STC12434-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2023-00282-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 3 de octubre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Daniel Torres contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Cuarto Civil Municipal, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado N\u00ba 2015-00199. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abausencia de defensa t\u00e9cnica\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Manuel Eugenio Paredes Bautista, tr\u00e1mite en el que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de C\u00facuta, decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en auto de 2 de julio de 2021, con sustento en lo dispuesto en el literal b), numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Explic\u00f3 que como para la \u00e9poca en la que se profiri\u00f3 esa decisi\u00f3n su abogado estaba sancionado disciplinariamente, debi\u00f3 cit\u00e1rsele en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 160 ib\u00eddem y tenerse por interrumpido el proceso, conforme al numeral 2\u00ba del art\u00edculo 159 \u00eddem, no obstante, el Juzgado de conocimiento procedi\u00f3 a la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, si bien pidi\u00f3 la nulidad desde la declaratoria del desistimiento t\u00e1cito con fundamento en las causales establecidas en los numerales 3\u00ba y 8\u00ba del art\u00edculo 133 \u00eddem, el Juzgado municipal neg\u00f3 la solicitud el 8 de noviembre de 2022, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, y confirm\u00f3 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta el 18 de agosto de 2023. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que los Juzgados accionados vulneraron sus derechos no solo por la tardanza para definir la nulidad mencionada, sino adem\u00e1s por sostener, erradamente, que el vicio alegado se encontraba saneado, con fundamento en que el abogado inhabilitado reclam\u00f3 la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite despu\u00e9s de transcurridos cinco (5) dias desde la finalizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n que se le impuso, lo que, en su sentir, es un \u00abexabrupto jur\u00eddico\u00bb, porque, en su criterio no hab\u00eda terminado la causa de la interrupci\u00f3n, pues nunca se le inform\u00f3 sobre la sanci\u00f3n de su abogado, y adem\u00e1s, por cuanto \u00ablos t\u00e9rminos corren para la parte no para el apoderado y (\u2026) bajo la gravedad del juramento [afirm\u00f3] que desconoc\u00eda [la] situaci\u00f3n [expuesta] (\u2026), incluso (\u2026) la petici\u00f3n de nulidad, la cual debi\u00f3 decretarse de oficio, pues a los juzgados siempre les llega la informaci\u00f3n de los abogados sancionados\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 que \u00abse declare la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso ejecutivo (\u2026), desde el auto de fecha 2 de julio de 2021\u00bb. <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta, relat\u00f3 las actuaciones del proceso y destac\u00f3, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n con la que el a quo neg\u00f3 la nulidad formulada por el demandante, con sustento en las normas aplicables, particularmente, lo dispuesto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que considera que el accionante pretende \u00abutilizar este medio para obtener una decisi\u00f3n distinta a la que se emiti\u00f3 por los jueces naturales\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de C\u00facuta, inform\u00f3 el tr\u00e1mite seguido en el proceso ejecutivo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de C\u00facuta, neg\u00f3 el amparo porque no hall\u00f3 irregularidad en las providencias con las cuales se defini\u00f3 la nulidad planteada por el abogado del actor en el proceso ejecutivo, pues, seg\u00fan indic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) al plenario obra probado que la suspensi\u00f3n de que fue sujeto el abogado del se\u00f1or Daniel Torres se caus\u00f3 desde el 6 de mayo de 2021 hasta el 5 de marzo de 2022; por un per\u00edodo de 10 meses (\u2026). Y, en efecto, el auto que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la ejecuci\u00f3n se profiri\u00f3 en el curso de la sanci\u00f3n -2 de julio de 2021-, sin que se hubiere dado la citaci\u00f3n al poderdante, de que trata el art\u00edculo 160 del CGP. <\/p>\n
Sin embargo, si bien el art\u00edculo 133 del CGP contempla que, el proceso es nulo, seg\u00fan su numeral 3\u00b0 \u201cCuando se adelanta despu\u00e9s de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupci\u00f3n o de suspensi\u00f3n, o s\u00ed, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida\u201d, cierto es que, conforme lo concluyeron los juzgados enjuiciados, el art\u00edculo 136 ib\u00eddem tambi\u00e9n prev\u00e9 que, la nulidad se considerar\u00e1 saneada \u201c3. Cuando se origine en la interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha en que haya cesado la causa\u201d. <\/p>\n
