STC12435-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC12435-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01015-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 6 de junio de 20231, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Inelsa Maturana Aguirre contra la Sala de Descongesti\u00f3n n \u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite en el que fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de esa ciudad y el C\u00edrculo de Lectores SA, y citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2012-00154. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la seguridad jur\u00eddica y debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, en sentencia de 2 de diciembre de 2013 neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 el 2 de diciembre de 2014, para en su lugar, declarar la existencia de un contrato de trabajo entre las partes desde el 9 de junio de 2000 hasta 4 de junio de 2013, adem\u00e1s, conden\u00f3 a la demandada al pago del auxilio de cesant\u00edas e intereses, prima de servicios, vacaciones y auxilio de transporte. Adicionalmente, impuso el pago del c\u00e1lculo actuarial, en lo dem\u00e1s, la absolvi\u00f3. <\/p>\n
Inconformes con ese pronunciamiento Inelda Maturana Aguirre y el C\u00edrculo de Lectores SAS interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL132-2023 de 8 de febrero de 2023, dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Adujo la reclamante que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, al efectuar una irrazonable valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes en el proceso y omitir la apreciaci\u00f3n de otras, as\u00ed como en defecto sustantivo, al desconocer los precedentes judiciales de asuntos que trataron la misma materia contra el C\u00edrculo de Lectores SA, cuyas decisiones fueron favorables a los demandantes, entre otras, las sentencias SL3956-2022 y SL1702-2021. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia SL132-2023 de 8 de febrero de 2023 proferida por la Sala accionada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b03 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a trav\u00e9s del Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, solicit\u00f3 negar el amparo argumentando que la providencia adem\u00e1s de razonable, fue proferida con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la ley y los precedentes aplicables al caso. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que no tiene respaldo lo afirmado por la accionante, frente al desconocimiento de la l\u00ednea jurisprudencial, pues distinto es que no hubieran prosperado todas las pretensiones de la demanda y, que al recurrir en casaci\u00f3n no hubiera tenido \u00e9xito en demostrar los desaciertos que endilg\u00f3 al Tribunal Superior. <\/p>\n
2. De los documentos adjuntos no se observa respuesta por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 el amparo al establecer la inexistencia de una v\u00eda de hecho que habilitara la intervenci\u00f3n del juez de tutela o alguna otra vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la demandante, pues determin\u00f3 que la decisi\u00f3n proferida en sede de casaci\u00f3n contiene una interpretaci\u00f3n razonable y responde a las consideraciones del caso concreto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, sin exponer los argumentos de inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda esta Corporaci\u00f3n que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de corregir o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Inelsa Maturana Aguirre cuestiona la sentencia SL132-2023 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a trav\u00e9s de la cual dispuso no casar el fallo del Tribunal Superior de Cartagena, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, para en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda que formul\u00f3 contra el C\u00edrculo de Lectores SA, para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre las partes terminado injustamente por el empleador y, en consecuencia, se ordenara el pago de algunos conceptos. <\/p>\n
3. Analizados los fundamentos de la inconformidad de la peticionaria, se advierte la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que, una vez examinadas las consideraciones expuestas por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1 La Sala accionada al estudiar el primero de los dos cargos formulados por Inelsa Maturana Aguirre, indic\u00f3 que, a juicio de la misma, la deficiente valoraci\u00f3n de las pruebas acusadas hab\u00eda impedido al Tribunal Superior de Cartagena inferir demostrado el despido y la mala fe de la demandada, y en relaci\u00f3n con lo anterior, expuso, <\/p>\n
(\u2026) La misiva suscrita por el Gerente General del C\u00edrculo de Lectores, que apenas denuncia la recurrente, da cuenta de que, para el mes de junio de 2013, la demandante hab\u00eda \u00abdejado de ser Asesora Cultural del C\u00edrculo de Lectores\u00bb; empero, en nada contribuye a demostrar el despido alegado. <\/p>\n
La impugnante menciona el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3, sin ninguna manifestaci\u00f3n adicional, de suerte que no es posible identificar la inconformidad; lo que es bien sabido, es que nadie puede favorecerse de su propio dicho, ni construir su propia prueba; es decir, para demostrar el despido, la recurrente no puede apoyarse en lo que manifest\u00f3 al rendir declaraci\u00f3n de parte. <\/p>\n
La declaraci\u00f3n de la representante legal de la demandada no encierra la confesi\u00f3n vista con tanta claridad por la censura, ni admiti\u00f3 que la despidi\u00f3 sin justa causa. De las expresiones empleadas, solo emergen justificaciones y explicaciones acerca de la existencia de un contrato de suministro, tanto en su nacimiento, como en su ejecuci\u00f3n y terminaci\u00f3n, de suerte que si bien, ese tipo de v\u00ednculo fue desvirtuado, de all\u00ed no aflora el despido en discusi\u00f3n. <\/p>\n
