecidos al respecto en el ordenamiento legal vigente y el precedente jurisprudencial aplicable al caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
3. El juzgado a quo expuso que, \u00abcomoquiera que lo pretendido por el actor es que se realice nuevamente la valoraci\u00f3n probatoria adelantada dentro del proceso de pertenencia, con todo respeto solicito al Honorable Magistrado Sustanciador, se denieguen las pretensiones incoadas, por cuanto la acci\u00f3n de tutela no constituye una nueva instancia al interior del tr\u00e1mite de los procesos verbales, m\u00e1xime cuando en casos como el presente lo que se aduce es una diferente valoraci\u00f3n probatoria, sin que se demuestre plenamente la existencia de una v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de pertenencia que inici\u00f3 el libelista (rad. n.\u00ba 2019-00133), por confirmar la sentencia desestimatoria de primer grado, supuestamente, en desmedro de una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, as\u00ed como de la normativa y jurisprudencia aplicables. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ago.). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento no atiende el postulado que viene de comentarse, comoquiera que la sentencia censurada data del 23 de marzo de 20234, mientras que la tutela se radic\u00f3 el 23 de octubre siguiente5, transcurriendo m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
Lo anterior no var\u00eda, incluso, si se contabilizara el lapso desde la fecha de emisi\u00f3n y notificaci\u00f3n del prove\u00eddo con el cual el ad quem neg\u00f3 la concesi\u00f3n del remedio extraordinario \u201314 de abril de 2023, enterado por estado n.\u00ba 62 del 17 del mismo mes y a\u00f1o, el cual no fue recurrido6\u2013, raz\u00f3n por la cual tampoco tiene asidero la petici\u00f3n que se plante\u00f3 en el escrito inicial, tendiente a que se verificara el t\u00e9rmino desde el auto de obedecimiento a lo resuelto. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, el presuntamente afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente al pronunciamiento atacado, dado que es postura reiterada de esta Corte que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep.; reiterado en STC10554-2018, 16 ago.). <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra providencias judiciales; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica, as\u00ed como la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
3.3. Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino, adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el citado presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor, que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, de modo que la queja es impr\u00f3spera por el criterio de inmediatez que rige esta clase de asuntos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abUbicado en la Carrera 4 No. 9-26\/32\/38 de la nomenclatura urbana del Municipio de Ibagu\u00e9, en extensi\u00f3n de 125 M2, comprendido dentro de los linderos se\u00f1alados en la pretensi\u00f3n primera de la demanda, el que hace parte de uno de mayor extensi\u00f3n, registrado al folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 350-47383 de la ORIP de la \u00e9sta ciudad\u00bb, de acuerdo con el fallo del tribunal. <\/p>\n
2\u0002 Instalando all\u00ed su empresa Trabajos Art\u00edsticos Publicitarios, la cual funciona hasta la actualidad. <\/p>\n
3\u0002 Providencia contra la cual formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya concesi\u00f3n fue denegada con prove\u00eddo de 14 de abril de 2023. <\/p>\n
4\u0002 Notificada por estado electr\u00f3nico 61 del d\u00eda siguiente (24 de marzo de 2023). <\/p>\n
5\u0002 Toda vez que el accionante envi\u00f3 su resguardo directamente ante el correo \u00abinternomemorialestutelacivil@cortesuprema.gov.co\u00bb, con miras a que se radicara y efectuara el reparto pertinente, lo que acaeci\u00f3 el mismo d\u00eda, de conformidad con el acta de reparto. <\/p>\n
6\u0002 Al respecto, ver: Estado 62 de 17 de abril de 2023. <\/p>\n
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