Luego, habiendo fenecido la sanci\u00f3n que se impuso al profesional del derecho que representa los intereses del accionante al interior de la causa ejecutiva que ocupa la atenci\u00f3n, el 5 de marzo de 2022, el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas con que contaba para alegar la nulidad venc\u00eda el 11 de marzo de ese mismo a\u00f1o; no obstante, esta fue formulada hasta el 26 de abril de 2022, es decir, algo m\u00e1s de un mes despu\u00e9s, torn\u00e1ndose abiertamente extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Por manera que, fueron v\u00e1lidos los argumentos que esbozaron los falladores para arribar a la decisi\u00f3n de no declarar la nulidad planteada, pues, como se acaba de plantear, tal pedimento fue incoado por fuera del t\u00e9rmino legal establecido\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien afirm\u00f3 que con este amparo no cuestiona la negativa de la nulidad que propuso su abogado en el proceso, sino \u00abla irregularidad procesal cometida por el se\u00f1or Juez Cuarto Civil Municipal de C\u00facuta el d\u00eda 02 de julio de 2021\u00bb, porque estando legalmente interrumpido el proceso decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, cuesti\u00f3n reconocida por los funcionarios accionados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. La sentencia objeto de impugnaci\u00f3n ser\u00e1 confirmada, toda vez que, como lo resolvi\u00f3 el a quo, no se establece irregularidad manifiesta en la actuaci\u00f3n de los funcionarios accionados que le abra paso a este extraordinario mecanismo. <\/p>\n
2.1 Inicialmente se destaca que, si bien el accionante al impugnar el fallo de primera instancia, sostuvo que su queja no se dirig\u00eda frente a las decisiones con las cuales los funcionarios accionados resolvieron, en primer y segundo grado, negar la nulidad propuesta contra \u00abel auto de fecha 02 de julio del a\u00f1o 2021, que dio por terminada la actuaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito\u00bb, con sustento en las causales contempladas en los numerales 3\u00ba y 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, relativas, la primera, a adelantar el proceso despu\u00e9s de presentarse una causal de interrupci\u00f3n y, la segunda, atinente a una indebida notificaci\u00f3n, en realidad el amparo s\u00ed comprende tales determinaciones toda vez que, en ellas las autoridades denunciadas se pronunciaron, justamente, sobre los cuestionamientos que por esta v\u00eda extraordinaria propone el solicitante. <\/p>\n
2.2 Debe agregarse, que el accionante no puede desconocer la gesti\u00f3n que adelant\u00f3 su apoderado en el proceso, pues durante la actuaci\u00f3n no lo relev\u00f3 del cargo ni confiri\u00f3 poder a otro abogado para su representaci\u00f3n, por lo tanto, si el abogado -cuando la sanci\u00f3n que le fue impuesta hab\u00eda finalizado-, plante\u00f3 la nulidad antes mencionada, estaba plenamente facultado para hacerlo en nombre del aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
En este punto, es necesario advertir que los reproches frente a la gesti\u00f3n de los abogados en los procesos, no le abren paso a la protecci\u00f3n constitucional, pues como lo ha reiterado esta Sala, la negligencia de los apoderados judiciales \u00abcon independencia de la eventual responsabilidad (\u2026) en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, ‘(\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026)’, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u201d (CJS. STC de 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01, reiterada en STC912-2023, STC298-2023 y STC3910-2023, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, aunque se otorgue poder a un abogado para atender un proceso, \u00abno se puede \u201cdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u201d [STC 29 ene. 2007, exp. 00282-01], ni tampoco puede perderse de vista que \u201cexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u201d\u00bb (CSJ. STC, 10 may. 2011, rad. 00365-01, reiterada en STC6829-2021 y STC12206-2022, entre otras). <\/p>\n
3. Fijado lo anterior, corresponde resaltar como hechos relevantes del proceso cuestionado, los siguientes, <\/p>\n
3.1 El Juzgado Cuarto Civil Municipal de C\u00facuta, en auto de 13 de agosto de 2015, dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n propuesta por el accionante contra Manuel Eugenio Paredes Bautista (quien falleci\u00f3), con sustento en la sentencia condenatoria proferida contra el demandado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de esa ciudad. <\/p>\n
