STC12402-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12402-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04252-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Seguros Generales Suramericana S.A. instaur\u00f3 contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso 11001-31-03-027-2019-00672-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante solicit\u00f3 que se ordene al Tribunal accionado revocar la sentencia de segunda instancia (21 jul. 2023) y, como consecuencia, \u00abque emplee los poderes que corresponden al juez, bajo el art\u00edculo 169 de CGP o cualquier otra normatividad procesal aplicable, para decretar las pruebas de oficio que considere necesarias\u00bb y proceda a dictarla nuevamente. <\/p>\n
Adujo, en s\u00edntesis, que pag\u00f3 como indemnizaci\u00f3n al asegurado Abott Labotatories de Colombia S.A. \/ Lafrancol S.A.S. un total de $725.609.883 por el siniestro amparado en la p\u00f3liza de transporte No. 24920, ocurrido el 6 de enero de 2017 en el traslado de dos m\u00e1quinas troqueladoras SBL-1050004SE Y MD10500009SE desde Taip\u00e9i, China, hasta Cali. Con fundamento en la subrogaci\u00f3n legal del art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, inici\u00f3 acciones legales contra Magnum Logistic S.A.S. \u2013 en su calidad de comisionista de transporte \u2013 e Interandina de Transportes S.A.S. \u2013 en su calidad de transportadora terrestre \u2013 por su responsabilidad contractual en los hechos indicados. <\/p>\n
En primera instancia se concedieron las pretensiones de la demanda, pero el Tribunal, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, revoc\u00f3 la sentencia inicial y neg\u00f3 lo pretendido puesto que la sociedad demandante no estaba legitimada para iniciar la acci\u00f3n por no haber acreditado el pago v\u00e1lido de la indemnizaci\u00f3n del asegurado. Indic\u00f3 la gestora que la colegiatura censurada incurri\u00f3 en defecto sustancial, pues desconoce el precedente de las altas cortes relacionadas con el deber de decreto oficioso de pruebas si consideraba que el acervo aportado era insuficiente para acreditar el pago al asegurado, as\u00ed como en defeco f\u00e1ctico pues valor\u00f3 inadecuadamente el testimonio del ajustador, igual que los recibos de egreso No. 9442474, 9446160 y 9147031 y omiti\u00f3 la apreciaci\u00f3n del informe t\u00e9cnico del ajustador. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el expediente. <\/p>\n
El Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones m\u00e1s importantes en el proceso y se\u00f1al\u00f3 que su despacho no ha infringido derecho fundamental alguno y que la providencia reprochada se circunscribe a la dictada por el ad quem. <\/p>\n
Magnum Logistics S.A.S. contest\u00f3 los hechos de la tutela e indic\u00f3 que el testimonio de Lafrancol fue solicitado en primera instancia, al cual se opuso el accionante y el Juzgado neg\u00f3 su decreto, por lo que mal har\u00eda al acusar al ad quem por su decreto oficioso. Adicion\u00f3 que, conforme con el art\u00edculo 167 del estatuto procesal, incumbe a las partes demostrar el supuesto de hecho de las normas que persiguen, as\u00ed como que no puede trasladarse al juzgador un deber propio de las partes, en raz\u00f3n al principio de igualdad. <\/p>\n
Efra\u00edn Alberto Garc\u00eda Matiz, quien afirm\u00f3 actuar como apoderado general de Interandina de Transportes S.A. Inantra, dio respuesta a los hechos planteados por el accionante y destac\u00f3 que el Tribunal valor\u00f3 en correcta forma las probanzas, por lo que en realidad lo que pretende la actora es que la tutela sirva como una nueva instancia en el proceso. <\/p>\n
A la fecha de elaboraci\u00f3n del proyecto de sentencia no se hab\u00edan recibido manifestaciones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado porque la decisi\u00f3n cuestionada, al margen de que se comparta, no luce antojadiza o irracional en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por la magistratura accionada. <\/p>\n
La queja medular de la sociedad inconforme se fundamenta en la conclusi\u00f3n de la colegiatura confutada de encontrar por no probado el pago de indemnizaci\u00f3n de la aseguradora, requisito necesario para que prosper la subrogaci\u00f3n. En efecto, aleg\u00f3 que en la sentencia de segunda instancia el tribunal enjuiciado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico surgido tanto de la indebida valoraci\u00f3n del testimonio del ajustador Carlos Ram\u00edrez y de los comprobantes de egreso 9442474, 9446160 y 9147031, como de la falta de valoraci\u00f3n del informe t\u00e9cnico de ajuste, as\u00ed como en un defecto material por la falta de decreto de pruebas oficioso que deb\u00eda efectuar. <\/p>\n
