STC12387-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12387-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01528-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de agosto de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Mar\u00eda Consuelo Saldarriaga viuda de Valderrama instaur\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el Tribunal Superior y el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Medell\u00edn, la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, extensiva a Belarmino de Jes\u00fas Valderrama Saldarriaga y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 05001-31-05-021-2011-00929-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La querellante, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la seguridad social, vida en condiciones dignas, igualdad, libre desarrollo de la personalidad y m\u00ednimo vital, para que se ordenara: <\/p>\n
\u00ab(i) a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones la emisi\u00f3n del acto administrativo que resuelva de fondo la solicitud de reactivaci\u00f3n de la sustituci\u00f3n pensional\u00bb y, <\/p>\n
(ii) Se deje (sic) sin efectos las decisiones emitidas dentro del proceso ordinario (\u2026), para que en su lugar se emita una nueva sentencia que inaplique la norma declarada inexequible\u00bb. <\/p>\n
En resumen, se\u00f1al\u00f3 que tiene 77 a\u00f1os de edad y el 12 de abril de 1964 contrajo matrimonio con Belarmino de Jes\u00fas Valderrama Bedoya, quien labor\u00f3 al servicio de la textilera Pa\u00f1os Vicu\u00f1a, estuvo afiliado al sistema de seguridad social en pensiones ICSS (hoy Colpensiones) y falleci\u00f3 el 8 de octubre de 1967, raz\u00f3n por la que a ella y sus tres hijos le fue reconocida pensi\u00f3n de sobrevivientes -Resoluci\u00f3n ISS n.\u00b0 0150 de 1 de febrero de 1968-; sin embargo, en acto administrativo n.\u00b0 0760 (8 mar. 1971) la prestaci\u00f3n le fue suspendida en su 50%, por haber contra\u00eddo \u00abnuevas nupcias\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3, que en el a\u00f1o 1996 pidi\u00f3 la reactivaci\u00f3n de su derecho, a lo que no se accedi\u00f3 por las mismas razones antedichas, motivo por el cual, promovi\u00f3 demanda (rad. 05001-31-05-021-2011-00929-00) que el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medell\u00edn desestim\u00f3 (11 may. 2012). <\/p>\n
El superior ratific\u00f3 esa decisi\u00f3n arguyendo que no pod\u00eda pretender beneficiarse de una norma posterior, dado que, su segundo matrimonio tuvo lugar 20 a\u00f1os antes de la promulgaci\u00f3n de la Carta Fundamental (11 feb. 2013), posici\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral acompa\u00f1\u00f3 porque solamente pod\u00edan restablecerse los \u00abderechos\u00bb de las viudas que iniciaban nueva vida marital a partir de la vigencia de la constituci\u00f3n de 1991 (SL4779-2018, 7 nov.). <\/p>\n
Se quej\u00f3 de aquella posici\u00f3n porque, \u00abse genera una desigualdad de proporciones may\u00fasculas, pues acepta que a quienes les fue suspendido el pago de la mesada pensional por haber contra\u00eddo un nuevo matrimonio despu\u00e9s del 07 de julio de 1991, pero no a quienes se le suprimi\u00f3 el derecho luego de haber conformado una nueva familia antes de esa fecha, pese a que ambos grupos de personas se encuentran sustancialmente en igual situaci\u00f3n, privados de recibir la pensi\u00f3n que es un derecho irrenunciable, vulneraci\u00f3n con efectos permanentes por aplicaci\u00f3n de una norma que fue inconstitucional desde su expedici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00abla providencia de la Corte Suprema incurre en el defecto de desconocimiento del precedente constitucional, y en defecto sustantivo pues aplic\u00f3 una norma que se encuentra retirada del ordenamiento jur\u00eddico, desconoci\u00f3 la jurisprudencia constitucional y su propio precedente relacionado con la posibilidad de restarle eficacia a normas o decisiones de inexequibilidad cuando \u00e9stas contravengan el principio de progresividad de los derechos laborales y de la seguridad social, como cuando la fidelidad exigida para el acceso a pensiones fue declarada inexequible \u00bb <\/p>\n
El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite, toda vez que, al ser lo discutido un tema relacionado con el r\u00e9gimen de prima media, administrado por Colpensiones, es dicha entidad la que debe atender cualquier rogativa sobre el caso particular. <\/p>\n
Colpensiones adujo que \u00abno se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Laboral; el Tribunal Superior de Medell\u00edn \u2013 Sala de Decisi\u00f3n Laboral; el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medell\u00edn ni de Colpensiones, as\u00ed como por la abierta improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales, teniendo en cuenta que nuestra Legislaci\u00f3n ha dispuesto mecanismos tales como los recursos judiciales para debatir lo all\u00ed determinado, sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal flexibiliz\u00f3 el presupuesto temporal por tratarse de asuntos relacionados con pensiones, pero neg\u00f3 el ruego porque \u00abla decisi\u00f3n de la Sala demandada se emiti\u00f3 con fundamento en la valoraci\u00f3n de las pruebas, en la normatividad que rige la materia y en la jurisprudencia sentada por esa misma Sala de Casaci\u00f3n Laboral, por lo que resulta claro que la parte accionante busca cuestionar el raciocinio jur\u00eddico de las razones que llevaron a la jurisdicci\u00f3n laboral a adoptar la decisi\u00f3n que fue contraria a sus intereses y con ello constituir una instancia adicional\u00bb. <\/p>\n