3.2 Adelantadas sin \u00e9xito algunas actuaciones tendientes a lograr el secuestro del 50% del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 260-132952 de propiedad del ejecutado, entre \u00e9stas, la expedici\u00f3n del despacho comisorio retirado el 24 de abril de 2018, el Juzgado de conocimiento en providencia de 2 de julio de 2021 resolvi\u00f3 terminar el proceso por desistimiento t\u00e1cito, conforme a lo dispuesto en el literal b), del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso y decret\u00f3 el levantamiento de la medida de \u00abEmbargo del remanente o de lo que se llegare a desembargar, especialmente el inmueble identificado con la MATRICULA INMOBILIARIA N\u00ba 260-132952, cuyo propietario del 50% es el aqu\u00ed demandado\u00bb, lo que orden\u00f3 comunicar a la Fiscal\u00eda Quinta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de C\u00facuta. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que no fue objeto de recursos. <\/p>\n
3.2 El 26 de abril de 2022 el abogado del accionante, pidi\u00f3 la nulidad de lo actuado desde el mencionado auto de 2 de julio de 2021, porque, seg\u00fan expuso, esa decisi\u00f3n se emiti\u00f3 cuando se encontraba sancionado disciplinariamente con la suspensi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n, correctivo fijado por el plazo de diez (10) meses contados desde el 6 de mayo de 2021 y que no puso en conocimiento de su mandante. <\/p>\n
3.3 El Juzgado municipal accionado, en auto de 17 de agosto de 2022 neg\u00f3 la nulidad porque, seg\u00fan expuso, no comprend\u00eda la raz\u00f3n por la que, <\/p>\n
(\u2026) el se\u00f1or apoderado judicial, no sustituy\u00f3 o renunci\u00f3 al poder conferido antes de que la sanci\u00f3n quedar\u00e1 en firme, como lo estatuye el numeral 19 del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 del 2007, y de paso desconociendo el principio \u201cnemo auditur propiam turpitudinem allegans\u201d, pues teniendo los elementos de juicio suficientes para defender los intereses su prohijado, y no hacerlo en su oportunidad, est\u00e1 forzado a soportar las consecuencias jur\u00eddicas de su omisi\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se tiene que solo hasta el 26 de abril de 2022 formul\u00f3 la nulidad, lo que implica que aleg\u00f3 dicha irregularidad de manera extempor\u00e1nea, puesto que ten\u00eda plazo para presentarla hasta el 11 de marzo de 2022, bajo el entendido de que la causa que gener\u00f3 la interrupci\u00f3n ces\u00f3 el 06 de marzo de 2022, fecha en que se cumplieron los diez meses de sanci\u00f3n, pues es muy claro que la nulidad debe ser alegada dentro los cinco (05) d\u00edas siguientes a la fecha en que haya cesado la causa, de conformidad a los estatuido en el numeral 3 del art\u00edculo 136 del C. G. del P.\u00bb <\/p>\n
3.4 Recurrida esa decisi\u00f3n en apelaci\u00f3n, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta la confirm\u00f3 el18 de agosto de 2023, se\u00f1alando que la causal establecida en el numeral 3\u00ba, refiere \u00abdos hip\u00f3tesis: (i) que estando el proceso interrumpido o suspendido \u00e9ste se adelante, o (ii) que se produzca su reanudaci\u00f3n antes de tiempo\u00bb, causal que, anot\u00f3, puede ser saneada \u00abes decir, de no alegarse oportunamente la irregularidad presentada \u00e9sta se entender\u00e1 subsanada y el proceso seguir\u00e1 su curso, conforme lo dispone el art. 136 num. 3 del estatuto procesal civil que a la letra dice: \u201cLa nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: (\u2026) 3. Cuando se origine en la interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha en que haya cesado la causa\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo expuesto, sostuvo que el motivo de interrupci\u00f3n aducido se hallaba acreditado, pues al tr\u00e1mite se aport\u00f3 la comunicaci\u00f3n que daba cuenta de la sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n de diez (10) meses impuesta al abogado del accionante, con fecha de inicio desde el 6 de mayo de 2021 \u2013numeral 2, art\u00edculo 159 del C\u00f3digo General del Proceso- y verificada la p\u00e1gina web de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina de igual modo se constataba esa informaci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, se\u00f1al\u00f3 que los vicios alegados se hab\u00edan saneado por no alegarse en tiempo, conforme a lo preceptuado en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 136 \u00eddem, y expuso, <\/p>\n
(\u2026) si bien es cierto el auto del 02 de julio de 2021 por el cual el Juzgado Cuarto Civil Municipal de esta ciudad decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, fue proferido mientras la actuaci\u00f3n se encontraba legalmente interrumpida, incurriendo as\u00ed en una irregularidad, en el plenario se encuentra plenamente demostrado que la interrupci\u00f3n ces\u00f3 el d\u00eda 05 de marzo de 2022, entonces, de conformidad con el art. 136 num. 3 del C.G.P., la parte contaba con 05 d\u00edas para alegar la nulidad, so pena de considerarse saneada, es decir, hasta el 14 de marzo de 2022, sin embargo, la solicitud fue radicada s\u00f3lo hasta el 26 de abril de 2022 (ver it. 016 c. segunda instancia), lo que inexorablemente nos lleva a concluir que qued\u00f3 convalidada. <\/p>\n