Revisado el proceso en comento, encuentra la Sala que el tribunal censurado no incurri\u00f3 en los defectos enrostrados, sino que, por el contrario, valor\u00f3 las pruebas de acuerdo a lo se\u00f1alado en los art\u00edculos 176 y 280 del C\u00f3digo General del Proceso y aplic\u00f3 lo dispuesto en el precepto 1069 del C\u00f3digo de Comercio y precedentes de esta Corporaci\u00f3n en cuanto a la subrogaci\u00f3n, lo que le permiti\u00f3 establecer que Seguros Generales Suramericana S.A. no acredit\u00f3 el pago efectuado a la asegurada, lo que imposibilit\u00f3 la concesi\u00f3n de las pretensiones por ser este uno de los requisitos de la acci\u00f3n impetrada. De igual forma, en este asunto no pod\u00eda reprocharse la falta de decreto de pruebas oficiosa, dado que esta figura no tiene como fin suplir las deficiencias atribuibles a las partes. <\/p>\n
1.- La promotora del ruego constitucional, en torno a la apreciaci\u00f3n de los recibos de egreso 9442474, 9446160 y 9147031, se duele de que el tribunal olvid\u00f3 que los documentos contables son prueba suficiente de las transacciones de los comerciantes, conforme los art\u00edculos 264 del C\u00f3digo General del Proceso y 51 del C\u00f3digo de Comercio. Por ello, err\u00f3 al desacreditar la validez de esos documentos por no contar con la firma del asegurado, sin tener en cuenta que el valor y legitimidad de los documentos contables no reside en dicha firma, sino en que su emisor sea un comerciante. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los referidos documentos el juzgador dispuso: <\/p>\n
7.- Ahora bien, en lo que toca al pago v\u00e1lido en virtud de ese convenio, obran en el expediente los recibos de egreso Nos. 9442474, y 9446160; ambos del 17 de septiembre de 2018 y el No. 9147031 del 16 de abril de 2018; no obstante, esas documentales no permiten tener por acreditado plenamente el pago de la indemnizaci\u00f3n solicitada por Abbott Laboratories de Colombia S.A.\/Lafrancol, por tanto, el derecho de subrogaci\u00f3n del que hace gala la aseguradora. Lo dicho, por las razones que enseguida se explican: <\/p>\n
7.1.- En efecto, n\u00f3tese que para probar tal elemento la parte actora alleg\u00f3 los documentos mencionados (fls. 52 y ss., 01Principal_Fls1-116.pdf);, sin embargo, de tales legajos no se desprende de forma incontrovertible que en verdad la entidad demandante haya cancelado la indemnizaci\u00f3n solicitada por la sociedad asegurada, en raz\u00f3n a que ninguno de ellos aparece suscrito por Abbott Laboratories de Colombia S.A.\/Lafrancol en se\u00f1al de aceptaci\u00f3n del pago, es m\u00e1s, frente a los mismos ni siquiera existe certeza sobre la persona que los autoriz\u00f3, y tampoco la \u201cFIRMA Y SELLO CAJA\u201d, pues s\u00f3lo se menciona que los elabor\u00f3 Elna Carolina Garc\u00eda Guzm\u00e1n. <\/p>\n
Revisado el asunto, no se observa el desafuero enrostrado puesto que, como lo indica el Tribunal, los recibos de egreso referidos, a pesar de tener informaci\u00f3n relacionada con la p\u00f3liza y el pago de indemnizaci\u00f3n respectivo, no dan cr\u00e9dito de que Abott Laboratories de Colombia S.A.\/Lafrancol haya recibido el importe que se indica, ni la forma en que se hizo. <\/p>\n
Para efectos de darle respuesta a los reproches planteados en los cargos, dado su sentido totalizador frente al fallo impugnado, se comenzar\u00e1 por los alusivos a los \u00aberrores de hecho\u00bb. <\/p>\n