4.- La impulsora replic\u00f3 insistiendo en sus primigenios argumentos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Aunque la actora critica tambi\u00e9n las providencias del Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medell\u00edn (11 may. 2012) y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma urbe (11 feb. 2013), el an\u00e1lisis de esta Colegiatura se circunscribir\u00e1 a la expedida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (SL4779-2018), al cerrar el debate suscitado (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242-2015, 5 mar., rad 01992-00 y STC5786-2022, 11 may., rad. 2021-02205-01). <\/p>\n
2.- Advertido lo anterior, se anuncia el decaimiento del resguardo y, por ende, la refrendaci\u00f3n del veredicto opugnado, debido a que el que decidi\u00f3 no casar el emitido por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, que a su vez convalid\u00f3 el del a quo, que \u00abneg\u00f3 la reactivaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb suplicada por la gestora, no luce antojadizo, ni caprichoso; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la \u00abjurisprudencia\u00bb depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
Es as\u00ed, porque, al resolver los cargos en los que la casacionista acuso la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 62 de la Ley 90 de 1946 explic\u00f3 las razones por las cuales no pod\u00eda acoger la posici\u00f3n de aquella; puntualmente indic\u00f3: <\/p>\n
el fallador justamente se remiti\u00f3 a esta disposici\u00f3n para predicar la p\u00e9rdida del derecho pensional de sobrevivencia a la viuda que contrae segundas nupcias, por lo que la modalidad aducida por la censura no es la adecuada, pues la infracci\u00f3n directa supone necesariamente que el juzgador deja de aplicar la norma que gobierna el asunto por ignorancia o por rebeld\u00eda, lo cual no sucede en la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
As\u00ed mismo destac\u00f3, en punto de la \u00abreactivaci\u00f3n pensional\u00bb, que: <\/p>\n
el ad quem no incurri\u00f3 en ning\u00fan error jur\u00eddico en la decisi\u00f3n adoptada, toda vez que, en esencia, acogi\u00f3 el criterio de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan el cual la p\u00e9rdida del derecho pensional por muerte para los eventos en que la viuda contrae nuevas nupcias antes de la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 no vulnera mandatos establecidos en \u00e9sta por cuanto se deriva de reglas que tuvieron plena validez al amparo de un ordenamiento constitucional diferente y que otorg\u00f3 una protecci\u00f3n y justificaci\u00f3n a la uni\u00f3n matrimonial, tal como tambi\u00e9n lo ha avalado la propia Corte Constitucional en diversas sentencias respecto de reglas legales similares. <\/p>\n
Tal razonamiento encontr\u00f3 sustento en la SL369-2013, que predic\u00f3 que el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 33 de 1973 no ten\u00eda el car\u00e1cter de discriminatorio en la \u00e9poca en que la c\u00f3nyuge sobreviviente se cas\u00f3 por segunda vez, pues la Constituci\u00f3n vigente para esa fecha (1886) \u00abconfer\u00eda un especial contenido a la uni\u00f3n matrimonial\u00bb, prove\u00eddo que igualmente expres\u00f3, con relaci\u00f3n a la sentencia C-309 de 1996 que aduce desconocida Mar\u00eda Consuelo, que aun cuando la misma \u00abconsider\u00f3 que esas disposiciones atentaban contra la nueva concepci\u00f3n constitucional y fue por ello que las apart\u00f3, dej[\u00f3] claro el efecto retroactivo \u00fanicamente hasta la entrada en vigor de la actual Constituci\u00f3n, pues no pod\u00eda desligar que antes de su expedici\u00f3n ten\u00edan un contenido justificado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Justamente el precedente de la misma Sala especializada en la materia fue lo que llev\u00f3 a la autoridad reconvenida a concluir: <\/p>\n
el ad quem no incurri\u00f3 en error, por cuanto deb\u00eda aplicarse al presente asunto la regla establecida en el art\u00edculo 62 de la Ley 90 de 1946, por cuanto la demandante contrajo nuevas nupcias el 5 de septiembre de 1970, esto es, mucho tiempo antes de la entrada en vigencia de la Carta Pol\u00edtica de 1991, por lo que la extinci\u00f3n del derecho pensional, tal como lo defini\u00f3 la entidad demandada, no pod\u00eda afectar mandatos establecidos en este ordenamiento superior. <\/p>\n
3.- Ese entendimiento no resulta descabellado ni tendencioso, por lo mismo no puede ser reprobado por el \u00abjuez constitucional\u00bb so pretexto de complacer la visi\u00f3n subjetiva de la inconforme acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse al sumario y, al margen de que esta Sala avale o no las disertaciones discutidas, como las mismas no estructuran una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, deber\u00e1n ser respetadas en virtud de los principios de independencia e imparcialidad que rigen las \u00abdecisiones judiciales\u00bb. <\/p>\n
En un caso de id\u00e9nticas caracter\u00edsticas a las aqu\u00ed expuestas, se refiri\u00f3 que: <\/p>\n
la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en los fallos SL21799-2017, 6 dic., rad. 55412 y C-568 de 2016\u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
Con todo, se reitera que, mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Colegiatura en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, se encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener la providencia refutada, precisando que, para la Sala, es procedente el respeto por las resoluciones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. STC5786-2022, 11 may., rad. 2021-02205-01. <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n se acompa\u00f1ar\u00e1 el pronunciamiento refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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