STC12390-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC12390-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01912-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 3 de octubre de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Marjorie Englehard Archbold instaur\u00f3 contra la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2017-00112-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La querellante, por medio de apoderada, requiri\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que, <\/p>\n
\u00abi) Se deje sin efectos la sentencia SL3778-2022 y el auto AL2185-2023, en cuanto la accionada se abstuvo de imponer la sanci\u00f3n moratoria del art. 99 de la Ley 50\/1990 y del art. 1\u00ba de la Ley 52\/1975. <\/p>\n
ii) Ordenar a la Sala accionada que profiera una sentencia complementaria que conceda las pretensiones relacionadas con las sanciones moratorias del art. 99 de la Ley 50\/1990 y del art. 1\u00ba de la Ley 52\/1975, teniendo en cuenta los derechos constitucionales de la accionante\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que la Magistratura censurada quebr\u00f3 la sentencia emitida el 22 de octubre de 2019 por el Tribunal Superior de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina (SL3778-2022, 24 oct.) en el juicio ordinario laboral que formul\u00f3 contra la Instituci\u00f3n Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia \u2013 IPS Universitaria, el Departamento Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s Providencia y Santa Catalina, la Federaci\u00f3n Gremial de Trabajadores de la Salud \u2013 Fedsalud y los Profesionales en Salud Sindicato de Gremio \u2013 Proensalud, con el que aspiraba \u00abse declarara que existi\u00f3 un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido del 1\u00ba de agosto de 2012 al 4 de enero de 2017; que el \u00faltimo salario fue de $5.375.000 mensuales, compuesto por $4.375.000 m\u00e1s $1.000.000; no se le pag\u00f3 las prestaciones sociales y el v\u00ednculo termin\u00f3 por causa imputable a \u00e8sta\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que frente a la anterior determinaci\u00f3n rog\u00f3 la correcci\u00f3n, aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de varios puntos, entre ellos, lo relacionado con las sanciones por cesant\u00edas e intereses sobre estas, empero sus anhelos fueron negados al apreciarse que el ad quem no adopt\u00f3 ninguna resoluci\u00f3n de fondo frente a este tema a pesar que era un reparo de la apelaci\u00f3n, por lo que \u00abdebi\u00f3 la demandante solicitar su adici\u00f3n\u00bb, pues el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no es la oportunidad para subsanar este tipo de situaciones (AL2185-2023, 31 jul.). <\/p>\n
En su opini\u00f3n, con tales providencias se incurri\u00f3 en exceso ritual manifiesto, violaci\u00f3n al principio de la congruencia y defecto sustantivo ya que la Sala accionada se \u00abequivoc\u00f3 gravemente\u00bb al aseverar que el Tribunal no resolvi\u00f3 frente a las \u00absanciones moratorias\u00bb del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990 y 1\u00ba de la Ley 52 de 1975, ni conden\u00f3 por las mismas cuando \u00abs\u00ed adopt\u00f3 una decisi\u00f3n de fondo cuando confirm\u00f3 la sentencia en todo lo dem\u00e1s\u00bb, faltando as\u00ed al \u00abdeber de pronunciarse sobre todos los aspectos del recurso\u00bb y, \u00abexplicar debidamente la soluci\u00f3n que proporcion\u00f3 a la cuesti\u00f3n planteada\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la Corporaci\u00f3n criticada, as\u00ed como se pronunci\u00f3 sobre asuntos que no aparec\u00edan en las sentencias de instancia, \u00abtambi\u00e9n pudo y debi\u00f3 pronunciarse sobre la sanci\u00f3n moratoria pretendida, cuyo estudio eludi\u00f3 con excusas argumentativas falaces\u00bb, por lo que se deben dejar sin efectos dichas directrices por registrar una \u00abpalmaria inconstitucionalidad\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 asever\u00f3 que no asiste raz\u00f3n a la actora al se\u00f1alar que el veredicto del Tribunal \u00abconten\u00eda t\u00e1citamente la confirmaci\u00f3n de la condena impuesta por concepto de las sanciones moratorias\u00bb, ya que, si se revisa el del a quo, emerge di\u00e1fano que all\u00ed \u00ab\u00fanicamente salieron avante las pretensiones relacionadas con la declaratoria de existencia del contrato de trabajo que termin\u00f3 por causa atribuible a la empleadora y la condena al pago de la indemnizaci\u00f3n del art. 64 del C.S.T.\u00bb, por lo que \u00abresulta contrario a la l\u00f3gica\u00bb pensar que el juez de segundo grado al \u00abconfirmar en lo dem\u00e1s\u00bb, estaba accediendo a \u00abimponer la sanci\u00f3n respecto de la cual no profiri\u00f3 condena el juzgado, lo cual se puede constatar sin esfuerzo en las partes resolutivas de ambas decisiones\u00bb. <\/p>\n