a). Con relaci\u00f3n al desatino f\u00e1ctico planteado en el segundo embate, en el que se enrostra al Tribunal que se equivoc\u00f3 en la valoraci\u00f3n del \u00abcomprobante de egreso\u00bb y de la \u00absolicitud de la indemnizaci\u00f3n\u00bb, al deducir que no demuestran el pago del siniestro que origina la subrogaci\u00f3n legal en favor la actora, por lo que se predic\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la cusa, se determina la inexistencia del \u00aberror de hecho\u00bb en cuesti\u00f3n, toda vez que tales instrumentos no son conclusivos de que se produjo la soluci\u00f3n del derecho de cr\u00e9dito reclamado, aunque evidencian s\u00ed el adelantamiento por la compa\u00f1\u00eda de seguros, a instancia de la \u00abasegurada\u00bb del tr\u00e1mite de la reclamaci\u00f3n tendiente a la cancelaci\u00f3n de la respectiva \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb, sin que revelen o exterioricen de manera indubitable la satisfacci\u00f3n de tal obligaci\u00f3n, pues basta ver, que no contienen informaci\u00f3n acerca del \u00abmedio de pago\u00bb utilizado, esto es, si dinero efectivo, cheque, transferencia electr\u00f3nica, etc., y a pesar de mencionar como beneficiario a \u00abMolino Flor Huila S.A.\u00bb, no se expresa que haya recibido el \u00abpago\u00bb, y la firma y sello del empleado de caja impresas, solo otorgan fe de haberse all\u00ed elaborado; por lo que el cuestionamiento atinente a que se \u00abtransform\u00f3 o adulter\u00f3 la objetividad del documento\u00bb, no es ver\u00eddica. <\/p>\n
Ahora, los efectos que puedan derivar de la naturaleza jur\u00eddica de los citados elementos de juicio, en cuanto de conformidad con las respectivas disposiciones legales tienen el car\u00e1cter de \u00abdocumentos contables\u00bb, tampoco desvirt\u00faan la tesis expuesta por el ad quem. <\/p>\n
En ese sentido, obs\u00e9rvese que el inciso 2\u00ba art\u00edculo 53 del C\u00f3digo de Comercio, estatuye que \u00ab[e]l comprobante de contabilidad es el documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operaci\u00f3n y en el cual se indicar\u00e1 el n\u00famero, fecha, origen, descripci\u00f3n y cuant\u00eda de la operaci\u00f3n, as\u00ed como las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se anexar\u00e1n los documentos que lo justifiquen\u00bb. <\/p>\n
A su vez, el Decreto 2649 de 1993 relativo a la reglamentaci\u00f3n de la contabilidad, como tambi\u00e9n de los principios y normas contables generalmente aceptados en Colombia, en el precepto 123 establece, que \u00ab(\u2026) los hechos econ\u00f3micos deben documentarse mediante soportes, de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. \u2013 Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o, dejando constancia en estos de tal circunstancia, conservarse archivados en orden cronol\u00f3gico y de tal manera que sea posible su verificaci\u00f3n. \u2013 Los soportes pueden conservarse en el idioma en el cual se hayan otorgado, as\u00ed como ser utilizados para registrar las operaciones en los libros auxiliares o de detalle\u00bb. <\/p>\n
Y en cuanto a la finalidad de los \u00abcomprobantes de contabilidad\u00bb, el canon 124 ib\u00eddem, contempla que \u00ab[l]as partidas asentadas en los libros de resumen y en aquel donde se asienten en orden cronol\u00f3gico las operaciones, deben estar respaldadas en comprobantes de contabilidad elaborados previamente. \u2013 Dichos comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes, por cualquier medio y en idioma castellano. \u2013 Los comprobantes de contabilidad deben ser numerados consecutivamente, con indicaci\u00f3n del d\u00eda de su preparaci\u00f3n y de las personas que los hubieren elaborado y autorizado. \u2013 En ellos se debe indicar la fecha, origen, descripci\u00f3n y cuant\u00eda de las operaciones, as\u00ed como las cuentas afectadas con el asiento. \u2013 La descripci\u00f3n de las cuentas y de las transacciones puede efectuarse por palabras, c\u00f3digos o s\u00edmbolos num\u00e9ricos, caso en el cual deber\u00e1 registrarse en el auxiliar respectivo al listado de c\u00f3digos o s\u00edmbolos utilizados seg\u00fan el concepto a que correspondan. \u2013 Los comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por res\u00famenes peri\u00f3dicos, a lo sumo mensuales. \u2013 Los comprobantes de contabilidad deben guardar la debida correspondencia con los asientos en los libros auxiliares y en aquel en que se registren en orden cronol\u00f3gico todas las operaciones\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior permite se\u00f1alar, que para el caso el \u00abcomprobante de egreso\u00bb aportado, pudo tener como soporte la \u00absolicitud de indemnizaci\u00f3n\u00bb suscrita por el representante legal de \u00abMolinos Florhuila S.A.