Y es que no sobra decir que en virtud de los principios de protecci\u00f3n y convalidaci\u00f3n o saneamiento, existen normas procesales que consagran diversos mecanismos que permiten sanear o convalidar los vicios constitutivos de nulidad, es decir que, no obstante incurrir en un motivo de invalidaci\u00f3n, \u00e9sta se pueda evitar cuando se da una conducta activa o pasiva del sujeto afectado con la irregularidad, expirando por consiguiente el vicio causante de la nulidad por la aquiescencia expresa o impl\u00edcita de la parte perjudicada con la irregularidad, entendi\u00e9ndose que media consentimiento t\u00e1cito, cuando como ocurri\u00f3 en este asunto, la interrupci\u00f3n del proceso se dio por la suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado, pero nada se aleg\u00f3 dentro de los 5 d\u00edas siguiente a la fecha en que ces\u00f3 la sanci\u00f3n, esto es el 5 de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
4. Como se anot\u00f3, la Sala no encuentra irregularidad susceptible de ser remediada por esta v\u00eda extraordinaria, pues los funcionarios judiciales accionados no incurrieron en desafuero, porque si bien hallaron que la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito se decret\u00f3 cuando el proceso se hallaba interrumpido por la inhabilitaci\u00f3n del abogado del accionante, tuvieron en consideraci\u00f3n que tal motivo de nulidad es saneable y que, de acuerdo con lo expresamente dispuesto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 136 \u00eddem, el mismo deb\u00eda plantearse \u00abdentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha en que haya cesado la causa\u00bb, lo que no ocurri\u00f3, porque la sanci\u00f3n del abogado tuvo lugar hasta el 5 de marzo de 2022, y \u00e9ste s\u00f3lo adujo la invalidez el 26 de abril de esa anualidad. <\/p>\n
Sobre el saneamiento de las nulidades en temas equiparables, la Sala ha indicado, <\/p>\n
(\u2026) Seg\u00fan el principio de convalidaci\u00f3n que rige en el derecho procesal civil, por regla general, todas las irregularidades procesales (inclusive las nulidades) se convalidan por el consentimiento de las partes: \u2018si el acto procesal nulo no es impugnado legalmente, queda revalidado por la aquiescencia t\u00e1cita o expresa de la parte que sufre lesi\u00f3n por la nulidad. (\u2026) De lo anterior se infiere que las nulidades de los actos procesales, por regla general no son absolutas, ya que pueden quedar revalidadas en la forma supradicha (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Tal principio se expresa en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso que \u2018agotada cada etapa del proceso el juez deber\u00e1 realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podr\u00e1n alegar en las etapas siguientes\u2026\u2019); en el Par\u00e1grafo del art\u00edculo 133 \u2018las dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este c\u00f3digo establece\u2019; en el inciso segundo del art\u00edculo 135 \u2018no podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omiti\u00f3 alegarla como excepci\u00f3n previa si tuvo la oportunidad para hacerlo, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u2019; y, principalmente, en el art\u00edculo 136 ib\u00eddem \u2018la nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: 1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla; 2. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 en forma expresa antes de haber sido renovada la actuaci\u00f3n anulada; 3. Cuando se origine en la interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha en que haya cesado la causa; 4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa. <\/p>\n
Como insanables, el estatuto procesal s\u00f3lo contempla \u2018proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u2019 (art\u00edculo 136, Par\u00e1grafo). Todos los dem\u00e1s vicios procesales se convalidan o sanean de la manera prevista en el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (subraya fuera de texto) (CSJ STC15542-2019, reiterada en STC825-2020, reiterada entre muchas en STC2260-2022 y, STC9235-2023). <\/p>\n
Se recuerda, que como lo ha indicado esta Sala en m\u00faltiples oportunidades, este amparo no se abre paso por las divergencias de criterios que pudieran tener los accionantes con las decisiones judiciales (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022 y, STC9235-2023, entre otras). <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC12434-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2023-00282-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77433","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77433","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77433"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77433\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77433"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77433"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77433"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}