La Sala \u00danica del Tribunal Superior de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina dijo remitirse a los \u00abargumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos esbozados en la sentencia de [esa] dependencia\u00bb. <\/p>\n
La Federaci\u00f3n Gremial de Trabajadores de la Salud \u2013 Fedsalud se opuso al amparo, dado que, no se configura ninguno de los eventos de violaci\u00f3n de privilegios fundamentales con las \u00absentencias\u00bb reprochadas al estar fundadas en la jurisprudencia y normas aplicables al caso. <\/p>\n
La Organizaci\u00f3n Sindical de Profesionales en Salud \u2013 Proensalud y el Hospital Alma Mater de Antioquia destacaron que lo pretendido por la gestora es revivir una discusi\u00f3n que ya fue definida por los jueces competentes. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y R\u00c9PLICA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el resguardo porque las \u00abdecisiones\u00bb recriminadas no se observan irrazonables, en tanto, no se acredit\u00f3 la existencia de un defecto especifico que enerven su legalidad y habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, aunado, a que la impulsora \u00abpudo acudir a la aclaratoria o adici\u00f3n de la sentencia de segundo grado, para que fuera esta instancia quien se pronunciara sobre las sanciones perseguidas, toda vez que no fue objeto del recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 la querellante insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito genitor, asegurando que \u00abtiene derecho a que le resuelvan sobre la sanci\u00f3n omitida\u00bb, empero \u00abla Sala demandada dio prevalencia a la formalidad sobre el derecho material y, de contera, se conculc\u00f3 la prerrogativa del petente al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, porque pudiendo brindar respuesta sustantiva a sus planteamientos, \u00abse desech\u00f3 esa posibilidad por un rigorismo procedimental\u00bb, anomal\u00eda que obliga a que se aprueben sus pedimentos \u00abcomo lo ha indicado el Tribunal Supremo de Espa\u00f1a por ser una sentencia incongruente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub j\u00fadice, se advierte el fracaso de la salvaguarda y, por ende, la refrendaci\u00f3n de lo zanjado por el a quo constitucional, porque en el \u00abfallo\u00bb confutado que cas\u00f3 el expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina el 22 de octubre de 2019, en el proceso n.\u00b0 2017-00112-01, se expusieron las razones para adoptar tal disposici\u00f3n, lo que no evidencia subjetividad o antojo, al tratarse de una labor que no puede ser controvertida en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto, en relaci\u00f3n con \u00ablas sanciones por cesant\u00edas e intereses sobre ellas\u00bb, la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de Casaci\u00f3n Laboral aclar\u00f3 que se manten\u00edan inc\u00f3lumes de la decisi\u00f3n acusada, que: i) Entre la demandante y la IPS Universitaria existi\u00f3 un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido entre el 1\u00b0 de agosto de 2012 y el 2 de enero de 2017; ii) El v\u00ednculo feneci\u00f3 por causa imputable a la empleadora; iii) El Departamento, Proensalud y Fedsalud son responsables solidarios por las \u00abcondenas\u00bb impuestas y, iv) No \u00abproceden las sanciones por la no consignaci\u00f3n de las cesant\u00edas en un fondo y por el no pago de sus intereses\u00bb. <\/p>\n