\u00bb, al igual que el informe preparado por la empresa ajustadora \u00abOrganizaci\u00f3n Noguera Camacho\u00bb, y en virtud de cumplir con lo previsto en las rese\u00f1adas normas, cabe predicar su idoneidad para efectuar en los libros de contabilidad de la aseguradora, el asiento de la operaci\u00f3n contable a que el primero de los instrumentos se refiere, esto es, la salida de dinero de la empresa, mas no a fin de otorgar plena certeza de que se hizo efectivo el \u00abpago de la obligaci\u00f3n indemnizatoria\u00bb, con el alcance requerido para tener por surtido el requisito establecido por la jurisprudencia de la Sala en punto de la procedencia de la subrogaci\u00f3n prevista por el art\u00edculo 1096 del estatuto mercantil, que se concreta en la existencia de \u00abun pago v\u00e1lido en virtud del (\u2026) convenio\u00bb, lo cual supone, adem\u00e1s de probar que se efect\u00faa de conformidad con las estipulaciones del contrato de seguro, acreditar que el mismo se realiza a la persona legitimada para recibirlo, esto es, en principio al beneficiario del seguro, o en cualquier caso con ajuste a lo prevenido por el art\u00edculo 1634 del C\u00f3digo Civil, que a la letra reza: \u00abPara que el pago sea v\u00e1lido, debe hacerse o al acreedor mismo (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el cr\u00e9dito aun a t\u00edtulo singular), o a la persona que la ley o le juez autoricen a recibir por \u00e9l, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro. \u2013 El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesi\u00f3n del cr\u00e9dito, es v\u00e1lido, aunque despu\u00e9s aparezca que el cr\u00e9dito no le pertenec\u00eda\u00bb. <\/p>\n
La referida prueba de la entrega de lo debido a la persona facultada para recibirlo, puede provenir bien del acreedor, o bien de un tercero por intermedio del cual se hubiere cursado el pago (transferencia bancaria) o al cual le conste la convenci\u00f3n extintiva, con plena libertad de medios. En caso de que la entrega del dinero o en general de lo debido se efect\u00fae en favor de sucesores a t\u00edtulo singular; de terceros autorizados o diputados para recibir, o de poseedores del cr\u00e9dito, deber\u00e1 probarse igualmente la legitimaci\u00f3n de quien recibe. <\/p>\n
En todo caso es de advertir que ni siquiera se acredit\u00f3 dentro del proceso la existencia del respectivo \u00abregistro contable\u00bb, del \u00abcomprobante de egreso\u00bb con la atestaci\u00f3n de llevarse la contabilidad en legal forma (inciso 1\u00ba precepto 271 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), dado que en ese evento tales elementos de convicci\u00f3n, en principio habr\u00eda que considerarlos plena prueba, al menos de la salida del dinero, de conformidad con el art\u00edculo 68 del C\u00f3digo de Comercio, pero en ese sentido la actividad probatoria tambi\u00e9n presenta deficiencias, por lo que la cr\u00edtica apoyada en ese argumento, no es de recibo. (CSJ SC003-2015) <\/p>\n
En este orden de ideas, la valoraci\u00f3n probatoria de la magistratura accionada en torno a los recibos de egreso 9442474, 9446160 y 9147031 se ajust\u00f3 a los c\u00e1nones establecidos en las normas procesales y comerciales. <\/p>\n
2.- En cuanto al testimonio de Carlos Ram\u00edrez, ajustador y representante legal de la firma Hudson S.A.S., reproch\u00f3 la impulsora que el Tribunal desconoci\u00f3 por completo la figura del ajuste de seguros pues frente a este dispuso que: <\/p>\n
\u201cEn este contexto, cumple precisar que la sola afirmaci\u00f3n de quien lo alega no es constitutiva de plena prueba del hecho o acto, ya que a nadie le es dado el privilegio de que su mero dicho sea prueba suficiente de lo que afirma, tal como lo ha precisado la H. Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil: <\/p>\n
\u201c\u2026 es verdad que, con arreglo al principio universal de que nadie puede hacerse su propia prueba, una decisi\u00f3n no puede fundarse exclusivamente en lo que una de las partes afirma a tono con sus aspiraciones. Ser\u00eda desmedido que alguien pretendiese que lo que afirma en un proceso se tenga por verdad as\u00ed y todo sea muy acrisolada la solvencia moral que se tenga. De ah\u00ed que la Corte Suprema de Justicia haya dicho en un importante n\u00famero de veces\u2026 que es principio general de derecho probatorio y de profundo contenido l\u00f3gico, que la parte no puede crearse a su favor su propia prueba. Quien afirma un hecho en un proceso tiene la carga procesal de demostrarlo con alguno de los medios que enumera el art\u00edculo 175 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con cualesquiera formas que sirvan para formar el convencimiento del juez. Esa carga, que se expresa con el aforismo onus probando incumbit actori no existir\u00eda, si al demandante le bastara afirmar el supuesto de hecho de las normas y con eso no m\u00e1s quedar convencido el Juez\u201d. <\/p>\n