Los testimonios no tienen la condici\u00f3n de calificados; no ostentan la calidad requerida para soportar una acusaci\u00f3n en sede extraordinaria y, por contera, no abren paso al control de legalidad que corresponde a la Sala de Casaci\u00f3n, seg\u00fan los t\u00e9rminos del art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la demandante se enfocaba en an\u00e1lisis puramente jur\u00eddicos, al indicar que la financiaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de libros se encontraba en las obligaciones del empleador referidas en el art\u00edculo 57 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y su incumplimiento equival\u00eda al despido, alegaciones que no eran admisibles por la v\u00eda de ataque seleccionada. <\/p>\n
Sin embargo, explic\u00f3 que, aun si la Sala abordara esas reflexiones, la acusaci\u00f3n no se volver\u00eda fundada, pues si se admitiera que la concesi\u00f3n de un cupo de cr\u00e9dito materializaba las obligaciones generales del empleador estipuladas en el referido canon, su inobservancia no traduc\u00eda autom\u00e1ticamente el despido del trabajador, sin perjuicio de que eventualmente, eso contribuyera a que se configurara un despido indirecto, lo que no fue debatido en instancias ni en sede de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que, aun cuando la interesada cuestion\u00f3 que el Tribunal Superior no le concedi\u00f3 la indemnizaci\u00f3n moratoria, no intent\u00f3 un verdadero ejercicio demostrativo de alg\u00fan error manifiesto de hechos, sumado a que tampoco cuestion\u00f3 la valoraci\u00f3n de pruebas calificada, limit\u00e1ndose a referir su propia declaraci\u00f3n, circunstancia que resultaba insuficiente para derruir las premisas f\u00e1cticas del fallo de segunda instancia. <\/p>\n
3.2 En relaci\u00f3n con el cargo segundo, se\u00f1al\u00f3 que la demandante consideraba m\u00e1s conveniente el alcance dado por el Consejo de Estado a la figura de la prescripci\u00f3n en los juicios en los que se declara la existencia del contrato de trabajo, frente a lo que destac\u00f3 que la discusi\u00f3n de, si en esos casos, la sentencia era constitutiva o declarativa, hab\u00eda sido finiquitada, afirmaci\u00f3n que soport\u00f3 citando in extenso el fallo SL3169-2014, sobre lo que determin\u00f3, <\/p>\n
\u00abDe lo que viene de memorarse, la exigibilidad de las prestaciones y dem\u00e1s obligaciones derivadas de la ejecuci\u00f3n de un contrato de trabajo, no puede depender del momento en que se profiera la decisi\u00f3n judicial que declare la existencia de la relaci\u00f3n laboral subordinada. De ah\u00ed que no podr\u00eda haberse equivocado el juez colegiado al seguir las ense\u00f1anzas de esta Corporaci\u00f3n en esa materia que, como se explic\u00f3, se fundan en el tenor de la norma laboral y en principios superiores del ordenamiento, como el de igualdad ante la ley y el de primac\u00eda de la realidad sobre las formas\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa determin\u00f3 la improsperidad de los cargos y resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena el 2 de diciembre de 2014. <\/p>\n
4. Conforme a las consideraciones plasmadas, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, teniendo en cuenta que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por Inelsa Maturana Aguirre y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, la jurisprudencia de la Sala permanente y las pruebas aportadas, entre otras, la carta suscrita por el Gerente General del C\u00edrculo de Lectores, la cual consider\u00f3 que no contribu\u00eda a demostrar el despido alegado, as\u00ed como el interrogatorio de parte frente al que no fue posible identificar la inconformidad y, la declaraci\u00f3n de la representante legal de la compa\u00f1\u00eda de la que indic\u00f3 que solo surgieron explicaciones acerca de la existencia de un contrato de suministro. <\/p>\n
Igualmente, determin\u00f3 que aun cuando la demandante reprochaba que el Tribunal Superior no hab\u00eda concedido la indemnizaci\u00f3n moratoria, no intent\u00f3 un verdadero ejercicio que diera cuenta de alg\u00fan error de hecho, sino que se limit\u00f3 a referir su propia declaraci\u00f3n. Y, por otra parte, porque con fundamento en la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n, record\u00f3 lo relacionado con la prescripci\u00f3n en juicios donde se declara la existencia de un contrato de trabajo, indicando que la exigibilidad de las prestaciones y dem\u00e1s obligaciones derivadas de la ejecuci\u00f3n del mismo, no pod\u00edan depender del momento en que se profiera la decisi\u00f3n judicial que declaraba la existencia de la relaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Inelsa Maturana Aguirre a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022 y, STC4373-2023 entre muchas). <\/p>\n
6. Ahora, ante la expectativa de la actora para que en esta sede de efect\u00fae una valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas en el proceso laboral cuestionado o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se precisa que, el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de fallador de instancia para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos probatorios. <\/p>\n
Asimismo, como lo ha reiterado esta Sala, la valoraci\u00f3n probatoria es donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica. (CSJ. STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC2622-2022 y STC5841-2023, entre muchas otras). <\/p>\n
7. Ahora bien, en relaci\u00f3n con el desconocimiento del precedente judicial alegado por la accionante de las sentencias SL3956-2022 y SL1702-2021, cabe destacar que, si bien guardan algunas similitudes con lo discutido a trav\u00e9s de este mecanismo, los casos all\u00ed estudiados tienen unas particularidades que los diferencian del aqu\u00ed analizado, que no conducen a que se resuelvan de manera id\u00e9ntica, pues en ellas se dispuso casar el fallo de segunda instancia que hab\u00eda confirmado la negativa de las pretensiones formuladas por los demandantes contra C\u00edrculo de Lectores SA, mientras que en el caso objeto de an\u00e1lisis, el Tribunal Superior revoc\u00f3 para en su lugar acceder parcialmente a las pretensiones, entre otras, la declaraci\u00f3n del v\u00ednculo laboral. <\/p>\n
8. Resta indicar que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
9. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala mediante oficio n\u00b0 11375 de 23 de octubre de 2023 y asignada con Acta de reparto de 27 de octubre de 2023. <\/p>\n
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