En torno al \u00faltimo \u00edtem, destac\u00f3 que si bien en el alcance de la apelaci\u00f3n se solicit\u00f3 gravar a las demandadas con la indemnizaci\u00f3n por la no consignaci\u00f3n de las cesant\u00edas en un fondo \u2013 art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990- y por el no pago de los intereses de aquellas \u2013 art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 52 de 1975-, lo cierto es que frente a dichos conceptos \u00abno existi\u00f3 pronunciamiento alguno del juez colegiado\u00bb, como tampoco \u00absolicitud de adici\u00f3n por quien ten\u00eda inter\u00e9s en ello\u00bb, lo que imposibilit\u00f3 confrontar la legalidad alegada por la impugnante, lo cual, en \u00absede de instancia, impide que se aborde por v\u00eda de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Contra lo as\u00ed solventado, la libelista reclam\u00f3 \u00abla aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de la parte considerativa y resolutiva\u00bb, en relaci\u00f3n con \u00ablas sanciones por cesant\u00eda e intereses sobre ellas\u00bb, porque la Corte se contradijo al adverar que \u00abde la decisi\u00f3n cuestionada, permanec\u00eda indemne la improcedencia de las sanciones por la no consignaci\u00f3n de las cesant\u00edas en un fondo y por el no pago de sus intereses\u00bb y, a continuaci\u00f3n, referir que \u00abrespecto de tales rubros no existi\u00f3 pronunciamiento del Tribunal, como tampoco solicitud de adici\u00f3n por quien ten\u00eda inter\u00e9s en ello\u00bb, lo que impidi\u00f3 cotejar dicha \u00ablegalidad\u00bb, lo que truncaba el estudio de ese tema en \u00absede de instancia\u00bb, aserciones que generan \u00abduda y oscuridad\u00bb y se muestran totalmente contradictorias. <\/p>\n
Tal aspiraci\u00f3n fue rechazada en la medida que, del audio contentivo del veredicto del Tribunal emerg\u00eda di\u00e1fano que, si bien este mencion\u00f3 los grav\u00e1menes del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, no se pronunci\u00f3 sobre el particular, sino que centr\u00f3 su an\u00e1lisis en el art\u00edculo 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, tanto as\u00ed que en la resolutiva \u00fanicamente aludi\u00f3 a dicha sanci\u00f3n, para cuyo efecto reprodujo algunos apartes de la audiencia para soportar su dicho. <\/p>\n
Luego de lo anterior, dedujo que surg\u00eda palmario que el \u00abfallador de segunda instancia no adopt\u00f3 ninguna resoluci\u00f3n de fondo respecto de las sanciones del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, ni profiri\u00f3 condena por las mismas, a pesar de que ello fue tema de apelaci\u00f3n\u00bb, por lo que, lo procedente era que Englehard Archbold solicitara a aqu\u00e9l la adici\u00f3n de la providencia sobre ese punto, pues \u00abno es el recurso de casaci\u00f3n la oportunidad para subsanar ese tipo de situaciones (\u2026) habida cuenta que el juicio de legalidad que se plantea a trav\u00e9s del medio de impugnaci\u00f3n extraordinario es frente a la sentencia emitida por el Tribunal, de manera que ante la particular situaci\u00f3n acaecida, esta Corporaci\u00f3n no ten\u00eda ning\u00fan parang\u00f3n para realizar su funci\u00f3n como \u00f3rgano de cierre\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, que no asiste raz\u00f3n a la impulsora cuando \u00absolicita la adici\u00f3n de la sentencia de instancia en lo que ata\u00f1e con la indemnizaci\u00f3n por despido injusto\u00bb, ya que, \u00abla competencia de la Sala al asumir el papel de juez de segundo grado, una vez quebrado el prove\u00eddo confutado, est\u00e1 limitada por aquellos aspectos casados, que en este caso no fueron otros que la negativa del Tribunal de considerar salario la bonificaci\u00f3n recibida por la extrabajadora como coordinadora m\u00e9dica\u00bb. De manera que, coligi\u00f3 que, al no haberse dirigido ataque alguno contra la condena por dicha indemnizaci\u00f3n, nada de ello se dirimi\u00f3 en sede extraordinaria y, por ende, \u00abnada pod\u00eda abordarse el emitir la sentencia de instancia\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca la memorialista, quien intenta imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo no es servir de \u00abtercera instancia\u00bb con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC9232-2018, reiterada en STC2544-2021, STC1648-2022 y STC5093-2023). <\/p>\n
3.- En ese orden, se impone acompa\u00f1ar lo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12390-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente STC12390-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01912-01 (Aprobado en Sala de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 3 de octubre de 2023 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77396","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77396","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77396"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77396\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77396"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77396"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77396"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}