Por ello, concluy\u00f3 que el estrado accionado confundi\u00f3 y equipar\u00f3 al ajustador con la parte demandante y le endilg\u00f3 la elaboraci\u00f3n de su propia prueba, lo cual resultaba errado. Revisada la sentencia que desat\u00f3 la alzada, se observa que, en relaci\u00f3n con este testimonio, se estableci\u00f3: <\/p>\n
Finalmente, Carlos Ram\u00edrez, ajustador y representante legal de la firma Hudson S.A.S. Ajustadores de Seguros, hizo alusi\u00f3n a que generalmente la compa\u00f1\u00eda siempre procede a satisfacer la respectiva indemnizaci\u00f3n al asegurado, haciendo referencia a los soportes de pago. En ese camino, indic\u00f3 que cree que hay una certificaci\u00f3n del banco que da cuenta que el dinero fue consignado a una cuenta bancaria a nombre de Lafrancol, incluso, indic\u00f3 que hay 3 recibos que suman la cifra indemnizable; no obstante, como se anticip\u00f3, los documentos aportados al expediente no dan cuenta de dicha actuaci\u00f3n por parte de la convocante (Mins. 1\u201902:00 y ss., 38Audiencia_26-07-2022). <\/p>\n
No luce arbitrario, ni descabellado lo decidido frente a este punto por el Tribunal, pues s\u00ed tuvo en cuenta lo indicado por el testigo y lo apreci\u00f3 en conjunto con los dem\u00e1s medios incorporados conforme lo establece el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En consecuencia, no es cierta la afirmaci\u00f3n de la impulsora dirigida a indicar que el Tribunal descart\u00f3 el testimonio del ajustador por entenderla como propia prueba de la parte, puesto que el p\u00e1rrafo citado en la tutela para fundar su reclamo corresponde a un numeral distinto a aquel en el que se valor\u00f3 el referido testimonio. As\u00ed, en los numerales 7, 7.1., 7.2., y 7.3 de la providencia se hizo referencia a los medios de prueba aportados para acreditar el pago del siniestro, mientras que el p\u00e1rrafo en cita corresponde al numeral 8., en el que, a modo de conclusi\u00f3n, se puso de presente que la parte deb\u00eda demostrar los hechos que daban lugar a sus pretensiones. <\/p>\n
3.- Finalmente, en lo que respecta a la censura por la falta de apreciaci\u00f3n y menci\u00f3n del informe de ajuste, pudo constatarse del expediente que el tutelante tuvo la oportunidad de solicitar la adici\u00f3n de la providencia conforme con el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, pero se abstuvo de hacerlo, de ah\u00ed que no resulte de recibo su queja en esta subsidiaria senda supralegal. <\/p>\n
Con todo, para ahondar en garant\u00edas, recu\u00e9rdese al censor que el simple hecho de omitir referirse expl\u00edcitamente a algunas pruebas no significa que hayan sido omitidas por el fallador, sino que fueron valoradas de forma impl\u00edcita, tal como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, entre otros casos, en CSJ SC 31 mar. 2003, rad. 7141, cuando record\u00f3: <\/p>\n
(…) la omisi\u00f3n en la cita de las pruebas -aun cuando ello no es lo ideal o aconsejable, hay que resaltarlo-, no implica, de por s\u00ed, la configuraci\u00f3n de un arquet\u00edpico error de hecho por preterici\u00f3n, como ha tenido oportunidad de precisarlo la Sala, al expresar que \u00ab… la mera circunstancia de que en un fallo no se cite determinada prueba o parte del contrato de la misma, no implica error manifiesto de hecho, a menos que de haber apreciado el adquem tal medio de convicci\u00f3n, la conclusi\u00f3n del pronunciamiento ciertamente hubiere tenido que ser distinta a la adoptada por el fallador\u00bb (cas. civ. 11 de marzo de 1991; Vid CXXIV, 448; cas. civ. 6 de abril de 1999 exp. 4931 y cas. civ de 17 de mayo de 2001 xp. 5704, reiterado en SC4127- 2021 y SC1962-2022, entre otras). <\/p>\n
En efecto, el informe no aportaba informaci\u00f3n distinta a la tra\u00edda tanto con los comprobantes de egreso, como con el testimonio de Carlos Ram\u00edrez. La censura principal frente a este medio de prueba, seg\u00fan lo manifestado en la tutela, fue que no consider\u00f3 que la factura No. TS18\/0115 \u2013 que no fue tenida en cuenta en el juicio por haber sido aportada sin traducci\u00f3n \u2013 se encontraba anexada y desglosada por el ajustador. Sin embargo, revisado el documento, solo contiene una foto de la factura, tambi\u00e9n sin traducci\u00f3n, por lo que nada difiere de lo decidido frente a esta por el Tribunal. <\/p>\n
4. – La libelista tambi\u00e9n recrimin\u00f3 la falta de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas de oficioso por parte del juzgador de segunda instancia si ten\u00eda dudas sobre el alcance de las aportadas para demostrar el pago de la indemnizaci\u00f3n, lo que constituy\u00f3 un defecto sustancial. <\/p>\n
A este respecto, esta Corporaci\u00f3n ha relievado la importancia de la \u201cfacultad oficiosa de decretar pruebas\u201d en \u201csegunda instancia\u201d como una herramienta valiosa para la resoluci\u00f3n de litigios, incluso en diversas ocasiones ha censurado por esta v\u00eda su falta de aplicaci\u00f3n. Sin embargo, en este caso, esa injerencia no debe suscitarse. Seg\u00fan se expuso, lo zanjado por el Tribunal de Bogot\u00e1, con independencia de que la Sala lo comparta, es fruto del raciocinio plausible que lo llev\u00f3 determinar que, al no demostrar el pago de la indemnizaci\u00f3n al asegurado, no era posible conceder las pretensiones de subrogaci\u00f3n. <\/p>\n
No se olvide, que la regla de juicio que impone al sentenciador trasladar las consecuencias de \u201cno probar un hecho\u201d -carga de la prueba- no ha desaparecido del ordenamiento jur\u00eddico. Sigue vigente junto a otras pautas, como la \u201cfacultad-deber\u201d de \u201cdecretar pruebas de oficio\u201d y la \u201ccarga de din\u00e1mica de la prueba\u201d. Al respecto, el inciso primero del art. 167 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que \u201cincumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u201d. <\/p>\n
De manera que no es desacertado que un funcionario, despu\u00e9s del an\u00e1lisis cr\u00edtico y arm\u00f3nico de las probanzas recaudada que le impone el canon 176 ejusdem, dirima la lid haciendo uso de dicha \u201cregla de juicio\u201d, sin perjuicio de que el juez estime la necesidad de intervenir en el recaudo probatorio \u201cdecretando pruebas de oficio\u201d para mejor proveer o \u201cdistribuyendo la carga de la prueba\u201d. Por eso, sobre \u201cla facultad-deber de decretar probanzas oficiosas\u201d la Sala tambi\u00e9n ha dicho que \u201c(\u2026) no tiene como cometido suplir las deficiencias probatorias atribuibles a las partes\u201d (CSJ STC15007-2019, reiterada en STC5609-2020). <\/p>\n
En un caso reciente, sobre el decreto oficioso de pruebas, reiter\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) no debe interpretarse como si de una imposici\u00f3n insalvable se tratara, o como si el decreto oficioso de pruebas fuera aplicable a todos los casos, o como si ello significara una supresi\u00f3n del principio dispositivo que rige, por regla general, el proceso civil; sino que, simplemente, existen ciertas situaciones en las que un sano criterio de razonabilidad indica que haciendo uso de esa facultad discrecional del juez, se lograr\u00eda equiparar la verdad procesal a la verdad material, lo cual se traduce en la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las formas y en la realizaci\u00f3n de la justicia como fin esencial del derecho. (\u2026) (se destaca, (CSJ STC6223-2014, STC1619-2022, entre otras). <\/p>\n
Puestas en este orden las cosas, se evidencia que en realidad lo que existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, STC12501-2022 reiterada en STC15424-2022). <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n analizada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela instada por Seguros Generales Suramericana S.A. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12402-2023 Magistrado ponente STC12402-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04252-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la tutela que Seguros Generales Suramericana S.A. instaur\u00f3 contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77408","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77408","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77408"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77408\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77408"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77408"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77408"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}